Dos años de Ley Mordaza: una
máquina recaudatoria
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
cumple dos años 1 de julio. Hasta el
pasado mes de diciembre, contó más de 285.000 sanciones.
Lejos quedan ya acciones como
la primera manifestación de hologramas del mundo en
abril de 2015 para denunciar lo que suponía la recién aprobada en el Congreso
Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Aunque no han desaparecido las
movilizaciones, se ha detectado un descenso del 28% en las mismas con respecto
a las cifras de los primeros seis meses de 2014, antes de la entrada en vigor
de la reforma.
Durante su primer año y medio en vigor
–hasta diciembre de 2016–, la Ley de Seguridad Ciudadana ha demostrado ser una
máquina de recaudar muy eficaz con 131 millones de euros en sanciones.
La plataforma No Somos Delito destaca que la tercera
infracción que más recauda sea por “desobediencia o resistencia a la autoridad”
–10,156 millones de euros– y que el tercer motivo de sanción más frecuente
sea por “faltas de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado” –22.627 sanciones–. “Esto supone un grave atentado contra la libertad
de expresión, porque, como ya hemos podido observar, muchas de las denuncias
interpuestas por faltas de respeto han sido tan absurdas como llevar una
camiseta y las relacionadas con la desobediencia no son tal”, denuncian desde
la plataforma. Critican que esta situación solo es posible por el trasfondo de
la propia ley, en la que “se eliminan a los jueces y la administración pasa a
ser juez y parte”. Y afirman que prueba de la “absurdez y ligereza con la que
aplican, por ejemplo, el artículo relativo a la desobediencia” es la sanción
interpuesta contra la periodista y escritora Cristina Fallarás. Ésta fue
multada por una “infracción grave de desobediencia a la autoridad” durante una
concentración de periodistas el 18 de mayo frente a la Embajada de México para
protestar contra los asesinatos de informadores en el país latinoamericano.
“Habíamos pedido permiso para una concentración frente
la Embajada de México contra los asesinatos de periodistas. Llegaron muchos
cámaras y periodistas, y estábamos muy apretados”, relata la periodista. “Un
coche de policía cortó la calzada de bajada de la Carrera de San Jerónimo para
que se celebrase la manifestación, por lo que yo bajé a la calzada”, explica.
En ese momento, uno de los policías se acercó a ella y exigió repetidamente que
subiese de nuevo a la acera. Al tratar de explicar que no estaba interrumpiendo
la circulación, ya que el coche de los agentes había cerrado el paso a la
calle, y que había demasiadas personas ya en la acera, el agente le pidió la
documentación. “Cuando me tomaron los datos ya sabía que me llegaría una multa,
pero lo que no podía imaginar es que iba a ser de 600 euros, que no puedo
pagar”, comenta preocupada.
La Rioja, líderes en sanciones por la Ley Mordaza
La Rioja, con 146 sanciones por cada
diez mil habitantes, es la comunidad autónoma donde más denuncias relacionadas
con la Ley de Seguridad Ciudadana se registraron desde su entrada en vigor
hasta diciembre de 2016, según datos del Ministerio de Interior. En esta
comunidad se registraron 253 denuncias por “faltas de respeto y consideración a
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”, recaudando 40.501 euros. Esta
cifra supone un baremo de 8,03 sanciones por cada 10.000 habitantes, siendo la
tercera comunidad donde más sanciones por población se registraron por este
motivo, detrás de Aragón (11,03) y Andalucía (9,85).
Otro de los motivos que pone en cabeza a La Rioja en
este ránking son las sanciones interpuestas por “desobediencia o la resistencia
a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones” que suponen
4.368,55 euros por cada 10.000 habitantes, muy por encima de la media nacional
que se sitúa en 2.181,44 euros.
Sanciones
a periodistas
Una de las más conocidas es la interpuesta a la
interpuesta a la periodista de Catalunya Radio Mercè Alcocer, por una
“infracción grave de desobediencia a la autoridad” mientras cubría la salida de
Jordi Pujol y Marta Ferrusola de la Audiencia Nacional. Pero han sido muchas
más.
El 3 de marzo de 2016, Axier López, fotógrafo y reportero de la
revista Argia compartió en su cuenta de Twitter unas instantáneas de la
detención en Eibar de la activista Naroa Ariznabarreta, que se había negado a
personarse en la vista oral en la que se la juzgaba por un corte de autopista
en el año 2007.
Este hecho transformó a Axier López en
el primer periodista español multado por la Ley Mordaza y llevó al parlamento
de Gipuzkoa a negarse aplicar esta ley. El
periodista recibió de la Delegación del Gobierno en Gipuzkoa la notificación de
una sanción de 601 euros, por subir fotografías a una red social “sin
autorización”.
A finales de abril de 2016, la periodista de Vice
Esther Yáñez acudió a cubrir una cacerolada promovida por la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la sede del Partido Popular, en protesta
por la negativa del PP a la ley catalana antidesahucios. “Estaba preparando un
reportaje sobre el tema y fui a hacer producción y a conocer a las familias. Empecé
a hacer fotos de los participantes y un policía vino y me pidió el teléfono.
Quería ver las fotos. Le dije que no estaba fotografiando a los policías y que
en la vía pública podía hacer las fotos que quisiera. Me pidió la documentación
inmediatamente. Le pregunté por qué. Sin responder, me la volvió a pedir. Le
dije que me parecía injusto que me pudiese identificar sin darme explicaciones
de nada, cuando yo ni siquiera podía ver su número de placa, porque no lo
llevaba”.
Dos meses después, Esther Yáñez fue oficialmente
sancionada por supuesta desobediencia a la policía y por no querer
identificarse. “Es completamente falso. Expliqué a ese policía quién era, y sí,
le manifesté mi desacuerdo con su actitud, pero en ningún momento sobrepasé el
perímetro de seguridad que nos impusieron y tampoco me negué a identificarme”,
afirma la periodista.
Para la Plataforma en Defensa de la Libertad de
Información (PDLI), el caso de Axier López pone de manifiesto que “la
aplicación de esta ley es inconstitucional”. Así opinaba también la Defensora
del Pueblo, quien afirmó que “no se hace ningún juicio de
proporcionalidad, ni se motiva la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni
siguiera se considera que pueda existir una limitación o afectación de un
derecho fundamental”. Respecto a los casos de Mercé Alcocer y Esther Yáñez,
desde la PDLI consideran que “son ilustrativas de lo que venimos denunciando,
que estas sanciones contra la libertad de información responden a un patrón: su
‘camuflaje’ bajo infracciones genéricas como faltas de respeto y consideración
a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o resistencia a la autoridad”.
También denuncian que las “trabas para informar cada
vez son más numerosas: peticiones constantes de identificación por parte de las
fuerzas de seguridad del Estado, multas y sanciones derivadas de la Ley de
seguridad ciudadana o demandas constantes relacionadas con el derecho al honor
(calumnia, injuria…). Y las consecuencias de todo esto son más cualitativas que
cuantitativas, empezando por la autocensura y acabando por la merma de una
sociedad democrática a base de socavar poco a poco un derecho fundamental como
es el de la información”
Sobre los datos de la cuantía de las multas afirman
que “es importante tener en cuenta que indican el importe total de la sanción,
pero no que la Administración haya ingresado esa cantidad, pues si se pagan en
un plazo breve y voluntario queda reducida la cuantía a la mitad, lo que habrá
favorecido que muchos afectados paguen sanciones injustas por lograr esa
reducción”.
Libertad
de Expresión
En este sentido son muchas las acusaciones que se han
hecho de la interpretación que los cuerpos de seguridad hacen del artículo 37.4
–faltas de respeto y consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado–. En esta línea, la plataforma No Somos Delito se plantea “¿Qué son
faltas de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado?”. Según
denuncian “el texto no da ninguna pauta de lo que puede o no considerarse una
falta de respeto”. Para la plataforma esto permite un sin fin de “atrocidades”
contra la libertad de expresión, como la que sufrió Xavier Casanovas.
Casanovas fue multado en el aeropuerto barcelonés de
El Prat cuando atravesaba el control de pasaportes por dirigirse en catalán al
agente. Según explicó este viajero, le indicaron que la utilización de esta
lengua era “una falta de respeto” y un ejemplo de “poca estima” a España. A
pesar de la advertencia, el ciudadano siguió utilizando el catalán y le
volvieron a indicar que se dirigiera a ellos en castellano. Posteriormente, en
la notificación que recibió informándole de la sanción impuesta (601 euros), se
explicaba que había cometido una infracción de tipo grave porque hizo “caso
omiso de las órdenes dadas por los agentes actuantes y, de este modo, dificultó
su labor policial y retrasó el flujo normal de pasajeros”.
También han llenado muchas portadas las
sanciones a músicos y artistas por este mismo concepto. Uno de los últimos que
se han dado a conocer es la sanción interpuesta contra el grupo Émbolodurante
un concierto que este medio organizaba con motivo de las fiestas de San Isidro.
“A medida que el evento avanzaba,
pudimos ver desde el escenario a un grupo de policías poniéndose cada vez más
nerviosos. Al terminar y dirigirnos a los camerinos, nos encontramos a una
veintena de agentes de la policía local mirándonos con actitud totalmente
amenazadora e intimidatoria. Una vez en los camerinos, la coordinadora del
evento nos comunica que a la policía no les ha gustado la actuación e incluso
les han dicho: ‘No queremos otros titiriteros’ y nos advierte que están muy
cabreados, que tengamos cuidado y que temen por la continuidad del festival.”
Unas horas más tarde Daniel, cantante del grupo, se
dirigió de nuevo a los camerinos y seis policías en uniforme de paisano le
arrinconaron y le pidieron identificarse. Es entonces cuando le comunican que
va a ser denunciado por las “ofensas a la autoridad” en determinadas partes del
espectáculo.
Pero las sanciones por faltas de respeto no se reducen
solo al mundo “real”. También han llegado al virtual. Uno de los casos que a
más gente ha afectado tuvo lugar en noviembre de 2016, cuando un usuario de
Facebook colgó un vídeo donde un agente de la policía nacional de Santiago de
Compostela perseguía, sin demasiado éxito, a un hombre sin camisa por las
calles de la ciudad. Este vídeo se hizo viral y el agente implicado en la
persecución terminó multando a la mayoría de usuarios que comentaron el vídeo,
lo marcaron como “me gusta” o lo compartieron en su cuenta.
Devoluciones
en Caliente y derechos de las personas migrantes
La gran olvidada para muchos medios de
comunicación es la “disposición adicional décima”, más conocida por legalizar
las “devoluciones en caliente”, o, como la
Coordinadora de ONG´s las denomina, “devoluciones sumarias”. Esta disposición,
que fue agregada en último momento a la ley, fue la primera en entrar en vigor;
tan solo un día después de la aprobación del texto en el Congreso.
Recientemente el Centre per la defensa del drets
humans Iridia, en colaboración con NovAct y Fotomovimiento, ha publicado su
informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la frontera sur. En
él, se pone de manifiesto la “inexistencia de datos oficiales derivados de los
protocolos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”. “No
se realiza ningún tipo de registro de las personas que son devueltas en
caliente, ni partes de lesiones…”. En este aspecto coincide el colectivo SOS
Racismo, que considera que “la ausencia de datos y la opacidad hacen sospechar
del porqué no dejan trabajar ni a periodistas, ni a las organizaciones de
derechos humanos.” Del mismo modo, recuerdan que la situación no ha cambiado en
nada porque “lo único que ha hecho la reforma de la ley es legalizar una práctica
que era y sigue siendo habitual”.
Iridia pone de manifiesto que, “cuando se salta la
valla, se hace porque no hay otro medio de poder solicitar asilo”. Actualmente
hay dos vías para solicitar el asilo en la frontera sur: en las oficinas de
asilo –inauguradas en el año 2015– o en un Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI). No obstante, desde Iridia ponen de manifiesto que, “para
poder acceder a estas oficinas, tienes que pasar por los puestos regulares,
donde las fuerzas regulares marroquíes no dejan que se acerque ninguna persona
procedente de los países del África negra, y para poder entrar en el CETI,
tienen que hacerlo a través de la valla”.
Por su parte, la Caravana Abriendo Fronteras, que el año pasado
se dirigió a Grecia para denunciar las situaciones que sufren allí las personas
que buscan asilo, se dirigirá este año a la frontera sur para denunciar que,
“en nuestro Estado, se comenten violaciones sobre los derechos fundamentales de
las personas de forma constante y reiterada”. Desde la plataforma consideran
que “las devoluciones en caliente, permiten que muchas personas que deberían
estar protegidas por el Estado, por tener el derecho de asilo y/o refugio, sean
devueltas a Marruecos; donde por todas y todos es conocido que no garantizan
los mínimos derechos a estas personas, que en ocasiones sufren violencia por
parte de la Policía Marroquí”. En esta ocasión, la caravana recorrerá a partir
del 15 de Julio los centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche,
Algeciras, Isla de la Palomas, y también el CETI de Melilla y la propia valla.
El colectivo SOS Racismo añade que esta ley no solo
vulnera los derechos de las personas migrantes en la frontera, sino que
recuerda cómo “son perseguidas por el resto del territorio”. Para este
colectivo en algunas disposiciones se regula para evitar las redadas racistas,
“pero, al no existir protocolos ni haber ningún registro de ningún tipo, la
realidad es que se siguen produciendo permitiendo la impunidad”. Y añaden: “Si
de verdad quisieran acabar con las redadas racistas crearían un protocolo donde
se recoja un registro sobre las identificaciones y cacheos que realizan, así
como los motivos de los mismos”. Del mismo modo recuerdan como “el miedo que
generan con las redadas racistas” hacen que los propios afectados no denuncien
la vulneración de sus derechos. “En una persona con la nacionalidad, negarse a
identificarse en estos supuestos puede conllevar una sanción administrativa. En
el caso de una persona migrante, con o sin permiso de residencia, puede suponer
la expulsión o que se les deniegue el permiso de residencia”.
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