lunes, 29 de diciembre de 2014

IU denunciará ante la Comisión Europea la decisión de restringir el tratamiento con Sovaldi a los enfermos de hepatitis C que estén a punto de morir

La delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo va a trasladar a la Comisión Europea la decisión de algunas Comunidades Autónomas de limitar los tratamientos con sofosbuvir (Sovaldi) únicamente a aquellos enfermos de hepatitis C que estén en riesgo de morir. Así lo ha afirmado la portavoz en la Eurocámara, Marina Albiol, que se pregunta “para qué queremos Unión Europea si mira hacia otro lado en un tema tan claro de falta de respeto por los derechos humanos”.
Las movilizaciones y presiones de las asociaciones de afectados por la hepatitis C consiguieron forzar al Gobierno del PP y al Ministerio de Sanidad a negociar con la farmacéutica que comercializa el Sovaldi y, tras reducir su coste por tratamiento de 60.000 euros a 25.000 euros, lo incluyó en las listas de medicamentos financiados por la sanidad pública.
Sin embargo, como la última decisión en materia de Sanidad recae en las Comunidades Autónomas, que correrían con los gastos, muchas han decidido crear comités de trabajo para analizar cada caso y administrar el medicamento sólo a aquellos pacientes que estén en riesgo inminente de fallecer, primando el criterio económico por el médico.
“Se está negando a muchos enfermos de hepatitis C el tratamiento con Sovaldi por una cuestión económica, no médica. Basar las decisiones médicas en criterios económicos es una aberración”, dijo la eurodiputada de IU
Albiol cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aceptó las peticiones de las asociaciones de afectados por una cuestión de imagen y a sabiendas de que después el desembolso para las administraciones públicas no sería tal porque se filtrarían los casos. Por eso, anunció que "IU va a denunciar ante la Comisión Europea que el Gobierno del Estado español está vulnerando derechos fundamentales de los pacientes y en este caso el más fundamental, que es el derecho a la vida”.
Sólo en 2013 unas 4.000 personas fallecieron por hepatitis C en España. El tratamiento con sofosbuvir está demostrado que puede llegar a curar el 90% de los casos.


sábado, 27 de diciembre de 2014

Jose Luis Centella denuncia el “cinismo político y el desinterés del Gobierno del PP para defender los derechos de las víctimas del franquismo” al incumplir las recomendaciones de la ONU

El portavoz parlamentario de La Izquierda Plural y Secretario General del PCE  recibe una respuesta escrita del Gobierno sobre este tema casi dos meses después de registrar su pregunta y la tacha de “insuficiente e hipócrita”

El portavoz parlamentario de La Izquierda Plural, José Luis Centella, denuncia el “cinismo político y el evidente desinterés del Gobierno del PP para defender los derechos de las víctimas de la dictadura franquista”. Éste ha quedado ahora patente una vez más a raíz de la respuesta escrita dada la semana pasada por el Ejecutivo, tras la iniciativa parlamentaria en este sentido que registró Centella casi dos meses antes.
 

El diputado de Izquierda Unida por Sevilla tacha de “insuficiente e hipócrita” esta respuesta del Gabinete de Mariano Rajoy a su solicitud para aclarar la valoración hecha por Moncloa sobre las recomendaciones que realizó el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, en relación al tratamiento que están recibiendo las víctimas de los crímenes de la dictadura franquista.

Para Centella, “el Gobierno del PP sigue eludiendo de forma flagrante su obligación de propiciar la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la etapa franquista. Además, el Ejecutivo sigue abonado al insulto, cargado de cinismo político, al recurrir a la Ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica, como coartada y medida de autoprotección ante estas acusaciones, cuando la realidad es que el contenido de esta norma se ha barrido bajo la alfombra y no existe un solo euro en los Presupuestos desde el año 2011 para su desarrollo”.

El parlamentario de IU señala que “es el propio Gobierno quien reconoce en su respuesta que no existe cobertura para todas las víctimas del franquismo, aunque afirma ‘tomar nota’ de algunas de las observaciones realizadas por el relator en su informe. Sin embargo, en la práctica no es difícil comprobar que no ha presentado ninguna iniciativa al respecto, lo que evidencia que no tiene voluntad de cumplir estas indicaciones de Naciones Unidas”.

José Luis Centella recuerda al Ejecutivo de Rajoy que “la recuperación de la memoria democrática de este país debe contemplar como labor fundamental la reparación de las víctimas. Ésta debe ser, sin duda, una labor institucional y de nada vale firmar convenios internacionales para luego no reconocer crímenes de lesa humanidad a determinadas víctimas, como son las que soportaron durante décadas la represión franquista.

“El Gobierno del PP -advierte- está empeñado en imponer una reinterpretación de la normativa internacional totalmente carente de imparcialidad o, directamente, decidido a no aplicarla”.

Esta última respuesta escrita del Gobierno cae, en sí misma, en contradicción al asegurar que ‘las leyes en vigor, con el esfuerzo añadido acometido en esta legislatura, garantizan la protección de cualquier víctima de cualquier delito, así como la memoria de las mismas, también por hechos producidos en periodos pretéritos caracterizados por la falta de libertades’, para asegurar en el párrafo siguiente el ‘carácter fundamental que en un Estado de Derecho reviste la exquisita observancia de los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal’. 
 

A la vista de estos hechos y explicaciones, José Luis centella ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que explique en el Congreso en qué grado de cumplimiento se encuentran las recomendaciones incluidas en el citado informe del relator especial de la ONU. Además, a la espera de estas explicaciones, “Izquierda Unida se reserva el derecho a solicitar el amparo de las correspondientes instancias internacionales en el caso de que el Gobierno del PP no desarrolle íntegramente las indicaciones ya expresadas por Naciones Unidas”, detalla el diputado de IU.


jueves, 25 de diciembre de 2014


IU considera que la educación de 0-3 años debería ser de oferta obligatoria y gratuita


IU apuesta por la educación infantil de 0 a 3 años en todos los centros educativos públicos de oferta obligatoria y gratuita, de tal forma que cubra toda la demanda de plazas escolares, pues la etapa de infantil es la decisiva para reducir las desigualdades de origen y el fracaso escolar.


El reciente estudio de la Obra Social La Caixa, Aprendizaje y ciclo vital. La desigualdad de oportunidades desde la educación preescolar hasta la edad adulta, dirigido por profesores y profesoras del Departamento de Sociología de la UNED, demuestra que la educación infantil es una etapa crucial, que influye directamente en los resultados posteriores de los niños y las niñas, reduce desigualdades de origen y es un potente remedio contra el fracaso escolar, puesto que las personas adquieren conocimientos y actitudes muy deprisa al comienzo de su vida, y luego este proceso se va ralentizando.

Esta investigación demuestra que cada año adicional de asistencia a la Educación Infantil otorga entre 4 y 7 puntos extra. El efecto es doblemente positivo para el alumnado de familias socioeconómicamente más desfavorecidas: obtienen un 100% más de beneficio que otros niños y niñas de familias con más recursos.

Por lo tanto, como demuestra esta investigación, es prioritario invertir y reforzar la educación infantil, pues aunque se suele atribuir el fracaso escolar a la educación secundaria, que es cuando se produce, son las etapas anteriores la clave para prevenirlo.

Debemos orientar las políticas educativas en sentido radicalmente distinto a cómo las está planteando el PP, cuyo ministro de educación, Wert, afirmaba que la educación de 0 a 3 años, “no es educación, es básicamente conciliación”. Este enfoque se ha plasmado en los Presupuestos Generales del Estado durante el mandato del PP, cuya partida para Educación Infantil y Primaria ha pasado en cuatro años de 263 millones de euros a 158 millones, cerca de un 40% de recorte.

Frente a ello, IU viene reclamando, junto a profesionales y colectivos como la Plataforma por la educación infantil de 0 a 6 años, una red pública suficiente y gratuita que atienda toda la demanda educativa desde los 0 años.

martes, 23 de diciembre de 2014

 Estimados compañeros y camaradas:
       El próximo sábado día 27 nos reuniremos, al mediodía,  en la sede de Izquierda Unida para recordar a la compañera que se nos fue, Carmen la Francesa.
        Lo haremos como a ella le gustaría, con comida, bebida, llamamientos a la lucha a la reivindicación permanente con canciones revolucionarias pero también con Edif Piaf y copla…
        Todos sabemos como era Carmen, este escrito intenta reflejar su letra, esa letra picuda gótica florida  que todos recibíamos en nuestras casas, ya fuera para recordarnos que debíamos una cuota, como para mandarnos los bonos, insistiendo año tras año lo importante que era su venta para el sostenimiento del partido, como la lotería de navidad.
        Carmen era la mujer identificada con el Partido Comunista en Cuenca. Era la mujer que proclamaba su militancia con orgullo, que se reivindicaba de la izquierda  y confrontaba con quien hiciera falta.
        Carmen era una mujer generosa, la política no le dio nunca nada material, nunca obtuvo rentas de ella, todo lo contrario, su casa sirvió durante mucho tiempo de pensión para muchos militantes, proporciono sede al Partido con una renta exigua,  su dinero era el primero para invitar a sus compañeros y las derramas, cuando las había,  ahí estaba ella.
        Carmen era una mujer trabajadora, durante años abrió diariamente la sede del PCE, dispuesta a trabajar en todas las campañas electorales, pegando carteles, rellenando sobres, yendo en aquellas candidaturas cuando hizo falta…
        Carmen era una leal. Reconocía perfectamente a sus compañeros y nunca jamás traicionó a ninguno.
        Carmen era honrada.  Fue honrada en lo personal, fue honrada en lo político fue honrada en lo material.
        Carmen fue amiga de sus amigos y sus camaradas y compañeros eran amigos y así los trataba.
         Carmen no vio transformada la sociedad capitalista, tampoco vio que su partido obtuviera esos apetecidos y trabajados  resultados electorales, pero eso nunca la desanimo, ni quebró su ideología, ni su lucha. Solamente marcho cuando la enfermedad y la muerte se lo impusieron, pero os puedo asegurar que no fue por voluntad propia, lucho hasta el último minuto.
         Yo estoy segura, y la conocía bien, que este pequeño homenaje a ella le llenaría de satisfacción en un doble sentido primero porque hará posible que nos juntemos compañeros que es posible que llevemos años sin vernos y en segundo lugar porque terminaremos hablando de política, aunque entre medias comamos, cantemos y brindemos por ella.
 Ya sabéis que llevaremos cada uno lo que podamos, pero el que no pueda por la razón fuere, que se acerque que seguro que habrá para todos y si no se comparte.
         Por nuestra Carmen y por su memoria os espero, Un abrazo, salud y república,

Fdo: Elena Iniesta Lozano

domingo, 21 de diciembre de 2014


¡Victoria! Los 17 de Cofrentes no irán a la cárcel
Ha sido el juicio más duro de toda la historia de Greenpeace España. Se  enfrentaba a una multa de casi 360.000 euros y, lo peor, 17 personas se enfrentaban a cerca de tres años de cárcel.Finalmente, la sentencia ha reconocido lo que Greenpeace llevaba años diciendo: la acción fue totalmente pacífica, no se lesionó a nadie, no se generó ningún desorden público. El único delito que recoge la sentencia para los 16 activistas es el de la rotura de la valla y otros daños menores. Esto significa que la multa inicial solicitada por Iberdrola y las acusaciones de 357.371 euros se rebaja hasta 19.512 euros. El fotoperiodista independiente, cuyo único “delito” fue hacer su trabajo, documentar un acto de protesta y ofrecer sus imágenes a los medios de comunicación, ha sido absuelto de todos los cargos.

Ahora hay que esperar a que sea sentencia firme pero de momento se ha logrado la primera victoria ante quienes intentaban criminalizar el activismo ecologista. Han fracasado en su intento, aunque sabemos que lo volverán a intentar, y estamos convencidos de que volverán a fracasar porque no nos van a callar, porque Greenpeace es la voz de los millones de personas que lo forman. Y no se puede callar a millones de personas. Ni con amenazas de multas millonarias, ni con amenazas de penas de cárcel.

viernes, 19 de diciembre de 2014



El PCE, quiere recordar a “Pasionaria” y con tal motivo le hará un homenaje el próximo sábado 20 de diciembre, en el Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega 40, Madrid) de 12.00 a 14.00 horas.


 Hace 25 años, un 16 de noviembre de 1989, comunistas con carné y sin carné, republicanos, demócratas que compartían y luchaban por los valores de Dolores Ibárruri “Pasionaria”, se unían en la calle con decenas de miles de personas, que desde la pluralidad ideológica admiraban y respetaban la dignidad y valentía de esta mujer que marcó la historia del siglo XX, no sólo en España, sino en todo el mundo.

Hoy a Pasionaria la conocen y reconocen en todo el mundo. Sigue siendo el símbolo de la España Republicana y de lucha contra los valores del fascismo, que resurgen en Europa.

Miles de personas se unieron para despedir a la mujer que paraba desahucios antes, incluso, que se creara la PAH; a la mujer que abría la puerta de la cárcel a los mineros asturianos. A la mujer feminista, valiente, luchadora, desde la retaguardia y desde el frente, la que durante tantos años fue el símbolo de la libertad, de la democracia, de la justicia y del socialismo.

Sin la figura de Dolores Ibárruri no se entendería la Historia de España del siglo XX, ya que sigue siendo un símbolo de la lucha de tantas personas anónimas, porque hay similitudes entre la realidad que vivimos y las circunstancias que llevaron a esta mujer a ponerse junto a las gentes que no se resignaron. Como ayer, los comunistas seguimos su camino, porque esta es una lucha colectiva, y seguimos combatiendo ante las injusticias y desigualdades del sistema capitalista.

Con este acto el PCE quiere dejar claro que “Dolores vive”, que los valores por los que luchó continúan estando vigentes, que la unidad por la que luchó Dolores para combatir el fascismo, es la unidad con la que tenemos que seguir luchando hoy.

lunes, 15 de diciembre de 2014

Las organizaciones que ejercen la Acusación Popular en el "caso Bárcenas-PP" denuncian que apartar al juez Ruz "es el colofón a los múltiples obstáculos puestos a la instrucción"




Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad anuncian “movilizaciones y actos de protesta para que trascienda públicamente esta escandalosa situación, que pone en evidencia cómo han trabajado el PP y sus responsables en un buen número de las instituciones que controla para conseguir que los presuntos delitos queden impunes”
Las organizaciones que ejercen conjuntamente la acusación popular en la denominada ‘Querella Bárcenas’ o ‘Caso Bárcenas-PP’ - Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad- denuncian los “múltiples obstáculos que se vienen desarrollando en este proceso judicial y que ahora culminan apartando al magistrado Pablo Ruz de la instrucción”.
Estas organizaciones anuncian su intención de promover “movilizaciones y actos de protesta para que trascienda públicamente esta escandalosa situación, que pone en evidencia cómo se trabaja desde determinadas instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes”.
El 28 de febrero de 2013, hace ya casi dos años, las citadas organizaciones y asociaciones registraron ante la Audiencia Nacional la querella criminal contra varios altos responsables del Partido Popular y presidentes de grandes compañías constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados ‘Papeles de Bárcenas’, publicados un mes antes, acción que dio pie a la apertura de una pieza separa en relación a este caso concreto que se instruye desde entonces.
El ingente trabajo acometido por la acusación popular, así como la instrucción desarrollada por Ruz, han permitido acreditar 59 apuntes de los recogidos en los ‘papeles’ del ex tesorero del PP que se encuentra en prisión preventiva, así como imputar a 31 personas y que se haya podido dar como acreditada la existencia de una ‘contabilidad B’ en el partido que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy. “Pero no es menos cierto que las dificultades impuestas durante toda esta etapa por el propio PP y por sus responsables en un buen número de las instituciones que controla han hecho muy difícil este trabajo”, señalan los querellantes.
Recuerdan que, para empezar, se optó por sumar la ‘Querella Bárcenas’ al ‘Caso Gürtel’, que se instruía desde años antes, “para tratar de evitar así que cayera en manos del juez Gómez Bermúdez, no sin flagrantes irregularidades y saltándose los criterios de reparto de casos de la Audiencia Nacional”. Además, estas asociaciones que ejercen la acusación popular inciden en que “el ministerio fiscal ha venido trabajando más como  defensa de los imputados que en su verdadero papel como garante de los intereses colectivos”.
Los querellantes destacan también que “no puede olvidarse que durante esta accidentada y compleja instrucción se han producido nada menos que tres sustituciones en la cúpula de la UDEF (Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía), presumiblemente para conseguir un mayor control gubernamental sobre lo que se investigaba”.
“No queremos que pasen desapercibidas otras maniobras del Partido Popular -denuncian-, como las ‘misteriosas’ desapariciones de agendas y los registros de ingresos en la sede madrileña del PP, o el formateado y desaparición de discos duros de ordenadores con contenidos que incidían directamente en esta causa. Tampoco la persistente resistencia a entregar la información solicitada por el magistrado instructor, hecho que llevó a Ruz a ordenar el registro de la sede central del PP en la calle Génova”. A todo ello hay que sumarle las propias amenazas de alguno de los imputados contra determinados representantes de la acusación popular, concretadas en algunos casos en querellas, que finalmente no han tenido ningún éxito, como es el caso del político asturiano en activo y ex alto cargo del PP Francisco Álvarez-Cascos.
“A pesar de todas estas trabas, las cinco organizaciones querellantes hacemos un balance positivo de lo conseguido hasta ahora. Mientras, desde el PP y desde el Gobierno de Rajoy hacen una lectura contraria al comprobar cómo los casos de corrupción que presuntamente muestran los ‘Papeles de Bárcenas’ acorralaban a destacados dirigentes ‘populares’ y responsables de constructoras. Valoramos que ahí está la clave del cese en tres meses del juez Ruz, que es lo que realmente ha decidido en Comisión Permanente el Consejo General del Poder Judicial”, afirman.

Añaden que “Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y la Federación de Los Verdes, junto a las 27.000 personas que han apoyado públicamente la querella, comprobamos ahora una vez más con estupefacción cómo destacados representantes del poder político y económico maniobran para que la Justicia no les alcance. No vamos a permitirlo. De ahí los actos de denuncia pública que llevaremos a cabo para que trascienda cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes. La querella ha permitido apuntar con claridad a quiénes son los auténticos responsables de la crisis, a los culpables de la enorme transferencia de dinero público y privado realizada a unos pocos bolsillos a través de actividades ilícitas”.

domingo, 14 de diciembre de 2014

La ley Mordaza es aprobada en el Congreso con la mayoría absoluta del PP y la oposición del resto de las fuerzas

Izquierda Unida se compromete a derogar la ley en cuanto sea posible, lo mismo que el resto de la oposición.

El PP sacó adelante en el Congreso de los Diputados con sólo su mayoría absoluta la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (“Ley Mordaza”) que constituye un aparato legal cuya finalidad es criminalizar la protesta social y democrática. La Ley tiene numerosos aspectos que podrían considerarse  anticonstitucionales, comenzando por el concepto de “manifestación autorizada”, que no existe constitucionalmente. Numerosos expertos consideran que la Ley es un ataque a los derechos de manifestación y huelga y establece un salvoconducto para el desconocimiento público de posibles actuaciones ilegales de las fuerzas de seguridad, al sancionar cualquier grabación sobre las mismas, vulnerado así el derecho a la información. 

En su intervención en el Congreso, Ricardo Sixto, portavoz de la Izquierda Plural, ha señalado que estamos ante una nueva “jornada infausta para la democracia española” calificando el proyecto de ley de seguridad ciudadana como “una barbaridad legal” y “un despropósito”. “Esta ley limita el derecho de manifestación, de reunión y el funcionamiento libre de los piquetes sindicales”.

El Grupo de la Izquierda Plural se amordazó en la interveción de su representante en la tribuna, permaneciendo así y con las manos en la espalda, hasta que el presidente de la Cámara les llamó al orden por segunda vez, con amenaza de expulsión del debate. Por otro lado, el más importante giro conceptual desde el punto de vista jurídico es que muchas acciones pasarán de ser juzgadas por un tribunal donde se presupone la inocencia del acusado y hay que demostrar su culpabilidad a una falta sancionada con multa por la autoridad administrativa, ante la que la declaración de cualquier funcionario es reputada como veraz y, por tanto, en el mejor de los casos toca al sancionado demostrar su inocencia. Las multas se elevan hasta límites inasumibles para quién no sea millonario (30.000 euros, por ejemplo, por intentar impedir un desahucio). Los recursos contra estas sanciones deberán verse ante las salas de lo contencioso-administrativo que tardan años en emitir sus autos y ante las que hay que pagar importantes tasas.





miércoles, 10 de diciembre de 2014

La Plataforma por una Comisión de la Verdad denuncia la “gran vergüenza democrática” española. (infolibre)
Casi cuarenta años después de la muerte de Franco “todavía no se ha dado ningún paso” para reconocer los crímenes cometidos durante la dictadura y los derechos de las víctimas. Así lo ha recordado este miércoles la Plataforma por una Comisión de la Verdad coincidiendo con el Día InternacIonal de los Derechos Humanos.

El Gobierno de Mariano Rajoy no quiere hablar de los
 más de 150.000 desaparecidos durante el franquismo, ni de los miles de niños robados, ni de los más de 500.000 exiliados, ni de los miles de españoles que murieron en el campo de concentración de Mauthausen (Alemania).

"
Los españoles llevaban el triángulo apátrida en los campos de concentración alemanes", recordó una de las víctimas del franquismo exiliada social, desde niña, en Francia. "Creemos que es importante que se conozca la historia tal como fue. Los jóvenes tienen derecho a conocer su historia".

La organización exige al Gobierno que escuche a los organismos internacionales, “cumpla sus obligaciones” y se ciña a las resoluciones que la ONU le ha trasladado desde hace años.
 “Somos la gran vergüenza democrática de Europa”, denunció Jordi Gordon, el responsable de prensa de la Plataforma por una Comisión de la Verdad.

La plataforma ha rememorado cómo se vulneraron todos los artículos de la Declaración de Derechos Humanos durante el franquismo y se cometieron “
crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad” que todavía siguen impunes.

La Asamblea General de Naciones Unidas
 calificó en 1946 la dictadura de Franco como “un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”. Encubrir los crímenes del franquismo y no querer reconocerlos es una de las formas de seguir en un régimen fascista, según la Plataforma por una Comisión de la Verdad.

Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1973 la
 resolución 3.074, que establecía que las personas culpables de crímenes de lesa humanidad“serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”. El mismo documento dice que los Estados “cooperarán bilateral y multilateralmente” y “se prestarán ayuda a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento” de los culpables de los crímenes.

En diciembre de 2005, la Asamblea dictó, en la
 resolución 60/147, que los Estados miembros tienen “la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. En la misma, se aprobó que entre los delitos “no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario”.

En 2013, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada
 emitió un informe en el que expresaba su preocupación por la situación de desamparo en la que se hallan las víctimas del franquismo. Dicho informe instaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a “cumplir su obligación” y buscar a los desaparecidos durante la dictadura y la guerra civil.

Según la Plataforma por una Comisión de la Verdad, en la actualidadexisten 2.382 fosas localizadas y sin exhumar, en las que se calcula que hay un mínimo de 45.000 personas. Encubrir los crímenes del franquismo y no querer reconocerlos es una de las formas de seguir en un régimen fascista, subraya la organización.



lunes, 8 de diciembre de 2014

Centella acusa al Gobierno de ser “el abanderado del lobby de las eléctricas” y denuncia que el PP “vuelva a negar” una comisión para investigar el “regalo de 3.400 millones de euro“
que les hizo.




El portavoz del grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA critica que ese “regalo” se haya hecho “a costa de los españoles” en unos momentos en los que “son millones los que sufren la pobreza energética”, y tacha de “indignante que se regalen miles de millones a las eléctricas mientras la gente no puede cubrir esa necesidad”.

El diputado de IU y portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, José Luis Centella, ha acusado hoy al Gobierno de estar actuando como “el abanderado del lobby de las eléctricas” y ha denunciado que el Partido Popular “se haya vuelto a negar” a poner en marcha una comisión parlamentaria para investigar el “regalo de 3.400 millones” que el propio  ejecutivo les hizo. Centella ha criticado ese “regalo” se haya hecho “a costa de los españoles”, en unos momentos en los que “son millones los que sufren la pobreza energética”, por lo que ha tachado de “indignante que se regalen miles de millones a las eléctricas mientras la gente no puede cubrir esa necesidad”.

En la habitual rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados tras la reunión de la Junta de Portavoces, Centella ha criticado al Partido Popular por negarse de nuevo a constituir una comisión de investigación sobre los motivos por los que no se ha reclamado la cantidad cobrada de más por las compañías eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia. “Vamos a pasar a la legislatura con un record de comisiones denegadas y ninguna aprobada”, dijo, al tiempo que reprochaba al PP que ni siquiera hubiera permitido que la petición fuera a Pleno para que allí pudiera debatirse sobre su creación.

Preguntado acerca del nuevo ministro de Sanidad y ex portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso, Centella advirtió de que continuará con “la misma política de privatizaciones y copagos” de su antecesora, porque este es “un Gobierno agotado y fracasado”, y “no se puede cambiar de ministro sin cambiar de política”. A su juicio, la gestión de la anterior titular del ministerio, Ana Mato, ha sido “el paradigma” de este Gobierno que, “en cuestión de género, ha sido negligente cuando no retrógrado”. Según el parlamentario andaluz, hemos asistido a “una de las peores políticas de sanidad de la democracia” que ha dejado “el listón muy bajo”. Para Centella “estamos ante un Gobierno que debería dar paso a la ciudadanía y a unas elecciones anticipadas”.

sábado, 6 de diciembre de 2014


Sixto exige la “desaparición” de las empresas de trabajo temporal, a las que responsabiliza de la “terrible explotación laboral” que sufren los trabajadores agrícolas.


El diputado de IU por Valencia defiende en el Congreso una moción para acabar con la “situación de semiesclavitud de trabajadores agrarios” y señala circunstancias como la de que “las empresas encargadas de recoger la naranja manden poner a los trabajadores carteles de ‘Españoles, no’, porque así pueden explotar mejor a los trabajadores extranjeros”.

Durante su intervención, el parlamentario valenciano ha acusado directamente a las empresas de trabajo temporal de “sostener la explotación laboral de los trabajadores”. Tras mostrar diferentes recortes de prensa con noticias relacionadas con este asunto, señaló la “baja calificación” de España en el ‘Global Slavery Index’, el índice anual que mide la esclavitud y la explotación laboral en el mundo. Argumentó que en el ámbito laboral agrario español hay una “situación anómala de corrupción generalizada y de explotación de los trabajadores”.

Sixto destacó el “panorama terrible del campo valenciano” y se refirió expresamente a la campaña de recogida de la naranja en esta comunidad. Criticó que la situación es “terrible”, sobre todo para los trabajadores, que “son mayoritariamente extranjeros y doblemente explotados”.

Esta situación “da lugar a situaciones paradójicas -dijo-, como la de que las empresas encargadas de recoger la naranja manden poner a los trabajadores carteles de ‘Españoles, no’, porque así pueden explotar mucho mejor a los trabajadores extranjeros. Se les va a buscar con una furgoneta de madrugada a las plazas de los pueblos para decirles ‘tú trabajas, tú no trabajas’, y lo hacéis en todo caso por 20 euros por toda la jornada completa”. Al final, “los trabajadores tienen que echarle horas y horas, para no llevarse a casa más que una miseria”.

Sixto, que ha denunciado también el fraude cometido por las empresas al no cotizar a la Seguridad Social, añadió que “estamos en un sistema permitido y amparado, un sistema en el que determinadas ETTs están a las órdenes de determinadas empresas comercializadoras que sistemáticamente contratan sus servicios”.

“Estamos en un círculo de explotación –afirmó- que no se puede romper por ningún lado. El primer elemento que permite la existencia de ese círculo vicioso de la explotación sistemática es la propia existencia de las empresas de trabajo temporal”.  Durante su defensa de esta moción – que con toda probabilidad será rechazada por el PP-, Sixto valoró que los sindicatos han puesto ya de manifiesto la existencia de “auténticas tramas que la inspección de trabajo, por mucha labor que desarrolle, no puede desmantelar”. Por ello, detalló algunas medidas que el Gobierno debería adoptar para atajar la situación, comenzando por “aumentar la dotación de la inspección de trabajo, no sólo de inspectores sino también de subinspectores, y de la ayuda técnica que necesiten para desarrollar su labor”.

Además, Ricardo Sixto ha señalado la necesidad de “aumentar los mecanismos administrativos de control que eviten el fraude” y de “incrementar los controles a través de la Seguridad Social”. A su vez, ha instado al Ejecutivo del PP a elevar los controles “cruzando las toneladas que acaba facturando cualquier empresa de producción con el número de contratos que ha realizado para recoger esas mismas toneladas”, ya que “cuando se cruzan ambos datos es cuando se ve el volumen de fraude en el que se está desarrollando el trabajo agrícola en nuestro país”, ha explicado.

También ha incidido en la exigencia de “acabar con toda una política de fortalecimiento de las agencias privadas de colocación y favorecer el crecimiento de los servicios públicos de empleo.

jueves, 4 de diciembre de 2014

POR UN AVANCE DEL PROCESO CONSTITUYENTE
HACIA LA III REPUBLICA

El próximo 6 de diciembre se cumple 36 años de la entrada en vigor de la Constitución Española, y podemos afirmar que el modelo de Estado y de Gobierno surgido de la llamada Transición está roto: La Constitución de 1978 declara derechos que nadie garantiza (vivienda y trabajo dignos, servicios público de calidad y de acceso universal, redistribución de la riqueza nacional, etc.), y en tiempos difíciles como los actuales hace recaer todo el peso sobre las familias trabajadoras, liquidando la democracia formal en favor (y por manos) de la dictadura de los mercados.

La actual crisis económica capitalista, las contradicciones acumuladas por el procesos autonómico, la particular cuestión de la ley sucesoria, la corrupción económica y del sistema jurídico, la creciente desigualdad social pueden crear la oportunidad para un cuestionamiento de todos estos déficits y, por tanto, de la forma de Estado. Ahora, se trata de configurar una alternativa Republicana y avanzar en el proceso constituyente que nos traiga la III República, que va a posibilitar una Jefatura democrática del Estado pero que, sobre todo, está llamada a acortar la brecha social entre ricos y pobres, a restablecer los derechos que nos están robando y a constitucionalizar otros nuevos que también reivindicamos.

Si este avance, no se produce impulsado por la lucha social, por la elevación de la conciencia crítica y por un sentido histórico de la necesidad de un cambio social profundo, será un cambio superficial. Cuando hablamos de la III República, debemos hablar de derechos y obligaciones, de democracia participativa y de estado social, de educación pública, libre, gratuita y laica, de salud para todo el mundo desde la red pública mejorada y articulada, desde la radical concepción de que la paz puede crear vida, riqueza y futuro, nunca la guerra, desde la convicción de que el cambio histórico que hemos hecho juntos las personas y pueblos que vivimos en España, debe continuar en el presente y en el futuro, con el objetivo nunca alcanzado pero imprescindible, de que el internacionalismo solidario construya otro mundo posible.

El PCE considera que es posible crear la fraternidad de los pueblos y personas en torno a la justicia la igualdad y la paz.

Para el PCE, proceso constituyente hacia la III Republica, debe ser la base para la construcción del socialismo. Hablar de III República es hablar de Memoria Histórica, de memoria democrática.

El PCE seguirá trabajando para logar la anulación definitiva de TODOS los juicios y sentencias del franquismo, como consecuencia de la condena que la Ley de Memoria Histórica hace de la dictadura y sus consecuencias y por la recuperación de la memoria colectiva de los vencidos en la guerra civil como parte integrante de nuestro pasado reciente y por el derecho democrático del conocimiento de la verdad.

En este debate situamos nuestra apuesta Republicana que debe ser definida en positivo y en la perspectiva de construir un movimiento republicano amplio que nos permita integrar en la lucha por la IIIª República a amplios sectores de la población, fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras.

El Partido Comunista de España llama a todos/as sus militantes y a todas sus
organizaciones a estar presente en las movilizaciones que se han convocado en torno al 6 de Diciembre y en Madrid a la concentración que tendrá lugar a las 12:00 horas en la Puerta del Sol. Además el PCE llama a todos y todas sus militantes de todo el Estado a ir preparando las fuerzas de cara a la manifestaciones y actos republicanos a celebrar en el mes de abril y a seguir impulsando la JER como movimiento unitario a favor de la República.

En este debate situamos nuestra apuesta Republicana que debe ser definida en positivo y en la perspectiva de construir un movimiento republicano amplio que nos permita integrar en la lucha por la IIIª República a amplios sectores de la población, fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras.