Ante la grave situación en Cataluña: urge poner en marcha un gran acuerdo para la normalización política

  

Ante la grave situación que se está viviendo en Cataluña, el Partido Comunista de España manifiesta:

·         El conflicto tiene su inicio en la irresponsable judicialización del encaje de Cataluña en España por la presentación por el PP del recurso de inconstitucionalidad contra al Estatut aprobado por el Parlament y negociado con el Gobierno, aprobado por el Congreso de los Diputados y refrendado por el pueblo catalán.

·         La sentencia del Constitucional sobre el Estatut inició la dinámica de confrontación y enfrentamiento político y social que continúa hasta hoy, estimulada por las derechas nacionalistas catalana y española para ganar votos y mantenerse en el gobierno.

·         Con estos antecedentes, la sentencia del Procés solo ha servido para agudizar al máximo esta confrontación, tal y como ya hemos advertido desde la judicialización del problema política existente en Cataluña.

·         Denunciamos la irresponsabilidad de las autodenominadas fuerzas “constitucionalistas” por impulsar medidas judiciales o represivas que solo sirven para incrementar el conflicto y que impiden generar un clima de tranquilidad que permita impulsar una solución política y negociada. También actúan de forma irresponsables las fuerzas independentistas que vienen promoviendo salidas unilaterales de imposible realización. La frustración por estas promesas incumplidas está propiciando disturbios tal y como se están viendo estos días en las calles y plazas de Cataluña al concluir legitimas y multitudinarias manifestaciones pacíficas.

·         El PCE y el PSUC hemos venido denunciando desde el principio que el conflicto identitario ocultaba los graves efectos provocados por la crisis económica que han padecido fundamentalmente la clase obrera y las capas populares catalanas, permitiendo a la derecha, tanto la catalana como la española, aplicar las políticas neoliberales de reformas y recortes con menor protesta social.

·         El PCE vuelve a plantear que un problema político qué lleva años enquistado no puede tener otra salida que el acuerdo negociado, consensuado y refrendado por el pueblo catalán. Por ello, la actual situación de confrontación sin perspectiva de solución tiene que terminar de manera que se respete el derecho de manifestación pacífica y de expresión de una parte considerable del pueblo de Cataluña y desaparezcan las actuaciones desestabilizadoras, a la vez que debe imponerse una respuesta política democrática que abra la puerta al diálogo y a la negociación. Nada de ello será posible si no vuelve la normalidad a las calles y plazas de las ciudades catalanas, evitando que la actual anormalidad pueda beneficiar claramente a las opciones políticas de la derecha en toda España en las próximas elecciones generales.

·         La presencia de disturbios no es sino una expresión de sectores minoritarios que es necesario aislar y frenar para preservar el carácter político de masivas manifestaciones pacificas. Estos disturbios nunca podrán justificar las actuaciones arbitrarias, desproporcionadas y represivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han llegado a la agresión de ciudadanos o periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión y protesta.

·         El PCE denuncia que estos disturbios no justifican la connivencia de miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado con los grupos fascistas que están acosando e incluso atacando manifestaciones autorizadas en diversos lugares de todo el país. Exigimos que el Gobierno investigue estos hechos y depure responsabilidades.

·         El PCE hace un llamamiento a todas las personas demócratas, sea cual sea su posición en el conflicto, a asumir protagonismo activo para poner fin a la actual espiral de confrontación, evitando que las fuerzas de la derecha puedan beneficiarse electoralmente de ella el próximo 10 de noviembre. El avance de las fuerzas de la derecha que nunca han asumido la plurinacionalidad del Estado, o el giro del PSOE hacia posiciones neocentralizadoras, solo llevaran a una profundización de la actual confrontación.

·         Frente a la incapacidad que los gobiernos del Estado y de Cataluña han mostrado hasta ahora para poner en marcha un diálogo que rebaje la tensión, y considerando la permanente actitud demagógica y alentadora del conflicto de las fuerzas de la derecha, extendemos este llamamiento a sindicatos y colectivos sociales que defienden la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y la salida negociada, para que asuman más protagonismo y encabecen el proceso que lleve primero a normalizar la situación y generar un clima de confianza y fraternidad entre los pueblos de España.

·         El PCE y nuestro partido hermano en Cataluña, el PSUC viu, consideramos necesario acabar con esta situación de enfrentamiento para evitar que una vez más sea la clase obrera y las capas populares de Cataluña quienes acaben pagando las consecuencias.

·         Finalmente, la crisis política catalana ha excedido el debate meramente independentista y está poniendo en evidencia las limitaciones y contradicciones del Régimen del 78, incapaz de garantizar la normal gobernabilidad.

·         Nuestra propuesta está hoy más vigente que nunca: construir la III República de todos los pueblos de España, una república federal al servicio de la clase trabajadora y de los sectores populares.

Los incumplimientos del gobierno andaluz en Memoria Democrática

La memoria democrática es una de las líneas políticas estratégicas para VOX por lo que exigieron presidir la comisión de cultura que tiene dichas competencias.

Desde el arranque de la legislatura el nuevo ejecutivo andaluz proclamaba cumplir sus obligaciones en materia de memoria democrática, en un intento de normalizar uno de los focos mediáticos de esta nueva legislatura tras la entrada de la extrema derecha como sostén del gobierno de las derechas en la Junta de Andalucía.

La memoria democrática es una de las líneas políticas estratégicas para VOX en Andalucía por lo que exigieron presidir la comisión de cultura del parlamento andaluz tras redirigir allí el nuevo ejecutivo las competencias en materia de memoria democrática, perdiendo así el realce institucional que anteriormente tenían al estar situadas en la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Comenzaba así a resituarse este nuevo gobierno conservador en materia de memoria democrática. La nueva consejera, Patricia del Pozo, con voz cálida nos ofrecía buenas palabras pero ninguna iniciativa desde diciembre, sino más bien al contrario.

En el primer presupuesto aprobado por las tres derechas hemos visto reducido un 10% las partidas ya de por sí raquíticas en materia de memoria democrática. Donde más disminuye la financiación o directamente se elimina es en la investigación histórica de la Guerra Civil y la Dictadura, imposibilitando de esta manera el derecho a la verdad que tenemos los españoles y españolas, el derecho a conocer nuestro pasado para poder construir nuestro presente y futuro. Es una de las decisiones más graves de las derechas de Andalucía poniendo en marcha así unas líneas de actuación basada en la “memoria humanitaria” que nos aleja del contexto histórico en el que se produce el fracasado golpe de estado y la guerra civil, y que equipara a víctimas y verdugos. La memoria de la República, de la resistencia y de la lucha obrera organizada queda fuera de esta “memoria humanitaria” con la que la derecha española pretende aparentar que sigue las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos y desapariciones forzosas de la legislación internacional cuando su iniciativa política es una burla a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin investigación histórica no podremos nunca introducir la memoria democrática en las aulas, algo imprescindible para alejar los relatos de la propaganda franquista que todavía permanecen en instituciones actuales (basta recordar algunas sentencias judiciales).

Desde que se constituyó el nuevo gobierno andaluz los incumplimientos sobre la Ley de Memoria Democrática de Andalucía se incrementan en unos casos y en otros permanecen desde el anterior ejecutivo del PSOE.

Mientras seguimos esperando el desarrollo normativo de la LMDA, que es el Decreto sobre recuperación de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo en fosas comunes y por el que se regulan tanto los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía como un Censo oficial de víctimas para poder contabilizar el genocidio en Andalucía y poder facilitar la identificación de los asesinados...entre otros aspectos. Este desarrollo normativo es fundamental para poder esclarecer en la medida de lo posible la magnitud de la represión franquista y para reconocer públicamente a aquellos que dieron su vida por los valores democráticos.

En la actualidad no se tienen en consideración los procedimientos ni los protocolos oficiales ante la aparición de nuevas fosas -sirvan como ejemplos los casos recientes de Castilleja del Campo y de Carmona, en la provincia de Sevilla-; no se responde a los compromisos de cofinanciación de los trabajos en fosas ya iniciados, cuyos costes están siendo asumidos íntegramente por Ayuntamientos y/o Diputaciones: Nerva (Huelva), Pico Reja (Sevilla), Cementerio de San José (Cádiz) o Cementerio de la Salud (Córdoba).

El traslado de los restos y pruebas genéticas se está haciendo sin ningún control público. Hacíamos desde Adelante Andalucía una pregunta parlamentaria para conocer cuántas pruebas de ADN se habían realizado en 2018. Nos sorprendíamos todos -incluidos periodistas- con los datos que nos ofrecían “un total de 57 analizadas y 70 en proceso”, en esos datos venían incluidas exhumaciones como la de El Madroño de 2014. Pruebas que se realizan de manera poco transparente, mal publicitadas y que se demoran en plazos inasumibles.

Entre otras medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas reconocidas en la LMDA están los Lugares y Senderos de la memoria, figura que ha quedado paralizada por el gobierno andaluz que desde su investidura no ha sumado ninguna nueva declaración, lo que se suma al lamentable estado de conservación de los ya declarados e inscritos en el inventario por la inacción de los poderes públicos.

Seguimos igualmente esperando la Creación del Instituto de Memoria de Andalucía recogido en la LMDA así como la creación de un grupo de trabajo o comisión independiente para elaborar un informe en favor de la verdad, reparación y garantía de no repetición sobre la represión franquista en Andalucía, y que en su momento constituirá la aportación desde Andalucía a la necesaria y futura Comisión de la Verdad estatal.

Mención de honor dentro de los incumplimientos de la ley andaluza para el capítulo de la retirada o eliminación de los elementos considerados contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía recogido en la LMDA, que dispone que las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía.

Uno de las actuaciones más polémicas del nuevo gobierno se ha producido en relación a la exaltación de figuras vinculadas al franquismo del callejero de Córdoba. Tras pactar PP, Cs y VOX, la primera medida que adoptó el nuevo gobierno de la ciudad fue revertir los cambios en el callejero que cumplían con la LMDA del anterior gobierno municipal, medida que contó con la complicidad pública de la consejera Patricia del Pozo que nos sigue avergonzando a los y las cordobeses.

La mejor prueba para conocer la voluntad política en torno a la memoria democrática del gobierno andaluz es que no hay ni una sola sanción aplicada entre las que se reconocen en la LMDA desde su entrada en vigor a pesar de sus constantes incumplimientos.

 ANA NARANJO SÁNCHEZ. Foro por la Memoria de Córdoba  

¿A quién vota la clase obrera?

La charla debate contó con las intervenciones del coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón y de Arantxa Tirado, politóloga y coautora del libro “La clase obrera no va al paraíso”.

Con esa y otras preguntas acerca de las actitudes políticas y electorales de la clase obrera arrancó el debate en la tarde de ayer 28 de septiembre en la Fiesta del PCE previo al mitin y al acto con la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff en la campaña por la liberación de Lula.

La charla tuvo como protagonistas al coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón y Arantxa Tirado, politóloga y coautora del libro “La clase obrera no va al paraíso”.

Un cuadro somero del mapa electoral europeo con el ascenso de formaciones políticas xenófobas y el interrogante de qué fuerzas sociales se encuentran detrás, presentado por el conductor del acto, Andrés Gil, corresponsal de eldiario.es en Bruselas, puso el marco introductorio a las dos intervenciones que trataron de conceptualizar primeramente qué es la clase obrera, y referirse después a su comportamiento electoral.

En un repaso académico aludió Garzón a la definición clásica de Marx, la que presenta a la clase obrera como la que carece de medios de producción y que por su posición privilegiada en el proceso productivo está llamada por la historia a ser la protagonista del cambio social; aludió igualmente también a las definiciones de Poulantzas, la ‘más estrecha’ que identifica clase trabajadora con trabajador manual creador de plusvalor y la ‘mas ancha’ que identifica como componente de esa clase a todo aquel que cobra un salario.

Según datos aportados por el coordinador de IU, la categorización profesional en España se compondría de un 30% de trabajadores manuales no cualificados, un 15% de cualificados y un 5% de jornaleros, lo que daría un 50% de trabajadores manuales; un 28% más serían trabajadores no manuales y un 20% de directivos y profesionales.

Según señaló Garzón, los datos indican que el comportamiento abstencionista no sólo en la acción electoral sino también en la del activismo es mayor entre los trabajadores que entre directivos y profesionales. De esa realidad concluye Garzón que la afirmación de que la derecha gana porque le votan los trabajadores no es cierta, sino que los trabajadores votan a la izquierda, “haciendo la salvedad de considerar al PSOE entre la izquierda”, remarcó. “Lo que hace que la derecha gane es la abstención de los trabajadores”, afirmó.

Garzón también se adentró a apuntar que el voto de los trabajadores se orienta más hacia el PSOE mientras que el de Unidas Podemos tendría un componente de clase media radicalizada.

Para Garzón, la identidad o identificación con la clase trabajadora también cuenta con la adhesión o el rechazo de elementos estéticos y simbólicos, con la caracterización o ejemplificación en las representación cultural. El ejemplo más claro es la caricatura del trabajador no cualificado en los personajes de ficción de series televisivas o producciones culturales, generadora de tendencias mesocráticas por rechazo a tales estereotipos.

La politóloga Arantxa Tirado también se refirió a los intentos por venderles a los trabajadores una imagen mesocrática, por lo que apremia a reivindicar el término clase obrera y a referirse a las clases medias como capas medias para desmitificar al mismo tiempo que la pertenencia a la clase obrera sea una cuestión de ingresos, “ser clase obrera no es ser pobre ni ser sólo trabajador fabril”, afirmó.

En opinión de Arantxa el debate sobre la identidad o pertenencia de clase se ha revitalizado tras el proceso de empobrecimiento de las capas medias a causa de la crisis. Todo parecía ir bien mientras los recortes eran sólo para el trabajador ‘tradicional’ de la industria.

Tirado también se refirió al voto de la clase obrera al PSOE apuntando a la interpretación de que esos sectores de la clase obrera votan a esta formación en clave de voto útil añadiendo además de que en el imaginario de mucha gente hay una divisoria de izquierda-derecha que es heredera aún de los posicionamientos políticos vigentes en la guerra civil.

No faltaron en su análisis referencias específicas a los comportamientos electorales en Cataluña, con una reticencia muy mayoritaria a la movilización por parte de los jóvenes de entre 15 y 34 años de los barrios catalanes, que hace bajar la participación a un 12% menos en los barrios más vulnerables. Tal desafección, junto con el sesgo a la derecha de un voto en clave nacional-identitaria, es lo que dio el triunfo a ciudadanos en Catalunya, dándose la paradoja de que fueron los sectores más pobres y más ricos los que dieron el triunfo a la derecha.

Arantxa se refirió también al final de su intervención a la composición de clase de las organizaciones obreras y al trabajo político en los barrios. Apuntó a la necesidad de que en las organizaciones de izquierda haya mecanismos para elevar y promocionar a militantes que no necesariamente tengan estudios formales y que estas mismas organizaciones centren su trabajo político en los barrios, no desde el paternalismo, sino desde la identificación con la problemática obrera.

MIKEL HERNÁNDEZ