La transición energética pasa por abandonar las nucleares y el carbón a corto plazo

Ecologistas en Acción exige que el gobierno emprenda el camino hacia un modelo energético basado en energías limpias y renovables para cumplir los Acuerdos Climáticos de París, proteger el medioambiente y los recursos, generar riqueza y empleo, y abaratar la factura de la luz.

El debate energético está de rabiosa actualidad, puesto que la UE exige a sus estados que presenten una estrategia para cumplir los Acuerdos Climáticos de París a principios de 2018. Este compromiso fuerza a reformular profundamente el modelo energético, puesto que hay que alcanzar importantes reducciones de emisiones de gases de invernadero para 2030. De todos los combustibles fósiles, el carbón es el que provoca más emisiones de dióxido de carbono por energía producida.

Por si esto fuera poco, los permisos de funcionamiento de las centrales nucleares españolas expiran entre 2020 y 2024, así que el gobierno ha de tomar decisiones en esta misma legislatura sobre el papel que ha de jugar esta energía, puesto que en verano de 2020 caducan los permisos de Almaraz I y II (Cáceres) y de Vandellós II (Taragona).

Por tanto, el tiempo que se acerca requiere de importantes decisiones por parte del gobierno español, decisiones que deberían tomarse pensando en el bien común y no sólo en el beneficio de sectores económicos tan poderosos como las compañías eléctricas y los bancos de inversión.

La explotación de las centrales nucleares amortizadas es un excelente negocio para las empresas eléctricas y sus grandes inversores, como los bancos de inversión, que no genera beneficio alguno para el país. Pero además, es un negocio rentable después de décadas de protección política y de subvenciones más o menos encubiertas en forma de Costes de Transición a la competencia, de la Moratoria Nuclear, del pago de la gestión de los residuos y del stock del uranio. En el mercado marginalista español, el precio del kWh nuclear se paga en promedio a unas tres veces lo que cuesta producirlo, y de ahí el interés en que sigan funcionando las centrales. Las centrales nucleares son en España un verdadero freno para el desarrollo de las energías renovables, puesto que no es viable técnicamente un mix eléctrico con una producción del 22 % de electricidad nuclear, que funciona en base, no se regula y no es flexible.

Además, no hay que olvidar los problemas ambientales que ocasionan las centrales nucleares, los cuales, por sí mismos, suponen suficiente argumento para abandonar esta fuente de energía: contaminación, riesgo de accidente y generación de residuos radiactivos.

La opción por un modelo basado en renovables debe ir acompañada por un cierre escalonado de centrales nucleares. La decisión de prolongar su funcionamiento hasta los 50 o 60 años favorece claramente a poderosos sectores económicos, aunque los perjuicios de la energía nuclear los suframos todos.

El problema de las retribuciones a las diferentes fuentes de energía es clave en este debate, pues determina qué tecnologías serán las protagonistas y qué agentes ganarán más o menos dinero. Los intentos para fijar precios ventajosos garantizados para la energía nuclear que se han producido en Reino Unido, han chocado una y otra vez con el Consejo de Competitividad Europeo que no aprueba la ventaja de este sector empresarial. Pero el Gobierno español no tiene de qué preocuparse, porque el consejo nunca ha puesto su lupa sobre la financiación de las nucleares españolas.

En la estrategia para cumplir el Acuerdo de París, que debería suponer una auténtica transición a un nuevo modelo energético 100 % renovable y limpio, el Ministro Álvaro Nadal y su secretario de Estado, Daniel Navia, ya hablan sin rubor de mejorar los pagos a las grandes eléctricas cambiando el protocolo de las retribuciones por inversión, suavizando la reducción reglamentada actualmente por la caída de los tipos de la deuda española. Ecologistas en Acción exige que estas retribuciones se apliquen sólo en aquellas tecnologías que de verdad contribuyen a la transición a un nuevo modelo energético, y no al mantenimiento del estatus quo que supone el beneficio para unos pocos y el freno de la expansión de las renovables.

ECOLOGISTAS EN ACCION

IU inicia la elaboración “en la calle y pegados al terreno” de una ley integral de lucha contra la pobreza urbana y en el mundo rural

La diputada andaluza Eva García Sempere lo considera “uno de los proyectos más ilusionantes y necesarios” en lo que queda de legislatura, frente a la parálisis política que pretenden “aquellos que se envuelven en las banderas” y no responden a las necesidades y carencias que sigue soportando la mayoría social.

Izquierda Unida ha iniciado la elaboración de una ley integral de lucha contra la pobreza urbana y en el mundo rural en lo que, en palabras de la diputada de esta formación por Málaga, Eva García Sempere, busca ser “uno de los proyectos más ilusionantes y necesarios para IU” en lo que queda de legislatura.

García Sempere presentó esta mañana en una rueda de prensa junto al responsable federal de Organización de Izquierda Unida, Ismael González, las líneas básicas que se buscan cumplir con esta ambiciosa iniciativa. Puso como ejemplo la necesidad sacarla adelante “frente a aquellos que se envuelven en las banderas” y tienen paralizada la actividad política de este país, situando como único el problema de Cataluña, sin dar respuesta a las muchas necesidades y carencias que sigue soportando la mayoría social.

La parlamentaria de IU expuso también la contradicción que supone que mientras algunos intentan que sólo se hable del enfrentamiento político entre independentistas y nacionalistas españoles “los distintos indicadores adviertan claramente del aumento de los desequilibrios territoriales”. Esto puede verse incluso en el hecho de que “Cataluña sea uno de los tres territorios del Estado donde más aumenta la desigualdad y la pobreza en los últimos años”.

Eva García Sempere destacó especialmente la forma en que Izquierda Unida quiere abordar la redacción de esta proposición de ley integral contra la pobreza “con el trabajo directo en los barrios y en las zonas más afectadas por este problema en todo el Estado”, así como la relación y la consulta específica “con ONGs, con los vecinos, con las iglesias, además de con nuestra organización en cada territorio”.

Consideró que así es la única forma de hacerlo “en la calle, pegados al terreno y no sólo con reuniones en el Congreso”, para abordar el “empeoramiento de las condiciones de pobreza en todo el Estado” que, a pesar de la propaganda y del triunfalismo del Gobierno de Mariano Rajoy, han llevado a que “más de un millón de personas malvivan sin tener cubierto ninguno de sus servicios básicos”.

García Sempere criticó los “incumplimientos” y la “falta de implicación” de los máximos responsables de la Unión Europea a la hora de abordar este grave problema, lo que puede verse en cuestiones prácticas como que “con la situación actual va a ser imposible cumplir la Estrategia 2020”, algo para lo que “en los próximos años habría que conseguir disminuir tres millones de pobres” en todo  el Estado. 

La diputada andaluza insistió en que Izquierda Unida incidirá también en distinguir “entre la pobreza urbana, quizá la más conocida, y la pobreza en el mundo rural, más invisible, menos explícita, aunque cada vez está saliendo más a la luz”.

Comentó que para ello hace falta un “mapeo” que esta formación tiene la intención de abordar para encontrar así las “mejores salidas específicas y las causas reales de los desequilibrios territoriales”, con vistas a que la ciudadanía “se implique más y se empodere en la puesta en marcha de las soluciones”.

 IU pide mirar más allá del Ayuntami ento para solucionar el problema de los vertederos ilegales

Una vez limpios los vertederos, se está vertiendo de nuevo, por lo que IU cree que hay que redoblar la vigilancia. Para esta formación, Junta, Diputación y Ayuntamiento “no han hecho los deberes” en materia de gestión de residuos.

  Izquierda Unida ha mostrado su satisfacción al comprobar que ya se ha procedido a la limpieza de algunos de los vertederos ilegales que rodean la ciudad, y de que en noviembre se vaya a culminar el proceso.

Así mismo, han denunciado nuevos vertidos “sobre lo ya limpio”, por lo que han pedido al equipo de gobierno “redoblar la vigilancia” en torno a estas zonas. “Es competencia municipal y, además, tras la denuncia de IU y Ecologistas en Acción al SEPRONA, ha quedado acreditado que tanto los vertederos de Villarromán IV como del Cerro de la Horca se sitúan sobre suelo propiedad municipal”, afirman. “Por tanto, no sólo corresponde al Ayuntamiento la vigilancia como administración competente, sino también como propietario”.

En este sentido, afirma IU, “todavía no hemos visto ninguna multa a quienes vierten, a pesar de que se ha pillado con las manos en la masa a más de uno y de que el propio concejal de Servicios a la Ciudad anunció esas multas a bombo y platillo”. Aunque también consideran esto “poco probable cuando es el propio Ayuntamiento quien ha estado vertiendo en una parcela detrás de Termalia”.

En cuanto a la solución de fondo, IU pide mirar más allá del Ayuntamiento y señala que existe un vertedero de inertes construido por la Junta de Comunidades dentro de su plan de gestión de residuos (Decreto 189/2005), que está cedido a la Diputación, y que “está cerrado, entre otras cosas, porque no tiene licencia del Ayuntamiento”. Así como están por desarrollar el resto de infraestructuras que contempla el plan. “Si bien las empresas que generan residuos son responsables de gestionarlos, la administración elabora normativa y debe crear centros de tratamiento, de depósito, etc. Y en este caso ni la Junta, ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, han hecho los deberes”, sentencian.

IU lanza la campaña #40AñosDeImpunidad coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía

Alberto Garzón y Esther López Barceló explican que se busca el doble objetivo de “denunciar la impunidad sobre los crímenes del franquismo que esta norma ha generado y contribuir a la reclamación de ‘Verdad, Justicia y Reparación’ que no han parado de hacer los/as luchadores/as antifranquistas, así como las centenares de miles de víctimas de la dictadura y sus familiares”.

Izquierda Unida ha lanzado a mediodía de hoy a través de sus canales habituales en las redes sociales la campaña #40AñosDeImpunidad coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía. IU busca con esta actuación cumplir el doble objetivo de “denunciar la impunidad sobre los crímenes del franquismo que esta norma ha generado en todo este tiempo y contribuir a la reclamación de ‘Verdad, Justicia y Reparación’ que no han parado de hacer los/as luchadores/as antifranquistas, así como las centenares de miles de víctimas de la dictadura y sus familiares”, tal y como exponen Alberto Garzón y Esther López Barceló, coordinador federal y responsable de Memoria Democrática.

La campaña ilustra a través de imágenes y una selección de mensajes cortos publicados en distintas redes sociales la posición tradicional de esta formación sobre este asunto. Para Garzón, “resulta fundamental aprovechar este aniversario para seguir dando pasos con el fin de acabar con la impunidad de unos crímenes que, en una democracia real, hace muchos años que ya habrían sido juzgados y castigados”.

“De haberse hecho así -añade para dar aún más actualidad si cabe a esta acción-, seguro que habría sido mucho más difícil el resurgimiento de una ultraderecha que, a tenor de las recientes evidencias, se sabe impune en nuestro país por lo visto en las calles de algunas ciudades del Estado”.

El máximo responsable de Izquierda Unida lamenta que se construyera “el andamio de un nuevo régimen democrático sobre miles de fosas comunes y sobre el mecanismo que, con los ataques ultras de los últimos días, ha demostrado ser el más peligroso de todos: la equidistancia, blanqueadora de la impunidad criminal”.

Garzón y López Barceló coinciden en que “a día de hoy no puede desarrollarse una democracia plena sobre los cimientos de miles de fosas comunes. Es muy grave que en pleno siglo XXI, 40 años después de la muerte del dictador, haya que defender lo obvio. Esto no debería ser una cuestión de organizaciones de víctimas y represaliados, ni siquiera una cuestión de partidos, debería ser una cuestión de Estado que nos uniera a todas y a todos en la defensa de los Derechos Humanos”.

Constatan también que “la Constitución de 1978, a diferencia de constituciones europeas como la alemana o la italiana, no se fundamentó en un firme espíritu antifascista. Además, décadas después, la propia ley conocida popularmente como ‘Ley de Memoria Histórica’ tampoco sirvió para garantizar la justicia y la reparación de las víctimas, ni siquiera en el ámbito de la nulidad de las sentencias franquistas”.

“Llegamos así -detallan- a la pérfida situación actual en que las sentencias, por ejemplo, contra Miguel Hernández o Julián Grimau siguen vigentes, mientras los tribunales deniegan hasta el derecho a apelar a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder revisarlas”.

Pero incluso en medio de un duro trabajo como éste hay margen para el optimismo. Alberto Garzón recuerda que “no estamos solos en nuestras reivindicaciones, que son las de las víctimas y sus familias. Organizaciones como Amnistía Internacional o el propio relator de Naciones Unidas en esta materia ya han exigido que se acabe con esta injusticia y se deroguen las nefastas consecuencias que, en materia de Derechos Humanos, trajo consigo la aprobación de esta Ley de Amnistía”.

Un par de azucarillos para siete tazas de amarga prepotencia

Los símbolos no son un relato que se construye en una asesoría de imagen o en el despacho de una agencia de comunicación, el sentido que tienen y adquieren forma parte de las vivencias de las personas.

Hay poca diferencia entre quienes torturan los datos para hacerlos decir cosas que distan mucho de reflejar la realidad que a priori dicen pretender explicar, y entre quienes se obstinan en aplicar recetas de importación prescindiendo del encaje histórico y cultural que estas puedan tener o no tener entre las comunidades reales a las que se trata de apelar.

Así, desde una torre de marfil teórica, sin un ápice de barro en los zapatos y con un desprecio absoluto por identidades, sentimientos y símbolos que vayan más allá de las emociones superficiales e instantáneas, no es difícil caer en el error de pensar que se puede seducir, por poner un ejemplo al azar, a los votantes del PSOE desde la ambigüedad ideológica o, a lo sumo, el discurso socialdemócrata prescindiendo del hecho -cultural y socialmente bastante obvio, por otra parte- de que en realidad sus bases (aunque no lo sean sus políticas) son gentes de izquierda que se referencian e identifican como tales, y que solo una minoría -la más progre y liberal probablemente- sería la audiencia más o menos receptiva para esos códigos y mensajes.

Luego llega la realidad y te deja mirando al infinito preguntándote ¿qué puede haber fallado? mientras su nuevo líder, encumbrado de vuelta al cargo precisamente por el masivo apoyo popular, canta la internacional y ondea la tricolor en un escenario minimalista donde en rojo se lee “somos la izquierda” con letras escarlata del tamaño de un camión… pero no hay letras lo suficientemente grandes para hacer entender un mensaje así de sencillo a quien de ninguna de las maneras está dispuesto a que la realidad, y más con esa simpleza, le estropee lo que considera una brillante teoría.

Esta es una de las muchas cosas que pasan, y se pasan por alto, si se prescinde de las dimensiones culturales -e incluso históricas- de las sociedades en las que estamos insertos.

Además suele suceder que quien piensa con esa prepotencia y desconoce o prefiere obviar -porque probablemente complica sus certezas- que todo espacio político es siempre un espacio simbólico, no alcanza a comprender que como todo espacio simbólico si se vacía sin rellenar lo que se sustrae, este será rellenado por otros símbolos. Pero los símbolos no son un relato que se construye en una asesoría de imagen o en el despacho de una agencia de comunicación, el sentido que tienen y adquieren forma parte de las vivencias de las personas (una de las razones para no poder rellenar el espacio vaciado de forma caprichosa), los símbolos siempre se deben entender relacionados con las acciones dado que son esas acciones las que los activan y los reconstruyen, y están cargados de un plus de significado que procede del peso social que el símbolo posee como acción social y que incluye vinculación, pertenencia a un grupo, participación, identidad social, adhesión, simpatía, cohesión, sentido de comunidad… por lo que, aunque nunca están terminados y siempre se encuentran abiertos a la interpretación y reinterpretación de su significado no siendo fijos ni definitivos, es más que evidente que no se puede sustituir “izquierda” por “patria” –por poner otro ejemplo al azar- ya que en nuestro espacio físico y momento histórico (contexto) las vivencias de las personas y el peso social de ambos son contradictorios, pero además y más definitivo si cabe; los símbolos son mediadores en relaciones de poder, las visibilizan, las activan y explicitan los conflictos, por lo que el peso histórico (material e incontestable) de dicho ejemplo convierte directamente en descabellado.

Defender la izquierda no necesita siete tazas de amarga prepotencia, basten hoy un par de argumentos ligados al profundo respeto que siempre se debe tener por la complejidad y multidimensionalidad de lo humano y lo social, que creo se pueden tener en cuenta mientras con realismo se sigue luchando por un proyecto emancipatorio y de transformación y justicia social que al fin y al cabo es de lo que trata nuestro proyecto político. Y a quien le siga amargando, un par de azucarillos.

SOL SANCHEZ MAROTO

Comunicado del PCE sobre la Masacre de Tumaco

Ante una nueva masacre de campesinos en Tumaco (Colombia), una vez más condenamos la violencia del Estado contra la población indefensa y exigimos el escrupuloso cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado ante la Comunidad internacional.

Al cabo de un año de firmados los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla más antigua del continente americano, en presencia de la comunidad internacional; cuando creíamos y celebrábamos que por fin se acabaría la violencia endémica en ese castigado país que es Colombia, asistimos incrédulos a una nueva masacre perpetrada, según testigos directos, por la fuerza pública colombiana, contra campesinos del Alto Mira y Frontera, en Tumaco, departamento de Nariño (suroeste de Colombia).

Según las informaciones, nueve campesinos, uno de ellos menor de edad, resultaron muertos por disparos de armas de fuego, unos 50 resultaron heridos y hay un indeterminado número de desaparecidos. Fuentes presenciales denuncian que algunos fueron subidos a helicópteros del ejército, desconociéndose su paradero. Su único delito, exigir de forma pacífica el exacto cumplimiento del Acuerdo de Paz en lo que se refiere a la erradicación de cultivos ilícitos.

Ante estos hechos crueles, hemos de recordar que la zona donde se produjeron es una zona marginada, durante años olvidada por el Estado, habitada por varias comunidades extremadamente pobres que se ven obligadas a subsistir gracias a los cultivos ilícitos.

Que los campesinos no se han negado a la erradicación de esos cultivos, sino que simplemente exigen que se aplique el punto 4 del Acuerdo de Paz según el cual se trata de : Promover la erradicación de los cultivos de uso ilícito de forma voluntaria sin afectar a las comunidades que subsisten de esta economía…

Y añade: Se generarán condiciones de bienestar para las personas afectadas.

Es el gobierno colombiano quien primero debe cumplir con sus compromisos, antes de exigirlo a las comunidades que no conocen otra forma de subsistencia.

Un breve repaso nos permite concluir que hasta ahora apenas se ha implementado el 20% de lo comprometido por el Acuerdo de Paz para el primer año de aplicación; ninguna ley sobre reforma rural ha sido aprobada por el Senado; no se ha puesto en marcha ninguna ley sobre sustitución de cultivos ilícitos, ni se han puesto a disposición de los campesinos los 10 millones de hectáreas que se establecieron en los Acuerdos.

Tampoco ha sido aprobada ley alguna contra el paramilitarismo, y en este sentido, no entendemos el uso de la fuerza pública y el ejército contra campesinos desarmados para aplicar un acuerdo que ha de llevarse a cabo “de forma voluntaria” entre las partes. La fuerza pública debería estar luchando contra esa lacra que es el paramilitarismo, uno de los principales obstáculos para el logro de una paz justa y duradera en el país.

El ejército y la fuerza pública no pueden seguir siendo los perpetradores de masacres contra del pueblo al que deben defender. Sobre ellos recaerá esa negra mancha imborrable en la historia de Colombia.

Por último, entendemos que el Gobierno colombiano no debería actuar como rehén de la extrema derecha colombiana que promovió el NO en el referéndum sobre la aprobación del Acuerdo de Paz y que está actuando, a través de la fiscalía y el empresariado vinculado al paramilitarismo, para obstaculizar las normas sobre la reforma política e intentando modificar, por medio de trámite parlamentario, la Jurisdicción Especial para la Paz.

Toda nuestra solidaridad con los pobladores víctimas de esta masacre y con sus familias, bien sabemos que nuestra solidaridad no devolverá las vidas arrancadas.

Para acabar con este tipo de lamentables hechos, exigimos al gobierno colombiano el total esclarecimiento de lo ocurrido en Tumaco; el castigo a los culpables y la compensación a las víctimas y el cumplimiento estricto y sin dilaciones de los Acuerdos de Paz, cumplimiento que es un compromiso asumido con su pueblo tanto tiempo olvidado, y ante la comunidad internacional.

El CETA entra en vigor pese a los graves riesgos para la ciudadania

• El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional la mayor parte del acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Esto sucede antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos nacionales europeos.

• Las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA lamentan su aplicación provisional y confían en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenarlo.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, de la que forma parte Ecologistas en Acción, considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el CETA es compatible con el derecho comunitario. El Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del tratado en las Cortes Generales. Aún está pendiente su discusión y votación en el Senado. La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de impacto válidos.

La movilización ciudadana ha destapado en buena medida el tratado. Entre los éxitos más recientes está que el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados, el polémico Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), no pueda entrar en vigor todavía. Cada vez hay más evidencias de que este sistema de justicia privada paralela merma gravemente el Estado de derecho. A día de hoy, España es el tercer país del mundo más demandado ante los tribunales privados de arbitraje que los inversores extranjeros usan para cobrar compensaciones multimillonarias.

En el último año, la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales no han cesado de expresar su preocupación por los graves impactos del CETA. También han denunciado la falta de transparencia y participación democrática en el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.

La campaña No al TTIP, CETA y TiSA advierte de que la aplicación provisional del CETA tendrá efectos económicos, sociales y ambientales adversos, tales como:

• En materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes.
• En materia ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado cumplimiento, lo que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha contra el cambio climático y abre la puerta a nuevos fraudes como en el caso ‘Dieselgate’ de la industria automovilística, cuya manipulación de vehículos diésel ha contribuido al incremento de muertes prematuras y enfermedades por contaminación atmosférica.
• Los estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos a transgénicos, engorde del ganado con hormonas, clonación animal y etiquetado y trazabilidad de la carne. Además de la pérdida de derechos de los consumidores, el CETA causa nuevos problemas a la agricultura familiar, así como una pérdida de soberanía alimentaria.
• Al debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias poniendo en riesgo la salud pública.
• El CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados.
• El capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria en España.
• La cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha de diferentes comités conjuntos –cuya composición se desconoce, igual que las fechas y contenidos de sus reuniones– podría ser un obstáculo si el Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.

La Comisión Europea está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el CETA con Japón, México y los países del Mercosur. Asimismo ha propuesto la apertura de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y advierte de que estos tratados comerciales atentan contra los derechos humanos y agravan la crisis ambiental planetaria.

ECOLOGISTAS EN ACCION