La desregulación, el libre mercado y el COVD-19: construir una alternativa internacional

UNA NUEVA MUNDIALIZACIÓN CON DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS SOCIALES

La crisis del Covid-19 ha vuelto a poner en evidencia, en esta ocasión con mayor dramatismo al atacar a la vida de las personas, la falta de capacidad de los Estados neoliberales para hacer frente a esta pandemia tan agresiva.

El PCE ha venido sosteniendo, en los últimos cuarenta años, desde la conformación teórica y práctica de los llamados Estados Liberales, en su expresión actual, modelada desde la era Thatcher-Reagan y la Escuela de Chicago, que esos sistemas, basados en la desregulación de la economía, el libre mercado , privatizaciones y deconstrucción de los Estados, sólo obedecía al interés de las élites internacionales para garantizarse una acumulación sin precedentes en la historia del capitalismo.

Esa vía de acumulación teorizó una globalización económica sin derechos y libertades garantizadas, un modelo de desarrollo patriarcal confrontado con la naturaleza y un Sistema de Seguridad diseñado y planificado exclusivamente en interés de las clases dominantes del capital (en todas sus expresiones) desde el liderazgo de las élites norteamericanas y europeas.

El Consenso de Washington ( 1989) y su traslado a Europa ( Tratado de la Unión Europea 1993) marcaron , a través de sus instrumentos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la disciplina económica, financiera y presupuestaria para emprender el largo camino para dejar a los Estados vacíos de competencias para poder regular toda la actividad económica permitiendo así una desaforada carrera del capital industrial y financiero al margen del interés general, de la Seguridad Humana y un desarrollo sostenible.

En ese afán, conviene recordar la cita de Carlos Marx, en su capítulo XXIV, sobre La acumulación originaria del Capital del encuadernador y sindicalista inglés Thomas Dunning (1799-1873):

El capital huye de los tumultos y las riñas y es tímido por naturaleza. Esto es verdad, pero no toda la verdad. El capital tiene horror a la ausencia de ganancias o a la ganancia demasiado pequeña, como la naturaleza al vacío. Conforme aumenta la ganancia, el capital se envalentona. Asegúresele un 10 por 100 y acudirá a donde sea; un 20 por 100, y se sentirá ya animado; con un 50 por 100, positivamente temerario; al 100 por 100, es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas; el 300 por 100, y no hay crimen a que no se arriesgue, aunque arrostre el patíbulo.

Ese desarrollo de los sistemas neoliberales, en un primer momento, tras los suicidios de los llamados sistemas del Socialismo Real, alcanzó una rotunda hegemonía mundial liderada por los EEUU, que se convertía en la única superpotencia y verdadera responsable de imponer los principios del Consenso de Washington en la mayoría de los continentes.

La gran crisis de 2008 evidenció hasta donde podía llegar la humanidad por la aplicación ortodoxa de ese Sistema desregulador, ponía al descubierto “ los estados desnudos”, incapaces de resolver la crisis a favor de la mayoría social frente a los especuladores y estafadores bancarios : conseguía un retroceso histórico de todas las conquistas sociales alcanzadas tras la II Guerra Mundial en Europa, desmontaba el proyecto regional autónomo de América Latina y Caribe por vía de golpes de Estado , bloqueos a las economías de países soberanos o nuevas modalidades de golpes judiciales y los países empobrecidos sufrían nuevas medidas de imposición del FMI y BM que acentuaban los niveles de desigualdad y dependencia.

La expresión regional europea de ese Sistema, la Unión Europea, víctima de su propia política, iniciaba un camino de implosión acosada por un tremendo descontento social, la salida del Reino Unido y la aparición de nuevo de expresiones de ultraderecha que, en algunos casos, han llegado a gobernar o cogobernar estados de la UE.

La UE, un proyecto irreformable

La crisis del Covid-19 ha vuelto a poner en evidencia, en esta ocasión con mayor dramatismo al atacar a la vida de las personas, la falta de capacidad de los Estados neoliberales para hacer frente a esta pandemia tan agresiva. La privatización de servicios públicos como el de la salud, la desprotección de la producción nacional, la incapacidad de intervenir la economía en momentos excepcionales al carecer de instrumentos propios en el modelo productivo de sectores estratégicos, dejó a esos estados literalmente sin medios elementales para proteger a la población, como mascarillas o sistemas de respiración asistida.

El caso extremo de ese modelo, el de la Administración Norteamericana, con 28 millones de personas sin ningún tipo de seguro médico, abandona a su suerte a toda la población más vulnerable y en su afán desregulador extremo, el presidente Trump anunció la posible salida de los EEUU de la Organización Mundial de la Salud.

El contrapunto, la República Popular China, el país más poblado del mundo (1.400 millones), que con un sistema regulador de su economía y con parte de ella nacionalizada, ha sabido controlar la pandemia con recursos propios.

El contexto de esta crisis es diferente a la gran crisis de 2008. Todo parece indicar que la globalización liderada por las élites neoliberales ha entrado en una fase de incertidumbre. El imparable ascenso de China para convertirse en la principal superpotencia, la crisis e implosión de la UE, los niveles crecientes de desigualdad, paro a nivel mundial y el cambio climático necesitan de una respuesta política, social y cultural para enfrentar una Alternativa a los Estados Neoliberales.

Paolo Flores d`Arcais lo ha dicho de otra manera: “Ahora una revolución es el mínimo indispensable”.

Cambiar desde la raíz a ese Sistema desregulador, que dejó a los Estados “vacíos”, necesitará de un impulso de investigación que aterrice en un nuevo programa internacional muy participado en la perspectiva socialista para disputar ideológica y culturalmente los valores e ideas del neoliberalismo.

En nuestro entorno más próximo, el de la UE, la realidad demuestra nuestra tesis incontrovertible de que ese proyecto regional es irreformable. La necesidad de abordar esa alternativa global pasa en Europa por concretar también un nuevo modelo regional conformado por Estados “recuperados y con capacidad de intervención en sus modelos productivos”, situado en el contexto de Eurasia.

La nueva mundialización se deberá desarrollar desde el ámbito de nuevos Estados reguladores que apuesten por la regionalización de políticas sociales, industriales, de empleo e igualdad y con economías y derechos mundializados.

El Covid 19 ha desmontado la falacia de que la humanidad necesite de un Sistema de Seguridad Militarizado. La Seguridad Humana tiene hoy que ver con agua potable, vivienda, comidas, vacunas, empleo, educación y asistencia médica universal y gratuita.

No se sostiene por más tiempo que el gasto mundial en armamento en 2019 se estimase en 1,63 billones de euros, el 2,2 % del PIB mundial (la cifra más alta desde la guerra fría), frente a los 50.400 millones de euros de promedio anual durante el decenio de 1990 de ayuda oficial para el desarrollo.

El Papa Francisco en su declaración del domingo de pascua urbi et orbi se sumó a la idea de reducir los gastos de armamento y que esos recursos se dediquen a salvar vidas.

Willy Meyer

Estadística y epidemia

No pueden compararse los datos entre países en fases distintas de la epidemia.

La pandemia de Covid-19 está haciendo caer los paradigmas impuestos por el pensamiento dominante. Las potencias que ejercen su dominio económico necesitan mantener el apoyo de su población a sus acciones económicas y militares. Dicho apoyo se consigue inoculando una ideología individualista, para posteriormente justificar sus acciones basándose en la protección y la seguridad. Así se justifican guerras, invasiones, aranceles comerciales o bloqueos económicos.

La batalla ideológica para determinar el relato oficial sobre la pandemia es vital para las grandes potencias. Conscientes de la crisis económica post epidemia su maquinaria ideológica está en marcha. El planteamiento es simple, se trata de convencernos de que en los países del norte de la UE el impacto del COVID-19 ha sido menor gracias a su mayor capacidad de organización y por lo tanto legitimar el perverso mecanismo del rescate por el cual los países del Sur se endeudan y se ven obligados a tomar medidas que sólo benefician a los países del Norte, como privatizaciones en beneficio de las multinacionales o pago de cantidades astronómicas de intereses.

En esta situación es conveniente poder establecer qué conclusiones pueden extraerse de los datos que se están aportando y qué conclusiones no deben extraerse. Para ello nos proponemos exponer una serie de conceptos básicos de estadística.

La muestra

En todo estudio estadístico el principal factor es la muestra sobre la que se realiza el estudio. En este caso, las personas sobre las que se realiza algún tipo de prueba para determinar si están infectadas o no. El número de personas sobre el que se realiza y su representatividad respecto al colectivo al que pertenecen (país, región, estrato social o de edad…) determinarán tanto la fiabilidad del resultado obtenido como la validez en la proyección de estos resultados a escala superior a la población testeada.

Por ejemplo, si en un país sólo se realizan confirmaciones de contagio a los pacientes hospitalizados y en otro se realizan test de forma masiva, los resultados no serán comparables, especialmente los que tienen que ver con la extensión del contagio en el país, la mortalidad o la proporción de contagiados que desarrollan la enfermedad en su forma grave.

Valor estadístico y su obtención

Los valores estadísticos son los distintos resultados que pueden obtenerse en un estudio estadístico, los criterios y métodos por los que se determina dicho valor condicionan el resultado del análisis. Así, si como hemos conocido recientemente, en Francia no se contabilizan como casos de COVID-19 los fallecidos en residencias de ancianos, no podremos comparar sus datos con otro país que sí impute dichos fallecimientos como infectados y víctimas del virus. Lo mismo ocurre con Alemania, que no imputa como víctimas directas del virus a aquellos fallecidos con patologías previas. Sus datos de mortalidad no son comparables con aquellos países que sí lo hacen.

Fase en la que se analizan los datos

Otro de los factores a tener en cuenta es en qué fase de la evolución de la epidemia nos encontramos a la hora de realizar el análisis. En la fase inicial el número de contagios crece sin que se produzcan síntomas o enfermedades graves, posteriormente la velocidad de nuevos contagios comienza a reducirse mientras que el número de casos graves crece, por lo que existe un desplazamiento en el tiempo entre las personas infectadas y el desarrollo de enfermedades graves o de fallecimientos.

No pueden compararse por lo tanto los datos entre países que se encuentran en fases distintas de la epidemia. Si comparamos valores bajos de casos confirmados en un país donde la epidemia está en una fase inicial con valores altos en un país donde la epidemia está en fase de control, podremos estar infravalorando el impacto de la epidemia en el primero.

Conclusiones

Debemos dejar claro que los datos que están aportando los distintos países no pueden tenerse en cuenta como si de un estudio estadístico se tratara, probablemente tampoco sea este el objetivo de ningún país en este momento. Lo que no está tan claro es que estos datos estén siendo utilizados y se utilicen en el futuro como soporte objetivo para determinados discursos y planteamientos políticos y económicos.

Sin métodos universales que establezcan a qué parte de la población se realizan pruebas para confirmar la infección, sin criterios homogéneos para determinar qué enfermos y fallecidos son consecuencia del COVID-19, la comparación en bruto de los datos que está ofreciendo la Universidad Johns Hopkins está sujeta a la especulación y a la manipulación.

Para finalizar conviene no obviar que un análisis sin tener en cuenta factores socioeconómicos tampoco permitirá entender correctamente el impacto de la epidemia en cada país. El número de habitantes por vivienda, la concentración de la población, la media del número de empleados por centro de trabajo, la cantidad de camas UCI por millón de habitantes, la salud en general de la población y su esperanza de vida o la sociabilidad de la población son factores que condicionan de manera determinante la evolución de la epidemia.

 DAVID PINEDA. Ingeniero industrial y Máster en Organización Industrial y Administración de Empresas / Comité Central del PCE 

Manifiesto del PCE ante el 89 Aniversario de la II República. Ni virus ni corona. Es tiempo de República.

Ante el próximo 14 de Abril, recordamos que la II República fue una época de avances sociales, económicos y democráticos para las clase trabajadora y las mujeres, para la mayoría de la sociedad. En respuesta, los sectores más reaccionarios dieron un golpe de estado, instaurando una dictadura criminal durante 40 años.

Homenajeamos a quienes defendieron la República frente al fascismo y resistieron a la dictadura luchando por las libertades democráticas: cien mil de ellas y ellos continúan hoy desaparecidos. El Estado debe asumir sus responsabilidad ante uno de los mayores genocidios de la historia contemporánea. Exigimos verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo.

Este año, pasaremos el 14 de abril confinados para vencer al Covid-19. La situación que atravesamos se ve agravada por años de recortes y privatizaciones que desmontaron los servicios públicos, y en particular la sanidad . Defendemos la necesidad de un plan extraordinario a favor de la mayoría social trabajadora, que preserve la salud personas y la economía, y no el capitalismo; en la crisis capitalista de 2008 se optó por salvar a los bancos. Hoy, deben devolverlo para salvar a las personas.

Cuando superemos la crisis tenemos que cambiar el modelo económico y social para garantizar lo público, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, prohibir las privatizaciones que solo benefician a unos pocos y que, como las de la sanidad y las residencias de mayores estuvieron ligadas a corrupción y grandes beneficios de unos pocos.

Y de corrupción y grandes beneficios reales tenemos que hablar este 14 de Abril, porque sabíamos que Juan Carlos Borbón era un comisionista, pero ahora conocemos actividades presuntamente delictivas que lo confirman: millones de euros escondidos en Suiza. No solo vivió de sobres el PP. Nuestro Partido ya denunció estos hechos ante los Tribunales topándose con el muro de impunidad de la justicia post franquista. Reiteramos nuestro apoyo a la investigación penal y parlamentaria de esta trama.

Especialmente lamentable fue el comunicado de la Casa Real del 15 de marzo: Felipe VI mintió a toda la sociedad, anunciando un hecho falso: nadie puede renunciar a una herencia futura. Ese día supimos que conocía la existencia de las cuentas ocultas de su familia desde hacía un año y lo más grave, reconoció de facto su propia y presunta corrupción.

Es falso que la monarquía de estabilidad a nuestro país, al contrario, es un problema que irá a peor. Es una institución arcaica, que no hemos votado, que proviene de la dictadura fascista. Por ello defendemos que la República es la respuesta a las necesidades de la mayoría socia y de todos los pueblos del Estado: democracia real, participativa, laica y federal y un modelo económico y social al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.

Llamamos a las fuerzas de progreso, a la mayoría trabajadora y a toda la ciudadanía a movilizarse el 14 de abril por la III República en los balcones y en las redes, en defensa de lo público, los derechos sociales y democráticos, de los valores de Libertad, Justicia, Igualdad, Feminismo, Laicidad, Cultura y Solidaridad.

En la situación actual de nuestro país, para una vida digna: ni virus ni corona.

Es tiempo de República.

RENTA BASICA 

“No soy un cliente, ni un consumidor, ni un usuario del servicio. No soy un gandul, ni un mendigo ni un ladrón. (…) Me llamo Daniel Blake, soy una persona, no un perro, y como tal exijo mis derechos. Yo, Daniel Blake, soy un ciudadano, nada más y nada menos”.

                                               Yo, Daniel Blake (Ken Loach)

Yo, Daniel Blake es una de las últimas películas de Ken Loach. En ella se cuenta la historia de un carpintero inglés de 59 años que se ve obligado a recurrir a la asistencia social. Pese a que el médico le ha prohibido trabajar, la administración considera que no reúne los requisitos para acceder a las ayudas sociales. La película narra el calvario burocrático de Daniel Blake y también el de Katie, una madre soltera que cría a sus dos hijos al tiempo que intenta abrirse camino con trabajos temporales. Ken Loach retrata con sutileza y sensibilidad la urdimbre kafkiana que oprime a quienes sufren el paro, la pobreza o la precariedad.

Pero si alguien piensa que la dura semblanza que traza el director de cine inglés es privativa de la Inglaterra de Margaret Thatcher o de Tony Blair sencillamente desconoce en qué país vive. Por eso sorprende la esquizofrenia de algunos dirigentes de la izquierda española, vieja y nueva, avezados en emocionarse con relatos como los de Ken Loach pero incapaces de discernir algunos de los mecanismos más elementales del sometimiento que escarnecen a los Daniel Blakes y Katies de nuestros barrios.

Las rentas mínimas de inserción constituyen una de las piezas centrales que atrapa a los más humildes en la tela de araña de la precariedad. 

La dilación, el control social, la arbitrariedad, la estigmatización, el clientelismo son algunas de las características consustanciales a todas ellas. Los informes del Defensor del Pueblo lo constatan año tras año: “Se siguen recibiendo de forma periódica quejas relativas a la tramitación de solicitudes de rentas mínimas y a su gestión”, señala el último de ellos. El toreo en la tramitación, el silencio administrativo, la paralización de los expedientes, la suspensión cautelar, e incluso el extravío de las solicitudes son algunas de las innovadoras prácticas que acompañan la gestión cotidiana de las rentas mínimas. En Madrid, como refleja el Defensor del Pueblo, “el plazo medio de resolución es de 204 días”. En Extremadura, entre 2013 y 2015, 14.000 solicitudes no llegaron siquiera a ser valoradas. La criba de pobres nunca termina: un día los descartados son los solteros y al día siguiente quienes tienen estudios universitarios o quienes han sido autónomos o aquellos que disfrutan el imperdonable privilegio de ser contratados por un mes…

La purga acaba dando sus resultados. La Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales lo ponía de manifiesto hace unos meses: las rentas mínimas solo cubren al 7’6% de la población que en España vive por debajo del umbral de la pobreza. “Una carrera de obstáculos humillante para las familias”, concluye la asociación Barrios Ignorados describiendo la renta mínima de Andalucía. “Este delirio restrictivo sería ridículo si tal imprudencia no causase tanto y tanto dolor”, señala por su parte el colectivo madrileño RMI Tu Derecho.

Pero que nadie se despiste. No es que las rentas mínimas no funcionen bien. Al contrario, cumplen a la perfección la función para la que han sido pensadas. “Con la Renta Mínima de Inserción hemos creado una clase social”, afirmaba presuntuoso, allá por 1996, Claude Girard en la Asamblea Nacional de Francia, el país pionero del dispositivo. Ahí reside el cometido principal de esa herramienta: las rentas mínimas representan la economía de la miseria, la aporofobia institucionalizada. Nacieron con la expansión del neoliberalismo para servir a uno de sus principales objetivos, el de la destrucción de la clase trabajadora como sujeto de transformación y, en su lugar, la exaltación y naturalización de dos conceptos, clase media y exclusión social. “Un colectivo disfuncional y excluido en lo más bajo y luego el feliz resto de todos nosotros”, como escribía Owen Jones de modo irónico refiriéndose a la demonización de la clase obrera en Inglaterra. Construir la reserva india de pobres, alimentar el espantajo del subproletariado, el fantasma de los barrios conflictivos y de las clases peligrosas, los canis y las chonis poligoneras, todas las caricaturas útiles para levantar el gran muro de división en el interior de la clase trabajadora.

Desde hace unas semanas el Gobierno viene anunciando un Ingreso Mínimo Vital, “una renta mínima de urgencia que aplicará de manera gradual”, en palabras del ministro José Luis Escrivá. Es alucinante que, en medio del desastre social que se avecina, la idea principal que se le ocurra al gobierno para atender a los millones de personas que van a quedarse a la intemperie sea seguir con la papilla indigesta de las rentas mínimas de inserción.

Como es sabido, Escrivá procede de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), un organismo creado en 2013 por iniciativa de la Unión Europea, “cuya misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española”, o sea para velar por los intereses de la banca y de la Troika.

La propuesta de renta mínima que baraja el gobierno, según se deduce de las declaraciones de sus miembros, emana del estudio que la AIREF publicó en junio de 2019. El texto en cuestión atufa a neoliberalismo por los cuatro costados. Por lo que se ve hay que “reducir el riesgo de fraude” –ya se sabe que los pobres son muy ladronzuelos-, no pasarse de generosos en sus cuantías porque “desincentivan la participación en el mercado laboral” –ya se sabe que los pobres lo que no quieren es currar-, y tener cuidado con el “riesgo del efecto llamada” –son como mosquitos, en cuanto lo huelen acuden a la miel de la subvención pública. Pero, sobre todo, hay que mirar que sea barata, ya que la propuesta que hacía la ILP de los sindicatos “presenta un elevado coste fiscal”.

430 euros. Esa es la cuantía por beneficiario que viene defendiendo el señor ministro. O lo que es lo mismo, el 80% del IPREM, un indicador que se creó en 2004 para desvincular las ayudas públicas (subsidios de desempleo, becas, acceso a viviendas sociales, etc) del Salario Mínimo Interprofesional y cuya cantidad, ojo al dato, lleva congelada desde hace 10 años. No sería mala idea que Escrivá o cualquiera de sus colegas probara un año a vivir con 430 euros, contribuyendo así a garantizar la estabilidad presupuestaria.

En cuanto al coste total de la nueva renta mínima de inversión el ministro ha mencionado la cantidad de 3.500 millones de euros, cifra que se sitúa muy por debajo de lo que contemplaban los programas electorales tanto del PSOE como de Unidas Podemos.

Si en un país con más de 12 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza -entre ellos el 14% de quienes tienen trabajo- esta propuesta de la AIREF ya era un despropósito, tras la irrupción del COVID-19, de llevarse adelante, constituiría directamente una infamia. 

La renta básica, una vacuna contra la precariedad

 Dos corazones a un tiempo

Están puestos en balanza.

Uno pidiendo justicia

Y otro pidiendo venganza.

(Camarón de la Isla)

No es tiempo de rutinas. Un mundo nuevo, una gran transformación viene de camino, titubeando entre el miedo y la esperanza. El coronavirus es “la gran pandemia del neoliberalismo, una enfermedad que marca un punto de no retorno –como la peste negra marcó el final del feudalismo” (Mario Espinoza). Una crisis histórica se ha desvelado definitivamente, ahondando las contradicciones y abriendo un tiempo nuevo.

Nos hablaron de la globalización feliz, del fin de la historia, del matrimonio modélico entre capitalismo y democracia representativa. “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”, sentenció Fredric Jameson. Pero aquella impotencia también está ahora saltando por los aires. ¿Cómo salir de esta espiral de confinamiento, apatía, miedo e incertidumbre generalizada que no sabemos ni cuánto durará ni los efectos devastadores que traerá consigo a corto, medio y largo plazo?

“El sur de Europa ha sido la zona cero de las políticas más sádicas después de la crisis financiera de 2008”, nos recuerda Naomi Klein. No, no podía salir gratis recortar más de 40.000 millones de euros en gasto social. No podía salir gratis contar con 35.000 trabajadores menos desde 2012 en la sanidad pública. Por fin entendemos el sentido exacto de la palabra austericidio, de las políticas criminales de la última década. Llueve sobre mojado y el coronavirus se convierte en un gigantesco abreojos, que interpela al mismo tiempo a nuestro temor y a nuestra rebeldía.

Los que mandan intentarán que volvamos a “la normalidad”. A su normalidad, a la normalidad que garantiza su dominio y adensa nuestra precariedad. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. La conmoción social es de tal envergadura que forzosamente habrá que elegir por caminos anchos, por alamedas de cambio histórico. Personas en paro, despedidas, sin ingresos o sin techo, con pensiones o subsidios miserables, trabajadoras con contratos temporales, subcontratadas, subrogadas, autónomos, jornaleros, becarios, inmigrantes, empleadas de hogar, vendedores ambulantes, kellys, limpiadores, riders, gente que se busca la vida haciendo chapuzas, jóvenes sin futuro, inquilinos, personas enfermas, discapacitadas, dependientes, desahuciadas, acorraladas por el machismo o la crisis de los cuidados, la lista sería interminable. Hace mucho tiempo ya que la precariedad se convirtió en cotidianidad, en elemento regulador y administrador de nuestras vidas. Queremos escaparnos de las trampas de la pobreza y de la precariedad, de la soledad y de la competencia permanente. De los embustes del emprendimiento y de  los atajos para trepadores. De la meritocracia y del clientelismo. Del sálvese quien pueda y de la ley del más fuerte.

Ha llegado la hora de la renta básica. Lo que hasta ayer se consideraba una utopía se convierte en sentido común de época, en una de las respuestas inapelables a las necesidades del nuevo tiempo histórico. La renta básica garantiza unas condiciones materiales de vida digna y constituye un fondo de resistencia frente a la explotación laboral. Pero también atesora otra virtud, fundamental en este momento: es una medida estructural que ayuda a la transición emancipatoria hacia otro modelo de sociedad.

Para avanzar en esa línea consideramos que es viable, posible y urgente la implantación inmediata de una renta básica de cuarentena, individual, incondicional y suficiente por derecho, para todas aquellas personas que la soliciten, al menos hasta final de año, conforme a la  propuesta impulsada por la Red Renta Básica y la Marea Básica. La riqueza es de todas y ha de ser repartida, más aún en momentos como el que estamos viviendo y a la vista del absoluto fracaso de las rentas mínimas de inserción y los subsidios condicionados.

No hay excusas. La Declaración de Derechos Humanos (artículo 25) y  la Constitución Española (artículos 10.2, 35, 41, 95 y 96) permiten que la renta básica pueda aplicarse desde ahora mismo. No necesitamos propaganda, nuevas fábulas fundacionales ni pactos de palacio. Lo que urge es tomar medidas que protejan realmente al conjunto de la población. Necesitamos medidas estructurales como la renta básica, el reparto del trabajo, la banca pública o la intervención en los sectores estratégicos. O conseguimos que se abran paso la austeridad y la solidaridad o avanzará la barbarie, la guerra entre los pobres, la manipulación del rencor social, las nuevas formas de fascismo.

El mundo y nuestro país van a cambiar. Cuál sea la orientación dependerá de la correlación de fuerzas, de nuestro coraje e inteligencia. Completemos el camino que abrieron los movimientos populares en la última década. Renta Básica ya.

*Marta Sánchez de Ron y Manuel Cañada son miembros de la Marea Básica contra el paro y la precariedad

'Casi' todo lo que usted siempre quiso saber los test de coronavirus y nunca se atrevió a preguntar

Los recortes de años en investigación con los gobiernos del PP...la deslocalización de la producción de muchos bienes que en esta situación se han demostrado fundamentales, corta la cadena de realización de todas estas pruebas.

Durante las últimas semanas, desde que conocimos el incremento de casos de COVID-19, hemos oído hablar de la importancia de la detección de los positivos para facilitar las actuaciones sanitarias posteriores. La OMS recomienda la realización de test para detectar la enfermedad. Son fundamentales pruebas que sean rápidas pero a la vez con elevada sensibilidad (que es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en los pacientes, bajo porcentaje de sensibilidad provoca falsos negativos) y especificidad (la capacidad de la prueba para dar como resultados negativos los de las personas realmente sanas, una baja especificidad da falsos positivos).

La prueba que se ha venido usando para la detección del SARS-CoV-2 (que es la denominación del virus) es una PCR, al ser la más sensible y específica de las hasta ahora disponibles, según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

La PCR (reacción en cadena de la polimerasa) es una técnica de laboratorio que fue inventada por el bioquímico estadounidense Kary Mullis en 1985. Esta técnica permite amplificar pequeñas regiones específicas del ADN en laboratorio. Consigue que un pequeño fragmento de material genético, que no se localizaría en un análisis cualquiera, se multiplique millones de veces y se pueda detectar. Su uso se ha generalizado para la identificación de microorganismos que causan distintas enfermedades, como el coronavirus, entre otras utilidades.

El virus responsable del COVID 19 no contiene ADN de doble cadena sino ARN de una sola cadena. Como las pruebas de PCR solo pueden hacer copias de ADN, primero hay que convertir el ARN en ADN.

El ADN vírico se añade a un tubo de ensayo junto con cebadores, secciones cortas de ADN diseñadas para unirse al virus y una enzima constructora del ADN. Así la PCR amplifica el código genético del virus.

Aquí es donde entran los colorantes fluorescentes, añadidos al tubo de ensayo mientras se copia el ADN. Se unen al ADN copiado, lo que aumenta su fluorescencia haciendo que emitan más luz, que permite confirmar la presencia del virus.

La fluorescencia aumenta a medida que se producen más copias y, si cruza un cierto umbral, la prueba es positiva. Si el virus no estaba presente en la muestra, la prueba PCR no habrá hecho copias, por lo que el umbral de fluorescencia no se alcanzará y, en ese caso, la prueba será negativa.

La PCR es una prueba que tiene ventajas:

• Tiene una alta especificidad, ya que puede diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente.
• Tiene una alta sensibilidad, ya que puede detectar cantidades muy pequeñas del material genético del virus.
• Y es precoz porque detecta virus en las primeras fases de la infección respiratoria.

Pero también alguna desventaja:

• Es una prueba compleja, necesitando instalaciones específicas (laboratorios, aparatos como los termocicladores) y personal especializado y entrenado para su realización.
• La demanda mundial ha provocado escasez de los reactivos necesarios y esto se ha convertido en el cuello de botella que retrasa estos test.
• El tiempo que se necesita para conocer los resultados es de varias horas.

Por otro lado se han ido sumando los llamados TEST Rápidos que proporcionan resultados en minutos. A diferencia de la PCR no detectan directamente el virus sino que detectan o bien anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre (aún no se están usando en España) o bien proteínas (antígenos) del virus presentes en las muestras recogidas mediante hisopos en las vías respiratorias.

Las dos grandes ventajas de estos test son precisamente la rapidez en obtener resultados y que podrían hacerse en el mismo domicilio para hacer un cribado de pacientes. Ante un resultado negativo con síntomas es fundamental complementar estos test con una PCR.

Al igual que sucede con los reactivos para la PCR, estas pruebas están teniendo dificultades para llegar ya que no se producen aquí.

Los recortes de años en investigación con los gobiernos del PP (en 2009 el presupuesto era de 10.000 millones de euros que pasaron a 5.900 millones en 2013), las políticas neoliberales que han favorecido la deslocalización de la producción de muchos bienes que en esta situación se han demostrado fundamentales y que su falta corta la cadena de realización de todas estas pruebas, están haciendo que a pesar de tener laboratorios equipados (tanto los que se usan habitualmente para la sanidad humana como los que, ocupándose de la sanidad animal, se pueden utilizar en este momento para hacer análisis de PCR) y personal entrenado y formado, no se pueda continuar a la velocidad que sería deseable con la recomendación de la OMS para la detección de las personas infectadas.

PILAR GONZÁLEZ. Bióloga / Área de Medio Ambiente de Izquierda Unida 

EL SUPUESTO TESTIGO CONTRA MADURO INTENTABA ORGANIZAR OTRO GOLPE DE ESTADO CON GUAIDÓ Y LA CIA

Las informaciones de la DEA desmontan la acusación por narcotráfico contra el presidente de Venezuela

La estadounidense WOLA advierte que es un montaje judicial para justificar las sanciones e impedir una transición negociada.

La penetración de la cocaína en Estados Unidos no es el resultado de una conspiración del gobierno de Venezuela. Los datos de la DEA (Drug Enforcement Administration) desbaratan el montaje judicial de su propio gobierno contra el presidente Nicolás Maduro al que la Fiscalía General (el ministerio de Justicia) acusa de “dirigir las operaciones de narcoterrorismo para inundar de cocaína a Estados Unidos”.

La información de la DEA (Administración para el Control de Drogas), publicada en 2018, asegura que “por Venezuela sólo pasa un 7% de la cocaína colombiana que se introduce en Estados Unidos”. Un dato que coincide con la conclusión de las investigaciones de la Washington Office on Latin America (WOLA), una organización estadounidense independiente que defiende los derechos humanos, la democracia y la justicia social: “Alrededor del 90% de toda la cocaína con destino a los Estados Unidos se trafica a través de las rutas del Caribe Occidental y del Pacífico Oriental, no por el Caribe Oriental de Venezuela”. La BBC citaba a Geoff Ramsey, especialista de la WOLA en el análisis sobre Venezuela: “Es absurda la acusación de que Maduro está inundando de cocaína a Estados Unidos. Son los datos de la DEA los que demuestran que Venezuela está lejos de ser un país importante en el tránsito de la droga hacia ese país. Son otros, con cuyos gobiernos Trump mantiene buenas relaciones, como Colombia, Honduras y Guatemala”.

Los informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito nunca han avalado las acusaciones de Washington por narcotráfico contra el gobierno de Venezuela y la ONU reconoce a Nicolás Maduro como el presidente legítimo. Para armar el proceso en los tribunales estadounidenses, la DEA y la CIA están negociando los testimonios de dos desertores: los generales venezolanos Hugo Carvajal y Clíver Alcalá que se habían refugiado en España y en Colombia. Acusados de haber organizado el envío de cocaína hacia Estados Unidos en complicidad con la guerrilla colombiana de las FARC, ahora les proponen declarar contra Nicolás Maduro como testigos protegidos con penas reducidas. Alcalá, que vivía desde hace dos años en Barranquilla, controlado por la Dirección Nacional de Inteligencia, se entregó a la DEA que lo trasladó a Nueva York. Carvajal estaría negociando en Madrid con la misma agencia, según la oposición venezolana, su extradición a Estados Unidos en condiciones que todavía no se han establecido pero que deben garantizarle la seguridad necesaria para secundar la acusación por narcotráfico contra Nicolás Maduro. El diario madrileño ABC asegura que “Carvajal está bajo custodia del Centro Nacional de Inteligencia”. En el caso de Alcalá, antes de entregarse se protegió reconociendo que el líder opositor Juan Guaidó le había encargado la organización de otro intento de golpe de Estado en colaboración con la CIA. “Asesores estadounidenses” le llaman el general arrepentido. En Nueva York tendrán que tratarlo bien para que no cuente todo lo que sabe sobre esa operación golpista.

La retórica del narcoestado para justificar las sanciones e impedir la negociación

La Voz de América (VOA), emisora oficial del gobierno de Estados Unidos, ha confirmado lo que se suponía. A Washington no le importa la justicia sino conseguir testimonios interesados para aumentar la presión contra el gobierno de Venezuela. La VOA ya ha dicho que Alcalá y Carvajal son “valiosos informantes” y “enormes trofeos para las agencias de inteligencia”.

Ramsey, el experto de la WOLA, advierte que “la Administración Trump maneja la retórica del supuesto narcoestado para justificar las sanciones e impedir las negociaciones del gobierno con la oposición en Venezuela”. Y añade que “no es una casualidad que la acusación judicial por narcotráfico contra Maduro se haya producido precisamente ahora que un sector de la oposición negociaba su participación electoral y cuando era posible un acuerdo entre Maduro y Guaidó para conseguir la ayuda internacional humanitaria contra el coronavirus”. Todo vale en las acusaciones contra el gobierno de Venezuela. Incluso la reducción al absurdo.

Hay un peculiar personaje en todo este asunto que, después de ser instructor de inteligencia en la Marina de Estados Unidos, se ha colocado como comentarista de política internacional en las poco equilibradas cadenas de televisión FOX y CNN. Es el boliviano nacionalizado estadounidense José Miguel Humire, con aroma CIA, que lleva años sembrando en las pantallas su acusación de complicidad con el narcotráfico contra Evo Morales y Nicolás Maduro. Cuando le preguntan por qué nunca ha podido presentar las pruebas que lo demuestren, su respuesta te deja perplejo: “La ausencia de evidencias no es la evidencia de la ausencia”.

El PCE reitera su apoyo al gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro

El Partido Comunista de España rechaza la decisión del gobierno de Trump, condena este nuevo intento de golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela, exige a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones contra Venezuela que violan de manera flagrante el derecho internacional, exige la condena de la comunidad internacional de esta decisión estadounidense y reitera su apoyo al gobierno de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro.

 JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM 

 Ha muerto Chato Galante, nuestro “delincuente” más preciado

REFERENTE DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE QUIENES FORMARON PARTE DE LA ODIADA DICTADURA FRANQUISTA

En la madrugada del domingo 29 de marzo ha fallecido José María Galante, Chato para sus amigos, conocido luchador antifranquista, activista ecologista y social y en los últimos años referente de la lucha contra la impunidad de quienes formaron parte de la odiada dictadura franquista.

Chato ha muerto después de superar un aneurisma y un infarto. En la actualidad estaba luchando contra un cáncer de pulmón, la quimioterapia y radioterapia que estaba recibiendo y que no impidieron su actividad social y política le había debilitado y finalmente el coronavirus pudo con él.

Ha muerto, como a él le gustaba decir, siendo aún un “delincuente”, por el simple hecho de haber luchado contra el franquismo desde su organización de juventud, la Liga Comunista Revolucionaria. Por ello sufrió torturas y largos años de cárcel. Ninguno de los diferentes gobiernos habidos desde la muerte del dictador se han dignado a anular las sentencias de los tribunales franquistas y, por lo tanto, no han rehabilitado a ninguno de las luchadoras y los luchadores por la libertad, asesinados, torturados, detenidos y encarcelados.

Por ser consciente de esa cruel injusticia es por la que Chato propuso a un amplio grupo de personas, entre las que me encontraba yo, la creación de “La Comuna de presas y presos del franquismo”. Asociación que vio la luz en la primavera de 2011 y que venia a fortalecer el movimiento memorialista, con la participación directa de los represaliados en la última etapa de la dictadura y los primeros años de la transición. Asociación La Comuna de la que Chato Galante ha sido uno de los organizadores más valioso y tenaz.

Desde La Comuna participó de forma activa y entusiasta en la creación de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina y viajó a Buenos Aires en multitud de ocasiones, junto a diferentes delegaciones de otras asociaciones memorialistas, para entrevistarse con la jueza María Servini. Fruto de este incansable trabajo en estos momentos hay veinte altos responsables de la dictadura franquista y torturadores encausados por el tribunal argentino en aras de la justicia internacional. Paradójicamente las extradiciones de estos individuos para ser juzgados han sido vergonzosamente denegadas por los gobiernos de turno. Entre ellos se encuentra el conocido policía franquista Antonio González Pacheco, alias “Billy el niño”, torturador directo de Chato Galante.

Chato también fue uno de los impulsores de la Red de ciudades por la Justicia y Memoria de la que formaban parte, entre otros, los ayuntamientos de Pamplona, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cádiz y Rivas Vaciamadrid. Muchas de estas ciudades propusieron querellas contra la dictadura franquista.

El propio Chato, junto al dirigente de Izquierda Unida Willy Meyer, presentaron el 18 de enero de 2018 una querella por torturas contra González Pacheco, querella que, después de no haber sido admitida a trámite por ninguna de las instancias judiciales en España, ha sido recientemente presentada, junto a otras, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y de la que estamos a la espera de decisión.

La última batalla a la que Chato había dedicado ímprobos esfuerzos es el procesamiento de Martín Villa a través de la Querella Argentina. En junio del año pasado volvió a ir a Buenos Aires y estuvo con la jueza María Servini para presentar la querella por el asesinato de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978, acompañado por su hermano Fermín Rodríguez y el exparlamentario Sabino Cuadra y presentar también la querella por el asesinato de Arturo Ruiz en enero de 1977, acompañado por su hermano Manuel Ruiz. Asesinatos estos acaecidos al igual que la masacre de cinco trabajadores en Vitoria durante los gobiernos en los que estuvo Martín Villa. A raíz de aquella visita, en la que también estuvieron el eurodiputado Miguel Urbán y varios concejales y diputados de Euskadi y Cataluña, la jueza decidió proceder al interrogatorio de Martín Villa en la embajada argentina el 20 de marzo de este año, como paso previo a su posible enjuiciamiento. Interrogatorio que nuevamente fue frustrado por la intervención directa del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, interrogatorio que sigue pendiente de una nueva fecha, una vez que las trabas del gobierno español sean solucionadas.

Por último cabe recordar su amplia y decisiva participación en la película El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que obtuvo el año pasado el premio Goya al mejor documental. Precisamente de los principales participantes en este documental ya han muerto María Martín y Ascensión Mendieta que buscaban los restos de su madre y su padre asesinados en la postguerra. Ha muerto también Carlos Slepoy, abogado argentino, uno de los principales artífices de la Querella Argentina. Y ahora nuestro compañero y amigo Chato Galante. Y es que la lucha por la Justicia, la Memoria y la Reparación es una lucha contra reloj. Después de 45 años de la muerte del dictador, sus victimas se van dejando literalmente sus vidas sin ver cumplidos sus objetivos de Justicia Democrática contra los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la Dictadura Franquista.

Para sus compañeras y compañeros de La Comuna, la muerte de Chato no hace sino reafirmar nuestra determinación y compromiso a los que él se entrego con pasión y solidaridad.

Chato Galante, compañero, amigo, luchador infatigable, tu ejemplo nos impulsa.

Seguiremos adelante, te lo debemos. El vacío que nos dejas procuraremos rellenarlo entre todos.

Hasta siempre.

PABLO MAYORAL. Mundo obrero