domingo, 30 de junio de 2019


¡ACCIÓN! Entramos en la macrogranja de porcino más contaminante de España para pedir el fin de la ganadería industrial

Esta mañana, a primera hora, nuestros activistas han accedido pacíficamente al complejo industrial de explotación de cerdos que Cefusa, del Grupo Fuertes, tiene en Hellín (Albacete) para exigir una moratoria estatal inmediata a la ganadería industrial y la reducción de la cabaña ganadera por su impacto en el cambio climático, la deforestación y la contaminación del aire, suelos y agua, así como para reclamar mayor bienestar animal. Los activistas llevan pancartas con los mensajes “La carne industrial contamina”, “#PlanetaEnCarneViva” y “Stop ganadería industrial”.

Además hemos desplegado una pancarta junto a las balsas donde se acumulan la gran mayoría de los excrementos de los animales para visibilizar su extraordinaria dimensión (cerca de 130.000 m2, el tamaño equivalente a más de 120 piscinas olímpicas), mientras que otro equipo se ha subido al tejado de una de las naves para pintar el lema “Planeta en carne viva” y poner de manifiesto que la ganadería industrial está destruyendo el planeta. 

Los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en España muestran que uno de los sectores que incrementó sus emisiones es el de la ganadería, con un 1,4% más que en 2017 y en particular debido a la gestión de los excrementos de los animales donde las emisiones suben un 2,4%. Además, desde 1990 se incrementaron en un 10% las emisiones de la ganadería y es la responsable del 67% de las emisiones del sector agrícola. Las peores consecuencias del cambio climático sólo se van a poder evitar si se reducen las emisiones de todos los sectores.
El complejo industrial de Cefusa, en Hellín (Albacete), está compuesto por 12 núcleos con una capacidad para unos 150.000 animales. La finca donde están las explotaciones tiene una concesión de la Confederación Hidrográfica del Segura para poder utilizar hasta 1.435.225 m3 de agua al año, lo mismo que consumen casi 29.000 personas al año. La ingente cantidad de excrementos producida queda patente por el número y tamaño de las balsas que tiene el complejo industrial, sin parangón en el resto de España.

Se trata de la macrogranja de porcino más contaminante de España y emite una tercera parte del amoniaco que la fábrica de productos químicos de Solvay en Torrelavega, la más contaminante de España, y más que cualquier refinería de petróleo, planta de tratamiento de residuos peligrosos o fábrica de fertilizantes sintéticos de España. Además, según el mismo Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes se puede constatar que este complejo industrial de Cefusa es también la explotación ganadera más contaminante en cuanto a emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2.

Cefusa es la “principal suministradora de ganado a la empresa cárnica del Grupo Fuertes, ElPozo Alimentación”, tal como se puede leer en la página web del grupo empresarial, y tiene al menos 21 explotaciones que, por sus dimensiones, están obligadas a declarar sus emisiones contaminantes.

Con esta acción, reclamamos a las autoridades competentes que pongan al medio ambiente y la salud de las personas en el centro de sus prioridades, no permitan la construcción de ninguna otra explotación de ganadería intensiva, desarrollen un plan para reducir la cabaña ganadera a al menos la mitad hasta 2030 y que permita a la vez la transición hacia un modelo de ganadería sostenible, veten la importación de soja y otras materias primas procedentes de zonas deforestadas y fomenten la adopción de la “dieta de salud planetaria”.

GREENPEACE



domingo, 23 de junio de 2019


El PCE y la UJCE ante la sentencia del Tribunal Supremo a "La Manada"


Después de tres años en los que sucesivas sentencias de la justicia burguesa había calificado lo sucedido como abuso sexual, sin violencia ni intimidación, hoy el Tribunal Supremo ha declarado el caso como violación.

Con este caso, la justicia española se ha evidenciado como una institución patriarcal: mientras que el movimiento feminista se ha movilizado en apoyo a la víctima y contra las sentencias que calificaban los hechos sin violencia, la justicia burguesa ha emitido hasta en dos ocasiones sentencias que rebajaban la pena a los violadores y los ha mantenido libres hasta ahora, siendo la víctima la que múltiples veces ha sido culpabilizada y criminalizada, con especial ayuda de los medios de comunicación amarillistas, que morbosamente se han hecho eco del caso para re-victimizar a la agredida.

Pese al avance que supone el reconocimiento de la violación, no debemos llevarnos a engaño pues la justicia sigue siendo una de las instituciones patriarcales que mayor violencia ejerce sobre las mujeres: no solo han tenido que pasar tres años para esta sentencia, sino que las mujeres que finalmente deciden denunciar se enfrentan a día de hoy a múltiples obstáculos para hacerlo, siendo juzgadas ellas durante todo el proceso.


Ha sido el movimiento feminista el que ha permitido denunciar cada agresión, violación y acoso sexual al que nos vemos sometidas las mujeres en todos los espacios, incluidos los de ocio y fiesta.

El Partido Comunista de España y la Juventud Comunista celebramos el reconocimiento de la sentencia y la condena a los agresores, pero no nos llevamos a engaño: la justicia patriarcal lo sigue siendo aun con lo sucedido hoy. Debemos seguir trabajando para hacer que las calles sean un espacio seguro para todas las mujeres, el que podamos vivir sin sufrir violencia machista.

¡La calle y la noche también son nuestras!
¡No es abuso, es violación!
#YoSiTeCreo

jueves, 20 de junio de 2019


¡Basta de mentiras! El PCE siempre a la vanguardia por los derechos del colectivo LGTBI


En los últimos días algunos dirigentes y cargos públicos del partido Ciudadanos han salido en tromba a difamar a nuestro Partido y al comunismo en general acusándonos de una presunta homofobia. Estas declaraciones solo manifiestan una cosa: su extrema ignorancia.
El PCE ha estado a la vanguardia en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI en nuestro país, como demuestran estos hitos.
En 1977, un grupo de militantes del PCE fundan en Madrid el Movimiento Democrático de Homosexuales, una de las primeras organizaciones que reivindicaba sus derechos y luchaba contra la homofobia.
En 1978, es el PCE quién presenta la enmienda a la proposición de Ley para modificar la Ley de Peligrosidad Social formulada por el PSOE que criminalizaba al colectivos LGBT: fue la primera ocasión en la que un partido político defendió que la homosexualidad dejara de ser ilegal.
En julio de 1986 el PCE celebra las primeras Jornadas sobre la cuestión homosexual, organizadas por su Comisión Gay y el Área de Movimientos Sociales del Comité Central.
Un años después, en 1987, el trabajo del PCE y de IU en el Congreso, haciéndose eco de la demanda del movimiento LGTBI permitió la eliminación de las fichas policiales generadas por “homosexualidad masculina o femenina”.
En 1994, IU lanza la Proposición de Ley sobre protección social, económica y jurídica de la pareja, que por primera vez reconoce a las parejas del mismo sexo.
En 1999, es IU quien realiza la primera Proposición No de Ley sobre el derecho de las personas transexuales a cambiar de sexo, y en 2002, la primera propuesta de modificación del Código Civil para conseguir el objetivo del matrimonio igualitario. Cuando esta cuestión se aprueba en 2005, es IU quien defiende el derecho a adopción de estas parejas.
Igualmente, en 2005, es IU quien realiza la primera propuesta para exigir indemnizaciones para las personas represaliadas antes de la Constitución del 78 por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género y quien propone incluir la cirugía de reasignación y los tratamientos sanitarios en el catálogo de prestaciones sanitarias de la Seguridad Social.
Desde entonces hasta nuestro días, han sido continúas las iniciativas parlamentarias en este sentido: sobre la atención a la diversidad afectivo-sexual y contra laLGTBIfobia en el sistema educativo, sobre la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en los consulados españoles, sobre la LGTBIfobia en el deporte, para instar a la aprobación de una Ley Integral contra la LGTBIfobia y por el respeto a la diversidad en torno a la orientación sexual y la identidad y expresión de género.
El PCE e Izquierda Unida han presentado diversas leyes de igualdad autoómicas:Andalucía, Galicia, Aragón, Extremadura, País Valenciá, Cataluña y logrado la aprobación de legislaciones pioneras como la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. Una ley que peligra gracias a la alianza que mantiene Ciudadanos con la ultraderecha homófoba del PP y VOX.
Ante estos argumentos, acorralados por la evidencia, estos supuestos “liberales” recurren a la Revolución Cubana y a la Unión Soviética para evitar responder por sus propios actos y escapar de su responsabilidad por estar permitiendo la presencia de VOX, partido machista que promueve el odio a las personas LGTBI en las mesas de parlamentos autonómicos y por sostener gobiernos y compartir gobiernos del PP.
El PCE solo puede responder y responde por sus actos, pero no dejamos pasar que se difame o se tergiverse la historia de la Revolución Cubana y de la Unión Soviética.
La República de Cuba despenalizó la homosexualidad en 1979 y creo el CENESEX que junto al gobierno cubano trabajan para revertir la situación de desigualdad que aún persiste. La cirugía de reasignación es gratuita desde 2008. El Partido Comunista de Cuba incluyó entre sus principios la defensa del colectivo LGTBI en 2003 y el propio Fidel Castro en 2010, en un ejercicio de autocrítica ejemplar calificó la presecución de las primeras décadas de la Revolución como “una gran injusticia”.
No hemos oído al Gobierno de España, a la Iglesia o a los partidos políticos que insisten en patologizar, restar derechos y estigmatizar a las personas LGTBI, tal y como hace Ciudadanos, ni disculparse ni exigir una disculpa por la persecución, la tortura, el encarcelamiemto o el asesinato de personas LGTBI durante la dictadura franquista, ni una propuesta en torno a la defensa de los Derechos Humanos y la libertad relativas a la orientación sexual y la expresión o identidad de género.
La URSS fue el primer país de Europa en despenalizar la homosexualidad en 1922, medio siglo antes de los acontecimientos de Stonewall. A pesar de ello, la pesada herencia cultural y religiosa de la mayoría del pueblo y de la dirigencia soviética se impuso, provocando un grave retroceso que persiste hasta hoy y que siempre hemos criticado. Pero ese paso atrás condujo a la URSS, ni más ni menos a la situación que existía en el resto de Europa donde la diversidad de orientación sexual nunca fue legal hasta los años 70 del siglo pasado, cuando no en los años 90. Por eso mismo estos “argumentos” que pretenden descalificar a la URSS son simplemente hipócritas.
Estos “ciudadanos” pueden hacer una cosa bien sencilla para ser bienvenidos en el Orgullo: romper con los partidos LGTBIfóbicos.


lunes, 17 de junio de 2019


Sobre el análisis de los resultados del 28A y 26M y la posición ante la formación de los gobiernos municipales, autonómicos y de España


El Comité Central del PCE celebró su VIII pleno para realizar un primer análisis de los resultados electorales y definir la posición del Partido en el proceso de negociaciones abierto para la conformación de los gobiernos locales, autonómicos y para el gobierno de España, que determinará a priori el mapa político para los próximos 4 años.
Sobre los resultados electorales, el Comité Central constata que solo es posible realizar un análisis preliminar a partir del estudio de los datos del escrutinio, pero que este análisis no será completo, logrando contemplar el conjunto de causas objetivas y subjetivas que lo explican, sin un análisis más detallado de los resultados de las distintas candidaturas municipales en las que ha concurrido IU y sin un proceso de valoración en el que participe el conjunto de la organización. Para ello y para iniciar el debate sobre la necesaria reorganización de la izquierda transformadora en España tras este ciclo electoral, el Comité Central acordó visitar todos los núcleos de base del Partido durante los próximos meses para recoger datos, análisis y opiniones, partiendo del documento aprobado el pasado sábado.
El Informe aprobado en el Comité Central reconoce el descenso experimentado en este ciclo electoral en el número de votos recogido por Unidas Podemos mas las distintas convergencias electorales territoriales, resultados que son malos en las elecciones celebradas el 26M. Entre las causas de esos resultados hemos situado las sucesivas crisis y escisiones que ha sufrido el bloque unitario en los meses previos, la dispersión de las candidaturas locales, y la debilidad de las organizaciones locales en las ciudades medias y grandes.
No obstante, respecto a las elecciones general del 28 de abril, el Informe constata que gracias a la remontada de Unidas Podemos durante la campaña, sí hemos logrado cumplir los dos objetivos señalados: evitar una mayoría de gobierno de las tres derechas y abrir la posibilidad de un acuerdo político de la mayoría progresista que aborde la recuperación de derechos de la clase trabajadora tras una década de recortes y la normalización de la cuestión territorial.
Igualmente, en cuanto a datos positivos, el Informe destaca que a pesar de la caída generalizada, Izquierda Unida ha mejorado su presencia en los Parlamentos Autonómicos, pasando de 4 a 8 – sin contar los de las nacionalidades históricas – y de 9 a 11 parlamentarios.
El PCE acordó iniciar un proceso de reorganización del bloque popular, cuya expresión electoral en este ciclo ha sido Unidas Podemos, partiendo de las conclusiones de este primer debate. Para ello, el Comité Central acordó celebrar una Conferencia Política durante el curso siguiente, mandatando a la Comisión Política a realizar la propuesta de normas y calendario en el primer Comité Central del curso 19/20, recogiendo la suma de aportaciones realizadas por los núcleos de base en el proceso de consulta que se iniciará de inmediato.
Esta conferencia tendrá como objetivos actualizar la estrategia acordada en el XX Congreso, -celebrado entre abril y diciembre de 2018 – y señaladamente, los pasos a seguir en el proceso de superación de Izquierda Unida, en el marco del debate sobre la reconfiguración del bloque de unidad popular.
En cuanto a la posición del PCE ante el proceso de conformación de gobiernos locales, autonómicos y de España.
El PCE acordó una misma estrategia para todos los procesos de conformación de gobiernos en las distintas instituciones elegidas en las urnas en estén ciclo electoral: la primacía del programa para acordar investiduras, acuerdos de legislatura y de gobierno. Si bien parte de una premisa: no permitir gobiernos de derechas ni facilitar pactos del PSOE con Ciudadanos para hacer políticas de derechas. Incluso, más allá de los posibles acuerdos que se puedan alcanzar para conformar gobiernos de izquierdas, el PCE insiste en la necesidad de un movimiento popular organizado en la calle que exija y vigile el cumplimento de los programas que les den base.
En cuanto a la investidura del Presidente del Gobierno y la formación del mismo, el PCE marca una seria de cuestiones programáticas esenciales para cualquier acuerdo, y que en gran medida coinciden con las incluidas en el Acuerdo para los PGE de 2019. Fundamentalmente los acuerdos deben basarse en la reversión de los recortes y de las políticas económicas y sociales neoliberales; las reformas laborales y la reversión de la precarización laboral, la garantía de acceso de la clase obrera a una vivienda digna y con precios equilibrados, las reformas fiscales que eleven los impuestos a los más ricos y a quienes más beneficios obtienen, la defensa del sector público y las remunicipalizaciones y recuperación de lo privatizado, la garantía en el acceso a la energía como un derecho básico y la defensa de los derechos civiles y sociales y la garantía de las libertades públicas, con iniciativas legislativas que, de una parte, deroguen, entre otras, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (2015) (Ley Mordaza) y de otra, con nuevas legislaciones referidas a la garantía del pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho a una vivienda digna o las normas sobre extranjería, contando cualquier acuerdo con calendarios de ejecución.
Igualmente, el informe dibuja los posibles escenarios que pudieran darse, desde un simple acuerdo de investidura hasta un gobierno de coalición. En este último caso, la posición que el PCE defenderá en IU es la de establecer una comisión de seguimiento de la ejecución del programa de gobierno junto con organizaciones sindicales y sociales.
Igualmente, el PCE defenderá que estas organizaciones y movimientos sean actores de primera línea en los procesos de negociación, entendiendo que no pueden ser meros acuerdos formales entre las fuerzas políticas con representación institucional.
En todo caso, la decisión final sobre cualquier posible acuerdo de apoyo parlamentario al gobierno o de creación de gobierno, será valorada y votada por el Comité Central para que posteriormente sea sometida a referéndum en el marco de Izquierda Unida de acuerdo con sus Estatutos.

miércoles, 12 de junio de 2019


Ante el auto del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco: de aquellos polvos, estos lodos



Nuestro Partido viene alertando a la sociedad española sobre la necesidad de democratizar el sistema judicial ante las evidentes muestras de continuidad de elementos del aparato judicial del franquismo, primero en las mismas personas y después nutrido de muchos de los descendientes de la oligarquía surgida durante la dictadura. Esto es extensible, en el marco del Estado, al ejército y a los cuerpos policiales, siendo Gómez Pacheco solo la punta del iceberg de la impunidad.
Con motivo de la batalla judicial emprendida por la familia del dictador y por su entorno contra el Decreto que ordena la exhumación de sus restos del panteón autoeregido por el dictador en Cuelgamuros, el Tribunal Supremo ha afirmado, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses Ademas, el Tribunal Supremo señala que Franco fue “jefe de Estado desde octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”, lo que además de suponer una absoluta ignorancia de la historia, es un reconocimiento de legalidad a lo que no fue más que un golpe de Estado criminal, no como el que la justicia española dice estar juzgado por los hechos independentistas de Cataluña. 
Tanta ofensa a las víctimas del franquismo y a los defensores de la legalidad democrática por el Tribunal Supremo, ha provocado que todos los sectores demócratas, progresistas y de izquierdas hayan mostrado su indignación y exijan la rectificación del auto.
Ante el debate suscitado el PCE manifiesta:
·         Franco no era “jefe de Estado” legítimo, ni en octubre del 36 ni en Noviembre de 1975 cuando murió. Usurpó la jefatura del Estado, mantuvo dicha usurpación y la trasladó hasta el siguiente Jefe de Estado que él decidió unilateralmente. Esta usurpación ha tenido continuidad hasta nuestros días a través de la monarquía que ejerce la jefatura del estado. No es de extrañar por tanto que a fecha de hoy una de las Instituciones heredadas del franquismo, la Justicia, ignore a las víctimas, proteja a la familia del victimario y sostenga la represión contra las fuerzas populares y la impunidad del fascismo y del autoritarismo.
·         La sucesión en la jefatura de Estado recayó en Juan Carlos de Borbón por designación del dictador, asegurando que la mas alta institución representativa del Estado, que también desempeña la jefatura de las Fuerzas Armadas, esté al margen de la decisión democrática y nunca se haya sometido al veredicto popular a través de las urnas. No aceptamos que el sí mayoritario a la Constitución fuera un sí a la monarquía. El Pueblo español nunca ha podido expresarse ni elegir entre monarquía y república.
·         Esa continuidad aparentemente formal entraña un serio déficit democrático que se exterioriza como problema político periódicamente, a consecuencia de esa estrategia de tránsito de la dictadura a la monarquía: “De la ley a la ley. Nunca hubo ruptura con la dictadura. No hubo depuración del aparato judicial, ni del policial, ni del ejército, ni del político – asistiendo al blanqueamiento de dirigentes de la dictadura como Fraga o Martín Villa - y mucho menos del sistema de poder económico: continuaron dominando la economía las mismas familias, manteniendo las mismas fortunas fruto del saqueo, antes, durante y después del franquismo, del trabajo esclavo de los presos y de siglos de colonialismo, la sangrienta acumulación originaria de la burguesía española.
 
De aquellos polvos, estos lodos de nuestros días
Mientras las estructuras del poder económico y del Estado sean las actuales, los derechos de la clase obrera que aparecen en la Constitución serán inaplicables porque nunca el Estado garantizará mecanismos para exigirlos. Papel mojado que pretende generar la apariencia de un “estado social y democrático de derecho”.
Esta realidad fue desvelada con toda crudeza por la gran crisis capitalista de 2008, cuyos efectos aún padece la clase trabajadora por el aumento de la explotación y por su empobrecimiento, cuando la riqueza generada por su trabajo fue regalada a la banca. Durante todo el periodo de la monarquía parlamentaria, el Estado, ha sido fiel a sus orígenes autoritarios: privatizaciones, expolio de bienes públicos, participación de España en las guerras y aventuras del imperialismo de EEUU, sometimiento del pueblo español al gran capital a cambio de los miserables intereses de la burguesía en el mercado en que se ha convertido la Unión Europea.
Por eso hay que romper con el régimen monárquico del 78, con la UE y con el euro y construir la III República desde su única base constituyente posible: el poder de la clase trabajadora consciente y organizada. Una república en la que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad” esté “subordinada al interés general”.

El PCE no renuncia en absoluto a los avances parciales que la clase trabajadora arranca día a día con sus luchas y con sus votos, bien al contrario, está en primera línea para conseguirlos, pero es este el objetivo al que dedica y dedicará los mayores esfuerzos.
El Régimen del 78 no va a caer solo: ¡tenemos que derribarlo!
¡A por la III República!

sábado, 8 de junio de 2019


La tasa de pobreza infantil del Estado Español es 10 puntos mayor que hace diez años


España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. El 28,3% de los niños españoles vive en riesgo de pobreza, una tasa 10 puntos mayor que hace dos décadas. Save the Children ha creado una campaña colocando a los políticos en un entorno de pobreza.

El Estado Español es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, con 630.000 niños y niñas que viven en hogares en pobreza severa con rentas inferiores al 25% de la mediana de ingresos.

Cuando estalló la crisis, el Estado Español era uno de los países de la Unión Europea que menos dinero público invertía en programas específicos para la familia y la infancia. Aún hoy, la inversión es más de un punto inferior a la media europea. «Esta falta de protección específica provocó que no sólo aumentase la pobreza infantil, sino que la severa se cronificase», explica Save the Childen.
Si en el año 2004 uno de cada 10 menores pobres estaba en situación de pobreza severa (10,5%), en el año 2017 el porcentaje subió hasta el 15%, una tendencia «creciente e impermeable».
«España carece de una cobertura universal de prestaciones monetarias a las familias con hijos menores de edad, y las que sí existen no cubren a los menores en situación de mayor riesgo», denunció la organización. Actualmente, la prestación por hijo a cargo en España, después de que el Gobierno aprobara una subida, es de 341 euros anuales para familias pobres y de 588 para aquellas que están en pobreza severa, lo que deja una ayuda de entre 28,5 y 49 euros al mes.
Según la Comisión Europea, sólo el 16,4% de los niños y niñas españoles recibieron en 2017 la prestación por hijo a cargo. Es decir, la mitad de los niños y niñas que están en riesgo de pobreza o exclusión (23,8%). Esto se da en un contexto en que España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, con 630.000 niños y niñas que viven en hogares en pobreza severa con rentas inferiores al 25% de la mediana de ingresos.

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