Organizar la rabia

Con los contenedores quemados en Cádiz están defendiendo los derechos de toda la clase trabajadora

 A nadie le puede sorprender lo de Cádiz si tiene un pie en la calle y una oreja en las conversaciones de los bares, las peluquerías, las panaderías, los vestuarios de las fábricas y de los talleres o en la esquina a la salida del supermercado donde las trabajadoras y los trabajadores se fuman el cigarrillo.

Desde 2008 la situación cotidiana de la clase trabajadora va empeorando cada vez más: peores servicios públicos, alquileres más caros, peores salarios y condiciones de trabajo… No sé cómo se explicará con datos, lo que sí sé es que es una afirmación compartida y vivida por la mayoría de la población. Se palpa en el ambiente. Ni siquiera eres un afortunado ya cuando encuentras trabajo porque supone reducirte a la nada, a vivir para primaria, en las principales ciudades del país la cita previa para pedir el subsidio de desempleo tarda más de un mes (el plazo legal son 15 días), se van a cargar a todos los sanitarios que pusieron de refuerzo para el COVID, no hay tren ni se le trabajar: larguísimas jornadas, traslados interminables al centro de trabajo y salarios de subsistencia. Enfermedades laborales físicas y psicológicas. Si no encuentras a quien venderle tu alma al firmar un contrato, que no se va a cumplir, pasas a engrosar las filas del paro. Sensación de inutilidad y de aislamiento social en un país cada vez más individualista, más neoliberal, más falsamente meritocrático. Si tienes un problema es tu responsabilidad. Y la puntilla es que los servicios públicos cada vez están más débiles. Hay provincias donde ni siquiera dan citas de atención espera para millones de españoles…

La clase trabajadora está al límite y enfrente nos encontramos con la burguesía echada al monte. Durante la crisis de la pandemia se les obligó a ceder mínimamente: a cerrar dos semanas y a no poder salir a la calle, a sacrificarse por la sociedad como hicimos el resto. La cuestión es que la burguesía en España no ha cedido nada en 200 años y están tomando nota de ello. Con la judicatura a su favor y un partido que representa su programa de máximos en el Parlamento es bien difícil que se les arranque alguna conquista social. Lo quieren todo, hasta el último céntimo de plusvalía.

   

La ley vigente ni se cumple, ni protege a los trabajadores, ni los que la dictan son neutrales. Ni se trabajan ocho horas, ni se cumplen las medidas de seguridad laboral, ni se respetan las horas de descanso entre turnos, ni se pagan las horas extras y un largo etcétera. Dijo Marcelino, con más razón que un santo, que la democracia conquistada en el 78 se había quedado en la puerta de las fábricas. En el centro de trabajo la única ley que existe es la correlación de fuerzas entre el empresario y la plantilla. Hasta fue noticia que la ministra de trabajo mandara inspectores para hacer contratos indefinidos, es noticia lo que debería ser norma. Cada vez la justicia está menos valorada entre la población. Y los cauces de representación política están quemados. Podemos y Unidas Podemos existen como estructura y como partido. Pero lo que supuso Podemos, la posibilidad de ruptura con el actual sistema político, está acabado. Y eso para las capas populares que confiaron en esa posibilidad ha sido una traición. Quien no se lo crea que revise los porcentajes de voto en las manzanas más humildes de nuestro país. Nadie les avisó de que el Estado, por muy democrático que sea, que en el caso de España no lo es, y gobierne quien gobierne, obedece siempre a los intereses de los poderosos, de los poderes fácticos, de la oligarquía. Sí se puede, claro que se puede doblarles el brazo a los poderosos, pero no así.

La diferencia abismal entre la vida y las miserias cotidianas frente al lamentable espectáculo político y la farsa judicial hace que la clase trabajadora este hasta las narices.

El único camino

Y en este contexto social concreto es cuando ante un conflicto por la negociación de un convenio, el del metal de la provincia de Cádiz, se han encendido las calles. Y encima arden las calles legítimamente o así de momento se esta percibiendo entre la ciudadanía gaditana. Kichi, el alcalde, y el grupo musical Andy y Lucas han mostrado no solo su apoyo a la movilización sino también a la forma de lucha. El mensaje esta claro, o se queman contenedores o en Madrid (el poder central) no te hacen ni puto caso. No es casual que en 2020 el documental El año del descubrimiento, que narra los conflictos obreros que se dieron en Cartagena en 1992, ganara el premio Goya. Su conclusión es similar: para que se salvaran cientos de trabajos en la ciudad hubo que prenderle fuego al Parlamento autonómico.

En la memoria de la clase obrera de este país esta la lucha. La clase trabajadora no es gilipollas ni inútil. Se sabe, quizá no se explícita a través de una reflexión consciente, que gracias a la lucha, a las huelgas y a la movilización tenemos lo que tenemos. Otra cosa es el estado de ánimo para llevarlas a cabo y el conformismo con la actual situación. Pero ese conformismo tiene un límite como estamos viendo en la lucha de los trabajadores del metal de Cádiz.

Y la movilización no se decreta, eso lo sabe perfectamente cualquier activista, sindicalista o militante que ha estado en la gestación y organización de manifestaciones o acciones. Puedes planificar, construirte escenarios y marcos, pero hay un punto de salto cualitativo, de estallido de todas las contradicciones que es imposible medir. Hay muchos indicios que nos están señalando el hastío y la situación al límite de la clase trabajadora. Explosiones de frustración incontenible. La conclusión, nuestra conclusión como comunistas: organizar la rabia. Potenciar el conflicto, extenderlo, concienciar en lo colectivo. Los contenedores quemados en Cádiz están defendiendo los derechos de toda la clase trabajadora. Convencer a nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo: la violencia es no tener trabajo o, si lo tienes, no llegar a final de mes. La contundencia en las movilizaciones no es el camino elegido por los trabajadores, es el único camino que está dejando la patronal para garantizar nuestros salarios y nuestro trabajo. Orientar el conflicto no solo a la necesidad de un convenio digno sino a la necesidad de romper con el régimen político actual. Para que no estemos condenados únicamente a la protesta y a la pataleta, a quemar cíclicamente contenedores, a estallar de rabia, a comernos nuestra propia frustración y a golpearnos frente a un sistema político y económico que nos explota.

 VÍCTOR SERGIO BENEDICO GÜELL. Responsable del Núcleo de Industria del PCE Aragón 

Es una PAC para la patronal del campo, 

incompatible con el pacto verde europeo

La propuesta que se vota este martes en Estrasburgo lleva negociándose desde la legislatura pasada y, para la portavoz federal y eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, no responde a las demandas de los pequeños y medianos agricultores. Sí sigue beneficiando a los grandes tenedores de tierra, mientras que la pequeña producción, de cercanía, con productos de calidad y ecológicos, que fija población en la España vaciada, continúa sin verse suficientemente recompensada. “Es una PAC a medida de la patronal del campo e incompatible con el Pacto Verde europeo”, asegura.

La portavoz federal de Izquierda Unida y eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, ha anunciado esta mañana el voto en contra de nuestra organización a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se celebra este martes en el pleno de Estrasburgo. Un voto en contra, que se sustenta en varios ejes que hacen de esta PAC “una propuesta a la medida de la patronal del campo, que sigue protegiendo a los agricultores de sofá y que da la espalda a la crisis ecosocial”.

Lo primero es que “esta nueva PAC nace obsoleta”. La regulación lleva negociándose desde 2017 y no va a entrar en vigor hasta 2023, por tanto, “no está adaptada a las exigencias” no sólo medioambientales, sino a la realidad del campo. Por ejemplo, ignora los cambios que la propia UE y la sociedad están viviendo. Desde el Pacto Verde Europeo, a la estrategia De la Granja a la Mesa, pasando por la Estrategia europea sobre biodiversidad, o los problemas estructurales que se han manifestado con crudeza en el campo en los últimos años: “Hablamos de precios a la baja, de la subida del gasoil, de los insumos cada vez más altos, del cierre de explotaciones, de competencia desleal o del deterioro de la posición de las y los agricultores en la cadena de valor”.

El texto, alerta Rego, “no tiene en cuenta cuestiones fundamentales como la redistribución económica entre los agricultores más precarios, la incorporación de la mujer y de los jóvenes con medidas concretas o la crisis climática”.

Es “una propuesta conservadora”. “Había una oportunidad de traer una PAC más justa, que pensara en las necesidades del momento y la gravedad de la crisis ecosocial”. Pero la realidad es otra. “Hay un enorme caudal de recursos económicos que no está llegando a los pequeños y medianos agricultores y esta era la oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en medio de una reflexión profunda sobre el modelo productivo y las necesidades que tiene la gente trabajadora en Europa”.

  

La portavoz de IU señala como un tema clave que la propuesta de reforma no aborda algo que es “sustancial” y que “genera una enorme brecha y desigualdad en la agricultura”, como la implementación de “un sistema de fijación justa de precios”. Cabe recordar que los precios bajos y volátiles como los que tenemos ahora son el factor principal que explica las bajas rentas de nuestros agricultores y agricultoras.

Por otro lado, y pese a que hay algunos grupos que están haciendo bandera de ello, la propuesta, más alla de las “buenas palabras y declaraciones de intenciones, no incluye ninguna medida concreta que reconozca y mejore la situación de las mujeres agricultoras”. Tampoco para la juventud que quiera dedicarse al campo, ya que, por ejemplo, las ayudas mínimas al relevo generacional se han quedado en un 3% de los pagos del Primer Pilar, muy lejos de las necesidades de un sector profundamente envejecido.

“Las ayudas directas siguen sin tener un techo máximo y sin ser una medida vinculante para los Estados miembros”, lo que puede llevar a abusos porque en la práctica, el cálculo se basa en deducir todo tipo de gastos. Tampoco atiende a una reivindicación histórica del campo como es la “definición de la figura del agricultor genuino, por lo que esta PAC también prima a los agricultores de sofá y los grandes tenedores de tierra, que podrán seguir acaparando las ayudas”.

En la misma línea, está la cuestión de los derechos históricos, “que es un mecanismo anacrónico de cálculo de las ayudas del Primer Pilar que permite que gente que no está en activo pueda seguir cobrando las ayudas”. Esto conlleva que agricultores con derechos reconocidos en los años noventa sigan cobrando la PAC o que en 2027 puedan cobrar por derechos del año 2000. Y a la inversa: agricultores y ganaderos en activo no pueden acceder a las ayudas, lo que dificulta enormemente el imprescindible relevo generacional.

“Creemos que es una PAC que da la espalda nítidamente a la protección del medioambiente y las demandas sociales”, continúa. Los ecoesquemas “son un fracaso”, porque se dotan a la baja económicamente y se detraen del apoyo directo a rentas” para promover unas medidas cuya implantación les requiere, además, un gasto adicional a los pequeños agricultores. “No se van a aplicar”, vaticina Rego, “o sólo lo van a aplicar las grandes empresas y explotaciones”, que con esta decisión podrán seguir haciendo campañas de greenwashing a costa de la renta de los pequeños perceptores de la PAC.

“Los recursos deberían haberse repartido de una manera más justa para evitar que las explotaciones más pequeñas queden atrás, para impulsar una agricultura que tenga también en cuenta a quienes estén produciendo en esquemas más pequeños y sostenibles, para invertir los recursos públicos en modernizar la agricultura y hacerla más sustentable, que es algo fundamental en el caso de la crisis ecosocial y un sistema de producción más justa, que no obligue a los agricultores a vender por debajo de los precios de producción, que es un drama que sufren muchos agricultores y agricultoras de nuestro país”, ha resumido.

 

IZQUIERDA UNIDA FEDERAL  

 MANIFIESTO DEL PCE PARA EL 25N

 Jaque feminista a la justicia patriarcal

 

Denunciamos todas las violencias machistas y en especial la violencia ejercida por el poder judicial machista y patriarcal

 Este 25 de noviembre se enmarca en un mes negro. La sombra del patriarcado nos amenaza en las instituciones, en nuestras casas, en las calles y en los lugares de ocio nocturno, en los centros de trabajo y de estudio.

Nuestra libertad y nuestra integridad física y mental no se respeta. Se nos mata, se nos viola, se nos explota laboral, sexual y reproductivamente, se nos acosa, se nos maltrata, nos asesinan hijos e hijas y ante esto se nos sigue cuestionando, no se nos cree e incluso se nos criminaliza con pena de cárcel, como son los casos recientes de Juana Rivas, María Salmerón o María Sevilla, por alejar sus hijos de maltratadores. 

  

Las mujeres a lo largo de nuestras vidas podemos sufrir diferentes violencias machistas: físicas, psicológicas, económicas, sexuales y las violencias vicaria e institucional. Estas dos últimas no son nuevas, siempre han existido, aunque desapercibidas.

El PCE, en el día internacional contra la violencia de género, denuncia todas las violencias machistas y hacer especial atención a la violencia ejercida por el poder judicial machista y patriarcal.

España no tiene una legislación específica sobre violencia institucional, pero ha ratificado el convenio europeo contra la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul. Eso significa que la violencia institucional puede ser juzgada y condenada.

En este sentido saludamos que desde el Ministerio de Igualdad se esté trabajando para ampliar la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género a todas las violencias del Convenio de Estambul, y en un catálogo urgente de medidas como resultado del dialogo con las asociaciones y organizaciones de mujeres implicadas en la atención a las víctimas y en la lucha contra las violencias machistas.

La sociedad y las instituciones siguen sin identificar la violencia machista cuando no hay agresión física, no perciben que el maltrato psicológico puede llegar a ser devastador e incluso irreversible. Se castiga y se reprueba la violencia física, pero no se detecta o se pasa de puntillas sobre una estrategia del maltratador como es el uso de la manipulación y el victimismo.

Es urgente que las instituciones amplíen su formación en todas las formas de violencia de género, aumenten los recursos de atención especializada que ayuden a identificar esta violencia, su intencionalidad, sus mecanismos y sus consecuencias. Dotar a las mujeres víctimas de maltrato psicológico de credibilidad y devolverlas la vida que les ha sido robada.

Denunciamos la violencia vicaria, la utilización de los hijos e hijas para continuar la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Una de las formas más extremas de violencia machista. Una violencia extendida y oculta, donde en ocasiones los maltratadores acaban matando a los hijos y las hijas.

Un maltratador no es un buen padre, a través de este tipo de violencia machista deshumanizan a los hijos e hijas que pasan a ser el objeto que les permite provocar el dolor extremo en las madres. Un dolor extremo que saben que persistirá durante toda la vida, un dolor que hace que las mujeres se puedan sentir culpables por no haber sabido proteger a sus hijas e hijos.

Denunciamos que no se actúe desde las instituciones hasta que se produce el asesinato de un niño o una niña, porque la violencia vicaria es un largo proceso de violencia de género, que al igual que otras manifestaciones machistas, incluye la violencia física, económica y, siempre, la del control sobre las mujeres.

Una violencia que cuenta con un gran respaldo de las instituciones y del sistema judicial: Juana Rivas, Sara, María Sevilla, María Salmerón, Patricia González, María Ugarte, Ana María Bayo, Silvia Aquiles, María Isabel Martínez, Verónica Saldaña, Daria Sidorkevich, Bárbara, Beatriz… entre muchas otras, son víctimas de este tipo de violencia.

Algunas de ellas han visto cómo sus maltratadores asesinaban a sus hijos o hijas, a otras se les ha retirado la custodia por atreverse a denunciar por maltrato y abuso infantil a los agresores. Agresores que muchas veces la justicia ha amparado bajo el derecho de los padres a visitar a sus hijos e hijas, derecho que a un maltratador le debería ser negado.

Estas situaciones de injusticia machista demuestran que el patriarcado sigue presente en el poder judicial y que urge la protección legislativa de las mujeres y los y las menores frente a la violencia machista.

El PCE lucha para evitar que la mitad de la población siga humillada, vejada, coaccionada, violada, o asesinada sin una respuesta contundente y eficaz de los poderes públicos.

Es imprescindible que la violencia institucional y la violencia vicaria estén recogidas dentro de la Ley Integral, por lo que implica de asunción de responsabilidad del Estado, por acción o por omisión, de un fenómeno que afecta a una de cada 10 mujeres y que se ha cobrado la vida de miles de nosotras.

Juguemos bien la partida. ¡Jaque mate al patriarcado criminal!

 

 Unidas Podemos registra una enmienda a la Ley de Memoria referida a la Ley de Amnistía para que los crímenes más graves del franquismo sean 'imprescriptibles y no amnistiables'

 

Enrique Santiago presenta en el Congreso junto a Martina Velarde las 30 enmiendas elaboradas conjuntamente con el Grupo Socialista tras un acuerdo que califica de “francamente bueno” porque supone dar “pasos muy sólidos” para satisfacer “el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y a la no repetición de graves crímenes” que exigen desde hace años las víctimas del franquismo, sus familias y los colectivos que los representan

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha presentado esta mañana junto a la diputada del mismo grupo Martina Velarde las 30 enmiendas al proyecto de Ley de Memoria Democrática registradas en el Congreso conjuntamente con el Grupo Socialista, cuyo plazo concluye hoy miércoles. Entre los cambios destaca el que se introduce con una nueva redacción del artículo 2, referido expresamente a la Ley de Amnistía de 1977. Su objetivo es “garantizar el derecho a la justicia de las víctimas” e indica expresamente que ‘todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario”, según el cual “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

Santiago, en respuesta a los medios sobre esta misma enmienda, ha celebrado el acuerdo alcanzado que conduce a que, si sale adelante la reforma, no se pueda seguir utilizando la Ley de Amnistía “como una excusa para no perseguir crímenes” como los que se explicitan en el nuevo texto.

El diputado reconoció la limitación de su alcance práctico después de los muchos años transcurridos, ya que “la responsabilidad penal acaba con la muerte” y muchos responsables han fallecido. No obstante, destacó que la justicia no consiste solo “en sancionar”, sino que también es “muy importante conocer la verdad judicial”, algo que tiene en sí mismo un “efecto reparador” para las víctimas, para llegar al convencimiento de que no existen afectados de primera y de segunda.

“No se trata -dijo- de juzgar a servidores públicos de la dictadura, sino a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables”, detalló el también portavoz parlamentario de IU en el Congreso.

La nueva Ley de Memoria Democrática contemplará a partir de otra enmienda que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la “investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura”.

Otra de los cambios incluye ampliar el censo de víctimas del franquismo -sobre el que ya se trabaja desde 2019- para que integre “tanto a las personas fallecidas y declaradas fallecidas, como a las supervivientes que presten su expreso consentimiento”.

Martina Velarde detalló también que a partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno tendrá un año para designar una comisión técnica que “elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” hasta el 31 de diciembre de 1982. De esta forma se deben señalar “posibles vías de reconocimiento a las mismas”, así como a sus familiares o a colectivos en relación a “casos concretos”, apostilló Santiago.

A todo ello va a contribuir la creación de una “oficina de víctimas”, que se encargará del “apoyo técnico de las mismas y recogida los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como realizar labores de divulgación y sensibilización sobre los padecimientos y luchas de que protagonizaron las víctimas de la guerra, la dictadura”.

Para Enrique Santiago el conjunto de las enmiendas formalizadas hoy supone dar “pasos muy sólidos” para satisfacer el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y a la no repetición de graves crímenes” que exigen desde hace años las víctimas del franquismo, sus familias y los colectivos que los representan. En su opinión, este acuerdo alcanzado con el PSOE “es francamente bueno” y “mejora” el texto inicial del anteproyecto elaborado en el seno del Gobierno de coalición.

Las enmiendas impulsadas por Unidas Podemos reconocen también “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo”.

La nueva ley traslada al Gobierno la obligación de elaborar en el plazo de un año desde que entre en vigor una auditoría de los bienes incautados y, a partir de ahí, se establecerán las vías para el resarcimiento. Una comisión técnica será la encargada de estudiar el “conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables”.

Como ya se adelantó, se incluye una enmienda para que se reconozca la nacionalidad no solo a los “descendientes” de los brigadistas internacionales, siempre y cuando acrediten “una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España”.

Entre los pasos que van más allá de la conocida como ‘ley de memoria histórica” en vigor para acabar con los vestigios de la dictadura franquista se plantea, entre otras cuestiones, suprimir el nombre del Valle de los Caídos para que pase a llamarse oficialmente Valle de Cuelgamuros y se recupere así su “nombre original”.

De la misma forma, se acelera la supresión de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura para exaltarla y recompensar a personas que colaboraran con ella, por lo que se pide suprimir 33 ducados, marquesados y condados, entre ellos el de Franco o Primo de Rivera.

Se plantea el acceso “libre gratuito y universal” a los archivos privados, además de a los públicos, para que se puedan consultar documentos históricos integrantes de series documentales o de colecciones de bienes del Patrimonio Documental sobre el golpe de Estado, la Guerra, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera antifranquista o el exilio.

Enrique Santiago declaró que su grupo parlamentario tratará de conseguir el mayor número de apoyos posibles entre el resto de formaciones políticas y argumentó su confianza en poder lograrlo en que “si hay un bloque en el Parlamento que defienda rechazar la aplicación del Derecho internacional van a tener difícil explicarlo fuera de nuestro país”.

 

 El negocio de los accidentes laborales

Este mes se han publicado dos noticias que hilan esta historia. Por un lado la revista Forbes hizo público el listado anual de las cien personas más ricas de España. No había mucha sorpresa. Un año más, los ricos siguen siendo más ricos mientras los pobres seguimos siendo más y más pobres.

Ricardo Leal Cordobés se situaba como el hombre más rico de Extremadura, dueño del Grupo Cristian Lay radicado en Jerez de los Caballeros (Badajoz).

La otra noticia parte de CCOO que ha solicitado a la dirección de Cristian Lay un mayor esfuerzo en materia de prevención de riesgos laborales ante el incremento de los accidentes en este grupo, con cuatro de carácter grave en menos de un mes y medio. Es decir, las empresas de la persona más rica de Extremadura tienen el triste honor de destacar por el elevado número de accidentes laborales.

  

Los partes que emite la autoridad sanitaria de Extremadura son terroríficos. El 5 de octubre el accidente laboral fue por aplastamiento con una viga de un trabajador de 45 años que fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. El siguiente fue el 12 de octubre, día de fiesta en el que muchos empresarios se ponen su banderita rojigualda pero son incapaces de parar su producción para darle el festivo a la plantilla. En este caso el trabajador resultó herido por quemaduras, teniendo que ser enviado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El último registro ha sido el 29 de octubre con el resultado de dos trabajadores heridos.

EL PERSONAJE

Ricardo Leal Cordobés (1955, Jerez de los Caballeros) es uno de esos empresarios que le deben parte de su éxito a las buenas relaciones con la oligarquía política que en el caso de Extremadura señala directamente al PSOE. Prueba de ello es que este personaje forma parte del patronato de la Fundación Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entidad que él preside para estudiar su propia figura.

La vinculación no se queda aquí. La hija de Rodríguez Ibarra pasó de ser responsable de comunicación de la Fundación de su padre al Departamento de Comunicación del Grupo Cristian Lay. Nada es casualidad en la historia de este empresario extremeño que empezó como joyero en los años 80 y dio un pelotazo con la venta por catálogo. Con este salto comenzó su expansión pero también marcó que su modelo de negocio se sustentaría en la explotación de la clase trabajadora.

En la localidad pacense en donde se asientan parte de las empresas del Grupo Cristian Lay es fácil encontrar a gente que te cuenta como en los inicios este empresario tenia a los trabajadores y a las trabajadoras haciendo bisutería en sus casas. Las mujeres iban a la nave de la empresa de donde se llevaban los materiales y en sus hogares trabajaban. Les pagaba por cada pieza que completaban. Esto se traducía en jornadas maratonianas para intentar entregar más productos terminados y así poder cobrar una cantidad que permitiera vivir.

Era el modelo de industria domiciliaria moderna que Carlos Marx denunciaba en El Capital. Aquí se repetía el mismo esquema, con el agravante de que en esos años aparece otro oscuro personaje en la misma localidad: Alfonso Gallardo.

Este empresario, que también llegó a estar entre los más ricos del país, montó una siderurgia y decidió que solo contrataba hombres. De tal manera que toda la población femenina de la comarca de la sierra suroeste de la provincia de Badajoz trabajaba para Cristian Lay en condiciones deplorables.

LA EXPANSIÓN

Como no podía ser de otra manera, este empresario se hizo de oro robando la riqueza que producían los trabajadores y decidió invertir en más sectores. Tras montar una fábrica de joyería, creó Viajes Laytours. En 1994 lanzó Perseida Belleza, que fabrica productos de perfumería, higiene personal, cuidado corporal, higiene bucal y protección solar.

En 1996 diversifica fuera del sector de consumo y crea Ondupack, una de las mayores fábricas de envases y embalajes de cartón ondulado de España, situada en Almendralejo. Y con la catalana Artenius gestiona Plastiverd, centrada en la fabricación de plásticos reciclados. También entró en el sector del transporte y distribución de gas, constituyendo en 1996 Gas Extremadura, firma que se ha quedado el suministro de gas natural a las principales localidades extremeñas y que en la actualidad tiene casi 100.000 clientes. Este negocio que le aporta beneficios millonarios fue muy sonado, pues días antes de que se lo adjudicaran Rodríguez Ibarra comió con el propio Ricardo Leal en su lujoso chalet.

Como otros empresarios bien relacionados, en 2009 puso huevos en el sector de las renovables, creando Alter Enersun, propietaria de plantas fotovoltaicas y dedicada a la tramitación para instalarlas. Además, en 2017 compró GES en el País Vasco, la multinacional vasca de construcción y servicios para los sectores eólico y solar. Su división de renovables prevé alcanzar los 920 MW de potencia instalada en 2023.

En la industria química se estrenó en 2014, cuando compró la petroquímica IQOXE, Industrias Químicas del Óxido de Etileno, ubicada en Tarragona. A finales de 2020 dio un gran salto al comprar al fondo KKR el grupo siderúrgico Gallardo Balboa que era de Alfonso Gallardo el otro empresario del que hablamos antes.

EL CASO DE LA PETROQUÍMICA

En la expansión de este empresario por el resto del país ha llevado consigo sus prácticas empresariales y como muestra está lo que sucedió en 2020 en Tarragona, cuando una explosión en una fábrica del Grupo Cristian Lay provocó tres fallecidos, entre ellos dos trabajadores de la planta. Estos días se celebra el juicio que investiga lo que sucedió y según el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, muestra un reguero de actuaciones de la empresa para abaratar costes, aumentar la producción y, con ello, conseguir más beneficios.

Y es esta línea de investigación la que sigue, por el momento, la jueza. En varios autos de la causa, la magistrada apunta a una "política empresarial" que derivó en un "deficiente mantenimiento de las instalaciones" y en "el ejercicio de la actividad sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial y con un insuficiente número de trabajadores para realizar el proceso productivo con los debidos requisitos de seguridad".

Como empresario modelo no se conforma con la sangre de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo que tras la declaración de media docena de empleados, la jueza también está investigando si la empresa siguió produciendo "de forma clandestina" mediante el reactor al que teóricamente sustituyó el accidentado. Además las pesquisas también apuntan a un delito ambiental porque la empresa habría realizado vertidos al mar mezclados con disolvente que, para no ser detectados, se habrían producido por la noche o en fin de semana.

Nada de esto sorprende en Extremadura, pues Ricardo Leal es un viejo conocido en esta tierra. Pero una cosa vuelve a quedar clara: nadie se hace rico de manera honrada. Pero lo peor es que para hacerte rico vayas dejando un rastro de accidentes, corrupción y muertes.

 

 RAFA GONZÁLEZ