BBVA y Banco Santander financian el 60 % del armamento en España

El estudio “Banca armada en España”, confeccionado por el Centre Delàs, analiza la inversión armamentística de las principales entidades financieras españolas.

BBVA y el Banco Santander son los campeones estatales de la financiación armamentística. Es la conclusión que se extrae del estudio “Banca armada en España”, elaborado por el Centre Delàs. En el documento se analiza la inversión financiera de las principales entidades de crédito españolas, que contribuyen a la industria armamentística en forma de créditos, pero también con la emisión de bonos y acciones. Las que más financian son BBVA y Banco Santander, que son fuente financiera en un 60 % para el sector armamentístico español. La financiación total en materia armamentística ascendió a más de 2.600 millones por parte de BBVA, mientras que el Banco Santander se dejó 2.525 millones de euros.

La que más créditos recibe es AECOM, seguida de Airbus Group, que es, asimismo, quien se beneficia en mayor porcentaje -con un 18 %- de las emisiones de bonos y acciones de las principales empresas de armas, a las que financia la banca española. El Centre Delàs dice, en su análisis, que “BBVA y Santander son las entidades que menos comportamiento ético muestran”, ya que dedican más de 5 mil millones en conjunto a fines bélicos en un periodo comprendido entre 2013 y 2017.

Por debajo de estas dos principales financiaciones se encuentran Bankia y las principales cajas del país. En total, la banca española ha contribuido con 8.622 millones de euros, la mitad de los cuales eran ayudas directas en créditos y préstamos; la otra mitad, ayudas indirectas en forma de fondos, bonos acciones, emisión de bonos y acciones de empresas de armamento.

Otra cosa que el Centre Delàs ve especialmente grave es que dos instituciones públicas figuren en este listado. Son el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente de Hacienda) y el ICO (Instituto de Crédito Oficial). Entre ambas suman un 26 % de participación en empresas armamentísticas.

Estas empresas fabrican —directa o indirectamente, aclaran— aviones de combate, armas nucleares, buques de guerra, bombas, explosivos o municiones.

 El Salto

El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur agravará la crisis climática y de biodiversidad

·         El acuerdo es equivalente en volumen comercial y población afectada a cuatro veces el CETA firmado con Canadá. 

·         Tendrá un impacto negativo incalculable sobre la crisis climática y debilitará los derechos de las personas frente a los de las corporaciones. 

·         La campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, integrada por más de 100 organizaciones sociales, sindicales, políticas, agrarias y ecologistas, entre las que se cuenta Ecologistas en Acción, ha calificado el anuncio como “una de las peores noticias de los últimos años”. 

La Unión Europea ha cerrado con los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) un acuerdo negociado durante 19 años a espaldas de la ciudadanía, pese a ser el mayor acuerdo comercial alcanzado nunca por la Unión Europea. Afectará a 780 millones de personas y supone un espaldarazo a las políticas extremistas y ultraneoliberales de los presidentes Bolsonaro y Macri.

El tratado conlleva una liberalización muy importante del comercio entre ambos bloques  que beneficiará fundamentalmente a las grandes empresas europeas de industrias como la automovilística, la química, la farmacéutica o la textil y a los grandes exportadores de productos agropecuarios de los países de Mercosur, a costa de importantes impactos en el campo europeo y la desarticulación de muchos sectores industriales de Mercosur, con repercusiones muy negativas en el empleo y el medio ambiente.

Algunas de las consecuencias que implicará este acuerdo serán las siguientes:

– Europa recibirá una avalancha de productos de los países considerados “los graneros del mundo”. Los pequeños productores agrícolas y ganaderos se verán gravemente perjudicados, desaparecerán muchos de ellos y se dificultará la adopción de modelos de proximidad y ecológicos. Crisis como la del sector de la naranja, debida a las importaciones de Sudáfrica, se reproducirán en otros sectores.

– El incremento del transporte de mercancías a larga distancia con el consumo de combustibles fósiles asociado tendrá importantes repercusiones climáticas. Pero además, en lo referente al medio ambiente y la biodiversidad, en los países exportadores se incrementará el ya descontrolado ritmo de deforestación de la Amazonía y otros ecosistemas de gran importancia como el Cerrado brasileño o el Chaco en Argentina y Paraguay, ya muy mermados por la expansión de monocultivos agrícolas (soja) y ganadería (vacuno) a gran escala. El acaparamiento de tierras, las deforestación masiva, la invasión de reservas indígenas y los ataques a personas defensoras de la tierra, ya multiplicados en Brasil con Bolsonaro, se incrementarán aún más para satisfacer las exportaciones a Europa.

– Los consumidores europeos estarán más expuestos a alimentos cultivados en los países del mundo que más productos químicos tóxicos emplean. En Brasil, el gobierno de Bolsonaro está favoreciendo a la industria agroquímica incrementando de forma exponencial el ritmo de aprobación de nuevas sustancias hasta alcanzar más de una al día. Solo en 2019 ha aprobado el uso de 239 nuevos pesticidas, un tercio de los cuales no estarían autorizados en la UE. En Argentina el uso del glifosato de Monsanto/Bayer y otros 40 productos similares está totalmente extendido desde hace muchos años. En Uruguay el 97 % de las frutas y hortalizas presentaban en 2016 residuos de pesticidas.

– Como impuestos que son, la eliminación de aranceles supone un desvío directo de dinero de las arcas públicas hacia las empresas. El propio presidente de la comisión europea Juncker indicó al anunciar el acuerdo que las empresas europeas “ahorrarán cada año 4.000 millones de euros en impuestos” (frente a los 600 del CETA). Todo ese dinero son fondos públicos que los Estados de Mercosur dejarán de recibir de las empresas que exportan allí, en perjuicio de sus poblaciones. Pero en Europa, con una cifra no desvelada pero seguramente mucho mayor, sucederá lo mismo. Se dejarán de recaudar miles de millones de euros de las empresas que venden sus productos en nuestro continente. Es una ingente cantidad de recursos, que en lugar de regalarse a esas multinacionales podrían dedicarse a financiar la transición ecológica o a paliar los efectos dramáticos de la política migratoria de la UE.

Para la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, este tratado supone una de las peores expresiones de la globalización. Los acuerdos tendrán efectos nocivos sobre el cambio climático, la biodiversidad y los derechos humanos, por una parte, y sobre los derechos de los trabajadores, agricultores, pequeños empresarios y consumidores y la salud, por otra. Brasil, por ejemplo, no ha ratificado algunos tratados internacionales muy relevantes en materia de derechos sindicales y de representación y negociación de las trabajadoras y los trabajadores.

Según la campaña el impulso final de las negociaciones, principalmente por parte de España y Alemania, “ha obedecido a intereses de coyuntura política y es totalmente injustificable desde un punto de vista social y del interés general”.

La firma de este acuerdo, promovido de forma entusiasta en las últimas semanas por el Gobierno español, supone la legitimación por parte de la UE de las políticas en contra de los movimientos sociales, los sindicatos, los pueblos indígenas y el medio ambiente de  los presidentes Bolsonaro y Macri.

El tratado deberá pasar aún por la aprobación de los parlamentos nacionales, por lo que la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión estudiará conjuntamente con diversas organizaciones sociales que se consideren afectadas las acciones a llevar a cabo para tratar de evitar la puesta en marcha de este dañino tratado.

ECOLOGISTAS EN ACCION

En marcha el nuevo gobierno de Mota del Cuervo

En el pleno de organización del pasado viernes 28 de junio se dio cuenta de las responsabilidades de los concejales de Unidas por Mota y las tenencias de alcaldía.

El pasado viernes 28 de junio se celebró el pleno de organización del Ayuntamiento de Mota del Cuervo en el que se dio cuenta de la composición del nuevo gobierno municipal designado por el Alcalde, Jacobo Medianero. 

El alcalde de Mota del Cuervo, Jacobo Medianero, dio a conocer al Pleno Municipal  la composición del nuevo gobierno de la localidad, conformado “atendiendo a la formación, sensibilidad, conocimientos y experiencia” de todas las personas que lo componen para conseguir “la mejor gestión posible de todos los asuntos municipales.”

Así, el regidor dio cuenta de las distintas concejalías que administrarán las y los concejales del gobierno.

Jéssica Mínguez será la primera teniente de alcalde de la localidad y gestionará las áreas de Igualdad, Servicios Sociales, Salud, Mayores, capacidades diferentes e infancia y juventud.

Por su parte, Sergio Jiménez será el responsable de Empleo y Promoción Económica, como ya lo fue en el gobierno municipal entre 2015 y 2018, añadiendo, además, las responsabilidades de industria, turismo y medioambiente.

Amilcar Martínez será el responsable de las concejalías de Urbanismo y Agricultura, por un lado, y Festejos, empezando a trabajar desde ya en la gestión de todo los relacionado con las próximas fiestas patronales –ya contratadas en su mayoría por el anterior gobierno-

Maite Pérez será la titular de Educación y Cultura, así como de Transparencia y Participación Ciudadana.

Medianero mantendrá las áreas de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana además de Deportes –tal y como se comprometió en la campaña electoral.

Un equipo de gobierno que, como destaca Medianero, “une la experiencia de la mayoría de sus miembros en la gestión municipal como concejales tanto del gobierno como de la oposición y consigue situar a cada persona en el ámbito que domina o mejor conoce. Queremos gestionar desde la cercanía con la gente, con sus problemas, para conseguir los mejores resultados para todas y todos los moteños y, muy importante, con todas y todos los moteños.”

Asimismo, la sesión deliberó sobre la composición de las comisiones informativas y el nombramiento de representantes del ayuntamiento en órganos externos y la dedicación exclusiva y retribución de la Alcaldía.

Hubo sorpresa en las propuestas realizados por el grupo del partido socialista que pretendía, de forma incoherente con lo defendido para su gobierno y Alcaldía en la pasada legislatura y otras anteriores, una composición de comisiones informativas de 7 miembros que será más costosa y que supondrá así más dinero a las arcas municipales para sus concejales, pero por el contrario,  un salario más bajo para el nuevo alcalde del que había tenido del ayuntamiento el ahora senador. También querían atribuirse funciones de representación en órganos externos sin pertenecer al gobierno municipal. Todo un despropósito enmarcado en un absurdo planteamiento que trataba de conseguir en pleno el apoyo del PP, al que recriminaban con exigencia su abstención. Los que se han llenado la boca de “pinzas” y “pactos ocultos” entre comunistas y populares, pretenden poner ahora en marcha la política de “la tenaza” y bloquear, torpedear y dificultar lo máximo posible la acción del nuevo gobierno municipal, por el simple hecho de que todavía no han digerido los resultados electorales y les cuesta asumir el claro mandato del municipio para corregir algunas de las acciones del anterior gobierno, por el bien de Mota del Cuervo.

Pero el nuevo gobierno municipal llega con aire nuevo, un talante diferente, una actitud constructiva y positiva, y sabe encajar perfectamente, con toda humildad y deportividad los resultados de cualquier votación, porque es esencia de la democracia.  Respetará los acuerdos plenarios, injustos con el Alcalde cuya hora de trabajo se pretende que tenga menos valor que la de su antecesor y ahora senador de España. No son necesarios tonos chulescos, soberbios, ni prepotentes para que el camino de la razón se abra paso, allá cada cual, el tiempo pone a cada uno en su sitio, el pueblo valorará cuando corresponda, y también lo harán la mayoría progresista y de izquierdas que constituye la base social de los grupos políticos, por la contribución de cada cual a la unidad y el entendimiento para hacer de Mota del Cuervo un pueblo mejor.

El sector eléctrico en España, paradigma del control capitalista de un sector estratégico

AL CONTRARIO DE LO QUE OCURRE EN ALEMANIA, FRANCIA O ITALIA, ESPAÑA CARECE DE CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS GRANDES COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

En estos tiempos de patriotismo de bandera y del 155, el PSOE y el PP han permitido que los gobiernos de Italia, Qatar o Kuwait tengan más influencia en este sector estratégico que el Gobierno de España.

“No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional.”
(Exposición de motivos de la Ley 54/1997)

La exposición de motivos de la Ley 54/1997 mostraba hace más de 20 años la voluntad de que el Estado se inhibiera de la intervención en un sector estratégico como el eléctrico. Con los años, el Estado ha perdido su capacidad de intervención en el sector y en contra de lo que se establecía en la citada ley, no ha sido capaz de garantizar el suministro eléctrico a una parte de la población.

Bajo el término “liberalización”, la propaganda capitalista ha tratado en las últimas décadas de convencernos de que la privatización, y la ausencia de protección en sectores históricamente asociados al Estado permitiría un sistema de competencia que abarataría los costes de producción eléctrica y por lo tanto los precios de la electricidad. La realidad, tras años de ola neoliberal, ha sido muy distinta y los precios de la electricidad han aumentado escandalosamente en beneficio de unos oligopolios eléctricos que se reparten grandes beneficios año tras año; y que en tiempos de crisis, desempleo y reducción de salarios han duplicado sus beneficios.



Esta dinámica neoliberal del sector no ha tenido la misma intensidad en todos los países de la Unión Europea, y aunque en todos los países el Estado ha ido disminuyendo su peso en los oligopolios eléctricos, en España se ha terminado permitiendo la creación de un sistema eléctrico controlado absolutamente por el capital privado. Además de las políticas neoliberales, en el caso español hay que tener en cuenta el desarrollo histórico del sector, marcado desde su creación por la supremacía del capital privado y extranjero.

Así, Sevillana de Electricidad inició sus actividades en el siglo XIX bajo control de capital alemán (AEG y Deutsche Bank), la Sociedad Española de Electricidad contó con el capital de la Brush Electric Company en su expansión o la Compañía Barcelonesa de Electricidad fue financiada por la compañía alemana AEG. Al contrario que en los países de nuestro entorno, no ha existido en nuestra historia ninguna etapa en la que el sector haya sido controlado por el Estado. La connivencia de los gobernantes españoles con los intereses privados ha sido histórica, durante la dictadura franquista la dinámica fue la misma y el estado fascista sólo intervino ante la insuficiencia de suministro dejando en manos de las empresas privadas la solución de dicho problema. Tampoco faltaron en esta época las intervenciones del Estado en favor de los intereses privados, como fue el caso de la compra de Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd por parte de Juan March, pieza clave en la financiación del golpe fascista contra la II República, que permitió unos años después la creación de la compañía FECSA.

En 140 años de historia del sector eléctrico en España la única empresa pública relevante ha sido ENDESA, que a finales de los años 80 poseía tan solo el 15% de la capacidad de producción instalada en el país. Dicha capacidad se amplió con la adquisición de Sevillana de Electricidad, FECSA, HECSA, ENHER y Electra de Viesgo, pero dicha expansión de la empresa estatal formaba parte del plan de creación de un oligopolio privado en el que tanto PSOE como PP colaboraron activamente. De manera que, tras los procesos de absorción, el Estado vendió su participación en Endesa y entregó a ENEL la mayor de las empresas del oligopolio eléctrico español.

Participación estatal en Europa

Resulta contradictorio que, bajo el discurso de la necesidad de un sector con mayor competencia, los gobiernos del PSOE y del PP favorecieran la concentración de capital en el sector. Pero lo más paradójico del proceso es que bajo el axioma neoliberal de que la gestión pública es ineficiente respecto a la privada, la única empresa eléctrica estatal en España haya terminado en manos de ENEL, empresa que tiene el control del sector de la electricidad en Italia y en la que el Estado italiano mantiene el 25% de la propiedad.

El caso de otros países europeos como Alemania y Francia también dista mucho del caso español.

En Francia EDF, que posee el 90% de la capacidad productiva del país, tiene una participación del Estado del 84,8 % y la segunda compañía eléctrica del país, Engie (antigua GDF), también tiene participación del Estado en un 24%.

En Alemania el entramado de control estatal es más complejo, pero las cuatro principales compañías eléctricas tampoco están exclusivamente en manos del capital privado y la participación de capital público es determinante. Así, EON está participado en un 76% por capital estatal de Alemania (36%) y de otros estados como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; RWE es propiedad de los municipios en un 15% y tiene un 56% de inversores institucionales; ENBW pertenece en un 45% al estado de Bade-Wüttemberg y completa el grupo de las grandes compañías que operan en Alemania la compañía Vattenfal que pertenece al estado sueco.

Transición energética

Nos enfrentamos a grandes retos en el futuro, en la perspectiva de una etapa en la que los combustibles fósiles comienzan a agotarse y a encarecerse, es necesaria una transición energética hacia tecnologías de producción eléctrica basadas en fuentes renovables. Dicha transición es necesaria en términos económicos, medioambientales y en términos de soberanía nacional debido a nuestra extrema dependencia de los mercados internacionales de combustibles fósiles. El oligopolio privado y capitalista ya ha demostrado su ineficiencia en la gestión del sector y su falta de voluntad en dar pasos hacia una revolución en las tecnologías de producción eléctrica.

En lo político, es necesaria la recuperación de la concepción de servicio público en el sector: es necesario luchar por un Estado que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras, y ello pasa por impedir los cortes de suministro en familias que no pueden hacer frente a las costosas facturas del oligopolio y no permitir que el coste de éstas se haya duplicado en un periodo de desempleo y reducción del poder adquisitivo de los trabajadores.

La nacionalización del sector es necesaria en términos de soberanía nacional y popular, otro asunto es el debate respecto al modelo de sector público óptimo para afrontar el futuro de la producción y el consumo de energía en nuestro país.

MARCA ESPAÑA

En el contexto europeo, la anomalía reside en nuestro sector eléctrico ya que el estado Español no participa de ninguna de las principales compañías que operan en el país ni tiene capacidad de control alguno sobre este sector estratégico, manteniéndose así la situación de control por parte del capital privado y destacando la participación de capital extranjero.

Visto el caso de Endesa, que pertenece a ENEL en un 70%, conviene repasar quién está detrás de las empresas del oligopolio eléctrico en España.

Así, Iberdrola está controlado principalmente por el gobierno de Qatar a través de Qatar Investment Authority, por Norges Bank (Noruega), Kutxabank y Black Rock (Estados Unidos). Viesgo es propiedad de dos fondos de inversión, Macquarie (Australia) y Wren House Infraestructure (Kuwait). Naturgy (Gas Natural) está controlado por Criteria Caixa, CVC Capital Partners (fondo de inversión de Reino Unido), GIP III Canary 1 S.À R.L (fondo de inversión de Estados Unidos) y Sonatrach (Argelia).

En definitiva, al contrario de lo que ocurre en Alemania, Francia o Italia, España carece de capacidad de intervención sobre las grandes compañías eléctricas.

Paradójicamente, en estos tiempos de patriotismo de bandera y de 155, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han permitido que los gobiernos de Italia, Qatar o Kuwait tengan más influencia en este sector estratégico que el Gobierno de España.

DAVID PINEDA (mundo obrero)

EL IGNOMINOSO PACTO DE PSOE Y VOX: LA TRAICIÓN DE SIEMPRE

Este pasado pleno todos pudimos descubrir cuál será la estrategia política del PSOE para estos cuatro años de legislatura: tomar a los motillanos y motillanas por imbéciles.

Esa es nuestra conclusión después de afirmar que no habían pactado con VOX, cuando así es de forma tácita, y de que se suban los sueldos argumentando que van a trabajar más y sin embargo aprueben hacer plenos cada dos meses eliminando así seis plenos al año.

Respetamos que el PSOE no quiera formar gobierno con nosotros, pero éste quiere gobernar sin tener que hablar con nadie. Sería demasiado duro para ellos tener que negociar cada medida con IU ya que saben que ellos tendrían que “dejarse pelos en la gatera” y tendrían que asumir ciertas propuestas formuladas por nosotros.

Debido a lo anterior se crea el pacto con VOX, formación de extrema derecha. La jugada es sencilla y maestra. Guillermo, el líder de extrema derecha en Motilla, tiene problemas urbanísticos en su tanatorio: parte del mismo es ilegal, ya que construyó más volumen del que en realidad podía. Así, esta parte del tanatorio ilegal, no tiene más solución que su demolición.

Ante esta situación el martes 25 de junio a la tarde se produce el pacto en la casa del Pueblo de Motilla (qué diría Pablo Iglesias…. Me refiero al fundador del PSOE). Lo único que no sabemos es si fue el PSOE el que propuso a VOX que si le apoyaba no le pasaría nada al tanatorio, o fue al revés, si VOX se ofreció a apoyar al PSOE a cambio de que no le pasara nada al tanatorio.

Gracias a este pacto con la extrema derecha el PSOE sacó adelante los puntos más ignominiosos de la democracia motillana: plenos cada dos meses, un equipo de gobierno de cinco miembros que se suben el sueldo y costarán más que el equipo de gobierno anterior con siete y la expulsión de la oposición de la mesa de contratación acabando con la democracia del consistorio.

Por cierto, una reflexión: el líder de VOX decía en su programa que se bajaría el sueldo de alcalde en un 30%, y ahora apoya la subida del actual alcalde en 600 euros: todo muy coherente.

Ha sido muy decepcionante descubrir la falta de vocación por el servicio público de estas dos formaciones que anteponen sus intereses personales al bien común. Esta legislatura debería haber sido la legislatura del diálogo y de la propuesta de medidas de todos los grupos para mejorar las expuestas por el equipo de gobierno. Así lo ha querido el pueblo de Motilla debido a que no ha otorgado mayoría absoluta a ningún grupo político.

Sin embargo nos encontramos que, traicionando a votantes e ideología (la verdad es que no es la primera vez por parte del PSOE), deciden sacar sus medidas apuntalando chantajes mutuos…

Después de este artículo dejaremos trabajar al nuevo equipo de gobierno concediendo desde hoy los 100 días. Pero es el PSOE, y sobre todo sus votantes, los que más deben reflexionar sobre si van a seguir gobernando y pactando con la extrema derecha o cambiarán la estrategia.

Por nuestra parte seguiremos atendiendo a todos y todas las motillanas que nos muestren sus quejas, sugerencias, aportaciones, mejoras y lo que deseen y continuaremos ofreciendo a través de nuestras medidas las mejoras que se merece Motilla del Palancar.

Artículo de opinión de Jesús Martínez, portavoz de Izquierda Unida Motilla en el Ayuntamiento.

El PCE critica el nombramiento de Álvaro Martínez Chana como presidente de la Diputación Provincial de Cuenca

Reclaman también la apertura de las residencias de Cañete y Beteta, incluidas en el mismo convenio que la de Priego, entre Junta y Diputación.

El Partido Comunista de España (PCE) en Cuenca ha criticado duramente el posible nombramiento de Álvaro Martínez Chana como presidente de la Diputación Provincial de Cuenca. Un nombramiento con el que consideran que «el PSOE sabe muy bien lo que hace, no se trata de un error».

Para las y los comunistas, «se premia al alcalde de la provincia que ha accedido a instalar en su término municipal un macrovertedero de todo tipo de residuos». Y aclaran que la instalación construida en Almonacid del Marquesado «no se trata de un «ecoparque», tal y como desde la Junta de Comunidades han querido engañar a todas y todos los conquenses, sino de un vertedero de dimensiones gigantescas».

Su afirmación la fundamentan en el propio proyecto presentado por la empresa promotora, Reciclados del Marquesado, perteneciente al Grupo Griñó. En el proyecto se indica que «de las 300.000 toneladas de residuos industriales que prevén ingresar al año, sólo 67.500 se reciclarán, de forma que el 77’5% irán al vertedero directamente». Sostienen que «sus dimensiones lo convierten en el vertedero más grande de España».

El PCE cree que el PSOE, con esta decisión, continúa la línea de «llenar la provincia de basura», en alusión también a la política impulsada desde el PSOE en el gobierno regional de subvencionar las instalaciones ganaderas extensivas, «que llenan de purines todos nuestros campos», y el interés del PP en que Cuenca acoja «los peligrosísimos residuos nucleares de toda España, con la construcción del ATC».

Además recuerdan el «negro historial» del PSOE en la gestión de residuos en la región, «donde destacan los sonados incendios de Chiloeches y de Seseña, lugares en los que macrovertederos salieron misteriosamente ardiendo». Y recuerdan también que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de este macrovertedero está firmada por el ex-viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, que poco después tuvo que dimitir, precisamente tras el incendio de Chiloeches, al ser investigado precisamente por un delito de prevaricación medioambiental.

Las y los comunistas advierten de que el macrovertedero de Almonacid se encuentra cerca de Segóbriga. Lamentan que «el PSOE utilice la situación de despoblación de la provincia de Cuenca para llenarla de basura en vez de intentar revitalizar y poblarla de nuevo». Y señalan al vicepresidente Martínez Guijarro, «que diseñó la política de gestión de residuos en la región, cuando era Consejero de Medio Ambiente con Barreda, obligando a la gestión con empresas privadas, y que encima ahora ni siquiera la cumple». Y le instan a explicar «cuál es el interés que puede haber en que Cuenca sea el vertedero de España».

Agroecología y Capital, una relación imposible

NUESTRO SISTEMA ECONÓMICO TIENE UN PROBLEMA ESTRUCTURAL, NECESITA CRECER INFINITAMENTE EN UN PLANETA QUE ES FINITO

Grandes cadenas de supermercados comercializan productos certificados como ecológicos que ni pagan precios justos a los productores ni cumplen con los criterios agroecológicos.

Cuando se habla del futuro de la alimentación, hay muchos imaginarios diferentes que se mezclan en nuestras cabezas, en el telediario o en los publirreportajes que importantes periódicos editan en nombre de grandes empresas. En este momento quizá las narrativas podrían dividirse en dos: por un lado, la de la llamada Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA, por sus siglas en inglés) y por otro la de la agroecología y la soberanía alimentaria.

La gran mayoría de movimientos ecologistas y campesinos de base del mundo apuestan por la segunda, y no por una especie de dogma antitecnológico o antiprogreso (a todo el mundo le gusta trabajar más cómodamente), sino porque muchas de las propuestas de esa “agricultura del futuro” hipertecnificada, cuadriculada y sin personas a la vista son incompatibles con sistemas alimentarios ecológicamente sostenibles y socialmente justos.

Los problemas ecológicos a los que nos enfrentamos no solo tienen que ver con el cambio climático o la crisis de biodiversidad, sino con el hecho estructural de que nuestro sistema económico necesita crecer infinitamente en un planeta que es finito, y depende necesariamente de materiales que, por definición, poco a poco se van agotando.

Nos encontramos en un momento en el que las principales materias primas energéticas - e importantes materias primas no energéticas - han superado o se aproximan a su pico de producción, lo que compromete a futuro la disponibilidad de materiales que hemos hecho esenciales para nuestro sistema alimentario.

La nueva ola de modernizaciones, dependientes de la informática y la electrónica, aumentan la dependencia de materiales cuya obtención resulta además problemática: los dispositivos electrónicos requieren del uso de minerales que se encuentran en el grupo de las llamadas “tierras raras”.

Las propuestas basadas en la agroecología, quizá por tener un fuerte arraigo en países del Sur, parecen tener una consciencia mucho más clara de la finitud de los recursos. Esto no significa que rechacen frontalmente toda tecnología, pero sí que consideran que la implementación de nuevas tecnologías requiere un análisis previo sobre sus impactos ecológicos y sociales, y sobre si son soluciones globalizables o disponibles solo para unas pocas personas.

¿Y en qué consiste esta alternativa? Esta pregunta puede abordarse desde dos puntos de vista: el técnico y el sociopolítico.

Desde un punto de vista técnico, la agroecología implica prácticas agronómicas que tiendan a imitar el propio funcionamiento de la naturaleza, respetando y potenciando la biodiversidad, la integración de distintos tipos de producción en un mismo sistema (no solo que una misma explotación produzca varias especies, sino que pueda tener a la vez aprovechamientos agrícolas, ganaderos y de otros tipos), sistemas más intensivos en mano de obra, minimizando los insumos externos, y priorizando la transformación artesana y las cadenas de distribución cortas. 

Es frecuente que se confunda la agroecología con lo que comúnmente se llama “agricultura ecológica”, pero no son exactamente lo mismo. Dado que algunas de las propuestas procedentes de los movimientos por la agroecología en las últimas décadas han sido adoptadas por instituciones (por ejemplo la UE) con un enfoque más “de arriba hacia abajo”, en ocasiones se confunde la parte con el todo. Por poner un ejemplo, aunque la Agricultura Ecológica Certificada por la UE integra ya algunos criterios que coinciden con la propuesta agroecológica (como no utilizar pesticidas de síntesis o rotar cultivos…) siguen existiendo productos ecológicos certificados que se han producido de forma industrial bajo plástico, que han recorrido miles de kilómetros, que no garantizan condiciones dignas a las personas trabajadoras o que utilizan en su empaquetado tanto plástico como su equivalente convencional.

Cada vez son más las grandes cadenas de supermercados que comercializan productos certificados como ecológicos pero que acaparan la mayor parte de los beneficios económicos, no pagan precios justos a quienes producen y no cumplen con los criterios agroecológicos. Pero la agroecología va más allá de la agricultura ecológica no sólo en el ámbito productivo, sino en la consideración del sistema agroalimentario en su conjunto, y la propuesta de alternativas en la distribución y el consumo. En la práctica, por ejemplo, cada vez hay más grupos de consumo, es decir familias que se reúnen para contactar juntas con agricultoras y ganaderas y comprar directamente productos de este tipo- funcionan con criterios diferentes a los que exige la propia burocracia (y se guían por lo que saben de la persona que produce los alimentos al conocerla y no de si tienen o no “el sello”). Supermercados cooperativos, mercados campesinos, mercados de abastos o pequeñas tiendas de barrio son otros espacios alternativos a los canales convencionales.

Producir alimentos que integren algunos de los costes que el mercado convencional “externaliza” supone necesariamente un precio final más caro (porque la verdad, un pollo no puede costar 2 euros el kilo si no hay alguien, aquí o en el futuro, que esté pagando el resto del precio). Pero cuando oímos a una familia decir que “no les llega” para consumir alimentos sanos y sostenibles…¿debemos echar la culpa a los alimentos en sí, o al tipo de sueldos que consideramos aceptables? ¿Es aceptable un sueldo si no permite que una familia se alimente saludablemente?

El movimiento por la agroecología sigue luchando para que cada vez más personas tengan acceso a una alimentación que pueda considerarse verdaderamente “ecológica”, pero esta es una tarea complicada, especialmente dentro de los esquemas económicos más amplios en los que nos manejamos. Por eso las propuestas agroecológicas se enmarcan dentro del movimiento por la soberanía alimentaria. 

GABRIELA VÁZQUEZ. Coordinadora del Área de Agroecología de Ecologistas en Acción