RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO HUMANO DEL ACCESO AL AGUA Y EL SANEAMIENTO
Su primera actuación tras tomar posesión del cargo el pasado 1 de noviembre ha
sido hacer un llamamiento a Gobiernos y Ayuntamientos para que se prohíba el
corte del agua a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza. Y no solamente
durante la pandemia, sino siempre. “Según la legislación internacional vigente
estos cortes suponen una transgresión de los derechos humanos y por ello
deberían prohibirse de forma definitiva”.
Su predecesor, el brasileño Léo Heller, deja el cargo con una campaña brutal
contra él tras la publicación de su último informe explicando los peligros de
la privatización del agua. Hay mucho dinero en juego y unas cuantas
multinacionales por medio. Pero cien grandes organizaciones a nivel mundial y
otros relatores de la ONU salieron inmediatamente a respaldarle, entre ellas
los sindicatos, porque cuando hablamos de agua hablamos de derechos humanos y
los derechos no están en venta.
Pedro Arrojo, que tiene larga trayectoria en los movimientos sociales y ha sido
diputado de Unidas Podemos, sabe a qué se enfrenta y llega con la intención de
profundizar en esa línea de democratización hídrica: “transparencia,
participación ciudadana, lucha implacable contra la corrupción y en definitiva
hacer que el derecho humano al agua y al saneamiento esté garantizado por
encima de cualquier tentación de negocio”. Adelanta que hablará con todos los
sectores: “No estoy en contra del libre mercado pero sí de aplicar el libre
mercado por encima de los derechos humanos y democráticos que van más allá de
la lógica de mercado”.
MUNDO OBRERO: ¿Cuáles son los principales retos y prioridades que se marca
desde esta plataforma mundial?
PEDRO ARROJO: Es un reto tan ilusionante como desbordante. Son miles
de personas y defensores de los derechos humanos los que están empujando y
trabajando en la defensa del derecho al agua y una de mis obsesiones va a ser
trabajar con ellas y ellos. Es una responsabilidad compartida.
La ONU tiene una tremenda fuerza moral e influencia política pero no tiene
capacidad de decisión. Así que no estará en mi mano resolver las cosas, pero lo
que sí haré es dar visibilidad a los problemas y denuncias como forma de
empoderar a los movimientos sociales y a los más vulnerables, que son quienes
más sufren los atropellos en cuestión de Derechos Humanos. Como Relator tendré
la capacidad y la obligación de requerir la atención de los gobiernos para que
se cumplan los derechos humanos y de colaborar con ellos y con los movimientos
sociales proponiendo soluciones.
M.O.: En esta pandemia, la primera vacuna para luchar
contra el Covid es el agua con jabón, junto al distanciamiento social. Pero 3
de cada 10 habitantes del planeta no tienen acceso a agua potable. ¿Cuál debe
de ser el papel del Estado en tiempos de pandemia para garantizar el
suministro?
P.A.: Del orden de 2.200 millones de personas no tienen acceso
garantizado al agua potable. No significa que no tengan agua, sino que esa agua
está contaminada y no pueden comprar agua embotellada. Unos 3.000 millones no
tienen siquiera un lavabo y unos 4.500 millones ni siquiera una letrina, lo que
impone condiciones de higiene y de vivienda que no satisfacen los derechos
humanos establecidos por la ONU. Se estima que entre 7.000 y 8.000 personas
mueren cada día por no disponer de agua potable, es decir unos 2,5 millones al
año. Unas 250.000 mueren de diarrea, en su mayoría niñas y niños menores de 5
años. El resto muere por otras infecciones o por la ingesta sistemática de agua
con tóxicos, como metales pesados, que no te mandan al hospital al día
siguiente pero degradan la salud progresivamente.
No sólo es una cuestión de países lejanos y empobrecidos. Aquí vimos que los
primeros brotes masivos de contagio fueron entre los temporeros que no podían
disponer de agua y jabón para lavarse y asearse.
En España el gobierno tuvo la sensibilidad de prohibir los cortes de agua y de
servicios básicos durante el confinamiento. Ahora por presiones de las grandes
empresas se ha levantado esa protección. Eso es rigurosamente un incumplimiento
del derecho humano.
M.O.: La ONU reconoció el acceso a agua potable como un derecho humano
fundamental en 2010. ¿Cómo puede garantizarse ese derecho cuando se privatiza
el agua?
P.A.: El mercado sirve para lo que sirve, pero la propia lógica de
libre mercado no parece la más consistente para gestionar derechos humanos
universales como el acceso al agua para todo el mundo, incluidos los que no
pueden pagar. El agua es demasiado importante para dejarlo en manos del libre
mercado.
Normalmente no se privatiza directamente el agua pero sí su gestión, lo que
viene a ser prácticamente equivalente. La responsabilidad de la gestión es
pública, depende de los Ayuntamientos. ¿Y un ayuntamiento puede privatizar la
gestión? Sí, pero es un tema tan importante que debería exigirse un proceso muy
democrático y absolutamente transparente. En la gestión, ya sea pública o
privada, tiene que haber una dinámica de participación ciudadana que no la
garantiza el mercado, además de formas adecuadas de funcionamiento, criterios de
gestión garantizados por ley, etc. Porque no se trata sólo de calidad sino de
accesibilidad y de un sistema de tarifas justas y asequibles.
M.O.: Hay organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional
o el Banco Mundial que han impulsado esa privatización.
P.A.: Ha habido presiones para privatizar el agua. Por ejemplo, con
Pinochet, en Chile se legisló para privatizar materialmente los ríos. Endesa
tiene la mayoría de los ríos de la Patagonia chilena. Y Pinochet vinculó la ley
de privatización de aguas con la Constitución.
El modelo británico, que impulsó Margaret Thatcher, no privatizó materialmente
el agua, que siguió siendo pública, pero sí las infraestructuras de agua y
saneamiento y la gestión. Este modelo apenas se ha extendido.
El modelo basado en el llamado partenariado público-privado, que ha respaldado
sistemáticamente el Banco Mundial, es el que domina en el mundo, ya sea por
concesión directa o compartida.
Es el modelo francés o europeo, que a través de España llega a América Latina.
El agua es pública. También, en general, las grandes infraestructuras, que
requieren inversiones a muy largo plazo y generan beneficios muy limitados. Lo
que interesa y se privatiza es la concesión de la gestión. Concesiones por
largos periodos, de hasta 40 años, que se van cobrando a través de las tarifas.
Y como políticamente puede estar mal vista esa privatización, los grandes
operadores suelen ofrecer la creación de una empresa mixta público-privada
donde se le ofrece al Ayuntamiento el 51% de las acciones. Es el modelo del
Canal de Isabel II. ¿Cuál es la clave del contrato? Pues hay un punto que viene
a decir que quien técnicamente sabe de ese tema, que es la parte minoritaria
privada, tendrá las competencias de gestión y de dirección. Otra clausula suele
establecer que las compras y contrataciones corresponden a la dirección, con lo
que la empresa privada las asigna a empresas de su propio grupo directamente,
sin concurso público, y por tanto sin competencia. De hecho, de ahí se suele
derivar más del 50% de los beneficios del grupo empresarial. La empresa privada
compra, ya sea ordenadores o un software de robotización de fugas, a un coste
mucho más caro del que se conseguiría bajo competencia pública. Y ese coste se
carga, por acuerdo de contrato, en la tarifa que pagan los ciudadanos.
El coste de una posible reversión de la concesión es tan exagerado que se hace
inviable: habría que pagar el lucro esperado a lo largo de esas décadas de
concesión. Con este tipo de mecanismos el Ayuntamiento acaba perdiendo el
control público de un servicio tan esencial.
En Holanda está prohibido este tipo de esquema e incluso la derecha tiene claro
que el agua tiene que ser de gestión pública. Pero en el Este de Europa la
privatización de la gestión está generalizada, no sólo del agua sino de
basuras, de electricidad, de todo.
M.O.: Es difícil concebir el derecho humano al agua aislado de otros
derechos humanos fundamentales, como el de la salud del planeta y de sus
habitantes.
P.A.: La salud de la naturaleza acaba siendo garantía de la
universalidad del derecho al acceso al agua potable para los más vulnerables,
los que tienen que tomar el agua desde el río. Pero no sólo depende del medio
ambiente, también de la vivienda digna, la salud pública, la emigración, la
extrema pobreza, las comunidades indígenas, la vulnerabilidad de las mujeres y
la contaminación tóxica. Intentaré, como mi predecesor, que todas las
iniciativas que tome sean coordinadas con estas relatorías.
M.O.: La calidad del agua cada vez está más degradada, como el planeta. ¿Se
puede llamar potable a todo el agua que sale del grifo?
P.A.: A veces se le llama agua potable al agua mejorada, es decir a la
que ha sido clorada y entubada, pero que realmente no es potable. Es lo que
pasa, por ejemplo, con el agua de Lima, una de las grandes capitales del mundo.
El río Rimac está contaminado con metales pesados y otros tóxicos que dejaron
las empresas mineras que ya se fueron y a las que no se les puede exigir ni
responsabilidades. Y lo mismo sucede en muchas otras capitales de América
Latina, de Asia, de Africa y de parte de Europa. Los problemas de contaminación
tóxica derivados de la minería a cielo abierto, de los agrotóxicos o del
fracking no se pueden resolver desde las plantas urbanas de depuración y
cloración. Por eso otra de mis prioridades es trabajar sobre la contaminación
química que envenena cada vez más ríos y acuiferos con metales pesados y otros
tóxicos, y sobre la creciente contaminación por nitratos y fosfatos de la
ganadería intensiva y las prácticas agrarias.
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