domingo, 25 de septiembre de 2016

IU implica a las instituciones estatales y europeas para lograr la “suspensión cautelar” de las obras que ponen en grave riesgo a Doñana y su entorno

Antonio Maíllo y lo/as diputado/as Bustamante y García Sempere, ésta última como firmante, presentan en Huelva una iniciativa registrada a tal fin en el Congreso y buscan también que una delegación de parlamentarios europeos visiten la zona para ser testigos del grave riesgo existente.
Izquierda Unida implica a todas las instituciones, desde el Parlamento y la Junta de Andalucía, pasando por el Congreso de los Diputados hasta llegar a las instancias europeas, para lograr la “suspensión cautelar” inmediata de las obras de almacenamiento y transporte de gas de la empresa Gas Natural en el espacio natural de Doñana y su entorno. Para ello, IU ha desplegado una serie de iniciativas que incluyen una petición gestionada a través de la Comisión de Apelaciones europea para que una delegación de la Cámara en Bruselas visite Doñana, así como el registro de una iniciativa en el Congreso para paralizar este proyecto.
En el marco de esta actuación, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y lo/as diputado/as andaluces en la Cámara Baja, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere -esta última firmante de la proposición no de ley registrada y presentada hoy-, junto a otros dirigentes locales, se han desplazado hasta la provincia de Huelva y el entorno de Doñana para explicar con detalle el alcance de la actuación coordinada emprendida por esta formación.
“Doñana no tiene precio y no puede ser objeto de negocio”, ha sentenciado Maíllo al inicio de un encuentro con los medios en la capital onubense. El máximo dirigente regional andaluz de IU detalló cómo esta formación se ha dirigido ya a la Comisión de Apelaciones de Bruselas para “plantear que queremos una visita europea a Doñana para que vean las obras autorizadas por el Gobierno central con una fragmentación de carácter fraudulenta para evitar controles de impacto que no habrían superado” de haberse aprobado todo el proyecto de manera conjunta, como marca la ley en casos similares.
Destacó que Izquierda Unida va a luchar con todas sus fuerzas por la “suspensión cautelar” del proyecto ante la “alarma social suscitada y que afecta a todos los sectores políticos, económicos y culturales, así como al gran patrimonio que tenemos en Doñana”.
Maíllo se mostró convencido de que “una visita desde Bruselas generaría una respuesta automática de suspensión cautelar. Sería la mejor forma de ver el daño que esto puede provocar, un daño que, además, sería irreversible para todo el entorno de Doñana”.
Junto a él, Eva García Sempere explicó que esta mañana se habían desplazado hasta allí para “conocer de primera mano cómo está Doñana y su entorno en cuanto al impacto de las obras”. Antes de detallar el contenido de la proposición no de ley registrada señaló con ironía que “no es de recibo que una de las zonas con mayor índice de protección, Doñana es la ‘Duquesa de Alba’ de los espacios naturales de este país, se permita que troceen un proyecto tan altamente impactante como un gaseoducto y un acumulador de gas en el subsuelo para intentar saltarse la legislación en materia de declaraciones de impacto medioambiental”.
La parlamentaria de IU advirtió también que esto lo ha hecho el Gobierno del PP desde Madrid “con el beneplácito del PSOE, ya que la Junta no ha puesto todas las herramientas, toda la carne en el asador, para paralizarlo, con toda la aquiescencia del Gobierno de la nación”.
“No puedes hacerte fotos en Doñana -denunció- diciendo que tienes la suerte de contar con uno de los espacios protegidos más interesantes de Europa y, por otra parte, devastarlo con un proyecto que sólo beneficia a Gas Natural y al empresariado que está detrás de todo este entramado y, por supuesto, a los políticos que luego tendrán ahí sus ‘puertas giratorias’”.
García Sempere concretó los dos puntos de que consta la parte propositiva de la iniciativa parlamentaria registrada doblemente en el Congreso de los Diputados sobre este asunto para su debate en pleno o en comisión, dependiendo de la forma que sea más rápido poder discutirla y tratar de que sea aprobada por la Cámara.
En estos dos puntos se insta al Gobierno a:

1.- Luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias.

2.- Paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto.

Antonio Maíllo indicó también que, dentro de su ámbito político de actuación, “queremos  que la Junta de Andalucía sea parte, sea escuchada y se moje en Bruselas. El consejero de Medio Ambiente no se puede parapetar en que podría estar incurso en un proceso de prevaricación administrativa”.
“Los gobernantes -afirmó tajante- tienen que posicionarse políticamente y decir si están a favor de que Gas Natural haga de Doñana un sayo, su sayo para sus intereses de almacenamiento de gas y para poder meter una bomba en el subsuelo de este espacio natural o si están con la mayoría social” que se opone a ello.
Maíllo tiró de memoria y de casos ya ocurridos con una gravedad comprobada para asegurar que “aquí no queremos otro ‘Castor’ como en Castellón (en alusión al ‘proyector Castor’, también de construcción de un depósito estratégico artificial de gas natural, que tuvo que paralizarse cuando ya estaba avanzado al aumentar la sismicidad de la zona y el riesgo de terremotos) y que luego haya otra chapuza que cueste más de 1.350 millones de euros de todos los españoles para dar a Florentino Pérez para paralizarla”.
Aseguró que en Doñana, de salir mal el proyecto ahora en marcha, “costaría algo más que millones, porque sería la destrucción e iría en menoscabo de un patrimonio que tiene que ser preservado y no violado como lo está siendo por los intereses muy particulares de Gas Natural”.


miércoles, 21 de septiembre de 2016

El PCE considera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un rechazo a las políticas laborales que los distintos gobiernos españoles han puesto en marcha sobre los contratos temporales

La sentencia plantea que los trabajadores temporales en nuestro país tienen que cobrar la misma indemnización que los trabajadores indefinidos

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece como discriminatoria la indemnización por despido o cese de los trabajadores/as temporales en nuestro país, supone que el conjunto de las políticas laborales acordadas por los gobiernos del PSOE y del PP desde 1983, hasta la última reforma laboral sólo han causado más precariedad y más pobreza a los trabajadores/as temporales en nuestro país.

La sentencia plantea que los trabajadores temporales en nuestro país tienen que cobrar la misma indemnización que los trabajadores indefinidos cuando tienen un despido objetivo, es decir 20 días por año completo de trabajo o su parte proporcional.

La sentencia incluye también al personal interino y funcionario temporal, computando inclusive el periodo de indefinido no fijo, que haya tenido, si éste estaba en fraude de ley.

Cabe destacar que el Tribunal Europeo, que dirime una cuestión planteada por el Tribunal de Justicia de Madrid, se apoya en el acuerdo marco firmado entre la Confederación Europea de Sindicatos y las Organizaciones Europeas de Empresarios en 1999. Para el PCE determina claramente, la necesidad de seguir potenciando el Sindicalismo Internacional, dado que las politicas del Capital, no tienen fronteras, amen de producir solo discriminación y pobreza.

La Sentencia tiene caracter retroactivo a todos los contratos temporales que hayan terminado en un año anterior a la fecha de la misma, siempre y cuando se interpongan reclamaciones al efecto (el año cuenta desde la interposición de la demanda individual).

En la misma fecha el TJUE ha emitido dos sentencias más una, la ya referida a la equiparación de los funcionarios temporales con el derecho a la indemnización equiparada al resto de trabajadores/as y otra que denuncia el exceso de contratos temporales e insta a los tribunales correspondientes a establecer medidas que garanticen que un puesto de trabajo fijo, se cubra con un contrato fijo.

Baste leer los preambulos de las reformas laborales que tanto el PP como el PSOE han aprobado en este País, para detectar lo falaz y lo erronea de estas.

España es el campeón de la precariedad en la UE y las sucesivas reformas laborales solo han ahondado en esta situación.

El PCE exige una cambio legislativo urgente que modifique la norma de aplicación a los contratos temporales que dibuja el actual Estatuto de los Trabajadores/as, y trasladará su intención a las organizaciones políticas de Izquierdas con presencia en el Parlamento.
Mientras este cambio no se produzca, insta a todas las trabajadoras y trabajadores que hayan tenido un contrato temporal en el último año, sea en la función pública o empresas privadas, a reclamar la diferencia salarial, a través de los Sindicatos de Clase, al fin de restituir sus derechos.

Paralelamente, el PCE, insta a todos sus cargos publicos, a presentar y apoyar mociones en el conjunto de las Administraciones publicas, a establecer políticas que establezcan la indefinitud de los puestos de trabajo que tienen clara estrucutración de fijos.



sábado, 17 de septiembre de 2016

AYER  COMENZO LA FIESTA DEL PCE EN SAN FERNANDO DE HENAREs


Ayer comenzo la Fiesta del PCE 2016. Lo hizo por la tarde en San Fernando de Henares, en el Parque Dolores Ubárruri, como lo viene haciendo durante estos últimos años. Por la mañana se presento a los medios en un desayuno informativo. El responsable de comunicación del PCE y director de Mundo Obrero sitúo esta 39 edición de la Fiesta en el contexto de la crisis de gobernabilidad y en la necesidad de elaborar una alternativa para construir un nuevo modelo de sociedad y de política en este país. A eso van enfocados muchos de los debates que tendrán lugar durante estos tres días de encuentro político y festivo.

Se debatirá sobre la precarización del trabajo y las nuevas prácticas de luchas sindicales, sobre la confluencia, el TTIP, la mercantilización del cuerpo de la mujer, una visión del Brexit desde la izquierda, Siria, la izquierda en América Latina frente a la recomposición imperialista, la democracia y los procesos constituyentes en Europa, la salida del Euro y el Plan B. También habrá espacio para la cultura, con un homenaje a Blas de Otero en el centenario de su nacimiento, y conciertos todas las noches.

Fue la responsable de política internacional del PCE y vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea (PIE), Maite Mola, la que puso el énfasis en la importancia que tendrá en la Fiesta el debate europeo, no sólo por lo que significa el Brexit sino por toda la crisis de la Unión Europea y la necesidad de elaborar alternativas desde la izquierda transformadora. Criticó el Tratado de la Unión Europea con la Turquía del “dictador Erdogan” que formará parte de uno de los debates de la Fiesta. También denunció la grave situación que se vive en América Latina y en el Caribe, que sufren los golpes blandos como el ejercido contra Dilma Rousseff en Brasil, o la desestabilización ejercida contra Venezuela, temas que tendrán un especial reflejo en la Fiesta, con la participación, entre otros, del embajador de Venezuela.

El PSOE tiene que dar un paso al frente

José Luis Centella habló del momento político en el que se sitúa esta Fiesta al que calificó de “esperpento”. Llamó a la coherencia política y pidió a Pedro Sánchez y al Partido Socialista a que den un paso al frente para formar un gobierno que saque del poder al PP. El secretario general del PCE cuestionó que cómo es posible que si hoy hay una mayoría de mujeres y hombres en el Parlamento que está en contra de la LOMCE, de la Ley Mordaza, de la Reforma Laboral del PP, etc no pueda haber un gobierno que se corresponda con esa política. Y responsabilizó a Pedro Sánchez y a su partido por intentar situarse a la sombra del PP para facilitarles un gobiernos cuando llevan cuatro años votando contra sus leyes, en lugar de trabajar por un gobierno de izquierdas.

“El PSOE tiene que poner 10, 15 ó 20 propuestas compatibles con nuestro programa, e Izquierda Unida facilitará su gobierno e investidura”. Para eso, explicó el líder del PCE, tiene que haber unas líneas rojas, como la derogación de la reforma laboral, de la ley mordaza, políticas contra los recortes laborales, contra la violencia de género, etc. Y evidentemente, todos tendremos que ceder.

Centella también habló de la crisis del régimen del 78 y de que se estamos en un proceso constituyente. Añadió que es fundamental que se de ese cambio “pero tiene que ser con luz y taquígrafos”.

Igualmente tuvo palabras para esta Unión Europea, “que ha afrontado la crisis de los refugiados desde el autoritarismo y la insolidaridad” y que tiene “una sumisión a la OTAN y a los Estados Unidos que están provocando la crisis más grave de su historia”. Frente a la política belicista hizo un llamamiento por la paz y por parar las guerras y los conflictos, incluidos el del Sahara, que está en pie de guerra. “Por todo esto, esta Fiesta va a reclamar paz y solidaridad”.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

EXIGEN LA PARALIZACION DEL ALMACEN DE GAS NATURAL EN DOÑANA

Las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen al Gobierno central en funciones y a la Junta de Andalucía la paralización cautelar de las obras del gran proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que pretende convertir el subsuelo de Doñana y su entorno en un campo gasístico. Para las ONG, la empresa pretende realizar una política de hechos consumados con un proyecto que tiene recursos pendientes en los tribunales y se está analizando desde Bruselas por el posible incumplimiento de las leyes de protección de la naturaleza
Ayer, las organizaciones ecologistas comprobaron sobre el terreno el comienzo de las actuaciones en “Marismas Occidental”, una de las piezas del proyecto de Gas Natural en Doñana, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente. En realidad, se trata de un único gran proyecto industrial para almacenar gas en el subsuelo de Doñana, pero se troceó en cuatro –Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar– para evitar que se evaluara conjuntamente su impacto ambiental sobre el espacio natural, como obliga la Directiva Europea de Evaluación Ambiental.
El proyecto, partido en cuatro, entra en los límites del Espacio Natural de Doñana y de espacios de la Red Natura 2000. La Junta de Andalucía se negó a dar los permisos para el proyecto “Marismas Oriental”, situado dentro del espacio protegido, pero no ha sido así con “Marismas Occidental” y con “Aznalcázar”. En marzo de 2015, la Comisión Permanente del Consejo de Participación de Doñana pidió que se evaluara conjuntamente el impacto de los proyectos de Gas Natural.
El gran proyecto industrial de Gas Natural en Doñana –realizado a través de su filial Petroleum Oil & Gas España– consiste en la instalación de 70 kilómetros de gasoductos, la apertura de 16 pozos de extracción de gas, y la utilización del subsuelo de Doñana como almacén permanente de gas. Las ONG denuncian que el proyecto, impulsado por el actual Gobierno en funciones, transformaría para siempre el espacio natural más emblemático de nuestro país en un complejo industrial abundando en su desnaturalización y aumentando los riesgos para la población, el acuífero y todo el ecosistema. Además, la apuesta por las energías sucias que implicaría convertir Doñana en un almacén de combustibles fósiles va totalmente en contra de lo acordado en la Cumbre de París contra el cambio climático.
Las organizaciones recuerdan que la UNESCO, el organismo internacional que vela por la protección de Doñana como Patrimonio de la Humanidad, ha mostrado en diversas ocasiones su preocupación por los proyectos de Gas Natural en Doñana. Las ONG reclaman a la Junta de Andalucía que se paralicen de forma cautelar las obras, y al Gobierno central en funciones que retire su permiso y vuelva a evaluar conjuntamente el impacto de todos los proyectos de Gas Natural en Doñana.
 ECOLOGISTAS EN ACCION

martes, 13 de septiembre de 2016

El Partido Comunista de España firma el manifiesto de solidaridad urgente con el pueblo venezolano

El PCE se suma a la acción mundial de solidaridad con Venezuela frente a una nueva acción de injerencia imperialista

El Partido Comunista de España (PCE) ha firmado un manifiesto, junto a movimientos sociales, personalidades internacionales, ONGs y gobiernos y partidos políticos del mundo, sumándose a una acción mundial de solidaridad urgente con el pueblo venezolano del 29 de agosto al 4 de septiembre y mostrando la firma solidaridad y el pleno respaldo al pueblo venezolano, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al proceso bolivariano y al Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI). 

Lo hace en unos momentos en los que la oposición fascista, lacaya del imperialismo, se prepara para desencadenar acciones de terrorismo encubiertas tras el llamamiento a una toma “pacífica” de Caracas el 1 de septiembre que pretende generar graves hechos de violencia con la intención de impactar en la opinión pública mundial para que sea aceptada una intervención militar de las fuerzas extranjeras en Venezuela.

El manifiesto también denuncia la injerencia imperialista de Estados Unidos, tanto por medio de las 74 bases militares estadounidenses en América Latina (13 rodeando Venezuela), como a través de la “orden ejecutiva” renovada el 3 de marzo por Obama que extiende y amplía las posibles acciones de Estados Unidos contra el proceso político-social en Venezuela por considerar el país una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos.

El manifiesto no sólo pide la derogación de dicho decreto sino que llama a promover en todos los parlamentos del mundo las mociones y acciones dirigidas al rechazo contundente de las acciones injerencistas contra Venezuela y su legítimo derecho de autodeterminación y soberanía.

jueves, 8 de septiembre de 2016

¿Sabes quién paga el hachazo a las renovables? Tú

En esto de las renovables, España es un país de récord. Tristemente, no por los éxitos conseguidos en aprovechar el sol y el viento, con los que podríamos producir más de 56 veces nuestras necesidades de electricidad. En eso ya tuvimos nuestros días de gloria, pero pasaron.

Ahora, mientras son otros países los que triunfan con las renovables, en España somos campeones en la guerra CONTRA las renovables. El impuesto al sol, o el hachazo a las renovables son expresiones que hemos oído muchas veces, tras las que se esconde una estrategia sostenida para liquidar el prometedor sector renovable para beneficio de su acérrimo enemigo: las grandes eléctricas.

Esa estrategia se ha materializado en un conjunto de normas y leyes que componen la llamada “reforma energética”, que ya inició el último Gobierno del PSOE, pero que elevó a su máxima expresión y frenesí el Gobierno del PP bajo la batuta del ínclito ministro Soria, al que ahora quieren premiar con un alto cargo en el Banco Mundial.

Con la excusa de acabar con el “déficit de tarifa”, lo que se ha hecho ha sido cambiar las normas a mitad de la partida. Donde el BOE decía que a quien produjese una cierta cantidad de electricidad con energía renovable le correspondía tal incentivo económico, la reforma energética limitó primero y eliminó después tales incentivos y los cambió por otros muy inferiores que no existen en ningún país, mientras establecía una moratoria sobre la instalación de nuevas renovables. O sea, palo a quien estaba y que no venga nadie más.
Quienes habían confiado en lo que decían las leyes para invertir en renovables solo pudieron organizarse y protestar, o bien, en el caso de grandes empresas extranjeras, acudir a los tribunales internacionales de arbitraje para reclamarle al Estado español lo que les prometió por ley cuando invirtieron. 

Ningún país del mundo tiene tantos pleitos abiertos por empresas perjudicadas por la política energética. La paradoja es que, si el motivo del hachazo se decía que era económico, la realidad es que para defenderse de esos pleitos, el estado (o sea, tú) se está gastando más de 13 millones de euros(8,9 millones el actual Gobierno en funciones) en contratar abogados y consultores. Gran negocio para las consultoras, pésimo para la ciudadanía.

Sea quien sea quien acabe gobernando, es imprescindible que la desastrosa reforma energética se desmonte pieza por pieza y se construya una nueva política energética que nos conduzca a un sistema eficiente, inteligente y 100% renovable, con el que nos ahorraríamos un 34% en facturas energéticas y crearíamos más de 3 millones de empleos.
Y no hace falta esperar a que haya Gobierno para anular el impuesto al sol, ya que todos los partidos menos el PP se comprometieron a hacerlo, y ese compromiso se ha incluido en el pacto PP-Ciudadanos. Así que, ¿a qué esperan?

Desde Greenpeace seguiremos presionando a todos los partidos políticos a que anulen las reformas del PP en materia energética, nefastas para la ciudadanía, el dinero público y el medio ambiente. Gobierne quien gobierne, seguiremos defendiendo los intereses de todos y todas. Pero dado que no queremos el dinero del Banco Mundial, dependemos de tu ayuda para hacerlo.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

El PCE condena el golpe de estado contra la democracia en Brasil

Elegida hace dos años por 54 millones de personas y destituida ayer por 61 senadores y contra las bases de la democracia.

El Partido Comunista de España denuncia el golpe de estado parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff elegida hace dos años por 54 millones de personas y destituida ayer por 61 senadores y contra las bases de la democracia.

El acceso al gobierno que los partidos de la oligarquía no consiguieron en las urnas lo toman ahora por la puerta de atrás, en la cresta de la ola de la ofensiva imperialista desatada contra los pueblos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe. Forma parte de los llamados golpes blandos que ya no necesitan las Fuerzas Armadas para destituir presidentes. Se han acogido a un mecanismo administrativo para deshacerse de la presidenta Rousseff y del gobierno progresista del Partido de los Trabajadores, que con otras fuerzas de izquierda gobernaba el país desde hace 13 años. Una farsa en la que no se descubrió ningún indicio de corrupción por parte de la presidenta Rousseff pero que sirve para cambiar radicalmente la economía dirigida a proteger a los más desfavorecidos por una política de recortes presupuestarios y privatizaciones de los servicios, en un país con codiciados recursos energéticos por explotar, y una política exterior que refuerza las relaciones con Estados Unidos.

Antes ya cambiaron los gobiernos democráticos de Fernando Lugo en Paraguay y el de Manuel Zelaya en Honduras. Hoy consolidan el golpe en Brasil, el país más grande de América Latina con 200 millones de habitantes, miembro activo de la integración regional y de la creación del ALBA, la CELAC, UNASUR o del Mercosur. Brasil es también uno de las cinco potencias emergentes de los BRICS que cuestionan la hegemonía estadounidense dibujando un mundo multipolar.

Con este golpe contra el pueblo y el gobierno brasileño, unido a la sostenida desestabilización golpista contra el gobierno de Maduro en Venezuela, que tendrá un punto álgido hoy 1 de septiembre con la llamada “toma de Caracas” organizada por los partidos de la oligarquía venezolana se ataca no sólo a los gobiernos de izquierdas sino a la estabilidad regional y a los avances de la integración en el continente.

El Partido Comunista de España se solidariza con el pueblo brasileño, con Dilma y con Lula y confía en que las mayorías sociales puedan defender las conquistas logradas y hacer triunfar de nuevo la democracia en unos momentos de dura contraofensiva imperialista en el continente.

martes, 6 de septiembre de 2016

Un mundo plastificado

Las bolsas de plástico del supermercado tienen una vida media de 12 minutos y tardan más de 50 años en descomponerse. Una botella de plástico de refresco dura unos pocos minutos en nuestras manos pero tarda más de 500 años en desaparecer.

Son sólo un par de ejemplos del uso que damos al plástico y el rastro que deja. Se trata de un problema global y de escala planetaria. Todos los mares y océanos cuentan ya con restos significativos de residuos de origen humano, de ellos entre el 60 y 80% son restos de plásticos. Las cifras no son exactas, pero hablan de casi 300.000 toneladas de plásticos flotando. No hay datos de los plásticos que se acumulan en los fondos marinos, y la cifra podría incrementarse significativamente.

Lo que estamos viendo actualmente seguramente sea la punta del iceberg. La producción global de plásticos ha aumentado de manera espectacular en los últimos 50 años. En 2013 fueron 299 millones de toneladas producidas, y se estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales.

Tras China, Europa es la mayor consumidora de plásticos. Sólo en 2013 casi el 40% de ese plástico se destinó para hacer embalajes. España es el quinto país de la UE en demanda de plástico, y a diario pone en el mercado 50 millones de envases de bebidas, de las que 30 millones no son correctamente reciclados o recuperados y acaban enterrados en vertederos, incinerados o tirados en campos, playas y mares.

Tenemos que actuar rápido. Greenpeace ha investigado la presencia de microplásticos en los océanos. En concreto en pescados y mariscos, y sus posibles consecuencias para el ser humano. Nuestros voluntarios, además, están saliendo estos día de final de verano a muchas playas de nuestro país a recoger plásticos. Y además vamos a exigirle al Gobierno que tome medidas, como la implantación de un sistema de retorno de envases o la limitación de las bolsas de plástico, que están resultando exitosas en otros países. Cuantas más personas seamos más fuerza tendremos para pedirle al Gobierno que actúe con urgencia.

GREENPEACE