Objetivos históricos. Recuperar la hegemonía en la batalla ideológica

La lucha por la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y sus familias ha formado parte de los orígenes y la evolución del movimiento obrero a lo largo de su historia y así seguirá siendo en el futuro. Se trata, pues, de un aspecto consustancial en la lucha histórica contra la explotación. El capitalismo explota al trabajador y a su familia en el trabajo a través de la plusvalía y en su vida cotidiana a través de los bienes de consumo para vivir. Los economatos de los poblados mineros, regidos por la empresa minera, son un buen ejemplo simple de esta doble explotación.

Pero la complejización de la sociedad actual conlleva un amplio frente de actividades de las que el capital obtiene pingües beneficios y que pueden parecer no vinculados al sistema. Nada más lejos de la realidad. Por eso hoy el sindicalismo de clase debe ser necesariamente sociopolítico, como ya CCOO aprobó en su día en sus principios fundacionales.

No es nuevo. Las luchas históricas contra la carestía de los productos básicos, contra el acaparamiento, contra la usura, son las luchas contra la subida de los precios del pan y productos de primera necesidad, que unían a las asociaciones de vecinos y de los trabajadores y tienen un largo recorrido en nuestro país durante el siglo XX, igual que a nivel internacional ^[1].

El control de los precios de productos de primera necesidad a través de la Junta Superior de Precios durante la autarquía franquista pretendía evitar estallidos populares durante años de miseria, de estraperlo y contrabando controlado por sectores del régimen.

Todo es obra del trabajo

En la actualidad los temas del empleo, el transporte público, la salud, la dependencia, la educación, la energía, la vivienda, el acceso a la cultura y a la sociedad digital, la preservación de la naturaleza, conforman el abanico de las necesidades básicas para los trabajadores y sus familias. Las políticas económicas, sociales, fiscales, científicas, tecnológicas, por la igualdad, medioambientales, son instrumentos decisivos que deben de formar parte de los programas de acción de los sindicatos y se deben traducir en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y de sus Ministerios, de Presupuestos de Comunidades Autónomas y de Ayuntamientos.

Son todos esos presupuestos los que nos deben servir para cambiar las cosas. Son lo que denominamos salario indirecto que conforman, cada vez más, una parte importante de nuestras condiciones de vida en el Estado Social y Democrático de Derecho. Si no lo entendemos así, seremos meros sufridores de decisiones importantes para nuestras vidas diarias tomadas por otros. El neoliberalismo lleva desde los años 60 del pasado siglo destruyendo material e ideológicamente las consecuciones alcanzadas por el movimiento obrero a lo largo de la primera mitad del siglo XX.

En los próximos congresos sindicales, las diferentes estructuras sindicales de territorio y rama deberían debatir y proponer, con la concreción posible en sus espacios correspondientes, las propuestas sindicales que se ofrecen al conjunto de las instituciones políticas, a la ciudadanía, a los trabajadores y que definan sus objetivos para la acción sindical los próximos años.

Todo ello enmarcado en la centralidad del trabajo y del trabajador que, a pesar de su realidad, el capitalismo ha tratado siempre y sigue tratando de ocultar, de envilecer, de invisibilizar y de sustituir, apropiándosela.

El mundo actual y todos los anteriores, y previsiblemente los futuros, son obra del trabajo. El palo, la piedra, el útil, la herramienta, la máquina, los aceleradores de partículas atómicas, las artes, las ciencias, son obra de la mano y del cerebro humano ^[2]. Y la obra resultante también. Es siempre una obra colectiva, actual e intergeneracional, fruto de siglos de trabajo, de experiencia, de aprendizaje, de observación, de reflexión. A pesar de que el producto se convierte en mercancía para el capitalista que se adueña de ella, la cambia por dinero y obtiene una plusvalía, nunca podrá valorar su esencia intrínseca ni ser su verdadero propietario.

La división infinita del trabajo, la producción industrial en serie y la maquinización, hoy robotización, en la sociedad actual, tienen como consecuencia la pérdida de identificación por parte de los trabajadores con el resultado de su trabajo. El orgullo del trabajador ante su obra, a la que ha trasmitido su más profundo saber, se ha desintegrado. Hoy es el resultado del trabajo, de la acumulación pasada y actual de experiencias y saberes. El autor real es el trabajador colectivo pero esa apreciación es confusa. Y es el trabajador organizado y consciente el que debe de recuperar con nitidez la propiedad y autoria de la obra final.

Toda máquina actual, cuánto más compleja y eficiente sea, es trabajo acumulado de cientos de años y de miles de trabajadores ^[3].

El debate ideológico, hoy hegemonizado por el capitalismo, debe considerarse imprescindible para la transformación social y política desde la clase obrera consciente y organizada. Recuperar la hegemonía en la batalla ideológica es imprescindible.

Recuperar la hegemonía en la batalla ideológica

El capitalismo ha triturado durante los últimos años todo lo que los movimientos socialistas y comunistas habían levantado. Han contado para ello con nuestra pasividad e incluso con nuestra colaboración. En muchas ocasiones nos hemos autoinmolado por cantos de sirena y por engaños ^[4].

Las permanentes crisis del capitalismo en campos como la economía, la política, el medio ambiente, la guerra, las hambrunas, las migraciones, la igualdad y su incapacidad y sus fracasos para avanzar en la solución solidaria de los graves problemas que la humanidad tiene ante ella, nos demuestran que esa soberbia en la hegemonía ideológica, no tiene consistencia en la realidad del mundo en que vivimos y en el que ellos dominan.

Nos engañan cuando nos hablan sólo de nuestros fracasos, ocultando escandalosamente los suyos. Publicidad engañosa que hay que desmontar ideológicamente.

Los trabajadores vivimos diariamente una realidad que poco tiene que ver con sus mentiras. Han conseguido sustituir en sectores de trabajadores el concepto de explotador por el eufemismo de empleador. El de explotado por emprendedor y falso autónomo. El de trabajo regulado y negociado colectivamente por el contrato individualizado y la libertad de las partes, en una falsa libertad debido a un poder asimétrico. Tan es así que algunos trabajadores aplauden públicamente su buen hacer y otros lo aceptan pasivamente. Es su éxito y nuestro fracaso. Que tenemos que revertir.

Notas:

1. E.P. THOMPSON. Costumbres en común. Editorial Crítica. Barcelona. 1995. El Capítulo 4 La Economía “moral” de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII, analiza las movilizaciones por estas causas, motines de subsistencias, y su papel en la construcción de la clase obrera en Inglaterra.

2. John D. Bernal. Historia Social de la Ciencia. Ediciones Península. 1967.

3. Piero Sraffa. Producción de mercancías por medio de mercancías. Sraffa fue un notable economista tuvo gran influencia en personajes como Robinson, Keynes, de los que fue contemporáneo. Fue gran amigo de Gramsci y le visitó en varias ocasiones durante su estancia en la cárcel. Su teoría económica es alternativa a las teorías económicas del liberalismo.

4. Rafael Sierra Álvarez. El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo industrial (Asturias 1860-1917).
Siglo XXI. 1990.

GREGORIO BENITO BATRES 

 

 Poder, política, economía y democracia

EL PP Y LOS PARTIDOS DE DERECHA EN ESPAÑA SIRVEN A SEÑORES MUY DIFERENTES CON INTERESES COMUNES, PERO TAMBIÉN DIVERSOS, Y SE INMOLAN PARA ELLOS

Decíamos ayer que tal como estaban las cosas, y dada la extensa actividad Judicial de nuestros Tribunales, el principal partido político de la derecha española iba a continuar atravesando un infierno. Y hay posibilidades de que no lo atraviese en buenas condiciones, porque en ese viajar del infierno al purgatorio y al paraíso, cual Dante en pos de su amada Beatriz, parece que están yendo en dirección contraria. Aunque, nunca se sabe, la actual justicia española nos sorprende constantemente.

El orden del día es un librito del joven Eric Vuillard que, por encima de la Historia, como disciplina académica, nos relata, de forma novelada, los entresijos de la relación del nazismo con los empresarios más poderosos de la Alemania de los años 30 del siglo pasado, en los que se preparaba la Segunda Guerra Mundial. En ella morirían millones de ciudadanos de la URSS, de Alemania, de Francia, de Italia, de Japón, de Inglaterra, etc. y miles de republicanos españoles que acababan de salir de otra guerra con causas muy parecidas, pero agentes distintos, como veremos.

El aparato de poder político nazi necesitaba asegurarse la participación de las grandes empresas y su financiación para llevar a cabo sus planes, es decir, necesitaba del poder económico e industrial para imponerse en el mundo. Los grandes empresarios alemanes de la época eran muy conscientes de que el poder social, político y de movilización de masas lo tenía el Partido Nazi. Muchos de ellos, además, coincidían plenamente con los intereses y las concepciones ideológicas de Hitler. Los propietarios de la poderosa industria alemana, nombres muy conocidos entonces y hoy, se sometieron, no de mala gana, a los deseos del poder. Eran arios, la propuesta les sonaba bien y podían participar en el botín.

En nuestro país siempre ha pasado lo contrario: son los poderes políticos los que se han sometido a los poderes económicos. Si bien estos han contado siempre con el respaldo cultural e ideológico de las jerarquías de la Iglesia y la fuerza del ejército. Es honesto matizar que, en algunos momentos, esa relación de sometimiento ha estado más equilibrada. Pero es obvio, y ahí están las investigaciones de Ángel Viñas, que el golpe militar de 1936 fue promovido, financiado y planificado por los sectores más recalcitrantes de los poderes económicos en defensa de sus privilegios más ancestrales. Como ya escribí en otro artículo, Franco estaba por allí, se subió al caballo y, ya puesto, se coronó, cual Napoleón, por los siglos de los siglos.

Pero Franco era sólo un militar, no había estudiado en West Point ^[1], ni tenía experiencia de gobierno, y requería asesoramiento para dirigir un país. Sus dotes de militar africanista no le capacitaban para gobernar. Su astucia militar, sí. Lo hizo como un moderno Príncipe: se deshizo de todos los que le estorbaban o le podían sustituir, empezando selectivamente por los suyos. Promovió la competencia entre las distintas fuerzas políticas que le sostenían. Concedió el gobierno a unas y a otras, pero siempre retuvo para él las decisiones finales importantes. Falangistas, católicos, tecnócratas del Opus y militares colegas de sus ejércitos ^[2], fueron llamados a gobernar y cesados por el famoso motorista. Él nunca se ensució en política. Él era el Jefe del Estado, Caudillo de España por la Gracia de Dios. El reverso de las monedas acuñadas desde 1946, así lo atestiguan.

Muerto Franco, los terratenientes, la burguesía industrial y financiera crecidos bajo su amparo y al calor de una posguerra rebosante de explotación, de estraperlo y de cartillas de racionamiento, aceptó un heredero comprable y siguió el consejo del Caudillo: No meterse en política. Tomaron otra vía: contratar partidos y dirigentes para representarles en el Congreso, el Senado y los altos cargos de todas las administraciones públicas. Ellos harían la política que les marcaran. Es el nuevo caciquismo.

LA DERECHA NECESITA POLÍTICOS, NO SIERVOS

Los militares de alta graduación han mantenido sus privilegios, sus derechos de presión y su dependencia jerárquica del Jefe del Estado. La Iglesia española más reaccionaria sigue reservándose privilegios económicos, de propiedad y de presión política. Y persiste una fuerte conexión entre los dos cuerpos. “No hay una moral militar. Hay una moral cristiana y una ética que ofrece las justificaciones ideológicas de esa moral”.

El PP y los partidos de derecha en España sirven a señores muy diferentes con intereses comunes, pero también diversos, y se inmolan para ellos. España necesita un partido de derechas con la fuerza ideológica y el respaldo electoral suficiente para hacer políticas de gobierno, que dirija a sus electores, sean éstos sectores económicos, eclesiásticos o militares, y que no esté sometido a sus intereses estamentales.

La democracia y la política necesitan políticos con capacidad y personalidad fuertes, no siervos. El PP actual no cumple estos requisitos.
Un día aplaude y defiende a sus compañeros y al siguiente los arroja por la ventana. ¿Quién mece la cuna para que altos dirigentes como Granados, Ignacio González, Rita Barberá, Blesa, Cifuentes, Bárcenas, Cascos, Rajoy, Esperanza, Costas, Camps, Mato y decenas más pasen a ser “esa persona de la que usted me habla”? ¿O gocen de retiros dorados de ciertos Consejos de Administración?

Los tratan con el desprecio chulesco de “La bien pagá”. Eso no es política.

NOTAS:

1. CARDONA, Gabriel. Franco y sus generales. La manicura del tigre. 2001.

2. En todos los Consejos de Ministros de Franco había, al menos, tres Ministros, militares de altísima graduación, designados por el Generalísimo de los Ejércitos y jerárquicamente a sus órdenes.

3. VIGÓN, Jorge. General, militar e intelectual, Ministro de Franco. Presentación de su libro Hay un estilo de vida militar. Editora Nacional. 1953.

GREGORIO BENITO BATRES. Analista sindical

 

 Memoria helada

Cerrábamos el año con dos noticias relacionadas con los campos de concentración franquistas, concretamente con dos de ellos, el de San Marcos en León y el de Albatera en Alicante y se nos informaba en los primeros días del nuevo año, y vía diario El País, de la culminación de la retirada de la simbología franquista en los edificios y cuarteles de la Guardia Civil, con cierto retraso a lo lo que hubiera sido deseable y deseado. Valorémoslo en esta primera columna de 2021.

Un informe, publicado allá por el año 2011, señalaba que de los edificios de titularidad estatal que aún mantenían vestigios de exaltación a la dictadura -(escudos, placas, mosaicos, etc, etc…-, 38 pertenecían a la Benemérita. El documento en cuestión elevaba a 43 los lugares con simbología a eliminar ocupados por el cuerpo armado, pero esos cinco restantes están ubicados en lugares no pertenecientes al Ministerio del Interior, pero sí de la administración pública, por los que su retirada no ha sido efectuada, según señala el periódico que recoge esta información, aunque no entendemos el por qué.

Esta acción, de obligado cumplimiento para el Estado desde la aprobación en 2007 de la llamada ley de memoria, se inició durante el último periodo del gobierno de Zapatero y se concluyó el otoño pasado; entre ambos intervalos temporales, que tan sólo ocupan un puñado de meses, queda el vacío de las legislaturas integras de M. Rajoy y su continua negativa a dotar de presupuesto y desarrollar políticas de memoria en nuestro país, si exceptuamos, eso sí, el pago de los gastos destinados a la repatriación de los restos de soldados pertenecientes a la División Azul y que se inició con el gobierno de los populares sin reticencia alguna a destinar dinero público.

Los campos españoles de la muerte

El estudio arqueológico, la reconstrucción del campo de Albatera, su historia –que comenzaría como centro de trabajo para unos 1400 prisioneros de guerra en 1937 –y sin registro de muertes conocido durante este primer periodo- y terminó como campo de concentración y muerte para decena y media de miles de republicanos, civiles y militares, en 1939, desde el mes abril al de octubre-, el trabajo en la fosa común existente –que ayudará a cuantificar fallecidos por enfermedad, hambre o fusilamientos y torturas- en los seis meses que se mantuvo hasta su definitivo desmantelamiento y una más que deseable conversión en centro de memoria y de interpretación, ayudará a mantener viva la dureza de la represión con que el régimen del general Franco se mantuvo durante tanto tiempo.

Por tanto, la importancia de la señalización de lugares donde se ha practicado la represión es, cuanto menos, importante –alguna experiencia de ello tiene nuestra asociación- y necesaria. Y que el actual Parador Nacional de San Marcos señale, en ubicación pública y accesible a todos, que el antiguo monasterio, hospital de peregrinos y cárcel, fue además campo de represión franquista, es más que justa. Intelectuales de distinta disciplinas así lo ha apoyado y avalado con su firma aun sin conocer, u obviándolo tal vez, que ya existe tal reconocimiento desde 2010 en el museo anexo al parador de turismo, al que se tiene que acceder, evidentemente, para encontrarte con él, un monolito de yeso con panel explicativo, cuya imagen se encuentra reproducida hasta en la Wikipedia. No sobran denuncias hacia la barbarie franquista; faltan inequívocamente, como faltan acometidas de estudio, de reconocimiento, de recuperación, pedagogía y puestas continuo valor de lucha por la democracia en otros recintos de internamiento y represión que son bien conocidos y tan necesarios de mantener nuestra memoria democrática –Valdenoceda, Castuera, La Algaba, San Simón, Miranda, Tetuán… y así hasta trescientos, según la última cifra ofrecida por el estudio de Carlos Martínez, y por los que pasaron cerca del millón de compatriotas- y hacer frente al revisionismo histórico creciente.

Y terminamos con un dato esperemos que esperanzador para los familiares de las personas enterradas en la basílica de Cuelgamuros: Patrimonio Nacional, organismo que gestiona el complejo, ha reconocido el derecho de otra familia reclamante más, los Isart, a recuperar los restos del abuelo allí inhumado. Ya son más de treinta las que esperan desde 2019 que Patrimonio haga realidad este sueño que en realidad es un derecho hasta ahora imposible de llevar a cabo. Basta recordar la odisea vivida por la familia Lapeña, con el aval de un juez a su favor para hacerse con los cuerpos reclamados y sin resultado favorable hasta ahora. De momento, de Cuelgamuros sólo ha salido Franco.


Twitter: @foroporlamemori
Web: http://www.foroporlamemoria.es
Correo-e: asociacion.foroporlamemoria@yahoo.es

  ASOCIACIÓN FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA  

 

 

Es viable una empresa pública de energía en Extremadura

UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA HISTÓRICA

Hablar de la energía en Extremadura es describir el papel de colonia de interior que el Estado le tiene otorgado a la región. Basta con mirar los últimos datos publicados en el balance eléctrico que publica anualmente la Junta de Extremadura para ver la magnitud de lo que hablamos. La producción eléctrica en la región supera ampliamente a la demanda lo cual arroja un saldo exportador del 76,33 % de lo que se produce. En la comparativa con el conjunto del Estado, sobresale el hecho de que en la región se genera el 8,07 % de la energía eléctrica total nacional, ocupando el sexto lugar en el ranking estatal.

Podría parecer que estos datos benefician a los extremeños y las extremeñas pero la realidad es bien distinta. El oligopolio eléctrico usa la región para producir pero eso no genera ningún beneficio ni para la hacienda extremeña ni para las poblaciones afectadas. La cuestión se vuelve más sangrante si se mira desde un punto de vista social. La región tiene una de las tasas más altas de pobreza de todo el país y observa como 3/4 de la energía que produce se exporta mientras las personas más humildes enferman o mueren a causa de la pobreza energética.

La producción de energía eléctrica en Extremadura procede de la nuclear (Almaraz I y II) y renovable (hidráulica, solar y biomasa), a lo que se añade una pequeña aportación de la tecnología térmica no renovable (cogeneración), turbinación de bombeo (turbinación de bombeo puro más estimación de turbinación de bombeo mixto) y eólica. Entre la energía renovable destaca la hidráulica que representa el 35% del total de la energía que se produce. Esta energía se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua y cuenta con 27 instalaciones en la región.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Los aprovechamientos hidroeléctricos, es decir, la concesión de un determinado caudal de agua y de utilización del tramo de río afectado mediante el conjunto de obras e instalaciones que permiten la generación de energía utilizando la fuerza del agua en una o varias centrales, son otorgados mediante concesiones del Estado, directamente o a través de las confederaciones hidrográficas.

En Extremadura la mayoría de estas concesiones se otorgaron entre los años cincuenta y setenta, en plena dictadura franquista, aunque hay algunos casos posteriores. Las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos responden, por lo general, al modelo de que, a cambio de las inversiones privadas necesarias para la construcción de los saltos, la Administración otorgaba a los promotores una concesión de aguas con una duración de 75 años, sujeta a la condición de que al finalizar el plazo las instalaciones revertían al Estado.

A principios de 2010 el Ministerio de Medio Ambiente empezó a estudiar los cánones de las presas sobre las que las eléctricas operaban en forma de concesión, pues en muchos casos iban a caducar. El común denominador que se encontraron es que estas concesiones eran un negocio redondo del oligopolio eléctrico. No pagan por el uso del agua y la cuantía del canon que abonaban era irrisorio en comparación con el volumen de ingresos. La explicación era sencilla: la mayoría de estas concesiones fueron otorgadas por el régimen franquista como un favor a las eléctricas, cuyos propietarios estuvieron involucrados en la financiación del golpe militar fascista.

Empiezan a caducar las concesiones y en 2013 Aragón marca el camino. Al finalizar la concesión de la planta de Pueyo de Jaca en los Pirineos, la Confederación Hidrográfica del Ebro decidió la gestión pública. Tan solo cinco años después la institución declaraba que la gestión directa le reportaba un beneficio de 6 millones de euros. Se abría una posibilidad muy interesante, pues entre 2014 y el año pasado vencieron las concesiones de 26 centrales, a las que seguirán otras 19 antes de que acabe 2024. Al Estado esto no le coge por sorpresa, los datos están encima de la mesa desde que Jesús Iglesias, senador de Izquierda Unida, preguntó por ellos y los hizo públicos hace casi una década. ( https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=10&id=124808 )

EL CASO DE EXTREMADURA

En la region, la mayoría de la producción energética de las centrales hidroeléctricas está en manos de Endesa, con sede en Madrid, e Iberdrola, que declara los beneficios en Bilbao. La primera, heredera de la Compañía Sevillana de Electricidad, tiene una presencia mayoritaria en la provincia de Badajoz, con la Agrupación Guadania de Endesa formada por siete centrales: Cíjara Margen Derecha (50,4 Mw), Cíjara Margen Izquierda (51,7 Mw), Orellana Canal (3,65 Mw), Orellana Presa (18,53 Mw) y Puerto Peña (55,5 Mw) en el río Guadiana. Y La Serena (25,10 Mw) y Zújar (28,3 Mw) en el río Zújar. Entre las siete centrales totalizan doce grupos con 266,23 MW de potencia instalada.

En la provincia de Cáceres la mayoría del negocio está en manos de Iberdrola, que cuenta con siete centrales hidroeléctricas que suman una potencia instalada de 1.971 megavatios (MW) de energía renovable. Estas centrales están situadas en la influencia del río Tajo y son: Valdecañas (Belvis de Monroy), de 225 MW; José María de Oriol (Alcántara), de 933 MW; Cedillo (Cedillo), de 440 MW; Valdeobispo (Valdeobispo), de 40 MW; Guijo de Granadilla (Guijo de Granadilla), de 52 MW; Gabriel y Galán (Guijo de Granadilla), de 110 MW; y Torrejón (Torrejón el Rubio), de 139 MW.

Todas las centrales han sido amortizadas a lo largo de décadas y son de las más rentables para las empresas eléctricas, puesto que el singular sistema de retribución establece el mismo precio para la electricidad producida por las centrales más caras (ciclo combinado) que las más baratas (hidroeléctricas). Con lo cual las empresas lo han utilizado para obtener enormes beneficios extraordinarios y alterar el precio de la electricidad, como han demostrado las reiteradas sanciones de la CNMC. Este es uno de los motivos por los que España es uno de los países de Europa con el precio más alto de la electricidad y explica el enorme interés de los inversores internacionales por las empresas eléctricas españolas.

EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA

Con estos mimbres y partiendo de la más que dudosa legitimidad para que los beneficios que se producen con los recursos hídricos sigan acabando en manos privadas, Unidas por Extremadura (la confluencia regional en la que participa IU) presentó una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura que proponía la explotación directa de la presa de Villar del Rey a través de una empresa pública extremeña o con el instrumento que se considerara más adecuado en donde se garantizara la titularidad pública.

La propuesta se lanzó al calor de la finalización del plazo de explotación de la presa Peña del Águila en el municipio pacense de Villar del Rey. Esta ha sido la primera de las instalaciones hidroeléctricas de la región a la que le ha caducado la concesión y que continuará con otras en los próximos años. Reclamar la gestión pública de estas instalaciones es una cuestión de justicia histórica para Extremadura que, a pesar de sus enormes recursos hidroeléctricos, nunca ha disfrutado de los grandes beneficios generados a lo largo de muchas décadas.

Con una empresa pública que asumiera la explotación de las licencias que vayan finalizando se permitiría a los extremeños y las extremeñas participar en el reparto de beneficios de la producción y distribución energética, además esta opción incentivaría la transición energética en la comunidad autónoma con un plan de generación distribuida y de autoconsumo que haría accesible a la ciudadanía de la región la participación en el nuevo modelo energético. Esta empresa pública es viable y además tendría como consecuencia directa el abaratamiento de la factura de la luz, por lo que más que una opción, es una necesidad.

 

RAFA GONZÁLEZ  

 

 Enrique Santiago llama a las administraciones afectadas a “coordinarse y poner en marcha de inmediato acciones para mantener la actividad en las plantas que Siemens Gamesa planea cerrar”

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso encabeza a nivel parlamentario la reunión telemática mantenida hoy con representantes de la plantilla de la factoría en Cuenca y advierte de que los cierres anunciados “parecen obedecer a una estrategia muy estudiada de deslocalización de la producción”. “Ningún país y menos el nuestro puede consentir quedarse sin plantas de fabricación de palas eólicas”, mucho menos cuando esta multinacional “arroja en España en los últimos años beneficios netos positivos por término medio”.

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, hace una llamada al conjunto de administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y local, para que “de forma coordinada y en el marco de la colaboración institucional, pongan en marcha de inmediato las acciones precisas para que se mantenga la actividad industrial en las plantas de Siemens Gamesa de fabricación y reparación de palas de aerogeneradores de Cuenca (Castilla-La Mancha) y Somozas (Galicia)

Santiago ha encabezado hoy a nivel parlamentario la reunión telemática mantenida con representantes de la plantilla afectada en la planta conquense, un encuentro en el que también han estado presentes representantes de la dirección de IU de Castilla-La Mancha. El diputado traslada, en primer lugar, “nuestro total compromiso con los trabajadores y trabajadoras afectados por esta del todo injustificable acción empresarial iniciada hace algo más de dos semanas. Agradecemos también todos los datos ofrecidos por la representación sindical de la plantilla, que nos van a ser de gran ayuda para las acciones políticas que llevemos a cabo”.

La multinacional germano-española pretende despedir a un total de 266 profesionales entre las dos factorías -51 en la de Cuenca y 215 de la de Somozas-, mientras que el impacto por la reestructuración de las oficinas corporativas no ha sido cuantificado por la empresa.

A través de los distintos informes y datos recabados desde hace tiempo, Santiago coincide con los representantes sindicales en que los cierres anunciados “parecen obedecer de forma cada vez más nítida a una estrategia de deslocalización de la producción”.

Se da la circunstancia de que los cierres anunciados se sumarían a los ya ejecutados en 2018 en Miranda de Ebro (Burgos) y el pasado mes de agosto en Aoiz (Navarra). Enrique Santiago advierte de que “ningún país y menos el nuestro puede consentir quedarse sin plantas de fabricación de palas eólicas, cuando no hace mucho estábamos a la cabeza tecnológica en este sector. La multinacional Siemens Gamesa no puede salirse con la suya”.

En esta línea, el portavoz parlamentario de IU advierte de que “ni a nivel estatal ni de los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y de Galicia que les compete este grave problema pueden permitir acciones empresariales de esta naturaleza, mucho más en un sector de las renovables claramente en expansión en España y cuando el Gobierno central apuesta de forma decidida por las energías de esta naturaleza”.

“Además -apostilla-, no se puede pasar por alto que Siemens Gamesa arroja en nuestro país en los últimos años beneficios netos positivos por término medio”.

Izquierda Unida, a través de su grupo parlamentario de Unidas Podemos, ultima una batería de iniciativas parlamentarias que concretará en los próximos días para trasladar los despidos en Siemens Gamesa tanto al ámbito parlamentario como al Gobierno estatal.