La exclusión financiera de la Extremadura vaciada

   

El mundo rural se muere y el problema de la España vaciada aparece como uno de los mayores retos a afrontar. Pero no es algo nuevo. El medio rural llevaba muchos años herido de muerte. El desarrollo capitalista del país llevó al hacinamiento de las personas en grandes núcleos de población de dudosa sostenibilidad y a la destrucción del entorno campesino como medio de vida.

Ahora se tiene conciencia de que vivir fuera de un gran centro urbano es muy duro. Es endémica la falta de servicios básicos. Si no hay suficientes niños y niñas para mantener un colegio se cierra y los pocos que hay tienen que hacer varios kilómetros diarios para asistir a clases. Los centros de salud, en caso de no haber sido cerrados, han sido degradados a casas de socorro y hasta algo tan elemental como cobrar la pensión después de toda una vida de trabajo de sol a sol se convierte en una entelequia para las personas mayores porque han clausurado las oficinas de las cajas de ahorro.

Fusión tras fusión, las entidades financieras se van concentrando en cada vez menos manos. Mientras los capitalistas forjan un monopolio, las primeras consecuencias están a la vista: miles de trabajadores y trabajadoras a la calle, el cierre de cientos de oficinas y la exclusión financiera de una parte de lo que se llama la España vaciada.

LOS DATOS DE EXTREMADURA

La Caja de Badajoz, la Caja de Ahorros de Cáceres y la Caja de Ahorros de Plasencia son nombres que solo las personas más mayores recordarán. Con todas sus pegas, las cajas de ahorro en Extremadura eran las entidades financieras en donde tenían mayoritariamente sus cuentas los extremeños y las extremeñas. Hoy de aquello no queda nada. Era un caramelo muy apetitoso para los bancos y sus representantes en la política -PSOE y PP- no dudaron en ponérselo en bandeja de plata.

Es tremendo el paso de unas cajas que tenían una orientación social a unas entidades bancarizadas en donde lo único que se mira es que cada año se reporten más beneficios. Extremadura ha perdido un 22% de sus oficinas bancarias en los últimos cinco años, eso se traduce en que 58.000 personas en la provincia de Cáceres y 2.500 en la de Badajoz no tienen en su municipio un banco que abra a diario o un cajero.

   

Las cifran son alarmantes pero van a más. Este mes Unicaja absorbía Liberbank, entidad heredera de la Caja de Extremadura y con la unión se anunciaba más exclusión financiera de la población. Cáceres sería la provincia en donde tienen previsto cerrar un mayor número de oficinas dentro del plan de ajuste que ha puesto en marcha. En total serían 62 las sucursales clausuradas y otras 16 que dejarían de estar activas en la provincia de Badajoz. La cacereña también sería una de las provincias con un mayor número de despidos. Del total de 1.337 contemplados, le corresponden 112 por 41 que se realizarán en la de Badajoz.

NUEVO NEGOCIO DE LOS BANCOS

Los bancos no dan puntada sin hilo. Son conscientes del problema que están creando en la sociedad por su ansia de maximizar los beneficios y como respuesta a ello han propuesto como solución cobrar dinero público para mantener los servicios que por otro lado son su negocio. Así la Diputación de Badajoz sacó a concurso un contrato de 3,6 millones de euros para instalar cajeros automáticos en localidades de la provincia y la Diputación de Cáceres hizo lo mismo con una partida de 250.000 euros.

Tras la puesta en marcha de estos planes, sin ningún tipo de autocrítica por parte de las Diputaciones que además habían dicho que convertir las cajas en bancos no afectaría a las poblaciones rurales, podemos decir que las entidades financieras en Extremadura cobran dos veces por el mismo servicio: cobran a las personas usuarias de la entidad las diversas comisiones (como la de mantenimiento de la cuenta o la tarjeta de crédito) y a este beneficio le suman ahora que las diputaciones les pagan por tener un cajero con el que poder dar servicio a sus propios clientes.

Un negocio redondo para bancos y cajas a los que la administración debería exigir que dieran el servicio que cobran a la ciudadanía, no pagarles por ello. Pero la inyección de dinero público no parece ser suficiente para que las entidades financieras den servicio a la población rural. Basta el siguiente dato: la provincia de Cáceres tiene 223 municipios, de ellos 135 localidades no disponen de acceso a efectivo.

IU DIO LA VOZ DE ALARMA

Izquierda Unida, a través de su diputada en el Grupo de Unidas Podemos Eva García Sempere, pidió en 2019 al gobierno a través de una iniciativa parlamentaria que especificara si “se va a promover alguna medida para que las entidades bancarias aporten y financien soluciones efectivas a los cierres de oficinas en pueblos pequeños del mundo rural”.

García Sempere registró una pregunta en el Congreso para que el ejecutivo respondiera por escrito, donde recordaba que “el proceso de reestructuración en el que se ha visto inmerso el sector financiero español, la bancarización de las cajas de ahorro y la ausencia de instrumentos públicos financieros, unido a la despoblación de algunas regiones, han provocado que prácticamente la mitad de los pueblos de España se hayan quedado sin sucursal bancaria y sin cajero automático para disponer de efectivo”.

La parlamentaria advirtió que “esta situación dispara el riesgo de exclusión financiera en las zonas rurales, sin que las entidades financieras ofrezcan soluciones satisfactorias, ya que atienden exclusivamente a la rentabilidad del negocio bancario privado”.

Izquierda Unida ya tenía constancia de que algunos pequeños ayuntamientos “estaban destinando recursos para disponer al menos de un cajero automático en la población a través de convenios con una multinacional que cuenta con una extensa red de cajeros”. Además se estaban produciendo concursos públicos para instalar cajeros en pequeños municipios financiados con recursos públicos de las diputaciones.

raFA GONZÁLEZ  

 

 ¿Comunistas o socialdemócratas?

 

A esta altura de la historia, el movimiento comunista ha sufrido varias crisis. Por mencionar algunas, la ruptura URSS-China, el estalinismo y el XX Congreso del PCUS o las intervenciones en Hungría y Checoslovaquia. Señalemos el eurocentrismo que esto significa, como si no existieran Latinoamérica, ni Asia, ni África.

Sin embargo, es el hundimiento de la URSS el que nos hace caminar durante años como un boxeador noqueado. Fijémonos en uno sólo de sus efectos: la falta de identidad.

Durante mucho tiempo, la tarea que hemos realizado los y las comunistas es reafirmar nuestra identidad. Algo necesario pero no suficiente para cambiar la realidad. Es más, podríamos establecer el paralelismo con el periodo evolutivo de la adolescencia, donde la propia identidad y reflejarla, aunque no venga a cuento, es el impulso normal. Pero establecida la identidad, tendremos que crecer, ¿no?

Hemos vivido este periodo con muchas contradicciones. La fundamental, tener que compatibilizar la épica revolucionaria con la realidad de la “vía democrática”. Un partido litúrgico llama a la militancia a la celebración de un día señalaíto o la convoca para elegir delegadas y delegados. Recuerda cada hecho, cada fecha. Y corre el peligro de tener cuadros que se saben el nombre de las francotiradoras de Stalingrado pero no tienen ni la menor idea de lo que pasa en su barrio o en su empresa. Algo que está lejos de ser una exageración.

El Partido Comunista debe tener sus referencias, sus ejemplos a seguir. Una necesidad que hay que digerir correctamente. Porque la realidad se lucha aquí y ahora.

La constitución del Frente Popular o el llamamiento a la Reconciliación Nacional marcan la firme apuesta del PCE por el desarrollo de lo que conocíamos como “vía democrática”.

Es posible que desde determinada visión épica el desarrollo de la democracia, su ampliación -de la democracia formal a la democracia popular-, parezca una desviación socialdemócrata. O que entendamos el frente institucional como un fin en sí mismo contribuya a dibujar un panorama de traición a nuestra tradición comunista. Pero también es verdad que es una consideración muy útil para afrontar un Congreso del partido. Hay argumentos políticos que son comodines, instrumentales.

Tampoco podemos dejar de señalar que el desarrollo de la democracia, su ampliación, no sólo política sino también económica, carece de su propia épica. No me refiero al cursi “relato” tan de moda. Sino al valor político y ético que nos vincula colectivamente a una tarea política.

¿Qué hacemos en las instituciones?

Es posible que no haya preguntas más revolucionarias que “por qué” y “para qué”. Lejos de pararnos a criticar cada vez que camaradas se acomodan en las instituciones, crítica que debe hacerse en cada organización del partido, sería conveniente preguntarnos para qué estamos en las instituciones. Sobre todo porque hace mucho que sabemos que tener el gobierno no es tener el poder.

Los poderes públicos conforman una sociedad. En España hemos presenciado cómo desde los poderes públicos se ha hecho la transición entre un capitalismo nacional y una sociedad de consumo desarrollada, y el cambio de conciencia popular que la ha acompañado. ¿Es posible, desde los poderes públicos, poner las bases para una transformación social?
     

Lo que no podemos esperar en este momento es un cambio revolucionario. La sociedad de consumo ha cambiado la conciencia de nuestra clase (entiéndase la generalización necesaria): individualización para que el deseo de consumir sea el primer elemento social reconocible, adaptación a una forma de trabajo que nos roba la vida y no nos permite establecer raíces ni vínculos sociales y aceptación de la política como espectáculo en el que escasamente participamos.

Además, hoy nos encontramos ante una forma de capitalismo que ya no esconde que no puede prometer mejorar la vida sino que nos hace a la idea de que la crisis es la forma natural de vida, que podemos vivir aún peor. Y esta ruptura con la idea de una progresiva mejora está en la base de la desafección política entre la que navegan con comodidad los conspiracionistas y la extrema derecha.

Durante toda su vida la clase trabajadora ha visto cómo el Estado ha sido un coto privado de caza que no ha protegido a la clase sino al contrario. Los principales sistemas de redistribución (educación y sanidad públicas) son deteriorados ante nuestras narices sin que tenga ningún reproche penal ni político. Nada bueno podemos esperar del Estado tal y como está, profundizando el “sálvese quien pueda a costa de los demás”.

Prestigiar el papel redistribuidor del Estado, su papel de control de la injusticia laboral y social, es la principal tarea comunista. ¿Cómo puede hablarse de planificación económica, de justicia social, si el Estado juega a favorecer a los favorecidos? Es esta una tarea sin la que no podemos proyectar futuros cambios.

Profundizar en la democracia participativa, politizar a la clase trabajadora, desde el municipio hasta las instituciones europeas. Es imprescindible establecer lazos políticos entre la mayoría social en el seno de esta comunidad rota, de individuos aislados y de ley de la selva.

Estas y cualquier otra prioridad que nos planteemos deben tener en cuenta la realidad social en la que vivimos, asumiendo que tenemos que nadar en el sentido contrario a como el capital está escribiendo la historia.

Las políticas socialdemócratas son meramente redistributivas: de lo que hay, repartamos.

Para las comunistas, crear las condiciones para el futuro, romper con el fatalismo capitalista, demostrar que el poder alcanzado es poder para el pueblo, va más allá de la mera asignación de recursos.

Un trabajo para siempre es el esfuerzo por crear mayorías sociales, también mayorías electorales, capaces de realizar cambios, que el partido desarrolle las técnicas políticas necesarias, analizando la realidad y proyectando el futuro. Complejo trabajo que requiere de estrategias de comunicación, de relación, de militancia y de planificación que superan este artículo. Un artículo en el que, con pocos recursos, intento explicar la necesidad de elaborar colectivamente una épica de la construcción de la democracia.

 LUCINIANO RODRÍGUEZ  

 Restringir el tráfico incrementa las ventas del comercio local

 

Las políticas para reducir el tráfico de vehículos y limitar el acceso de los más contaminantes aumentan las ventas del comercio minorista, según un nuevo estudio de la campaña Clean Cities.

Mientras la población europea se enfrenta a la posibilidad de otra «Navidad COVID-19», un nuevo informe de la campaña europea Clean Cities, que en España desarrollan entre otras organizaciones Ecologistas en Acción, ECODES y ConBici, concluye que un menor número de coches  en las calles podría ser un salvavidas para el comercio local, muy  afectado por la pandemia.

Los datos revelan que las políticas urbanas que reducen el uso del coche en general o que se centran específicamente en prohibir la circulación de los vehículos más contaminantes –como las áreas de tráfico restringido y/o las Zonas de Bajas Emisiones ¹ – mejoran no solo la calidad del aire sino que pueden contribuir a aumentar las ventas navideñas.

   

Carmen Duce, coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción y coordinadora de la Campaña Clean Cities, señala que «las políticas que desincentivan el uso del automóvil pueden ser un verdadero salvavidas para la economía local. Los dirigentes municipales deben redoblar sus esfuerzos para poner en marcha zonas de bajas emisiones y de tráfico restringido. Es una triple victoria para lograr un aire más limpio, proteger el clima y ayudar a los negocios locales. Los propietarios de comercios situados en vías afectadas por la contaminación del tráfico se merecen un regalo de Navidad».

En Madrid, por ejemplo, el gasto se elevó un 8,6 % en el área delimitada por la zona de bajas emisiones –antiguo Madrid Central– en comparación con el 3,3 % que se registró en el municipio durante el período navideño de 2018.

El estudio muestra que cuando estas políticas se combinan con fuertes inversiones en transporte público y promoción de la movilidad activa los resultados son aún más positivos. En Londres, después de realizar mejoras para estimular los desplazamientos a pie y en bicicleta en las principales calles y en los centros urbanos, el cierre de comercios locales fue un 17 % menor que en otras zonas, según un análisis realizado en 2018. Igualmente, un estudio realizado en Berna (capital de Suiza), demostró que convertir las plazas de aparcamiento en aparcamientos para bicicletas puede elevar un 13 % el gasto en el comercio minorista por metro cuadrado de aparcamiento.

   

Al contrario de lo que a veces se dice y se piensa, los clientes que van a pie, en bicicleta o en transporte público tienden a gastar más que quien llega en coche. En los distritos comerciales de Londres, los clientes que llegaban a pie gastaban más al mes (215 libras) que quienes llegaban en coche (206 libras). En Berlín, una encuesta reciente reveló que los compradores que llegaron a las calles comerciales a pie, en bici o en transporte público son responsables del 91 % de las compras semanales (a pie: 61 %, en transporte público: 16,5 %, en bicicleta: 13,5 %).

Cristian Quílez, responsable de proyectos de ECODES, señala que «las políticas de movilidad restrictivas con el tráfico son a la vez una apuesta por la salud de los ciudadanos, el medio ambiente y la economía local. Las Zonas de Bajas Emisiones, que deben ir más hacia las cero emisiones que hacia las bajas, tienen que servir para devolver las calles al peatón, reducir el vehículo privado, y priorizar la movilidad activa, la bicicleta y el transporte público de cero emisiones. Ojalá en 2023 una mayoría de las ciudades haya optado por el camino de la ambición y la lógica más que por la defensa de intereses particulares».

    

Laura Vergara, portavoz de Conbici, remarca: «La evidencia es clara. Más transporte activo y público –no coches– significa mejores negocios. Las políticas de reducción del uso del coche deben ir siempre acompañadas de fuertes inversiones en la marcha, la bicicleta y el transporte público».

La Ley de Cambio Climático aprobada en España en mayo de 2021 obliga a las 149 ciudades de más de 50.000 habitantes a implementar zonas de bajas emisiones antes de 2023 ². Actualmente hay más de 250 LEZ activas en toda Europa. Francia ha fijado el final 2024 como plazo para que todas las grandes ciudades implanten zonas de bajas emisiones ³. También se espera que el año que viene haya una zona de bajo tráfico que cubra el centro de Bruselas ⁴.

 ECOLOGISTAS EN ACCION

1.    1. Las zonas de bajo tráfico reducen el uso del automóvil restringiendo la circulación de todo tipo de coches y dando prioridad a la bicicleta, los desplazamientos a pie y el transporte público. Las ZBE eliminan gradualmente los coches de gasolina, diésel y gas y animan a la población a cambiar a vehículos más limpios o al transporte activo y compartido.

 

E  2. España Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447

3.    

Fr  3. Francia. Ministerio de Transición Ecológica. (2021) Projet de loi Climat & Résilience: https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-resilience-deputes-viennent-finir-lexamen-des-articles-du-titre-iii-se-deplacer-ca

4.    4. Bruselas. Zona de Tráfico Restringido https://mobilite-mobiliteit.brussels/en/good-move

 

 Experiencia de regulación de la prostitución en Alemania: el burdel de Europa da carné de prostitutas

REGULARIZAR LA PROSTITUCIÓN ES BLANQUEAR AL PROXENETA

Un millón de puteros al día y 400.000 mujeres de las que sólo un 10% están regularizadas. ¿Dónde está el resto?

 La calle Herberstrasse se encuentra en el centro de la ciudad de Hamburgo. Es una calle más de la vía pública, lo que la hace especial es que está tapada a ambas salidas por un par de vallas acompañadas por unos carteles donde se puede leer: “ENTRADA PARA HOMBRES MAYORES DE 18 AÑOS. PROHIBIDO MUJERES”. Prohibido mujeres que no estén dentro del sistema prostitucional, hay que aclarar, que es efectivamente “eso” tan misterioso que encontramos dentro, hasta ese punto se deshumaniza a las mujeres prostituidas. Esta calle simboliza a la perfección lo que supone la regulación de la prostitución: da vía libre a la masculinidad hetero normativa más antigua del mundo y violenta a todas las mujeres (prostituidas o no).

Alemania, conocido como “el burdel de Europa”, ha aprobado dos leyes para regular la prostitución en los últimos 20 años. La primera fue en 2002, llamada “Ley de la Prostitución” y cuyo objetivo era mejorar las condiciones jurídicas y sociales de las prostitutas. Lo que se hizo fundamentalmente fue eliminar la calificación jurídica de “inmoral” con la que se refería oficialmente a la actividad hasta entonces. No legalizó la prostitución, como a menudo se cree, ya que esta está permitida en Alemania desde hace casi un siglo. Sin embargo, a pesar de que no fuera estrictamente ilegal, tampoco existía ninguna ley específica que la regulara y la calificación jurídica de la actividad como “inmoral” tenía efectivamente consecuencias negativas sobre las mujeres prostituidas a la hora de reclamar cualquier tipo de derecho laboral o el acceso a la seguridad social. Si bien esto en la teoría puede parecer algo positivo e incluso progresista, en la práctica sirvió para facilitarle aún más el trabajo a los proxenetas, que a partir de este momento se transformaron en dignos empresarios y, por supuesto, a los puteros, convertidos en dignos clientes. Literalmente, se redefinió el proxenetismo en el código penal y se despenalizó la promoción de la prostitución, es decir, que a partir del 2002 ya era legal la creación de burdeles y su publicidad. ^[1]

Después de 15 años con la ley en vigencia se pudo observar que no tuvo como resultado una gran mejora en la vida de las mujeres prostituidas y el número de víctimas de trata con fines de explotación sexual se mantuvo estable según las fuentes oficiales del Estado. El tema volvió a estar a debate y, a pesar de la presencia de algunas voces abolicionistas, se continuó por el camino de la regulación aprobando en 2017 la “Ley para la protección de las/os prostitutas/os” (Prostituiertenschutzgesetz), que obliga a registrarse a todas las personas que ofrezcan servicios sexuales, independientemente de dónde y con qué frecuencia. Tras el registro oficial, se entrega un “carnet de prostituta” en el que aparecen datos como el nombre (puede ser el real o un alias), fecha y lugar de nacimiento, lugares donde se ejerce la prostitución y una fotografía. De poco sirve poder crear un pseudónimo para mantener el anonimato si al lado aparece tu cara con el resto de tus datos personales. Esto ha sido ampliamente criticado por asociaciones que trabajan con personas víctimas de trata, incluso las que no abogan por la abolición, por facilitar la extorsión a las víctimas, pues solo basta con hacer una foto del carnet y amenazar con su exposición pública o a familiares. ^[2] La “buena intención” detrás del registro, es que viene acompañado de una charla con un/a funcionario/a que debe considerar si hay indicios de coacción, sin embargo, no se establece un protocolo claro sobre cómo llevar esto a cabo, cada estado federal debe hacerse cargo y se duda que haya personal competente formado para identificar víctimas de trata de personas.
  

  

En el proceso previo a aprobar la primera ley, por ahí en 2001, el propio Parlamento alemán hace referencia a fuentes que estiman que en todo el país había unas 400.000 personas ejerciendo la prostitución (la inmensa mayoría mujeres) en burdeles, pisos privados y en la calle, donde acuden una media de un millón de hombres al día. ^[3] En 2018, después de la aprobación de la última ley, solo se registraron como “trabajadoras sexuales” en Alemania cerca de 33.000 personas, el año siguiente constan 40.000 y en 2020, debido a la pandemia, la cifra bajó casi a la mitad. ^[4] La pregunta es ¿dónde están esas 360.000 mujeres que faltan? A día de hoy, veinte años después de la aprobación de la primera ley para regular la prostitución, el Ministerio alemán para la familia, mayores, mujeres y jóvenes simplemente afirma que desconoce el número de personas prostituidas en su país. ^[5] Nos preguntamos cómo puede un Estado regular y mejorar la vida de un grupo de personas cuando en dos décadas no se ha molestado en recoger datos fiables sobre cuántas lo componen.

Las mujeres registradas solo componen entre el 10% y el 20% del total estimado. De esta minúscula parte, más del 80% son migrantes, la gran mayoría provenientes de países empobrecidos del este de Europa. ^[6] No es difícil llegar a la conclusión de que el 90% de mujeres que faltan por registrar serán en su gran mayoría también migrantes, muy probablemente en situación irregular y de vulnerabilidad. La obligatoriedad de registro es un requisito imposible de cumplir para las de situación irregular y, de nuevo, puede utilizarse como amenaza por parte de proxenetas, si una mujer no se registra debe pagar una multa de hasta 50.000€.

Por otra parte, la Oficina Federal alemana de Policía Criminal publica cada año un informe sobre la trata de personas, la media de los últimos cinco años es de unas 325 víctimas de trata con fines de explotación sexual. Los cambios de un año a otro no son significativos y no se observa que la aprobación de las leyes haya tenido un impacto relevante. ^[7] Aquí tampoco encontramos a esas 360.000 mujeres que han desaparecido repentinamente de los datos, pero tampoco es que sea una sorpresa comprobar que las vidas de las mujeres migrantes y empobrecidas importan poco al sistema capitalista y patriarcal, que es capaz de convertir cualquier cosa en mercancía, en este caso, los cuerpos de las mujeres.

Cuando se normaliza el consumo de prostitución mediante la apertura de burdeles de siete plantas, publicidad, ofertas para grupos y un largo etc., es de esperar que suba la demanda. Si sube la demanda, necesitamos más oferta y, si no hay suficiente dentro de nuestras fronteras, se tiene que importar. El problema es que seguimos hablando de cuerpos de mujeres, es decir, de mujeres. Y los que las consumen, son hombres: no hay un perfil de putero, lo único que tienen en común es el género. El proceso de una mayor normalización del acceso de los varones a los cuerpos de las mujeres no lo han hecho solo las leyes, los medios de comunicación también se han encargado de maquillar el proxenetismo y la violencia a lo largo de los años publicando numerosos artículos y entrevistas a proxenetas al estilo más “canallita” con títulos como “10 preguntas a un gerente de burdeles que no te atreverías a hacerle” que nos dejan muy claro quién son y a qué nos estamos enfrentando. A la pregunta de si alguna vez ha rechazado candidatas por no ser atractivas, este empresario responde: “¡Por supuesto! Si una mujer se ve así, le pregunto directamente: si ni siquiera te invitaría a un trago, ¿cómo se te ocurre que hay hombres que se atreven a follarte por dinero?” ^[8]

Si esto no es violencia contra las mujeres, entonces no sé qué lo es. Debemos luchar porque todas las personas tengan derecho a un sueldo mínimo, vacaciones pagadas y acceso a la sanidad pública. Pero es una trampa plantear la problemática como si se tratara de esta dualidad: prostitutas con derechos o prostitutas sin derechos. Esto es poner el foco solo sobre una pequeña parte del problema en lugar de analizarlo en su conjunto. La situación en nuestro país no es mucho mejor, pero todavía estamos a tiempo de decidir hacia dónde queremos avanzar. Tenemos que pensar si queremos normalizar todavía más los deseos de la masculinidad hetero normativa o queremos derribarla. Debemos desestigmatizar a la puta, pero no desestigmatizar al putero. No se puede regular la prostitución sin blanquear al proxeneta. Cuando un sistema violenta de una forma tan brutal a millones de mujeres y niñas en todo el mundo, hay que luchar por abolirlo, no por adaptarse a él. Es un camino largo y difícil, pero hacer lo contrario es rendirse antes de empezar la batalla, es seguir bailándoles el agua a los que nos quieren subordinadas, empobrecidas y rotas para tener acceso ilimitado a nuestros cuerpos.

NÚCLEO DEL PCE EN ALEMANIA 

Fuentes por orden de aparición en el artículo:

1. Manuela Schon, “El mito de lo legal lo hace seguro”

2. Paula Riedemann, “Cómo afecta la nueva Ley de Prostitución alemana a las trabajadoras sexuales migrantes”

3. Asunto 14/5958 – 4 – Bundestag alemán – 14a legislatura (Drucksache 14/5958 – 4 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode)

4. Oficina Federal de Estadística, datos sobre prostitución.

 Organizar la rabia

Con los contenedores quemados en Cádiz están defendiendo los derechos de toda la clase trabajadora

 A nadie le puede sorprender lo de Cádiz si tiene un pie en la calle y una oreja en las conversaciones de los bares, las peluquerías, las panaderías, los vestuarios de las fábricas y de los talleres o en la esquina a la salida del supermercado donde las trabajadoras y los trabajadores se fuman el cigarrillo.

Desde 2008 la situación cotidiana de la clase trabajadora va empeorando cada vez más: peores servicios públicos, alquileres más caros, peores salarios y condiciones de trabajo… No sé cómo se explicará con datos, lo que sí sé es que es una afirmación compartida y vivida por la mayoría de la población. Se palpa en el ambiente. Ni siquiera eres un afortunado ya cuando encuentras trabajo porque supone reducirte a la nada, a vivir para primaria, en las principales ciudades del país la cita previa para pedir el subsidio de desempleo tarda más de un mes (el plazo legal son 15 días), se van a cargar a todos los sanitarios que pusieron de refuerzo para el COVID, no hay tren ni se le trabajar: larguísimas jornadas, traslados interminables al centro de trabajo y salarios de subsistencia. Enfermedades laborales físicas y psicológicas. Si no encuentras a quien venderle tu alma al firmar un contrato, que no se va a cumplir, pasas a engrosar las filas del paro. Sensación de inutilidad y de aislamiento social en un país cada vez más individualista, más neoliberal, más falsamente meritocrático. Si tienes un problema es tu responsabilidad. Y la puntilla es que los servicios públicos cada vez están más débiles. Hay provincias donde ni siquiera dan citas de atención espera para millones de españoles…

La clase trabajadora está al límite y enfrente nos encontramos con la burguesía echada al monte. Durante la crisis de la pandemia se les obligó a ceder mínimamente: a cerrar dos semanas y a no poder salir a la calle, a sacrificarse por la sociedad como hicimos el resto. La cuestión es que la burguesía en España no ha cedido nada en 200 años y están tomando nota de ello. Con la judicatura a su favor y un partido que representa su programa de máximos en el Parlamento es bien difícil que se les arranque alguna conquista social. Lo quieren todo, hasta el último céntimo de plusvalía.

   

La ley vigente ni se cumple, ni protege a los trabajadores, ni los que la dictan son neutrales. Ni se trabajan ocho horas, ni se cumplen las medidas de seguridad laboral, ni se respetan las horas de descanso entre turnos, ni se pagan las horas extras y un largo etcétera. Dijo Marcelino, con más razón que un santo, que la democracia conquistada en el 78 se había quedado en la puerta de las fábricas. En el centro de trabajo la única ley que existe es la correlación de fuerzas entre el empresario y la plantilla. Hasta fue noticia que la ministra de trabajo mandara inspectores para hacer contratos indefinidos, es noticia lo que debería ser norma. Cada vez la justicia está menos valorada entre la población. Y los cauces de representación política están quemados. Podemos y Unidas Podemos existen como estructura y como partido. Pero lo que supuso Podemos, la posibilidad de ruptura con el actual sistema político, está acabado. Y eso para las capas populares que confiaron en esa posibilidad ha sido una traición. Quien no se lo crea que revise los porcentajes de voto en las manzanas más humildes de nuestro país. Nadie les avisó de que el Estado, por muy democrático que sea, que en el caso de España no lo es, y gobierne quien gobierne, obedece siempre a los intereses de los poderosos, de los poderes fácticos, de la oligarquía. Sí se puede, claro que se puede doblarles el brazo a los poderosos, pero no así.

La diferencia abismal entre la vida y las miserias cotidianas frente al lamentable espectáculo político y la farsa judicial hace que la clase trabajadora este hasta las narices.

El único camino

Y en este contexto social concreto es cuando ante un conflicto por la negociación de un convenio, el del metal de la provincia de Cádiz, se han encendido las calles. Y encima arden las calles legítimamente o así de momento se esta percibiendo entre la ciudadanía gaditana. Kichi, el alcalde, y el grupo musical Andy y Lucas han mostrado no solo su apoyo a la movilización sino también a la forma de lucha. El mensaje esta claro, o se queman contenedores o en Madrid (el poder central) no te hacen ni puto caso. No es casual que en 2020 el documental El año del descubrimiento, que narra los conflictos obreros que se dieron en Cartagena en 1992, ganara el premio Goya. Su conclusión es similar: para que se salvaran cientos de trabajos en la ciudad hubo que prenderle fuego al Parlamento autonómico.

En la memoria de la clase obrera de este país esta la lucha. La clase trabajadora no es gilipollas ni inútil. Se sabe, quizá no se explícita a través de una reflexión consciente, que gracias a la lucha, a las huelgas y a la movilización tenemos lo que tenemos. Otra cosa es el estado de ánimo para llevarlas a cabo y el conformismo con la actual situación. Pero ese conformismo tiene un límite como estamos viendo en la lucha de los trabajadores del metal de Cádiz.

Y la movilización no se decreta, eso lo sabe perfectamente cualquier activista, sindicalista o militante que ha estado en la gestación y organización de manifestaciones o acciones. Puedes planificar, construirte escenarios y marcos, pero hay un punto de salto cualitativo, de estallido de todas las contradicciones que es imposible medir. Hay muchos indicios que nos están señalando el hastío y la situación al límite de la clase trabajadora. Explosiones de frustración incontenible. La conclusión, nuestra conclusión como comunistas: organizar la rabia. Potenciar el conflicto, extenderlo, concienciar en lo colectivo. Los contenedores quemados en Cádiz están defendiendo los derechos de toda la clase trabajadora. Convencer a nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo: la violencia es no tener trabajo o, si lo tienes, no llegar a final de mes. La contundencia en las movilizaciones no es el camino elegido por los trabajadores, es el único camino que está dejando la patronal para garantizar nuestros salarios y nuestro trabajo. Orientar el conflicto no solo a la necesidad de un convenio digno sino a la necesidad de romper con el régimen político actual. Para que no estemos condenados únicamente a la protesta y a la pataleta, a quemar cíclicamente contenedores, a estallar de rabia, a comernos nuestra propia frustración y a golpearnos frente a un sistema político y económico que nos explota.

 VÍCTOR SERGIO BENEDICO GÜELL. Responsable del Núcleo de Industria del PCE Aragón 

Es una PAC para la patronal del campo, 

incompatible con el pacto verde europeo

La propuesta que se vota este martes en Estrasburgo lleva negociándose desde la legislatura pasada y, para la portavoz federal y eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, no responde a las demandas de los pequeños y medianos agricultores. Sí sigue beneficiando a los grandes tenedores de tierra, mientras que la pequeña producción, de cercanía, con productos de calidad y ecológicos, que fija población en la España vaciada, continúa sin verse suficientemente recompensada. “Es una PAC a medida de la patronal del campo e incompatible con el Pacto Verde europeo”, asegura.

La portavoz federal de Izquierda Unida y eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, ha anunciado esta mañana el voto en contra de nuestra organización a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se celebra este martes en el pleno de Estrasburgo. Un voto en contra, que se sustenta en varios ejes que hacen de esta PAC “una propuesta a la medida de la patronal del campo, que sigue protegiendo a los agricultores de sofá y que da la espalda a la crisis ecosocial”.

Lo primero es que “esta nueva PAC nace obsoleta”. La regulación lleva negociándose desde 2017 y no va a entrar en vigor hasta 2023, por tanto, “no está adaptada a las exigencias” no sólo medioambientales, sino a la realidad del campo. Por ejemplo, ignora los cambios que la propia UE y la sociedad están viviendo. Desde el Pacto Verde Europeo, a la estrategia De la Granja a la Mesa, pasando por la Estrategia europea sobre biodiversidad, o los problemas estructurales que se han manifestado con crudeza en el campo en los últimos años: “Hablamos de precios a la baja, de la subida del gasoil, de los insumos cada vez más altos, del cierre de explotaciones, de competencia desleal o del deterioro de la posición de las y los agricultores en la cadena de valor”.

El texto, alerta Rego, “no tiene en cuenta cuestiones fundamentales como la redistribución económica entre los agricultores más precarios, la incorporación de la mujer y de los jóvenes con medidas concretas o la crisis climática”.

Es “una propuesta conservadora”. “Había una oportunidad de traer una PAC más justa, que pensara en las necesidades del momento y la gravedad de la crisis ecosocial”. Pero la realidad es otra. “Hay un enorme caudal de recursos económicos que no está llegando a los pequeños y medianos agricultores y esta era la oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en medio de una reflexión profunda sobre el modelo productivo y las necesidades que tiene la gente trabajadora en Europa”.

  

La portavoz de IU señala como un tema clave que la propuesta de reforma no aborda algo que es “sustancial” y que “genera una enorme brecha y desigualdad en la agricultura”, como la implementación de “un sistema de fijación justa de precios”. Cabe recordar que los precios bajos y volátiles como los que tenemos ahora son el factor principal que explica las bajas rentas de nuestros agricultores y agricultoras.

Por otro lado, y pese a que hay algunos grupos que están haciendo bandera de ello, la propuesta, más alla de las “buenas palabras y declaraciones de intenciones, no incluye ninguna medida concreta que reconozca y mejore la situación de las mujeres agricultoras”. Tampoco para la juventud que quiera dedicarse al campo, ya que, por ejemplo, las ayudas mínimas al relevo generacional se han quedado en un 3% de los pagos del Primer Pilar, muy lejos de las necesidades de un sector profundamente envejecido.

“Las ayudas directas siguen sin tener un techo máximo y sin ser una medida vinculante para los Estados miembros”, lo que puede llevar a abusos porque en la práctica, el cálculo se basa en deducir todo tipo de gastos. Tampoco atiende a una reivindicación histórica del campo como es la “definición de la figura del agricultor genuino, por lo que esta PAC también prima a los agricultores de sofá y los grandes tenedores de tierra, que podrán seguir acaparando las ayudas”.

En la misma línea, está la cuestión de los derechos históricos, “que es un mecanismo anacrónico de cálculo de las ayudas del Primer Pilar que permite que gente que no está en activo pueda seguir cobrando las ayudas”. Esto conlleva que agricultores con derechos reconocidos en los años noventa sigan cobrando la PAC o que en 2027 puedan cobrar por derechos del año 2000. Y a la inversa: agricultores y ganaderos en activo no pueden acceder a las ayudas, lo que dificulta enormemente el imprescindible relevo generacional.

“Creemos que es una PAC que da la espalda nítidamente a la protección del medioambiente y las demandas sociales”, continúa. Los ecoesquemas “son un fracaso”, porque se dotan a la baja económicamente y se detraen del apoyo directo a rentas” para promover unas medidas cuya implantación les requiere, además, un gasto adicional a los pequeños agricultores. “No se van a aplicar”, vaticina Rego, “o sólo lo van a aplicar las grandes empresas y explotaciones”, que con esta decisión podrán seguir haciendo campañas de greenwashing a costa de la renta de los pequeños perceptores de la PAC.

“Los recursos deberían haberse repartido de una manera más justa para evitar que las explotaciones más pequeñas queden atrás, para impulsar una agricultura que tenga también en cuenta a quienes estén produciendo en esquemas más pequeños y sostenibles, para invertir los recursos públicos en modernizar la agricultura y hacerla más sustentable, que es algo fundamental en el caso de la crisis ecosocial y un sistema de producción más justa, que no obligue a los agricultores a vender por debajo de los precios de producción, que es un drama que sufren muchos agricultores y agricultoras de nuestro país”, ha resumido.

 

IZQUIERDA UNIDA FEDERAL  

 MANIFIESTO DEL PCE PARA EL 25N

 Jaque feminista a la justicia patriarcal

 

Denunciamos todas las violencias machistas y en especial la violencia ejercida por el poder judicial machista y patriarcal

 Este 25 de noviembre se enmarca en un mes negro. La sombra del patriarcado nos amenaza en las instituciones, en nuestras casas, en las calles y en los lugares de ocio nocturno, en los centros de trabajo y de estudio.

Nuestra libertad y nuestra integridad física y mental no se respeta. Se nos mata, se nos viola, se nos explota laboral, sexual y reproductivamente, se nos acosa, se nos maltrata, nos asesinan hijos e hijas y ante esto se nos sigue cuestionando, no se nos cree e incluso se nos criminaliza con pena de cárcel, como son los casos recientes de Juana Rivas, María Salmerón o María Sevilla, por alejar sus hijos de maltratadores. 

  

Las mujeres a lo largo de nuestras vidas podemos sufrir diferentes violencias machistas: físicas, psicológicas, económicas, sexuales y las violencias vicaria e institucional. Estas dos últimas no son nuevas, siempre han existido, aunque desapercibidas.

El PCE, en el día internacional contra la violencia de género, denuncia todas las violencias machistas y hacer especial atención a la violencia ejercida por el poder judicial machista y patriarcal.

España no tiene una legislación específica sobre violencia institucional, pero ha ratificado el convenio europeo contra la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul. Eso significa que la violencia institucional puede ser juzgada y condenada.

En este sentido saludamos que desde el Ministerio de Igualdad se esté trabajando para ampliar la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género a todas las violencias del Convenio de Estambul, y en un catálogo urgente de medidas como resultado del dialogo con las asociaciones y organizaciones de mujeres implicadas en la atención a las víctimas y en la lucha contra las violencias machistas.

La sociedad y las instituciones siguen sin identificar la violencia machista cuando no hay agresión física, no perciben que el maltrato psicológico puede llegar a ser devastador e incluso irreversible. Se castiga y se reprueba la violencia física, pero no se detecta o se pasa de puntillas sobre una estrategia del maltratador como es el uso de la manipulación y el victimismo.

Es urgente que las instituciones amplíen su formación en todas las formas de violencia de género, aumenten los recursos de atención especializada que ayuden a identificar esta violencia, su intencionalidad, sus mecanismos y sus consecuencias. Dotar a las mujeres víctimas de maltrato psicológico de credibilidad y devolverlas la vida que les ha sido robada.

Denunciamos la violencia vicaria, la utilización de los hijos e hijas para continuar la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Una de las formas más extremas de violencia machista. Una violencia extendida y oculta, donde en ocasiones los maltratadores acaban matando a los hijos y las hijas.

Un maltratador no es un buen padre, a través de este tipo de violencia machista deshumanizan a los hijos e hijas que pasan a ser el objeto que les permite provocar el dolor extremo en las madres. Un dolor extremo que saben que persistirá durante toda la vida, un dolor que hace que las mujeres se puedan sentir culpables por no haber sabido proteger a sus hijas e hijos.

Denunciamos que no se actúe desde las instituciones hasta que se produce el asesinato de un niño o una niña, porque la violencia vicaria es un largo proceso de violencia de género, que al igual que otras manifestaciones machistas, incluye la violencia física, económica y, siempre, la del control sobre las mujeres.

Una violencia que cuenta con un gran respaldo de las instituciones y del sistema judicial: Juana Rivas, Sara, María Sevilla, María Salmerón, Patricia González, María Ugarte, Ana María Bayo, Silvia Aquiles, María Isabel Martínez, Verónica Saldaña, Daria Sidorkevich, Bárbara, Beatriz… entre muchas otras, son víctimas de este tipo de violencia.

Algunas de ellas han visto cómo sus maltratadores asesinaban a sus hijos o hijas, a otras se les ha retirado la custodia por atreverse a denunciar por maltrato y abuso infantil a los agresores. Agresores que muchas veces la justicia ha amparado bajo el derecho de los padres a visitar a sus hijos e hijas, derecho que a un maltratador le debería ser negado.

Estas situaciones de injusticia machista demuestran que el patriarcado sigue presente en el poder judicial y que urge la protección legislativa de las mujeres y los y las menores frente a la violencia machista.

El PCE lucha para evitar que la mitad de la población siga humillada, vejada, coaccionada, violada, o asesinada sin una respuesta contundente y eficaz de los poderes públicos.

Es imprescindible que la violencia institucional y la violencia vicaria estén recogidas dentro de la Ley Integral, por lo que implica de asunción de responsabilidad del Estado, por acción o por omisión, de un fenómeno que afecta a una de cada 10 mujeres y que se ha cobrado la vida de miles de nosotras.

Juguemos bien la partida. ¡Jaque mate al patriarcado criminal!

 

 Unidas Podemos registra una enmienda a la Ley de Memoria referida a la Ley de Amnistía para que los crímenes más graves del franquismo sean 'imprescriptibles y no amnistiables'

 

Enrique Santiago presenta en el Congreso junto a Martina Velarde las 30 enmiendas elaboradas conjuntamente con el Grupo Socialista tras un acuerdo que califica de “francamente bueno” porque supone dar “pasos muy sólidos” para satisfacer “el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y a la no repetición de graves crímenes” que exigen desde hace años las víctimas del franquismo, sus familias y los colectivos que los representan

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha presentado esta mañana junto a la diputada del mismo grupo Martina Velarde las 30 enmiendas al proyecto de Ley de Memoria Democrática registradas en el Congreso conjuntamente con el Grupo Socialista, cuyo plazo concluye hoy miércoles. Entre los cambios destaca el que se introduce con una nueva redacción del artículo 2, referido expresamente a la Ley de Amnistía de 1977. Su objetivo es “garantizar el derecho a la justicia de las víctimas” e indica expresamente que ‘todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario”, según el cual “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

Santiago, en respuesta a los medios sobre esta misma enmienda, ha celebrado el acuerdo alcanzado que conduce a que, si sale adelante la reforma, no se pueda seguir utilizando la Ley de Amnistía “como una excusa para no perseguir crímenes” como los que se explicitan en el nuevo texto.

El diputado reconoció la limitación de su alcance práctico después de los muchos años transcurridos, ya que “la responsabilidad penal acaba con la muerte” y muchos responsables han fallecido. No obstante, destacó que la justicia no consiste solo “en sancionar”, sino que también es “muy importante conocer la verdad judicial”, algo que tiene en sí mismo un “efecto reparador” para las víctimas, para llegar al convencimiento de que no existen afectados de primera y de segunda.

“No se trata -dijo- de juzgar a servidores públicos de la dictadura, sino a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables”, detalló el también portavoz parlamentario de IU en el Congreso.

La nueva Ley de Memoria Democrática contemplará a partir de otra enmienda que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la “investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura”.

Otra de los cambios incluye ampliar el censo de víctimas del franquismo -sobre el que ya se trabaja desde 2019- para que integre “tanto a las personas fallecidas y declaradas fallecidas, como a las supervivientes que presten su expreso consentimiento”.

Martina Velarde detalló también que a partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno tendrá un año para designar una comisión técnica que “elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” hasta el 31 de diciembre de 1982. De esta forma se deben señalar “posibles vías de reconocimiento a las mismas”, así como a sus familiares o a colectivos en relación a “casos concretos”, apostilló Santiago.

A todo ello va a contribuir la creación de una “oficina de víctimas”, que se encargará del “apoyo técnico de las mismas y recogida los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como realizar labores de divulgación y sensibilización sobre los padecimientos y luchas de que protagonizaron las víctimas de la guerra, la dictadura”.

Para Enrique Santiago el conjunto de las enmiendas formalizadas hoy supone dar “pasos muy sólidos” para satisfacer el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y a la no repetición de graves crímenes” que exigen desde hace años las víctimas del franquismo, sus familias y los colectivos que los representan. En su opinión, este acuerdo alcanzado con el PSOE “es francamente bueno” y “mejora” el texto inicial del anteproyecto elaborado en el seno del Gobierno de coalición.

Las enmiendas impulsadas por Unidas Podemos reconocen también “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo”.

La nueva ley traslada al Gobierno la obligación de elaborar en el plazo de un año desde que entre en vigor una auditoría de los bienes incautados y, a partir de ahí, se establecerán las vías para el resarcimiento. Una comisión técnica será la encargada de estudiar el “conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables”.

Como ya se adelantó, se incluye una enmienda para que se reconozca la nacionalidad no solo a los “descendientes” de los brigadistas internacionales, siempre y cuando acrediten “una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España”.

Entre los pasos que van más allá de la conocida como ‘ley de memoria histórica” en vigor para acabar con los vestigios de la dictadura franquista se plantea, entre otras cuestiones, suprimir el nombre del Valle de los Caídos para que pase a llamarse oficialmente Valle de Cuelgamuros y se recupere así su “nombre original”.

De la misma forma, se acelera la supresión de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura para exaltarla y recompensar a personas que colaboraran con ella, por lo que se pide suprimir 33 ducados, marquesados y condados, entre ellos el de Franco o Primo de Rivera.

Se plantea el acceso “libre gratuito y universal” a los archivos privados, además de a los públicos, para que se puedan consultar documentos históricos integrantes de series documentales o de colecciones de bienes del Patrimonio Documental sobre el golpe de Estado, la Guerra, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera antifranquista o el exilio.

Enrique Santiago declaró que su grupo parlamentario tratará de conseguir el mayor número de apoyos posibles entre el resto de formaciones políticas y argumentó su confianza en poder lograrlo en que “si hay un bloque en el Parlamento que defienda rechazar la aplicación del Derecho internacional van a tener difícil explicarlo fuera de nuestro país”.

 

 El negocio de los accidentes laborales

Este mes se han publicado dos noticias que hilan esta historia. Por un lado la revista Forbes hizo público el listado anual de las cien personas más ricas de España. No había mucha sorpresa. Un año más, los ricos siguen siendo más ricos mientras los pobres seguimos siendo más y más pobres.

Ricardo Leal Cordobés se situaba como el hombre más rico de Extremadura, dueño del Grupo Cristian Lay radicado en Jerez de los Caballeros (Badajoz).

La otra noticia parte de CCOO que ha solicitado a la dirección de Cristian Lay un mayor esfuerzo en materia de prevención de riesgos laborales ante el incremento de los accidentes en este grupo, con cuatro de carácter grave en menos de un mes y medio. Es decir, las empresas de la persona más rica de Extremadura tienen el triste honor de destacar por el elevado número de accidentes laborales.

  

Los partes que emite la autoridad sanitaria de Extremadura son terroríficos. El 5 de octubre el accidente laboral fue por aplastamiento con una viga de un trabajador de 45 años que fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. El siguiente fue el 12 de octubre, día de fiesta en el que muchos empresarios se ponen su banderita rojigualda pero son incapaces de parar su producción para darle el festivo a la plantilla. En este caso el trabajador resultó herido por quemaduras, teniendo que ser enviado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El último registro ha sido el 29 de octubre con el resultado de dos trabajadores heridos.

EL PERSONAJE

Ricardo Leal Cordobés (1955, Jerez de los Caballeros) es uno de esos empresarios que le deben parte de su éxito a las buenas relaciones con la oligarquía política que en el caso de Extremadura señala directamente al PSOE. Prueba de ello es que este personaje forma parte del patronato de la Fundación Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entidad que él preside para estudiar su propia figura.

La vinculación no se queda aquí. La hija de Rodríguez Ibarra pasó de ser responsable de comunicación de la Fundación de su padre al Departamento de Comunicación del Grupo Cristian Lay. Nada es casualidad en la historia de este empresario extremeño que empezó como joyero en los años 80 y dio un pelotazo con la venta por catálogo. Con este salto comenzó su expansión pero también marcó que su modelo de negocio se sustentaría en la explotación de la clase trabajadora.

En la localidad pacense en donde se asientan parte de las empresas del Grupo Cristian Lay es fácil encontrar a gente que te cuenta como en los inicios este empresario tenia a los trabajadores y a las trabajadoras haciendo bisutería en sus casas. Las mujeres iban a la nave de la empresa de donde se llevaban los materiales y en sus hogares trabajaban. Les pagaba por cada pieza que completaban. Esto se traducía en jornadas maratonianas para intentar entregar más productos terminados y así poder cobrar una cantidad que permitiera vivir.

Era el modelo de industria domiciliaria moderna que Carlos Marx denunciaba en El Capital. Aquí se repetía el mismo esquema, con el agravante de que en esos años aparece otro oscuro personaje en la misma localidad: Alfonso Gallardo.

Este empresario, que también llegó a estar entre los más ricos del país, montó una siderurgia y decidió que solo contrataba hombres. De tal manera que toda la población femenina de la comarca de la sierra suroeste de la provincia de Badajoz trabajaba para Cristian Lay en condiciones deplorables.

LA EXPANSIÓN

Como no podía ser de otra manera, este empresario se hizo de oro robando la riqueza que producían los trabajadores y decidió invertir en más sectores. Tras montar una fábrica de joyería, creó Viajes Laytours. En 1994 lanzó Perseida Belleza, que fabrica productos de perfumería, higiene personal, cuidado corporal, higiene bucal y protección solar.

En 1996 diversifica fuera del sector de consumo y crea Ondupack, una de las mayores fábricas de envases y embalajes de cartón ondulado de España, situada en Almendralejo. Y con la catalana Artenius gestiona Plastiverd, centrada en la fabricación de plásticos reciclados. También entró en el sector del transporte y distribución de gas, constituyendo en 1996 Gas Extremadura, firma que se ha quedado el suministro de gas natural a las principales localidades extremeñas y que en la actualidad tiene casi 100.000 clientes. Este negocio que le aporta beneficios millonarios fue muy sonado, pues días antes de que se lo adjudicaran Rodríguez Ibarra comió con el propio Ricardo Leal en su lujoso chalet.

Como otros empresarios bien relacionados, en 2009 puso huevos en el sector de las renovables, creando Alter Enersun, propietaria de plantas fotovoltaicas y dedicada a la tramitación para instalarlas. Además, en 2017 compró GES en el País Vasco, la multinacional vasca de construcción y servicios para los sectores eólico y solar. Su división de renovables prevé alcanzar los 920 MW de potencia instalada en 2023.

En la industria química se estrenó en 2014, cuando compró la petroquímica IQOXE, Industrias Químicas del Óxido de Etileno, ubicada en Tarragona. A finales de 2020 dio un gran salto al comprar al fondo KKR el grupo siderúrgico Gallardo Balboa que era de Alfonso Gallardo el otro empresario del que hablamos antes.

EL CASO DE LA PETROQUÍMICA

En la expansión de este empresario por el resto del país ha llevado consigo sus prácticas empresariales y como muestra está lo que sucedió en 2020 en Tarragona, cuando una explosión en una fábrica del Grupo Cristian Lay provocó tres fallecidos, entre ellos dos trabajadores de la planta. Estos días se celebra el juicio que investiga lo que sucedió y según el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, muestra un reguero de actuaciones de la empresa para abaratar costes, aumentar la producción y, con ello, conseguir más beneficios.

Y es esta línea de investigación la que sigue, por el momento, la jueza. En varios autos de la causa, la magistrada apunta a una "política empresarial" que derivó en un "deficiente mantenimiento de las instalaciones" y en "el ejercicio de la actividad sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial y con un insuficiente número de trabajadores para realizar el proceso productivo con los debidos requisitos de seguridad".

Como empresario modelo no se conforma con la sangre de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo que tras la declaración de media docena de empleados, la jueza también está investigando si la empresa siguió produciendo "de forma clandestina" mediante el reactor al que teóricamente sustituyó el accidentado. Además las pesquisas también apuntan a un delito ambiental porque la empresa habría realizado vertidos al mar mezclados con disolvente que, para no ser detectados, se habrían producido por la noche o en fin de semana.

Nada de esto sorprende en Extremadura, pues Ricardo Leal es un viejo conocido en esta tierra. Pero una cosa vuelve a quedar clara: nadie se hace rico de manera honrada. Pero lo peor es que para hacerte rico vayas dejando un rastro de accidentes, corrupción y muertes.

 

 RAFA GONZÁLEZ