Geopolítica del gas

TENSIONES Y JUEGOS DE PODER DE LAS POTENCIAS EXPORTADORAS DE GAS

El hecho de que Turquía sea lugar de tránsito del gas refleja por qué en Bruselas es tan importante cualquier debate sobre ese país.

Mucho se ha hablado en estos últimos años del “Winter Package”, el paquete de directivas de energía que lanzó la Comisión Europea en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paris en la COP21 de Naciones Unidas. Actualmente estamos en la fase final de las negociaciones de este paquete de directivas. Las materias que se abordan son importantes: energías renovables, reducción de emisiones de CO2, eficiencia energética, gobernanza, etc. Sin embargo, nada se ha dicho de temas gasistas. El “Gas Package” se reserva para el año 2019 y siguientes, y es por eso que resulta necesario que las fuerzas de izquierda estén preparadas para los debates que tendrán lugar en los próximos años.

La importancia del sector gasista está fuera de toda duda, sin embargo, la percepción por parte de la sociedad no va pareja, y las fuerzas de izquierda van con retraso en esta materia.

No podemos olvidar que el mercado mayorista de electricidad en España (conocido como el “pool” eléctrico) es de corte marginalista, lo que significa que la última tecnología en casar su energía en el mercado es el que fija el precio para el resto de centrales que han casado su energía previamente. Este modelo, ampliamente discutido por las ineficiencias que produce permite que centrales ya amortizadas y con escasos costes sean retribuidos al precio de tecnologías más caras que deben aprovisionarse de materias primas en los volátiles mercados internacionales, así como internalizar el precio del CO2 que se fija en otro mercado de subastas.

En este sentido, las centrales de ciclo combinado que queman gas natural, son una tecnología típicamente marginal, es decir, que de forma habitual son una de las tecnologías que fijan el precio del pool. Y es aquí donde se aprecia la intima relación que existe entre el sector eléctrico y el gasista. Por tanto, el precio de la electricidad, tanto para las familias como para la industria, está ligado al precio del gas que queman estas centrales, y por tanto a la geopolítica de este recurso energético.

Llegado a este punto, conviene recordad que el precio del gas natural en los mercados internacionales está indexado a la evolución del barril Brent, lo que otorga a este hidrocarburo de una inestabilidad y volatilidad pareja a la del petróleo, y por tanto, expuesto a los juegos de poder de la OPEP y otros países productores como Rusia.

Ahora bien, ¿cuáles son los dos principales escenarios geopolíticos del gas natural?

1. Alemania, Rusia, la UE y EEUU.

Este verano Angela Merkel y Vladimir Putin se reunieron para impulsar el lanzamiento del gasoducto North Stream II. ¿Por qué es importante? Porque Rusia y Alemania, cuentan desde 2011 con el gasoducto North Stream I, que actualmente funciona al 80% de su capacidad. Con el nuevo gasoducto Rusia duplicará la capacidad de suministro, no sólo a Alemania, sino también a países colindantes europeos. A día de hoy Rusia suministra cerca de un tercio de todo el gas natural consumido en Europa, y el nuevo tubo incrementará su volumen de ventas.
Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía no prevé una crecida significativa de la demanda de gas en el horizonte 2040.

En este escenario, Europa ya cuenta con infraestructuras necesarias para afrontar con seguridad la demanda las próximas décadas. A día de hoy en Europa operan 24 instalaciones de GNL (gas natural licuado) que operan a un cuarto de su capacidad total, y que pueden llegar a cubrir el 40% de la demanda de la UE. Este GNL traído en buques de los países productores tiene que competir (al menos) con dos grandes infraestructuras que se van a poner en marcha. De un lado, Turk Stream, que traerá gas por tubo desde Rusia a Turquí pasando por Europa Central y rodeando Ucrania. Y por otro, Shah Deniz 2, que ha comenzado a transportar gas desde el Caspio a Turquía y desde ahí se reparte a Grecia, Albania e Italia. Esto quizá nos de la pista de por qué son tan importantes en Bruselas cualquier debate entorno a lo que ocurra en Turquía.

Pero en este contexto, EEUU quiere evitar a toda costa la construcción de nuevos gasoductos, porque quiere colocar su GNL proveniente del gas de esquisto (extraído mediante fracking). Su empecinamiento pasa por la construcción en Europa de 11 nuevas plantas de regasificación, que nadie quiere, porque resulta evidente que son proyectos que carecen de sentido técnico, económico y empresarial.

La UE está en medio de la ambición geoestratégica de dos grandes potencias. No quiere nuevas infraestructuras gasistas innecesarias que exige EEUU, pero tampoco quiere tener una dependencia excesiva de Rusia, que la debilita y expone a tensiones políticas y comerciales.

2. Marruecos, Argelia, España y la UE.

Entre tanto, Marruecos y Argelia mantienen una soterrada disputa sobre el futuro del gasoducto del Magreb (GME), una de las principales vías de suministro de gas a España, ya que la posible ampliación de capacidad de la otra vía, la argelina de Medgaz, podría comprometer a la primera.

En 2021 vencerá el acuerdo que permite el tránsito de este hidrocarburo por Marruecos, sin que hasta el momento se haya alcanzado un pacto para renovarlo, lo que podría poner en peligro el contrato de 35.000M€ que Naturgy (Gas Natural Fenosa) tiene comprometido con la argelina Sonatrach para los tubos de Sagane I y II.

Pese a la incertidumbre, Naturgy y Sonatrach, con el apoyo del Gobierno del PSOE renovaron en junio el mayor contrato de aprovisionamiento de gas de España, que supone el abastecimiento del 30% de gas consumido en nuestro país.

Dentro de este juego, Enagás, empresa semipública participada por la SEPI, aterrizó en septiembre en Marruecos junto con Elecnor y Fomento para formar un consorcio asesorado por el ex Ministro Moratinos en su nuevo papel de lobista, para desarrollar un proyecto de ingeniería y una planta de tratamiento de gas para la británica Sound Energy. Este nuevo gasoducto conectará el pozo británico con el tubo del Magreb-Europa (GME). Sonatrach, por su lado ha comenzado la construcción de un nuevo gasoducto que podría desviar flujo del GME hacia el Medgaz, lo que supone una amenaza en la reducción del tránsito de gas por la vía marroquí. La compañía argelina tiene interés en aumentar la capacidad de Medgaz, pero los gestores del tubo aún no han anunciado esta inversión. Lo que subyace es el interés de convertir a España en un hub de gas en el sureste de Europa, que sirva como alternativa a la dependencia de las rutas rusas, pero Naturgy y Cepsa (que está vendiendo su participación en Medgaz) no quieren realizar inversiones hasta asegurarse que se desbloquea el gasoducto Midcat que conecta España con Francia, y que sería el tubo de tránsito hacia centro Europa.

En conclusión: la geopolítica del gas aunque parezca lejana, no lo es tanto, y nos toca de lleno en nuestro país, porque las tensiones y juegos de poder de las potencias exportadoras tienen a Europa como epicentro del tablero. La UE necesita gas natural, tanto en el momento presente, como en el medio plazo dentro del contexto de la transición energética, donde el cierre de centrales de carbón y tal vez nucleares dejarán un mix basado en renovables con ciclos como tecnología de firmeza y respaldo. Y mientras las potencias barren hacia sus respectivas casas para hacer valer sus intereses, España se sitúa en medio de todo este escenario, con la participación del Gobierno dando apoyo a las multinacionales, en una estrategia mucho mayor, de convertir a España en un hub de paso del gas argelino en su camino a Europa, para así restar peso a la presión que recibe Europa de Rusia por un lado, y de EEUU por otro.

Sin duda la reflexión compartida respecto a este asunto será un reto que deberemos abordar dada su gran relevancia, con consecuencias en un horizonte no demasiado lejano en términos sociales y ambientales y por tanto para la clase trabajadora de nuestro país. Asimismo aclarar qué papel queremos que juegue España en este escenario geopolítico y qué papel creemos los y las comunistas que debe desempeñar el sector gasista en la transición energética.

 ALEX GARCÍA. Grupo Federal de Energía de IU 

Asociaciones Memorialistas entregan a una delegación de Eurodiputados un Manifiesto demandando el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía

CONTRA EL NEGACIONISMO QUE INTENTA EQUIPARAR VÍCTIMAS Y VERDUGOS

Una comisión del grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo visita hoy Sevilla para conocer el desarrollo de la Ley

Eurodiputados del Grupo del Parlamento Europeo sobre Memoria Histórica se han desplazado a Sevilla para reunirse esta mañana con organizaciones memorialistas y conocer cómo se está llevando a cabo la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. Tras un encuentro con un grupo de asociaciones memorialistas, visitaron a las fosas del cementerio San Fernando de Sevilla, acompañados de familiares de víctimas de la represión franquistas enterradas allí. La visita continúo en la basílica de la Macarena para denunciar que en un espacio público, que disfruta de una subvención pública, esté enterrado en un lugar de honor “el director del genocidio franquista en Andalucía, Queipo de Llano, incumpliendo flagantemente la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía”, según explica el promotor de esa ley, Luis Naranjo, ex director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.


La visita concluyó en el Parlamento Andaluz donde Paqui Maqueda, conocida víctima del franquismo y veterana luchadora memorialista, entregó a los eurodiputados el manifiesto de elaboración colectiva “En Defensa de las políticas públicas de Memoria Democrática y contra el negacionismo de los crímenes del franquismo”.

El manifiesto, redactado en respuesta al programa político de la derecha y la extrema derecha y ante la posibilidad de que deroguen o paralicen la ley de memoria histórica, demanda el cumplimiento de las políticas públicas de memoria histórica y los ejes de la Ley de Memoria de Andalucía que las sustentan. En ese sentido, critica que no se hayan puesto los medios ni la voluntad para desarrollarla: “las potencialidades de la Ley no han sido llevadas a la práctica plenamente por insuficiente financiación, ausencia de desarrollo normativo y falta de compromiso por parte del gobierno andaluz en la última legislatura”. Por eso, exigen a los poderes públicos de Andalucía el mantenimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de Memoria, “desarrollando, aplicando y dotando de recursos económicos la actual Ley de Memoria Democrática y apoyando el movimiento asociativo memorialista andaluz”.

También se enfrentan con las expresiones de negacionismo que intentan equiparar víctimas y verdugos y que niegan los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura”, lo que, según continúa el manifiesto, “supone una línea roja que separa el pensamiento democrático de las actitudes autoritarias y neofascistas, que nunca debería ser traspasada”. El negacionismo, insiste Naranjo, que es uno de los autores del manifiesto, “es incompatible con la democracia y los derechos humanos”.

Los diputadas y diputados de Adelante Andalucía Ana Naranjo, José Ignacio García, María García Bueno, Maribel Mora y Nacho Molina, acompañaron al eurodiputado Miguel Urbán, miembro del intergrupo de Memoria Histórica del Europarlamento, en la visita y en las declaraciones que éste hizo a los medios en la puerta de la basílica de la Macarena. “España es una excepción en Europa. Somos el único país que no ha podido juzgar ni a nuestra dictadura, ni a los crímenes de esta dictadura ni a sus criminales” dijo, denunciando que “mientras un “genocida, como Queipo de Llano, está enterrado en una basílica, el fundador de la patria andaluza, Blas Infante, está sepultado en una cuneta, igual que Lorca y otros 50.000 andaluces. Urbán declaró que ya hora de romper con este régimen de impunidad, con el olvido y la amnesia. “Es fundamental que se apliquen las recomendaciones del Parlamento Europeo.

mundo obrero

Condenamos el intento de golpe de estado en Venezuela y apoyamos a Maduro y a su gobierno. ¡No pasarán!

Desde hace años Venezuela sufre una permanente guerra económica y psicológica. Y desde hace meses se viene fraguando la intentona golpista actualmente en curso contra el legitimo Presidente Nicolás Maduro, elegido de forma absolutamente democrática por un pueblo que se ha negado sistemáticamente a ponerse de rodillas frente al Imperio.

 Lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela es el enésimo intento golpe de estado dirigido desde la Casablanca, pero el pueblo de Bolívar y Chávez ya ha dado muestras repetidamente de que va a defender su Revolución con contundencia, ya lo han hecho otras veces y ahora está en la calle luchando por la Paz, la Democracia y por su Soberanía.

Poco después de ser alentado desde la Casa Blanca, el presidente de la Asamblea Nacional en desacato se autoproclamaba presidente interino y era reconocido por el Presidente Trump, por el Secretario General de la OEA y por los Presidentes de Paraguay, Colombia, Brasil, Canadá, Chile, Argentina, Peru, Ecuador y Costa Rica, nuevo peones de la Internacional reaccionaria con sede en Washington.

El Partido Comunista de España condena este Golpe de Estado organizado por los EEUU con la complicidad de la derecha golpista venezolana que es incapaz de derrotar en las urnas la Revolución Bolivariana.

El Partido Comunista de España pide al Gobierno español y a la comunidad internacional que respete las decisiones soberanas del pueblo venezolano, se abstenga de reconocer al autoproclamado presidente golpista, y apueste por la paz, la democracia y el orden constitucional así como la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

Pedimos al Gobierno de España que condene este golpe de estado y siga apostando por el diálogo y la institucionalidad y que no repita el bochornoso espectáculo dado por el gobierno español de Aznar en 2002 reconociendo como presidente al  golpista de entonces Pedro Carmona, que 24 horas después estaba preso tras la masiva movilización popular que repuso al presidente Chávez.

¡Venezuela se respeta!

¡No pasarán!

Comunicado del Secretariado del PCE y la UJCE

Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales - Stop ISDS

ISDS: abreviatura de “Arbitraje de inversores contra Estados” es un sistema de justicia paralelo opaco al que solo tienen acceso los más enriquecidos.

Las empresas transnacionales han utilizado este sistema para amenazar con demandas de miles de millones de euros a los gobiernos que se atreven a hacerles frente.

Súmate al movimiento para acabar con los privilegios de las multinacionales.

Las transnacionales tienen su propio sistema global de tribunales privados, llamado ISDS, que utilizan para intimidar a los gobiernos. Pero en muchos casos lo/as afectados/as por los abusos de las transnacionales no tienen acceso a la justicia.

Entre las políticas gubernamentales que han sido cuestionadas utilizando ISDS se incluyen:

·         Regulación de los niveles de contaminación en centrales térmicas de carbón.

·         Introducción de advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco.

·         Establecer moratorias sobre el fracking.

·         Detener una mina que habría destruido comunidades enteras.

·         Elevar el salario mínimo

·         Congelar las tarifas del agua para ayudar a las personas con menos recursos.

·         Evitar que las aseguradoras de salud obtengan grandes ganancias

Y no siempre tienen que ganar el caso para conseguir sus objetivos. Para muchos gobiernos, la mera amenaza de una demanda importante puede ser suficiente para convencerlos de que cedan ante las empresas transnacionales.

Cuando millones de personas en toda Europa rechazaron el acuerdo comercial UE-EE. UU. TTIP, se indignaron al enterarse sobre el mecanismo ISDS (que era parte del acuerdo).

Actualmente, se planea ampliar el ISDS creando un tribunal global permanente donde las transnacionales puedan demandar a los Estados. La UE y los gobiernos de los Estados miembro quieren incluirlo en los nuevos acuerdos comerciales. Debemos denunciar su apoyo a un sistema tan injusto.

Para detener el ISDS debemos oponernos a estos nuevos acuerdos y erradicar los existentes. No se puede permitir que las multinacionales y las personas más enriquecidas dispongan de un sistema paralelo para proteger sus derechos.

Se deben ampliar los derechos de los seres humanos y no aquellos de las transnacionales.

  es injusto

¡Debemos acabar con los tribunales privados ahora!

En cambio, necesitamos un sistema global que permita sancionar a las transnacionales por sus crímenes.

El 22 de enero de 2019, nuestra coalición lanza una petición europea en 16 Estados miembro, para que la UE y los gobiernos europeos acaben con los privilegios de las transnacionales!

Obligaciones para las Multinacionales - Stop ISDS

Al presidente de la Comisión Europea, la presidencia del consejo de la UE, representantes de los Estados Miembro de la UE y miembros del Parlamento Europeo.

"Los acuerdos de comercio e inversión de hoy otorgan a las empresas transnacionales derechos especiales de gran alcance y el acceso a un sistema paralelo de justicia para hacerlos valer.

Pedimos a la UE y a los Estados miembro poner fin a estos privilegios saliendo de los tratados de comercio e inversión existentes que contengan el ISDS u otro mecanismos parecido, y a no firmar nuevos tratados de este calado en el futuro.

También pedimos a la UE y los Estados Miembro apoyar el establecimiento de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos para poner fin a la impunidad corporativa.

La UE y los Estados miembro deben incluir en sus leyes el deber de las empresas transnacionales a respetar los derechos sociales, económicos y ambientales en todas sus actividades en el mundo.

Las personas afectadas por las actividades de las empresas transnacionales tienen que tener garantizado el acceso a la justicia."

Hacia una nueva España industrial

ES IMPRESCINDIBLE ESTAR EN LA CITA DE LA DOBLE TRANSICIÓN: ECOLÓGICA Y ENERGÉTICA, POR UNA PARTE, Y DIGITAL, POR OTRA

Hoy, la transición energética y el cambio del modelo productivo queda bloqueado por nuestra dependencia tecnológica de trasnacionales de Alemania, Francia y EE.UU.

  

Alcoa, Cemex, Vestas, La Naval, Gamesa, son la expresión de un proceso de fondo que sitúa a nuestro país al borde de una segunda, y posible, definitiva desindustrialización, sector de importancia crucial para nuestra economía y capaz de fijar trabajo en zonas donde no existen alternativas claras.

España atraviesa un otoño negro con el anuncio de 686 despidos por parte de Alcoa en Galicia y Asturias y otros 200 que prevé Cemex en Almería y Baleares, que se suman a los 400 despidos en la planta de Vestas en León y la no renovación de 180 eventuales. Por último, La Naval en Sestao se encamina a su liquidación final, mientras que Siemens Gamesa decidía este otoño no volver a producir en Miranda de Ebro.

Los anuncios de cierres de empresas ponen en jaque a diversas localidades e intensifica el conflicto social en un país que está lejos de haber dejado la crisis atrás. Pero también son la radiografía de un país que cae en la irrelevancia, asumiendo el papel de mero proveedor de servicios en la división europea del trabajo dictada desde Alemania.

En un mundo que afronta para las próximas décadas formidables retos por el agotamiento de los recursos naturales y la crisis ecológica, la única forma de mantener un nivel de vida digno para la población será conseguir hacer más con menos, y esto sólo pasará en las sociedades que tengan organizaciones productivas que lo logren.

Es absurdo continuar por la vía de proyectos económicos ya fracasados. Frente al ajuste salarial, existe otro camino, relacionado con trabajar la productividad, consistente en hacer lo mismo -o mejor- con menos, y la innovación, que es hacer cosas nuevas y mejores que las que existían antes.

España debe encontrar el lugar que merece, frente a gobiernos y proyectos políticos que han fracasado en el reto histórico de avanzar hacia un nuevo modelo productivo.

El eje de un programa económico para un nuevo país pasa por la defensa de una Nueva España Industrial, que tenga una actitud decidida en la defensa de la capacidad productiva del país y tome al trabajo como sujeto rector de una alternativa anticapitalista.

Nuestra capacidad para salir de la crisis, para construir una sociedad más productiva, más ecológica, una sociedad que en igualdad sea posible alimentarse, desplazarse, tener una vivienda, calentarse, curarse, educarse, informarse, investigar, producir, no se parecerá a la de hoy.

Pero para alcanzar ese logro es imprescindible estar en la cita de la doble transición ecológica y energética, por una parte, y digital, por otra.

Esfuerzo que debe partir de nosotras y nosotros mismos como sociedad, del cuidado por industrializar nuestras inversiones, las inspiradas por nuestro personal investigador y las apoyadas por nuestros impuestos volcados en la inversión, investigación y formación.

Sin embargo, la tecnología necesaria para impulsar la transición energética y el tan demandado cambio de modelo productivo de la economía española, queda bloqueado por nuestra dependencia de la tecnología proveniente de las empresas transnacionales de países como Alemania, Francia o EE UU, países interesados en controlar dichos sectores e impedir en términos geopolíticos, que países como el nuestro, superen su actual configuración como una economía importadora, endeudada y precaria. Realidades que vinculan el proyecto industrializador a la recuperación de nuestra soberanía económica.

La propuesta de una Nueva España Industrial es la apuesta por renovar nuestra producción, proponer nuevos objetos. Para el logro de este reto de impulsar una industria sobre bases nuevas, se apuesta por una revitalización de la política industrial como instrumento central de política económica, siendo el Estado y no el sector privado el protagonista y la planificación y no el mercado la herramienta.

Para ello es necesaria la adopción de una concepción más avanzada de política industrial, en cuanto al alcance de sus objetivos y de los instrumentos a emplear, que parta de la asunción de su carácter estratégico y sectorial por medio de la apuesta por cuatro sectores motores:

• La transición energética, a través de la renovación térmica de edificios, las energías renovables, las redes eléctricas inteligentes, la calidad del agua y la gestión de la escasez.

• El conjunto de proyectos relativos a los transportes ecológicos, como el automóvil para todos y todas con un consumo limitado, el vehículo eléctrico, el avión eléctrico y la nueva generación de aeronaves, la autonomía y potencia de las baterías, los vehículos de pilotaje automático y los nuevos materiales de construcción como la fibra de carbono.

• La sanidad y la economía del ser vivo, por medio del desarrollo de la oferta industrial madrileña en sanidad y biotecnologías, con nuevos dispositivos médicos y equipamientos sanitarios.

• Los nuevos sistemas digitales como el impulso a las nanotecnologías, la nanoelectrónica o la nanofabricación, la realidad aumentada, los objetos conectados, los servicios sin contacto y el cloud computing.

No se trata por tanto de defender un marco de intervención ya caduco, sino apostar por un marco de políticas industriales orientadas al objetivo del desarrollo industrial y del cambio tecnológico de nuestra economía que respondan a tres prioridades estratégicas:

1. Situarse en segmentos de alto crecimiento mundial y con mucho empleo.

2. Basarse en tecnologías en las que nuestro país dispone de bases propias.

3. Y por último, que se concreten en necesidades, objetos, productos o servicios, claramente identificados que responden a una demanda actual o futura centrados en mejorar la inserción internacional de nuestra economía y en la solución a problemas sociales, territoriales y medio ambientales.

Prioridades que para el PCE, deben ser uno de los ejes para la construcción de un verdadero programa de país y que serán el punto de convergencia de todos nuestros esfuerzos, el punto de encuentro de todas las fuerzas productivas, de investigadores e investigadoras, ingenieros e ingenieras, diseñadores y diseñadoras, trabajadores y trabajadoras del sector, pequeño y mediano empresariado productivo, alianza que marcará el punto de inicio de nuestra reconquista industrial.

EDDY SÁNCHEZ IGLESIAS

¡Respeto a la soberanía de Venezuela ante el intento de injerencia de EEUU a través del Grupo de Lima!

El Partido Comunista de España expresa su más contundente rechazo a las declaraciones injerencistas del Grupo de Lima en las que instan al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a no tomar posesión de su cargo el próximo 10 de enero, y transferir de "forma provisional" el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Igualmente el PCE exige respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y a su Constitución e instituciones.

El proceso electoral del pasado 20 de mayo de 2018 en Venezuela que dio la victoria a la candidatura a Presidente de Nicolás Maduro Moros, entre varias opciones que se presentaron y multitud de partidos, con un margen superior al 67% de los votos válidos emitidos, contó con la presencia de más de doscientos observadores nacionales e internacionales. Además su desarrollo fue objeto de dieciséis auditorías públicas, sin que consten en las instituciones venezolanas impugnaciones de ninguna naturaleza por parte de los participantes que no resultaron favorecidos por el voto popular.

Con la citada declaración, el autodenominado Grupo de Lima demuestra estar al servicio de los intereses imperialistas e injerencistas de EE.UU sobre Venezuela, tras acatar el mandato del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien participó en la reunión a través de una videoconferencia, a pesar de que su país no pertenece a este Grupo.

Incluso parte de la oposición venezolana se ha manifestado en contra de esta nueva intromisión de EE.UU en la soberanía venezolana, que una vez más y en connivencia con la derecha y extrema derecha latinoamericanas, busca subvertir el orden interno del país para colocar un gobierno títere, con el fin de apropiarse de los cuantiosos recursos naturales de Venezuela y controlar geoestratégicamente América Latina.

Este es un paso más en la escalada de agresiones imperialistas y de intentonas golpistas que sufre el pueblo de Venezuela, con el objetivo de subvertir la legalidad constitucional y provocar situaciones para intervenir militarmente el país, como ya declaró Luís Almagro, Secretario General de la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), también conocida como ministerio de Colonias de EE.UU.

Por todo lo expuesto anteriormente, el PCE muestra su firme apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela y denuncia la injerencia de EE.UU, a través del Grupo de Lima, en  la República Bolivariana de Venezuela.

Manifestamos que este Grupo y EEUU no están legitimados para decidir lo que solo corresponde al pueblo venezolano, su Constitución y sus leyes determinar, y deben respetar la voluntad de éste para construir su futuro en paz. Exigimos el reconocimiento de la comunidad internacional a la legitimidad y legalidad constitucional e institucional del gobierno de Venezuela, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro Moros, que tomará posesión de un nuevo mandato el próximo 10 de enero.

El PCE considera inaceptables estas declaraciones, que además desoyen la Declaración como Zona de Paz suscrita por los jefes de Estado de la región en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), efectuada en 2014 en La Habana.

El PCE sigue y seguirá comprometido con la defensa de la Paz y la soberanía de los pueblos.

Referéndum en las calles y universidades: ¿República o Monarquía?

Mientras desde las instituciones del Estado se niega el debate sobre la elección de la jefatura del Estado, decenas de consultas se organizan en el país.

Un movimiento democrático recorre el país, pasando por barrios populares y facultades universitarias. Es el movimiento de las consultas sobre la monarquía. Mientras desde las instituciones del Estado se niega el debate sobre la capacidad de elegir la jefatura del Estado, decenas de consultas se están organizando a lo largo de todo el país para poder optar entre monarquía o república. Primero fue la consulta de Vallecas, el pasado 23 de junio. Ésta se extendió por varios barrios madrileños. Vicálvaro votó el 24 de noviembre. Móstoles votará el 15 de diciembre. Pero el pasado 2 de diciembre ha sido cuando más consultas se realizaron: un total de ochenta y dos mesas con urnas se establecieron en la mayoría de distritos de Madrid y otros municipios de la Comunidad, donde podían participar todas las personas mayores de 16 años. Más de 23.000 personas participaron de la votación popular, con un 92,8% favorable a la república. Eso sí, el resultado no fue el mismo en todos los lugares: mientras Rivas obtiene el mayor porcentaje de apoyo por la república es en el barrio Salamanca donde la monarquía tiene más adeptos. 

Pero si bien estas consultas por barrios se han producido de momento únicamente en la capital y municipios cercanos, los referéndums en las Universidades se han extendido rápidamente por todo el territorio. La primera consulta tuvo lugar el 29 de noviembre en la UAM de Madrid: participaron 7.300 personas, el doble de las que votaron en las últimas elecciones a Rector. El 4 de diciembre fue el turno de la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Carlos III de Madrid y la Universidad de Vigo con una afluencia masiva: más de 9.000 votos en las universidades catalanas, más de 4.300 en la madrileña y casi 1.600 en el centro vigués. El 12 de diciembre las consultas se produjeron en la Universidad Complutense de Madrid, en la Politécnica, en la de Zaragoza y en la de Alicante.

En total, entre las consultas ya celebradas y las que están anunciadas hay 33 convocatorias, lo que supone más de la mitad de las universidades públicas, estando alrededor de 900.000 personas del ámbito universitario llamadas a las urnas para elegir entre monarquía o república con la previsión de que se sumen más centros en los próximos días. Estas consultas están teniendo una gran aceptación por parte de la comunidad universitaria, superando la participación de las propias elecciones a los órganos de gobernanza de la Universidad y demostrando el carácter crítico del que debe hacer gala esta institución, participando de forma activa en los debates de la sociedad. Tanto el PCE como la UJCE se han involucrado en las consultas de los barrios siendo la militancia de la Juventud Comunista, junto con el resto del estudiantado, una de las impulsoras de estos referéndums que prometen ser solo el comienzo de una verdadera primavera republicana.

 MUNDO OBRERO REDACCIÓN