martes, 26 de julio de 2016

Organizaciones memorialistas y víctimas del franquismo se movilizan para que el 18 de julio sea declarado Día de la condena del Franquismo

Comunicado leído en la Concentración celebrada el 18 de Julio ante el Ayuntamiento de Madrid
Las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo denunciamos un año más la existencia de símbolos fascistas en Madrid. Las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo hemos realizado una acción reivindicativa de retirada de calles franquistas. Las organizaciones hemos iniciado la campaña #18JYoCondeno para que el 18 de julio sea declarado Día de la condena del Franquismo.
 Comunicado
En la noche del 18 de julio varias organizaciones adscritas al Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, hemos participado de una acción reivindicativa de denuncia de la existencia del callejero franquista en la ciudad de Madrid.
La misma ha consistido en la retirada de las placas de generales golpistas, falangistas y otros colaboradores de la dictadura como General Aranda, José Luis Arrese, Doctor Vallejo Nájera o María Teresa Saenz de Heredia.
El golpista General Antonio Aranda por su participación en el golpe militar de 1936 en la ciudad de Oviedo, ciudad de la que era comandante y tras traicionar su juramento de lealtad a la II República apoya el golpe militar y su posterior represión.
José Luis Arrese fundador y Jefe Provincial de la Falange Española en Granada por su participación con el Ejército para la preparación del golpe de Estado en Granada y su posterior participación en la represión del régimen como Gobernador Civil de la provincia de Málaga.
María Teresa Saenz de Heredia, esposa de José Luis Arrese, fundadora de la Sección Femenina de Falange y del Auxilio Social, institución inspirada en el Auxilio de Invierno del Partido Nacionalsocialista Alemán.
Las calles retiradas en la noche del 18 de julio han sido sustituidas por pegatinas tamaño real con nombres como “La defensa de Madrid”, “Víctimas del Franquismo”, Paseo de Los Niños Robados” o “Justa Freire”.  Se adjunta reportaje fotográfico nº 1.
Con esta acción, los colectivos hemos querido denunciar la pervivencia del callejero franquista en la ciudad de Madrid y la denuncia del modelo español de impunidad surgido de una Transición que ha pisoteado el Derecho Internacional el cual obliga a los estados a garantizar Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de los más graves crímenes.
#18JYoCondeno el Franquismo y ¿tú?
Las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo, además de exigir la retirada de cualquier simbología franquista en el Estado, como viene haciendo desde hace años en esta fecha, han lanzado la campaña #18JYoCondeno para conseguir que esta fecha infame se convierta además en Día de la Condena del Franquismo.
Para esta campaña en redes sociales se han grabado vídeos a personalidades del derecho, la cultura y la política pidiendo la condena del Franquismo, entre otros, han participados Jueces para la Democracia, la Sección de DDHH del Colegio de Abogados de Madrid, actores como Alberto San Juan y Manuel Solo, y representantes políticos y sociales como Facu Díaz, Javier Couso IU, concejales de Ganemos Pinto y Enrique Villalobos de la FRAVM.
Concentración 18 de julio a las 20 horas ante el Ayuntamiento de Madrid
Por último, las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo participantes nos hemos concentrado hoy 18 de Julio en la Plaza de la Villa de Madrid para exigir, una vez más, a todas las instituciones democráticas que manifiesten en términos formales su condena y repulsa a la dictadura franquista, lo que esperamos en primer término del Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento al que también le demandamos que cumpla con la ley (Ley 52/2007, de 26 de diciembre) y con su programa electoral y proceda sin dilación con el cambio del callejero franquista de nuestra ciudad.
En Madrid a 18 de julio de 2016

Organizaciones participantes:
·         Asociación Agencia Febus.
·         Ateneo Republicano de Carabanchel.
·         Ateneo Republicano de Vallecas.
·         AVICES asociación de víctimas del estado.
·         Club de Amigos de la Unesco de Madrid CAUM.
·         Comisión de Memoria Libertaria de CGT.
·         Coordinadora para la Memoria Histórica y Democrática de Madrid.
·         Federación Estatal de Foros por la Memoria.
·         Plataforma contra la impunidad del Franquismo.
·         Todos los niños robados son también mis niños.


viernes, 22 de julio de 2016



El sistema público de pensiones en España está llegando, es cierto con algunos años de retraso, al punto cercano al abismo que muchos previeron hace años, especialmente los que, como buitres, esperan y desean que quiebre para llevarse todo el mercado.

El modelo de capitalización y PAYGO (pay as you go) requiere que la base de capitalización sea amplia y que el desequilibrio entre ingresos y pagos no se cronifique, salvo que se encuentre una fórmula de financiación ajena al nivel de empleo, cuantía de las cotizaciones sociales o esperanza de vida tras la jubilación. En España, hasta ahora, el sistema se alimenta exclusivamente de las cotizaciones de trabajadores y empresarios lo que ha permitido tener el sistema en equilibrio, más o menos estable, hasta el año 2011, momento en el que comenzó el déficit que ahora parece se ha consolidado como estructural.

Las razones para este déficit, que no para la sostenibilidad o no del sistema, se originan en dos factores claves: por un lado, la fortísima destrucción de empleo y, por otro, la brusca caída de los salarios y por tanto la cotización. Los responsables de la primera se reparten entre un agotamiento del modelo de financiarización de la economía y una economía basada en un sector especulativo, como el inmobiliario que nadie quiso parar. En este sentido, cabría resaltar la pésima política de vivienda de Aznar, cuyos ejes eran la construcción sin tino y la creencia en que con mayor oferta de suelo bajarían los precios. Esta ignorancia del funcionamiento del mercado de vivienda, que también comparten los economistas americanizados del PSOE, los llamados minesotos, se asienta en creer que, lanzando todo el suelo posible al mercado, sin ninguna traba, los precios de la vivienda descenderían y entonces todo el mundo podría tener acceso a una vivienda. Esto supone considerar la vivienda como un bien de consumo y no de inversión, lo que invalida el análisis.

La realidad es que el parque de vivienda creció tanto y tan desordenadamente que una parte no desdeñable de los que accedieron a la vivienda, hoy, la han perdido, desahuciados sin paliativos por un mercado hipotecario, cuyas principales leyes se han demostrado abusivas e ilegales, pero que, aun así, sigue siendo defendido por todo el establishment. Con la perspectiva temporal y sin que mucha gente fuese consciente de ello, esta eclosión del ladrillo se ha convertido en el mal llamado plan de pensiones de gran parte de la población que ha dejado de ahorrar en ahorro previsión para lanzarse a tener un techo con el que pasar su vejez, aunque carezca de liquidez y ahorro para poder calentar dicha casa, o poder sufragar sus gastos básicos de alimentación u ocio.

Este mantra, alimentado por los diferentes gobiernos que nos han mal gobernado, parte de otra premisa falsa: el valor de la vivienda nunca desciende, por lo que es un ahorro seguro. Este mismo engaño es lo que venden los que tratan de convencernos de que contratemos un plan de pensiones privado, porque el sistema público va a quebrar o simplemente nos va a dar una cantidad tan exigua que se tendrá que compensar con dicho ahorro previsión. Lo que no explican a esta población, cuyos conocimientos financieros tan exiguos se trasmiten de padres a hijos, es que la probabilidad de perder parte del capital ahorrado hoy es muy elevada y que la rentabilidad real a dicho plazo, más de 30 años, alcanza un magro 1%, eso sí con suerte. No hay que olvidar que la calidad de los gestores de fondos en España, pero también en Europa, es mejorable ya que su formación se centra en vender productos con mucho riesgo a la población más analfabeta financieramente hablando, algo que debería estar penado por la CNMV, pero que obviamente hacen la vista gorda.

Con estas premisas, el panorama para un pensionista hoy en España es complicado. El mercado de trabajo es incapaz de generar empleo digno a todo el potencial trabajador. No hay que olvidar que tenemos la tasa de actividad, 58%, y empleo 49%, más bajas de todos los países de nuestro entorno, por lo que la probabilidad de alcanzar una pensión digna es muy pequeña. Hay grandes colectivos de trabajadores que nunca cotizarán los 35 años que obliga el sistema para alcanzar el 100% de la pensión. Pero, además, si tenemos en cuenta la base media de cotización, que no supera los 1000€, en el mejor de los casos alcanzaremos una pensión de algo más de 600€.

Esto implica que un porcentaje no desdeñable de personas no llegarán a tener pensiones dignas, sin entrar a valorar el problema de viudas y huérfanos. El modelo de empleo que tenemos ya no puede generar salarios dignos y, por lo tanto tampoco salarios dignos. Una parte del espectro político, entre ellos el PSOE, sigue hablando y teorizando sobre el cambio de modelo productivo que nunca llegará, por lo que unido a la reforma laboral de 2010 y 2012, que ha llegado para quedarse, dibuja un panorama de pobreza y miseria a futuro que nadie quiere ver.

La pregunta clave es ¿qué hacer a corto y medio plazo? En un primer plan de choque hay que sacar del sistema de pensiones y pagarlo vía impuestos, las pensiones de viudas y huérfanos, que suponen algo más de 22.000 millones de euros, lo que aliviaría el sistema contributivo. Ello permitiría, al menos, no tener que terminar con el vaciamiento del Fondo de Reserva. Pero obviamente esto no es suficiente, ya que el sistema volvería al déficit en cuanto venga otro episodio de contracción de la actividad, que está muy cerca. No hay que olvidar que, en 2015, el supuesto empleo creció al 3%, lo mismo que la economía y los ingresos por cotización apenas lo hicieron un 1,3%, tres veces menos. Por ende, lo que nos dice esta ecuación es que la productividad en España no sólo no crece, sino que decrece, a pesar de que el PIB avance más del 3%. De nuevo, el turismo y los incipientes brotes verdes de la construcción, tan deseados por los neoclásicos, están facilitando la ocupación a precios irrisorios. Esta combinación letal, empleo basura y endeudamiento inmobiliario, es el sistema de pensiones paralelo que los partidos tradicionales han dispuesto, sabiendo que el sistema original está en quiebra, salvo que se decida financiarlo con impuestos finalistas como en Francia.

Pero hay otro problema no menor: la demografía. Ni una sola medida para facilitar la natalidad, quebrar la tendencia de que las muertes superen a los nacimientos, en un país donde se denigran las políticas natalistas. De nuevo Francia debería ser nuestro ejemplo, pero no hay voluntad de llevarlo a cabo. Si a todo esto añadimos que la rentabilidad del ahorro es nula o negativa y que la gestión de activos con riesgo puede arruinar el sueño de una jubilación digna, tenemos ante nosotros el peor de los escenarios posibles: la pobreza para nuestros mayores, algo que ya están experimentando hoy muchos de ellos, a pesar de tener lo que ellos creyeron que era la solución: una vivienda en propiedad que hoy sólo les genera gastos, porque encima el valor se ha hundido. Muchos ancianos tienen techo, no pueden pagar la calefacción y medicinas y apenas pueden comer, con el agravante que tienen que mantener a hijos y nietos. Enhorabuena a todos los gestores políticos y financieros que han gestado este despropósito.

Alejandro Inurrieta 

jueves, 21 de julio de 2016


Hoy se cumplen 80 años del inicio de la Guerra Nacional – Revolucionaria, (denominación que le dio el partido a la Guerra Civil).

El 18 de julio de 1936 España despertaba sobresaltada. Empezaba una sangrienta guerra civil que, rápidamente, iba a convertirse en guerra nacional revolucionaria de trascendencia internacional. Fuerzas del Ejército, en Marruecos y en la Península, apoyadas por la reacción terrateniente-burguesa y en estrecha connivencia con la Italia de Mussolini y la Alemania hitleriana, se sublevaron contra la República.

La Guerra Civil para Franco y sus acólitos no acabó el 1 de abril de 1939, sino que se prolongó hasta los últimos días de vida del dictador, ya que el franquismo en su cruel y larga historia nunca dejó de recordar quiénes fueron los vencedores y vencidos. Y no sólo se encargó de recordarlo año tras año, sino que hay que destacar la planificación y ejecución de un sistema de represión (característico de un sistema totalitario), como uno de los pocos elementos que perduraron y se mantuvieron constantes desde el principio hasta el fin de su existencia, y que trágicamente ha caracterizado al franquismo.

Hace treinta y ochos años que la Constitución y la llamada Transición española dieron por “oficialmente” liquidado aquel período, desde una cierta continuidad legal que impidió declarar ilícitos los tribunales e instituciones surgidas del golpe de Estado del 36, pero a pesar de eso, sus ecos todavía no se han extinguido. No se han apagado las esperanzas de regeneración de la vida pública española que suscitó la II República. No han muerto los deseos de justicia social que llevaron a centenares de miles de mujeres y de hombres a luchar en el frente por los ideales republicanos. 

No se ha querido, ni sabido consolar el llanto de las víctimas de la represión. Más aún frente al legítimo deseo de reivindicar la memoria y enterrar a los suyos de manera digna de muchos de sus familiares primero opusimos el silencio y el desprecio; luego la desidia; finalmente, este puede ser el único país democrático del mundo que condene a unos jueces que pretenden investigar los crímenes de la dictadura mientras los verdugos siguen impunes.

Después de ochenta años hoy es más necesario que nunca acudir a la memoria democrática para extraer de ella algunas lecciones vitales en un presente convulso como el nuestro en el que los poderosos vuelven a acudir al “estado de necesidad” para negar al pueblo sus más elementales derechos y conquistas.

Es difícil imaginar que los tanques del ejército español vuelvan a invadir las calles para combatir a sus conciudadanos. Sin embargo esto está pasando en otros pueblos del mundo y la excusa es la misma que en 1936: “la anarquía”, “el desgobierno”, “la incapacidad” de los gobernantes legítimamente elegidos, una excusa que, como en 1936, tiene un terrible precio en vidas humanas y supone un terrible retroceso para la humanidad.

En España, hoy como en 1936, los poderes económicos claman por el empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos para conservar sus privilegios. No necesitan iniciar ninguna guerra civil. En nombre del “rigor”, de lo “inevitable” y con la poderosa ayuda de un ejército al que ellos llaman “el mercado”, compuesto de especuladores sin escrúpulos y políticos complacientes con sus dictados, pretenden dar un golpe de estado incruento pero fatal a los derechos reconocidos en esa Constitución que tanto alaban.

La Historia nunca se repite, pero sí nos deja algunas enseñanzas y de todas ellas quizás la del 18 de Julio de 1936 sea una de las más importantes: el pueblo que se resigna y no lucha por sus legítimos derechos es víctima del horror y del olvido. El que lucha por ellos, a pesar de las derrotas, consigue mantener viva la llama de la igualdad y de la justicia. Franco ganó una guerra en 1939 pero no venció a españoles. “El mercado” nos combate en todos los frentes, pero no vencerá tampoco a los españoles y los europeos, si sabemos combatirlo.

Cuando se cumplen 80 años del levantamiento militar que inicio Franco en Melilla, desde el PCE reclamamos, una vez más, que se termine la injusticia histórica de mantener a miles de demócratas enterrados sin identificar en fosas comunes mientras el Dictador, que inició una guerra que costó más de un millón de muertos, esté enterrado con todos los honores en un gran mausoleo y las victimas siguen enterradas en las cunetas de este país.

Por último, desde el PCE se pide justicia y reparación mediante la retirada de la Tumba de Franco del Valle de los Caídos y la ampliación de ley de Memoria Histórica para el justo resarcimiento de las víctimas y sus familiares.

Secretaría de Memoria Histórica 

martes, 19 de julio de 2016

IZQUIERDA UNIDA CONSIDERA UNA TEMERIDAD EL TRIPLE TRASVASE AUTORIZADO POR EL GOBIERNO

La Diputada Provincial de Izquierda Unida en Cuenca, Ana María Sánchez, ha manifestado el total rechazo de esa formación política al trasvase autorizado por el Gobierno EN FUNCIONES desde los embalses de la cabecera del Tajo por medio del enlace Tajo-Segura hacia las zonas de Levante. Ya en el mes de Febrero pasado, el gobierno del Sr. Rajoy autorizó otro trasvase. No contentos con aquello, vuelven a cerrar los ojos a la realidad de los pueblos de la cabecera del Tajo y hacen el “más difícil todavía”: autorizar trasvases en Julio, Agosto y Septiembre a razón de 20 Hm cúbicos por mes, sin saber en qué condiciones se encontrarán dichos embalses según transcurra el verano.

Si las actuales reservas no son precisamente boyantes, como debería haber visto el Sr. Rajoy en su visita, tendría que explicar a los habitantes de los pueblos ribereños como piensa que deben pasar el verano, época que no se caracteriza por incrementar las reservas precisamente: con aumento de población, calor, y clima seco, además de la evaporación propia de la época. Tendremos que ver otra vez como se tienen que abastecer de agua mediante camiones. Pero es que va a suponer un peligro para los negocios de la zona, relacionados con el turismo.

Parece que la Sra. Ministra García Tejerina ha tenido alguna visión por la que ha decidido que no va a bajar al nivel 4. Debe ser que con su bola de cristal ha adivinado la climatología de los tres meses que quedan por delante.

Por descontado, esto lo hacen pasadas las Elecciones Generales. Y no teniendo en cuenta los informes que desde el Parlamento Europeo se han realizado y en los que denuncian el tratamiento al Tajo y la política hidráulica de este Gobierno.

Para Izquierda Unida, es una provocación la orden firmada por el Gobierno, que no tiene en cuenta para nada a los ciudadanos de la zona, y que nos tememos que van a pasar por problemas de abastecimiento. Y todo gracias al nulo respeto que mantienen por las personas afectadas.

 Así, nos gustaría también ver que desde la Diputación Provincial su presidente y su equipo de Gobierno salgan en defensa de estos pueblos, al igual que al partido que lo sustenta, el PP, que tanto gustan de hablar de su preocupación por nuestros pueblos y sus gentes. Pero seguro que esto no les importará mucho.

sábado, 16 de julio de 2016

 Desde IU consideran “muy grave” que el PP no comunique nada nuevo sobre el ATC a la UE mientras se han continuado con las licitaciones

IU ha planteado varias preguntas sobre el ATC en la Unición Europea y destaca la falta de información, el incumplimiento de plazos y la falta de proyectos de dinamización de la zona

La eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, preguntó en la Unión Europea por los avances o las nuevas comunicaciones que se hubieran producido por parte del gobierno del PP sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares proyectado en Villar de Cañas. El gobierno del PP no ha comunicado, a día de hoy, proyectos de revitalización de la zona o cualquier novedad sobre la situación actual de “parálisis de hecho”.

El desarrollo de este cementerio nuclear, en la práctica paralizado, cuenta con una gran oposición por parte de distintas organizaciones vecinales, medioambientales y políticas. Además, los informes tanto del Colegio Oficial de Geólogos, como del Consejo Seguridad Nuclear arrojan serias dudas sobre su viabilidad, debido a que se encuentra en una zona con una importante actividad sísmica.

“Es muy grave que el Gobierno del PP no haya comunicado aún la suspensión definitiva del proyecto ATC”, ha asegurado López al conocer la respuesta del comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete. Esto, a juicio de la eurodiputada, “podría implicar que el PP sigue pensando en sacar adelante este proyecto que pone en riesgo la seguridad nuclear no sólo de la zona, sino de todo el Estado”, por lo que ha asegurado que la movilización “será clave para que se garantice el cierre definitivo de esta infraestructura”.

Como ha lamentado el Coordinador Provincial de IU Cuenca, Jacobo Medianero, “en su pregunta parlamentaria, formulada el pasado mes de abril, López también solicitaba a la Comisión Europea información sobre cualquier tipo de plan de dinamización o presupuestos presentado por el Gobierno español o regional para recuperar el área del ATC y, en este caso y por desgracia, Cañete esquiva la respuesta, si bien se remite a que la dotación para tal fin se limitaría a la inversión ya hecha para la creación del ATC.

Tanto Medianero como López han coincidido en que “la única solución al problema de los residuos radioactivos” viene “de la mano de un programa de desmantelamiento de las centrales nucleares”, ya que “no podemos desligar la seguridad nuclear de un nuevo modelo de generación de energía.”
Por último, la eurodiputada ha destacado que, además de la situación del ATC, “resulta muy preocupante que la Comisión Europea aún no haya evaluado la gestión del Estado español en materia de nucleares, ni la transposición de la Directiva 2011/70/Euratom, por la que también le preguntaba en un escrito anterior en mayo de 2015 y que muestra que no se cumplen los plazos planteados en la respuesta recibida en aquélla ocasión. 

viernes, 15 de julio de 2016

miércoles, 13 de julio de 2016

¡Victoria: Logramos poner coto a la pesca de arrastre!

¡¡¡Por fin!!! Han sido muchos años de lucha, presionando, manifestándonos, cuatro años donde las organizaciones no gubernamentales nos hemos unido más que nunca, hemos luchado, hecho lobby, acciones, analizado datos y gritado a los cuatro vientos. La industria tampoco se ha quedado quieta,con Francia y España liderando el bloqueo a cualquier restricción. Incluso llegó a un punto donde la flota francesa dejó de bloquear y finalmente solo quedó la española. ¡Pero lo hemos logrado y todo el esfuerzo ha merecido la pena! Finalmente, la Unión Europea ha aprobado el Reglamento de Aguas Profundas que prohibirá la pesca de arrastre en aguas Europeas a profundidades mayores de 800 metros.

Los océanos y la vida que en ellos habitan se enfrentan a distintas amenazas, pero la pesca de arrastre es una receta para el desastre. Esta técnica daña y sobreexplota los caladeros, esquilma a su paso, corales de aguas frías, especies que desconocemos, tiburones de profundidad... todo es capturado o destrozado a su paso (descubre en este vídeo cómo es la pesca de arrastre). Además no es nada eficiente, entre el 20% y el 60% de lo capturado se tira por la borda por no tener valor comercial.

Esta prohibición de la pesca de arrastre a profundidades superiores a 800 metros y el mayor control en profundidades menores supone que se podrán conservar los hábitats marinos de profundidad, que son zonas de reproducción de especies pesqueras muy importantes. Además estas zonas actúan como enormes sumideros de CO2 ayudando así a la lucha contra el cambio climático. Nos preguntamos si con este paso hemos dado un paso definitivo para hacer nuestro sueño realidad. ¿Conseguiremos unos océanos sanos para las generaciones futuras?

No queremos dejar pasar la oportunidad de daros las gracias. Muchas gracias por apoyarnos durante estos años. Muchas gracias por poner tu grano de arena en la protección de los océanos, por luchar para que las próximas generaciones puedan disfrutar de unos océanos llenos de vida. Ayúdanos a seguir defendiendo los océanos.

GREENPEACE

lunes, 11 de julio de 2016


 Me cuentan: “En un colegio público de la sierra de Madrid había una directora muy competente y estimada por toda la comunidad educativa. En el colegio aumentan cada año las matrículas porque las familias están encantadas con el proyecto educativo. Al presentarse a la renovación de su cargo, los tres miembros de la administración le han puesto un cero a su proyecto de Dirección. Y ahora han nombrado a dedo como director a otra persona de otro centro”.

Esto ha pasado de forma similar en 40 centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. La mayoría en la zona sur, pero también en la zona oeste, Vallecas (IES Domínguez Ortiz), Ciudad Lineal, Bustarviejo, etc. El procedimiento es el mismo: se destituyen –o no se eligen- a direcciones críticas y se imponen directores dóciles y de la misma cuerda política que la administración. Es la LOMCE, que le permite al PP estas cacicadas contra la autonomía y la gestión democrática de los centros.

Olvidando que peor que mentir es tomar por tontos a los demás, la Consejería lo niega diciendo que se ajustan a la ley. Efectivamente, la ley establece que al director lo elige una comisión creada a tal efecto. La trampa está en que, según el artículo 135 de la ley, la comisión está formada por miembros designados por la Administración que se aseguran la mayoría (entre el 50% y el 70%) y la comunidad educativa está siempre en minoría. De cinco miembros, tres los pone la Administración y dos la comunidad educativa del centro.
Los claustros y consejos escolares califican de sobresaliente proyectos de Dirección que los representantes de la Administración suspenden porque desprecian su trabajo en la misma medida que lo desconocen y porque actúan por criterios políticos y no pedagógicos. El resultado está cantado: no aprueban los proyectos de direcciones reivindicativas (contra el cierre de aulas, fusiones, bilingüismo, pruebas CDI…). De esta manera, la Administración del PP está mandando “paracaidistas” de su confianza y metiendo así miedo a los equipos directivos de otros centros. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el reino de la arbitrariedad y el sectarismo, antes con Aguirre y ahora con Cifuentes, gracias al apoyo de Ciudadanos.

El 4 de julio se reunieron en asamblea 160 personas en el colegio público Miguel Hernández de Getafe, uno de los afectados junto con otros tres colegios y un instituto de la localidad. Había madres y padres, profesorado, directores de centros educativos, sindicatos, AMPAS, representantes de colectivos educativos, plataformas por la Escuela Pública, miembros de los Movimientos de Renovación Pedagógica, representantes políticos y municipales y diputados en la Asamblea de Madrid. Ante el ataque a la más elemental democracia y a un modelo educativo basado en la participación de toda la comunidad, se debatieron propuestas para frenar estas actuaciones. Se planteó centrar inicialmente las movilizaciones en la zona sur, con la idea de extenderlas al resto de la Comunidad, acordándose las siguientes iniciativas:
  1. Presentarse a la DAT Sur (Dirección de Área Territorial) el viernes 8 de julio, a las 10 de la mañana. Se reclamará masivamente que se dé marcha atrás a esta política dictatorial. El jueves 14 de julio se plantea una nueva concentración ante la DAT Sur.
  2. Una recogida masiva de firmas dirigidas al consejero de Educación Rafael von Grieken:“No a la imposición de directores de centros públicos de la Comunidad de Madrid” (NOTA 2).
  3. Se valoró, también, que el curso no puede empezar con normalidad ante esta situación. Las familias piensan en boicotear el inicio de curso. Se estudiará que el profesorado haga una huelga a principio de curso y hay sindicatos que van a trabajar en esta línea (CCOO y CGT). También se estudian acciones jurídicas.
Hace falta una reacción, porque en la Comunidad de Madrid sólo han cambiado las caras, no la política. Y sigue siendo el banco de pruebas para la aplicación de las medidas más reaccionarias que luego se extienden a otras comunidades. Y lo hace el PP con la complicidad necesaria de Ciudadanos. Este curso han seguido desviando más recursos y alumnado a la concertada, van a cerrar 80 aulas públicas, han suprimido numerosos ciclos públicos de Formación Profesional y el consejero no ha rectificado a pesar de haber sido reprobado. Ahora, con su concepción cortijera de los centros educativos, dirigidos por capataces a su servicio, juegan a deteriorar más la pública. Quizá eso es lo que buscan: crear un clima crispado en la comunidad educativa que derivará su fuerza a combatir estas injusticias en vez de centrarse en sus proyectos educativos.

Designar una dirección desde fuera era siempre el último recurso cuando ningún miembro del claustro quería asumir la dirección. No es el caso de los centros referidos. Imponer directores ajenos es despreciar la implicación de la comunidad educativa, es despilfarrar recursos, esfuerzos y entusiasmos, es pura ineficiencia. Es extender la arbitrariedad porque estos directores también podrán elegir a dedo a su profesorado. Es crear problemas donde no los había, imponiendo directores que tienen que entrar en los centros escoltados por la guardia civil como ocurrió en el colegio Montelindo, un centro innovador sin exámenes ni deberes, donde las familias se amotinaron al grito de “Queremos a nuestra directora”. Uno de estos directores, el asignado al CEIP Miguel Hernández, ya ha renunciado en menos de 48 horas, tras ir al centro y conocer la situación provocada.

El objetivo de estas intervenciones autoritarias de la Administración del PP es la depuración ideológica para domesticar a la comunidad escolar. Es lo que necesitan para desarrollar la Ley Wert. Politizando los centros con direcciones que sólo respondan ante quienes les han designado, intentarán aplicar sus medidas injustas que son contestadas por todos los sectores. Pero una sociedad no se puede permitir una escuela antidemocrática y convertir ésta en una pirámide autocrática. La escuela pública debe contribuir a crear ciudadanos libres que participen en la sociedad aportando lo mejor de sí mismos. Para ello hay que entrenarse desde niños en un clima de convivencia en positivo. No se puede dejar algo tan importante como la educación en manos de quienes no creen en la gestión democrática de los centros.

AGUSTÍN MORENO 

domingo, 10 de julio de 2016

Que una mega presa no ahogue el pulmón del planeta

Hasta donde llega la vista, vemos árboles. Un océano de árboles de un verde tan intenso que sobrecoge, un tupido manto que no acaba nunca. Estamos sobrevolando el corazón del Amazonas, el pulmón del planeta.

Después de tres días viajando ayer llegamos al poblado Sawré Muybu, junto al Tapajós, el río sagrado. LosMundurukús habitan aquí desde hace cientos de años, respetando la naturaleza y los ciclos de la selva. Estamos en Mundurukàkia, como ellos la llaman, su tierra, la tierra de sus antepasados.

Para llegar al poblado hay que viajar por tierra, río y aire. En medio del Amazonas, pegado al río Tapajós, se encuentra este pequeño poblado donde viven unas 40 familias en sencillas cabañas de paja. Durante junio y julio sus apacibles vidas se han visto alteradas por las personas de Greenpeace que estamos trabajando aquí: más de 30 voluntarios de 13 países y staff de comunicación de todo el mundo. Pero están contentos. Saben que además de colaborar en la demarcación de sus tierras, lo que servirá para reclamarlas oficialmente ante el gobierno brasileño, cada una de las personas que vamos a vivir algunos días en su poblado somos altavoces de su lucha en nuestros países. Y saben que juntos somos más fuertes y podemos internacionalizar la protección de su tierra; enseñar al mundo que esta comunidad y sus habitantes están en peligro.

Más allá del río que les vio nacer, algunas empresas como Siemens, Iberdrola o Mapfre están interesadas en su territorio para construir la tercera presa más grande del mundo. Por eso esta semana estamos en este poblado mundurukú para apoyar su lucha, para gritar el mundo que hay que salvar el Amazonas, para impedir que se embalse un área de su territorio equivalente a la ciudad de Nueva York. Su lucha contra la presa Sao Luiz de Tapajós dura ya más de 10 años y, desde hace tres, Greenpeace les está apoyando para que su reclamo llegue al mundo entero.

La parte positiva: podemos detener este proyecto. ¿Cómo? Greenpeace trabaja ya en el terreno en un proceso de demarcación de sus tierras. Si el Gobierno brasileño reconoce su derecho a este territorio, el proyecto no podría seguir adelante. Por eso, también la presión internacional es fundamental. 
Une tu firma y pide que no se inunden sus tierras para construir una mega-represa. Para que a los Mundurukús se les reconozca el derecho a su tierra y para que el corazón del Amazonas siga respirando.

GREENPEACE

miércoles, 6 de julio de 2016

Medianero: “Es una alegría que más de 900 personas encuentren un empleo, pero este ni es estable ni en condiciones que sirvan para afianzar el futuro.”

El Coordinador Provincial de Izquierda Unida de Cuenca, Jacobo Medianero, ha valorado los datos del paro registrados durante este último mes de junio por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde se vislumbra una bajada de 942 personas registradas en las oficinas del antiguo INEM y un número total de desempleados de 14.648 en la provincia. Esta reducción, según Medianero, “genera, en primer lugar, una alegría por todas y cada una de las personas que hayan podido encontrar un empleo y que vean mejorar su situación económica.”

Una vez analizados los datos, continúa Medianero, “se encuentra una realidad que debería hacer que nuestros representantes políticos no se quedaran solo en la discusión de qué gobierno es el que más hace para que se produzca este dato y empiecen a trabajar, con todas y todos, para crear empleo estable, duradero y de calidad… lo contrario al que se ha generado.”

“Y es que los datos son tozudos, continúa Medianero, porque de 12776 contratos en la provincia solo 527 eran indefinidos, porque este dato se produce en un mes que, si bien este año ha sido más positivo el dato, se crea un empleo estacional relacionado con el sector servicios –verano- y campañas agrícolas, porque seguimos sin generar empleo en el sector secundario que pudiera dar estabilidad y un sueldo digno para vivir –algo imprescindible si queremos frenar la sangría de población, sobre todo de jóvenes.”
Por último, Medianero recuerda que este mes, además de las cuestiones anuales de estacionalidad, se une a que los planes de empleo de la Junta, Diputación y Ayuntamientos están “a pleno rendimiento. Estos planes son positivos y necesarios en el corto plazo, pero tenemos que empezar a caminar hacia el empleo que queremos crear a medio y largo plazo para no depender siempre de planes concretos o de campañas.”

martes, 5 de julio de 2016

Glifosato: la Comisión Europea aprueba que se siga utilizando



La semana pasada la Comisión Europea anunció su decisión de prorrogar la autorización del glifosato por un año y medio, hasta finales de 2017. Se redujo así un 90% el tiempo solicitado en la propuesta inicial, que pedía 15 años. Pese a la reducción de tiempo, no es una noticia que nos alegre. Es más, la consideramos totalmente imprudente. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de laOrganización Mundial de la Salud clasificó esta sustancia como “probablemente cancerígena para los seres humanos”. Además, presenta otros peligros para la salud humana como el hecho de que pueda actuar como un disruptor hormonal y es una grave amenaza para el medio ambiente y la biodiversidad. Consideramos que se debería haber aplicado el principio de precaución e imponer restricciones significativas para proteger la salud humana y el medio ambiente.

En cualquier caso, es importante entender todo lo que se ha conseguido en este proceso, gracias en buena medida a la presión popular. Lo principal: por fin se ha debatido exhaustivamente sobre los peligros del herbicida más vendido en el mundo (omnipresente en nuestras vidas) y se va a hacer una evaluación más rigurosa.

El segundo punto es que la propuesta de la Comisión Europea de reautorizar el glifosato por 15 años y sin ningún tipo de restricciones ha quedado muy mermada. Al final la ampliación se ha reducido a un año y medio y queda condicionada a la evaluación que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas realice sobre los efectos negativos del glifosato en la salud humana y el medio ambiente. Esta evaluación debe estar concluida antes del final de 2017.

Por último, la Comisión ha abierto un proceso paralelo donde recomienda que los Estados aprueben lo antes posible restricciones o la minimización del uso del glifosato. En particular que se prohíba un coformulante presente en casi todos los herbicidas a base de glifosato, la taloamina (peligrosa para la salud humana), se restrinja el uso del glifosato en prácticas de “desecación” (utilización del glifosato para adelantar la cosecha de los cultivos) y su utilización en parques públicos, zonas infantiles y jardines.

Nunca antes el glifosato, uno de los productos estrellas de la multinacional Monsanto, había sido tan cuestionado. Su futuro en la UE podría estar limitado a como mucho un año y medio. Y vuestra presión, con cientos de miles de firmas, ha sido fundamental para hacernos oír. Desde Greenpeace seguiremos presionando para que se desarrolle ya un plan de salida para este herbicida y se den los pasos para su eliminación. No queremos glifosato en nuestros campos, parques y alimentos. ¡Ayúdanos a lograrlo!

GREENPEACE

viernes, 1 de julio de 2016

Los paraísos fiscales ¿cómo pueden existir si tenemos al FMI, G7 y la OCDE vigilando?

LA CORRUPCIÓN SUPONE UN SOBRECOSTE Y AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

El volumen que manejan las guaridas fiscales es según la OCDE de 240.000 millones de dólares anuales. Durante muchos años. Ese volumen hace que las arcas públicas de todos los estados se debiliten y disminuya la progresividad fiscal.

En esta publicación no hay que argumentar el rechazo de lo que el propio capitalismo y sus rectores han creado y consolidado. Los paraísos o cuevas o guaridas fiscales (para señalar de forma más adecuada la ruindad de su objeto), están definidos por su opacidad –en lo que respecta a la ocultación de las personas físicas o jurídicas dueñas de los fondos depositados, y/o su origen, frecuentemente ligados a delitos-, y no pagar impuestos.

Los impuestos son una retracción de los ingresos de las personas para satisfacer los bienes y servicios públicos. El bienestar social, la educación, la sanidad, la previsión social, pero también la mutualización de limitar o hacer frente a riesgos sociales, ambientales o de seguridad, etc., se financian con impuestos. Hay una correlación entre impuestos y estado de bienestar. Porque si bien, los salarios, la negociación colectiva, son los ingresos directos de los trabajadores, los ciudadanos tienen otros ingresos ‘en especie’, los indirectos, que conforman todo un entramado de calidad de vida. Si no hay dinero, impuestos, se deterioran los servicios públicos, se privatizan –pasando al mercado y su distribución depende de la renta individual- o dejan de existir. Además, los impuestos facilitan una inversión colectiva que debe propiciar un desarrollo al país que favorece a todos y a su futuro.

La elusión fiscal de las multinacionales, cumplir la ley pero transferir los beneficios a territorios libres de impuestos, hace que éstas compitan deslealmente desde el plano fiscal con las pymes. Si McDonald's no paga impuestos, estará en mejor posición para expandirse que una pyme de restauración. Y eso nuestros rectores lo han apoyado. Pero las patronales, dirigidas por esas multinacionales, reclaman menor presión fiscal, pero obvian esa asimetría fiscal y no reclaman que las multinacionales paguen lo mismo que las pymes y así la ciudadanía más cercana, sus clientes, tengan un mayor nivel adquisitivo (salario directo e indirecto).
Hay otras derivadas económicas. El flujo financiero que pasa por la opacidad de los paraísos fiscales, por delitos y elusión fiscal de las multinacionales, vuelve a los circuitos financieros e industriales, por medio de fondos de inversión que practican el capitalismo especulador y de corto plazo que retuercen las relaciones laborales y fomentan la deslocalización.

El volumen que manejan las guaridas fiscales es según la OCDE de 240.000 millones de dólares anuales. Durante muchos años. Ese volumen hace que las arcas públicas de todos los estados se debiliten y disminuya la progresividad fiscal. Por eso, y por la guerra a la baja en los tipos fiscales al capital, cuando no a acuerdos específicos con multinacionales, como se ha visto en el país y periodo del actual presidente de la Comisión europea, Jean Claude Juncker.

La corrupción supone un sobrecoste y aumento de la deuda pública, alrededor de 120.000 millones de euros en la Unión Europea al año en detrimento del bienestar general. Ese hurto está amparado por la impunidad de las guaridas fiscales. Lo mismo se puede decir de otros delitos y negocios ilegales, tráfico de armas y personas, narcotráfico y delitos financieros.

Pero hay un gran volumen que transita por las guaridas financieras generados por empresas de gran prestigio, sean Google, Amazon, Microsoft, Apple, o empresas extractoras en los países en desarrollo o todas las meritorias primeras empresas españolas que cotizan en Bolsa que cuentan con 891 filiales en esas guaridas. No sólo es que haya evasión fiscal delictiva, es que los rectores económicos del FMI, el G7 y la OCDE y los gobiernos que las conforman han mirado a otro lado ante las prácticas de la elusión fiscal de las multinacionales y fraude de sus potentados con la necesaria complicidad del sector financiero. Y hay billones de dólares que no han sido declarados y han dejado de contribuir al bien común durante todos estos años.

Nuestros rectores económicos y legislativos han hecho leyes que facilitan crear empresas opacas impunes y salvaguardan la falta de transparencia financiera, siendo infructuosos los últimos intentos diseñados por la propia OCDE, quizá porque entre sus miembros, los países más ricos del mundo, cuentan con una importante entramado de centros que realizan ingeniería fiscal. Que el Primer ministro británico, ‘pillado’ en los papeles de Panamá, intente distraernos de su responsabilidad con una conferencia internacional contra la corrupción y, al mismo tiempo, no contemple eliminar la opacidad de 17 centros considerados guaridas fiscales, todos de soberanía británica (Jersey, Caimán,…) ni la forma de actuar de la propia City londinense dice casi todo del cinismo de los líderes. El presidente estadounidense Obama, a través del G7 mostró su preocupación por ese ‘fenómeno’, pero no puede mostrarse escandalizado por los papeles de Panamá cuando Estados Unidos rechaza compartir información bancaria, fiscal y financiera; la legislación financiera de Panamá esta plagiada de la del estado de Delaware, que le gana en domiciliación empresarial opaca -en un solo edificio de una planta figuran domiciliadas 285.000 sociedades; y este estado, junto con Dakota del Sur, Nevada y Wyoming son más opacos que los suizos y se disponen a ser anfitriones de las sociedades y potentados asustados de la brecha informativa de Panamá.

Todo esto hace que sea perentorio que la agenda política, sindical o de desarrollo contenga la lucha contra las guaridas fiscales. Desvelar el comportamiento de dirigentes empresariales, financieros, legisladores y gobernantes es fundamental. Movilizar a las Pymes contra sus desleales competidores. Compaginar la acción local, modificando la elección de los fabricantes de los productos que consumimos y cambiando nuestras cuentas bancarias a operadores financieros que no trabajen en guaridas fiscales; variar las condiciones en los concursos públicos locales para rechazar a empresas que tengan filiales o trabajen con guaridas fiscales, como lo acaba de hacer el Ayuntamiento de Barcelona o la región de Aragón, en el Estado español y en la propia negociación colectiva interesándonos por las actuaciones de las empresas donde trabajamos y plantear en nuestras organizaciones la lucha en ámbitos internacionales, reclamando el concurso de las Naciones Unidas.

Lo más rápido y fácil sería no dar personalidad jurídica a las empresas domiciliadas en los territorios de las guaridas, o gravar sustancialmente cualquier movimiento de fondos hacia o desde esos territorios.

Hay fórmulas para eliminarlos y mejorar la base imponible de todos los países. Falta voluntad política y para ello la ciudadanía debe exigir menos distracciones y ser más exigente con empresas, legisladores y políticos.