martes, 31 de marzo de 2020


El PCE defiende aumentar las medidas de aislamiento y reducir la actividad económica al mínimo imprescindible


EL GOBIERNO DE COALICIÓN ES LA MEJOR GARANTÍA PARA IMPEDIR QUE EL COVID-19 PROVOQUE UNA INMENSA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL

Necesitamos un gran plan económico de la Unión Europea para proteger a los sectores populares más vulnerables.


La Comisión Política del PCE reitera su apoyo al Estado de Alarma y propone aumentar las medidas de aislamiento y reducir la actividad económica al mínimo imprescindible, protegiendo la salud y las condiciones laborales de quienes están manteniendo los servicios esenciales.

El informe aprobado en la reunión celebrada de forma telemática ayer domingo, hace un nuevo llamamiento a la responsabilidad personal y a la solidaridad colectiva, considerando que el gobierno de coalición PSOE/UP es la mejor garantía para impedir que la pandemia de Covid-19 provoque una inmensa crisis económica y social.

Igualmente, el ejecutivo del PCE denuncia que “la derecha y la ultraderecha mantienen una campaña de bulos, desinformación y desestabilización”, pretendiendo que “el PSOE y el PP formen un gobierno de concentración”, algo que sería “una catástrofe para la clase trabajadora, la única que mantiene el funcionamiento de nuestra sociedad”.

Los ataques contra la sanidad pública han reducido la capacidad de respuesta frente a la pandemia

El informe analiza positivamente las medidas tomadas por el Gobierno frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia al tiempo que señala objetivos, siendo el más destacado el de asegurar una política presupuestaria expansiva y una auténtica reforma fiscal para que la clase trabajadora tenga durante la crisis unos ingresos dignos. En la misma línea defiende que las empresas deben asumir su corresponsabilidad con el Estado y el país en su conjunto.
A ese esfuerzo nacional, el PCE reclama añadir un gran plan económico de la Unión Europea para proteger a los sectores populares más afectados por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. “Padecemos ahora el resultado del desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública, con escasez de recursos y profesionales que reduce la capacidad de respuesta frente al Covid-19”, recalca el informe.

En este apartado, el PCE muestra su apoyo a todas las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar el sistema sanitario “que tiene que recuperar su fortaleza como servicio público de interés estratégico” y recuerda que toda su organización y militancia está colaborando con las administraciones públicas para garantizar la atención a los colectivos más vulnerables, defendiendo que “Unidas Podemos, Izquierda Unida y el PCE son en esta crisis la herramienta de conexión entre el gobierno, la clase obrera y nuestro pueblo en movilización permanente”.

Por último, el informe destaca el trabajo de CCOO y UGT, tanto el “acierto” de las líneas políticas en las que están trabajando como los medios y acciones que está poniendo en marcha, destacando el haber logrado la paralización de los ERTES de Burguer King e Inditex y las negociaciones para que otros ERTEs mantengan las condiciones de los trabajadores, haciendo asumir a las empresas su corresponsabilidad con el Estado y el resto de Administraciones públicas y la sociedad en su conjunto.

Necesitamos una seguridad humana compartida, integral y sostenible

El informe hace un análisis pormenorizado de la situación creada por la pandemia a nivel internacional, destacando que está siendo superada en China gracias a un Estado sólido y volcado en atender las necesidades de su pueblo, dando una lección de eficacia. Esta crisis pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de las relaciones internacionales para acabar con el neoliberalismo, las políticas belicistas, las guerras comerciales y la globalización imperialista.

En este sentido, reclama “un nuevo internacionalismo económico, social e institucional de carácter solidario para una seguridad humana compartida, integral y sostenible” y llama a acabar con los bloqueos ilegales que padecen países como Cuba, Venezuela, Irán y Siria por defender su soberanía frente a las injerencias del imperialismo y con la tremenda crisis del Covid-19 son además “intensamente criminales” porque reducen la capacidad de resistencia contra la enfermedad.

Contra la impunidad de Juan Carlos I

El informe también analiza los acontecimientos protagonizados por Felipe y Juan Carlos Borbón tras hacerse público el escándalo de las fundaciones en Suiza.

Aunque el PCE tiene ahora como “prioridad” la reacción frente a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Convid-19, “no olvida la reclamación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la corrupción de Juan Carlos I a la que se oponen los que confunden interesadamente la inviolabilidad en el ejercicio del cargo político con la impunidad en sucesivos delitos”.

Igualmente llama a que el próximo 14 de abril haya una movilizaciones “ya sea en la calle o en los balcones” para exigir la recuperación de los recursos apropiados ilegalmente, que sean dedicados a fine sociales y sanitario y evidenciar un rechazo a la monarquía “cada vez mayor”.


jueves, 26 de marzo de 2020




Un niño refugiado, perdido en Lesbos

VERGÜENZA Y BARBARIE

Ese niño afgano forma parte de ese río de seres humanos que huyen de las guerras, y nos hace ver en estos días de infamia la peor cara de Europa.


La escena parece anodina, intrascendente, pero es atroz, aunque de nuevo se olvidará, como otras semejantes y más terribles: cuatro policías antidisturbios griegos detienen a un niño refugiado en Lesbos. El niño está solo, en el puerto de la isla, sin sus padres, ante la barrera que forman los antidisturbios: tal vez se ha perdido, y mira indefenso a los policías con una mirada triste, desamparada, mientras al otro lado del puerto la gente y los vehículos circulan ajenos a la vergüenza y la barbarie. Es apenas un video de cinco segundos, y lo ha compartido un periodista italiano, Cosimo Caridi.

Ese niño afgano forma parte de ese río de seres humanos que huyen de las guerras, y nos hace ver en estos días de infamia la peor cara de Europa, el rostro del fascismo, de los matones de extrema derecha que bloquean carreteras en Lesbos y en otras localidades griegas, que persiguen a pobres refugiados que no tienen nada, que organizan batidas para cazar a personas indefensas, que insultan (“vete a tu país, zorra”, ha podido escucharse), que hostigan y atacan a voluntarios de organismos humanitarios que sólo pretenden poner algo de humanidad en la desgracia, que pegan a los periodistas porque el fascismo no quiere testigos de su crueldad.
Esos grupos de fascistas son los aguerridos soldados de la peor Grecia y la más vil Europa, pero no están solos, están acompañados por la xenofobia insultante de ciudadanos que prefieren no ver la infamia, que cierran los ojos ante la desdicha de tantas personas que escapan de la guerra porque quieren salvar a sus hijos, que huyen de la miseria creada por las guerras impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Esos fascistas están acompañados también por quienes prefieren ignorar el dolor ajeno, por quienes consideran a los refugiados apenas una grave molestia, una desgracia a la que Europa no puede hacer frente porque tiene otras urgencias: así se extiende el veneno de la xenofobia, de la falta de humanidad, del nacionalismo y del miedo, de la indiferencia. En otro tiempo, ciudadanos semejantes se acostumbraron a ver a otros refugiados como montones de excrementos, como gente que podía ser conducida en vagones de ganado. Aunque lo niegue, también el gobierno griego acompaña a esos grupos de extrema derecha, porque ha sido capaz de ordenar a sus policías que lancen gases lacrimógenos contra familias confinadas entre el barro y la indiferencia de Europa. Esos fascistas están acompañados también por el cinismo y la cobardía de Erdogan, que sigue azuzando la guerra en Siria, mientras utiliza a los refugiados para sus cálculos de gobernante sin escrúpulos. Están acompañados, además, por los responsables de la Unión Europea, capaces de correr a Atenas para mostrar su apoyo al gobierno de Mitsotakis, un gobierno que maltrata y cierra las puertas de Europa a los refugiados, sin que Bruselas sepa adoptar decisiones para detener el sufrimiento: la Unión Europea es capaz de financiar al gobierno turco, y a la guardia costera libia que roba y trafica con refugiados convertidos en esclavos, y lo hace para levantar una barrera y detener a quienes sufren, a quienes encuentran la muerte en las fronteras de Europa.

Hay que asediar a los gobiernos europeos, hay exigir a las instituciones que contribuyan a detener el sufrimiento de los refugiados, hay que movilizar a partidos políticos y sindicatos; hay que reclamar a la Unión Europea que ponga en práctica esa solidaridad que nos hace humanos y que con tanta frecuencia olvida. Hay que gritar ante las sedes gubernamentales y los ministerios para atajar esta vergüenza, para que no se repitan las escenas de las deportaciones y los campos donde encerraron a los refugiados españoles tras la guerra civil; hay que gritar para no encontrar de nuevo a los miles de judíos alemanes que agruparon en Zbaszyn, en la frontera polaca para su deportación en los días siniestros de Hitler, en esos años que hoy nos avergüenzan. Hay que levantar un clamor unánime por ese niño perdido en Lesbos.

Tal vez los responsables de la Unión Europea y los gobiernos de cada país crean que no pueden abrirse las fronteras, pero la decencia humana nos obliga a exigírselo. El niño afgano perdido en Lesbos nos mirará siempre, y su mirada nos interrogará, preguntándonos qué hicimos para detener esta barbarie, esta falta de humanidad, esta vergüenza que debería hacernos detener el mundo.


martes, 24 de marzo de 2020


Sin la implicación de las administraciones y la presión de la sociedad no se podrá garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra

·         Con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra el 3 de marzo bajo el lema Garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra, Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la sociedad para que el conocido como el superaño para la biodiversidad suponga un punto de inflexión en la relación de los seres humanos con la naturaleza y se pongan en marcha procesos transformadores a favor de la conservación de la biodiversidad. 
·         La organización ecologista prosigue su campaña confederal Sin biodiversidad no hay vida, con la que, entre otras acciones, realiza un seguimiento de los diferentes eventos que este año ponen la biodiversidad en primer plano de la agenda política y mediática. 
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El año 2020 supone una oportunidad histórica para la lucha contra la pérdida de biodiversidad, ya que las diversas cumbres mundiales de biodiversidad que se van a celebrar por todo el planeta obligarán a los gobiernos a comprometerse y a asumir  nuevos acuerdos que deberán suponer cambios drásticos en el modelo de producción y de consumo. Pero además el superaño para la biodiversidad debe lograr una gran sensibilización de la sociedad, con grandes movilizaciones sociales mediante las cuales se exija a las administraciones la adopción de las medidas necesarias. Sin la implicación de las administraciones y la presión de buena parte de la sociedad resultará muy improbable que se pueda garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra.

Ecologistas en Acción considera que este es el momento de asegurar la supervivencia de los ecosistemas que garantizan la vida sobre el planeta y que producen el aire, el agua y el alimento, y que son la herramienta más eficaz para combatir los aspectos más devastadores de la emergencia ecológica actual.
En mayo de 2019 la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) hizo públicas las conclusiones de su informe sobre el estado de la biodiversidad global, y los datos son alarmantes. El ritmo de extinción de especies se está acelerando a un ritmo mayor del previsto, y si no se produce un cambio profundo en el modo en que funcionamos como sociedad, no se darán las circunstancias necesarias para restaurar y proteger nuestro patrimonio natural.
El informe IPBES establece que al menos un millón de especies de animales y plantas se encuentran actualmente amenazadas de extinción. Esta cifra es fruto del análisis de los registros conocidos de especies catalogadas en la Lista Roja de la UICN, y su extrapolación a los distintos cálculos y estadísticas que estiman la cantidad total de especies existentes en la Tierra. El problema es grave.
Para acordar soluciones, este año se celebrarán importantes eventos mundiales que pondrán la biodiversidad en primer plano de la agenda política y mediática. Algunos ya se han producido, como la COP13 de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, celebrada en Gandhinagar (India), el Foro Mundial de la Biodiversidad que ha tenido lugar en Davos (Suiza), y la primera reunión preparatoria de las partes de la COP15 del Convenio de la ONU sobre Diversidad Biológica.
Algunos de los eventos que están por celebrarse son los siguientes:
·         Del 2 al 6 de junio en Lisboa tendrá lugar la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas.
·         Del 11 al 19 de junio se celebrará en Marsella el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020, con el lema La naturaleza, nuestro futuro.
·         Del 27 al 31 de julio, Bogotá acogerá la segunda reunión preparatoria de las partes de la COP15 del Convenio de la ONU sobre Diversidad Biológica.
·         El 22 de septiembre, durante el 75 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, se celebrará la cumbre sobre biodiversidad.
·         Del 15 al 28 de octubre se celebrará la COP15 del Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica (CDB), en Kunming, China, dónde se revisarán los logros y los resultados del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del CBD y se deberá aprobar el Marco Global de Biodiversidad post 2020.
Ecologistas en Acción, que desde su campaña Sin biodiversidad no hay vida realizará un seguimiento de los diferentes eventos, espera que el Gobierno español sepa aprovechar la oportunidad que supone este año y lo antes posible adopte medidas que prioricen la conservación de la biodiversidad.
ECOLOGISTAS EN ACCION

sábado, 21 de marzo de 2020


La responsabilidad fiscal de la monarquía, segundo capítulo



QUEDA CLARA LA CONDUCTA DE OPACIDAD PARA ESCONDER DINERO NEGRO

Mala conducta fiscal de Juan Carlos de Borbón, consentida por tantos gobiernos de la que son cómplices y que debiera tener consecuencias fiscales.



Hace muchos años, hice un artículo titulado ‘La responsabilidad fiscal de la monarquía’ en Mundo Obrero y un ejemplar fue enviado a la atención de Juan Carlos de Borbón. Seguramente, no lo leyó, pero sí nos consta que alguien de la Casa Real sí lo hizo. En el artículo se intentaba fijar lo que debiera ser un correcto comportamiento fiscal del señor De Borbón en sus declaraciones del IRPF y Patrimonio y la necesaria declaración de bienes y la entrega al Patrimonio del Estado de los obsequios percibidos en base a su función representativa.

La Constitución, en su artículo 64, establece que los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes, siendo quienes los refrenden responsables de dichos actos. De este refrendo están excluidas, por razones obvias, las actividades privadas de los miembros de la Casa Real.

En el artículo citado se ponía en solfa la cantidad formal recibida por parte del rey asignada por las Cortes Generales, dado que era dudoso que se incluyeran ingresos en especie, se aportasen al Patrimonio Nacional las dádivas recibidas, etc.

Desde la fecha publicada del artículo ha habido avances, no por parte de los gobiernos y de los partidos que han formado parte de la mayoría de la Mesa del Congreso que han seguido impidiendo la transparencia económica de la Casa Real. Solo, el accidente de la caza de elefantes en Botsuana o de osos en Rumanía por parte de Juan Carlos de Borbón empezó a precipitar hechos que han mejorado la situación. Esto sin entrar en el caso Urdangarín o las puertas giratorias de Telefónica.

Así, el nuevo rey Felipe de Borbón, en enero de 2015 
extendió a la Casa Real el artículo 26.2b).6º de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que dice lo siguiente: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”. No se tiene conocimiento de que en su toma de posesión y legislaturas sobrevenidas haya hecho declaración de bienes como cualquier alto funcionario público.

En la autorregulación real de enero de 2015, hay un apartado específico sobre las herencias Así, en su apartado 8, viene recogido lo siguiente: Los bienes dejados en testamento o disposiciones de última voluntad, ya sea en concepto de heredero o legatario, en favor de algún miembro de la Familia Real por personas que no tengan una relación familiar, podrán ser aceptadas cuando así se considere procedente. Estos bienes, en atención a su naturaleza, deberán incorporarse al Patrimonio Nacional o ser entregados a instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para la consecución de fines de interés general, salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica cuyo cumplimiento se requiere para su aceptación.

Todo estos elementos nos pueden servir para valorar las recientes noticias sobre la renuncia por parte de Felipe de Borbón, hace un año, de la herencia que pudiera provenir del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, a través de la Fundación Lucum, que éste había creado en el paraíso fiscal de Panamá en el año 2008, para crear una cuenta en Suiza a nombre de la Fundación y percibir los 100 millones de dólares del rey saudí Abdullah, que nunca había declarado, ya fuera por una actividad mercantil, independientemente si fue por supuestas comisiones o corrupción por asuntos del AVE, armas o petróleo -y entraríamos en que estaría fuera de lugar su participación- o por donación -y si hubiera habido un código de conducta, se tendría que haber rechazado o entregado al Patrimonio Nacional-. En todo caso, queda clara la conducta de opacidad para esconder dinero negro.

El también rechazo, ahora, a su designación como heredero de la curiosa Fundación Zagatka, sita en el paraíso fiscal de Liechtenstein, que supuestamente ha estado financiando durante años ‘gratuitamente’ los viajes privados del ex rey, ahora emérito. Esta supuesta herencia se hubiera recibido tras el fallecimiento de su patrono, el residente monaqués, Álvaro de Orleans, amigo de Juan Carlos de Borbón.

Paralelamente al descubrimiento de estos embrollos, se hace pública, ahora, la instrucción de Felipe de Borbón de retirada de asignación económica anual a su padre, de 194.232 euros, del presupuesto de la Casa Real.

Más noticias de enredo serían las apariciones periódicas de informaciones no contrastadas sobre la riqueza de Juan Carlos de Borbón y más cuentas en la banca suiza y otras en paraísos fiscales; la falta de declaración de la herencia recibida por este mismo rey emérito y otras personas de su entorno familiar de su padre. un no laborioso Juan de Borbón y, que se ha publicitado proveniente por lo menos parcialmente, se supone, de otro no laborioso Alfonso XIII, que alcanzó los 1.100 millones de pesetas; su ‘donación’ o desvío a su antigua amiga, la señora Larsen, de 65 millones de euros que provienen de la donación saudí.,…

Un suma y sigue que señala la mala conducta fiscal de Juan Carlos de Borbón, consentida por tantos gobiernos de la que son cómplices y que debiera tener consecuencias fiscales, dado que su patrimonio y cuantiosos ingresos provienen en principio de actividades privadas, fuera de su antiguo cargo institucional.

Con respecto, a la responsabilidad fiscal y política del actual rey, Felipe de Borbón, entendemos que no es suficiente que hace un año haya renunciado a la herencia que pudiera recibir de su padre y ahora le retire la asignación presupuestaria. Existen, en nuestra opinión, indicios de que tendría que haber hecho ambas cosas mucho antes, incluso, en su toma de posesión.

E, independientemente, de la mejora parcial de transparencia fiscal llevada en estos últimos años por parte de la Casa Real, que no es poco pero insuficiente, la cuestión, además, es la respuesta a la pregunta sobre la necesidad de tener un rey o reina lógicamente no responsables de los actos del gobierno, firmantes de leyes que efectúan Las Cortes y que, por su trabajo protocolario, no pueden ejercer funciones laborales diferentes para tener otro tipo de remuneraciones para ganarse la vida.


martes, 17 de marzo de 2020


Ante la situación generada por la extensión de la epidemia de COVID 19 y su impacto en España


I.- Apoyamos la declaración del Estado de Alarma adoptada por el Gobierno de España y seguimos trabajando para que se adopten las medidas necesarias para evitar que la crisis sanitaria se convierta en crisis económica y social. Estas medidas deben tomarse con la mayor brevedad y mientras dure esta situación.
II.- Agradecemos el trabajo y el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad: sector sanitario, de los sectores de atención social, transportes, alimentación, logística, comunicaciones, limpieza, energía, cuerpos de seguridad y, en general, a todas las trabajadoras y trabajadores, autónomas y pequeños y medianos empresarios que en estos días difíciles siguen en su puesto de trabajo haciendo que este país funcione, minimizando así las consecuencias económicas y sociales de esta crisis.
Es un orgullo teneros por compatriotas y reiteramos nuestro compromiso en la defensa de vuestros puestos de trabajo y condiciones laborales dignas y seguiremos peleando para conseguir las medidas de apoyo a todas las personas que se encuentran o queden en situación de desempleo o vulnerabilidad social. No vamos a permitir que nadie se quede atrás.
Llamamos a reflexionar a la sociedad sobre las indignas condiciones de trabajo y salariales de trabajadoras y trabajadores de sectores estratégicos que hoy están en primera línea de combate en defensa de toda la sociedad en las tareas de reposición y caja en supermercados, en las tareas comerciales, del hogar, de limpieza, de cuidados, de transporte, etc.
 
III.- Reiteramos nuestro compromiso de poner nuestros recursos organizativos, militancia, cargos públicos y sedes a disposición de las autoridades sanitarias y sociales, así como de las organizaciones sociales que atienden a la población en situación de vulnerabilidad o desprotección social, de acuerdo con las prevenciones y normas establecidas en el artículo 7 del Decreto de Estado de Alarma.

Todas nuestras organizaciones territoriales están y seguirán colaborando con las redes de solidaridad popular que actúen en sus ámbitos de intervención, brindándoles el apoyo necesario para realizar su trabajo con las personas más vulnerables, especialmente ancianos, menores, personas enfermas o familias y personas en situación de vulnerabilidad social, y creando dichas redes en los lugares donde sea necesario. En especial orientamos a que desde las distintas redes de solidaridad popular se garantice: la adquisición y distribución de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad para personas vulnerables; el  acompañamiento a centros, servicios y establecimientos sanitarios a quienes no puedan desplazarse por sus propios medios; la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. En todo caso, tal y como establece el Decreto de Estado de Alarma, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
Reiteramos toda la colaboración posible al personal y autoridades sanitarias y de protección civil para ayudarles a cumplir debidamente su tarea en caso de que fuera necesario. Llamamos al apoyo a las medidas que adopten las distintas administraciones públicas en defensa de la salud de la población y el cuidado de los derechos laborales y sociales de la misma. De esta crisis debemos salir con un refuerzo de las políticas y servicios públicos, de los que ahora se acuerdan incluso unas derechas que han reducido, infra financiado y privatizado estos servicios en los territorios donde han gobernado.

Llamamos a la solidaridad ciudadana y disciplina colectiva en la implementación de las medidas imprescindibles para atajar esta pandemia: la responsabilidad individual en base al bien común. Proteger la sociedad del avance de esta pandemia exige actitudes responsables y solidarias que todas debemos seguir.
 
IV.- Saludamos que la declaración del Estado de Alarma permita al Gobierno la coordinación y planificación de medidas y funciones de cualquier administración pública, así como que estas tengan como eje de su actuación tanto al artículo 128 de la Constitución como la Ley General de Sanidad de 1986 en lo referente al establecimiento de medidas especiales que se pudieran necesitar e implementar. Saludamos que el Ministerio de Sanidad vaya a tener a su disposición todas las administraciones, infraestructuras y personal sanitario y de emergencias necesarios para afrontar esta situación, tanto la red de asistencia propia del Sistema Nacional de Salud, -dependientes del Ministerio y CC.AA.-, como el personal, infraestructuras y servicios de la sanidad privada, de organismos sin ánimo de lucro, -hospitales de confesiones religiosas- y de Sanidad Militar: hospitales, personal, laboratorios y farmacia militar.
Apoyamos el reforzamiento inmediato y centralizado de las plantillas de personal sanitario, no sólo el personal médico y de enfermería, auxiliares o técnicos de laboratorio, sino también personal no sanitario que facilite el soporte en los centros asistenciales y de coordinación.
SECRETARIADO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCE


domingo, 15 de marzo de 2020


La guerra del agua
·        La respuesta a la campaña  'Agua del Grifo, Por Favor' ha sido la difusión de un informe que viene a insinuar que al agua de grifo produce cáncer de vejiga  

·        ¿Por qué con una prueba tan poco consistente se pretende crear esta alerta en la población?

Ha sido como tirar una piedra en un charco y empezar a formarse olas. Apenas llevaba en marcha una semana la campaña Agua del Grifo, Por Favor, impulsada por una veintena de organizaciones sociales, y ya ha tenido una fuerte contestación. La respuesta a la campaña ha sido la difusión de un informe que viene a insinuar que al agua de grifo produce cáncer de vejiga. Así, sin alterarse.
Analicemos lo que se conoce de ese informe. Lo primero que hay que decir es que el “estudio” no lo hace ningún organismo científico público e  independiente, sino el Instituto de Salud Global de Barcelona, centro patrocinado por la Caixa, entidad financiera que está metida en el negocio del agua. En segundo lugar, se trata de un estudio teórico en el que no hay trabajo de campo, ni de laboratorio, solo una encuesta enviada a “las organizaciones encargadas de la calidad del agua municipal para recoger información sobre la concentración de trihalometanos“, retocada con “datos abiertos, informes, literatura científica, etc.” Mas parece un estudio de sociología, con su correspondiente “cocina”, que una investigación científica, por lo que sus conclusiones, en ningún caso, pueden ser concluyentes y deben ser contrastadas con estudios de mayor detalle y alcance.
En tercer lugar, deja claro que el agua de grifo en España no supera el límite permitido de trihalometanos que es de 100 microgramos/litro, al situarse muy por debajo (28,8). Pero, a pesar de ello, se intenta relacionar el supuesto uso de trihalometanos con los datos estadísticos de cánceres de vejiga. El estudio se ha hecho sobre 26 países, pero se concluye que casi la mitad de los cánceres de vejiga se dan solo en dos: Reino Unido y España. Y se establece con precisión algo que es más que dudoso: que los tumores son debidos a una sola sustancia química concreta, cuando es sabido que se trata de un problema multifactorial. Y se intenta justificar que se ha hecho “con la información internacional disponible”, algo que equivale a decir que es incompleta. 
El informe del Instituto de la Caixa ha provocado una alarma social injustificada. Numerosos medios de comunicación se han lanzado a decir, sin muchos matices, que beber “agua del grifo provoca 1.500 casos de cáncer cada año en España”. El problema de estas cosas es que se crea tal confusión en la ciudadanía sobre quién tiene razón, que lo único que ayuda a aclararse es la pregunta de qué intereses tienen los que defienden cada posición.  
Si el informe fuese riguroso, debería facilitar con detalle los resultados de la encuesta para saber, por ejemplo, en qué municipios españoles donde hay más concentración de trihalometanos. Ante la alarma social creada, el Canal de Isabel II de Madrid se ha visto obligado a sacar una nota donde sostiene la calidad del agua de grifo que está tratada desde hace 50 años con cloraminas lo que minimiza la generación de trihalometanos, que están un 80% por debajo de lo que marca la legislación. También la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (AEAS) ha tenido que salir al paso y afirmar que “Las aguas de consumo suministradas en España, en su condición de APTAS, cumplen en todos los casos con la exigente normativa de la legislación española, basada en la legislación de la UE (Directiva 98/83/CE y Directiva (UE) 1787/2915)”. Y que, en cualquier caso, el control del agua para el consumo humano está asegurado por la autoridad sanitaria, existiendo sistemas de alerta y procedimientos de declaración de no aptitud del agua de consumo humano
Merece la pena leer el análisis del dietista-nutricionista Julio Basulto que dice que el estudio no cumple los criterios científicos de Bradford-Hill para aumentar la certeza de las pruebas observacionales. Y recuerda que los autores reconocen que no pueden concluir “inequívocamente una asociación causal".
Por lo tanto, si estamos hablando de una estimación teórica y no de una evaluación de casos reales, si los estudios usados están en la parte inferior de la jerarquía de las evidencias científicas, ¿por qué con una prueba tan poco consistente se pretende crear esta alerta en la población? Basulto concluye rotundo: “Si te preocupa el cáncer de vejiga, deja de fumar no de beber agua del grifo”. O preocúpese del plástico y de los pesticidas, auténticos problemas del agua.
Cuando vemos estas cosas es inevitable que vengan a la memoria tantos informes “científicos” que avalaban la industria del tabaco, las bebidas azucaradas o la industria nuclear, como algo inocuo para la salud humana. Quizá algún dato de contexto ayude a saber de qué estamos hablando. La industria del agua embotellada mueve a nivel mundial 80.000 millones de dólares y en España la facturación supera los 1.000 millones de euros. Básicamente consiste en vender el agua 140 o unas 2.000 veces más cara que la del grifo, según se consuma en el hogar o en un restaurante.
Visto lo visto, pedimos juego limpio. No todo vale. En la campaña Agua Del Grifo, Por Favor no decimos que el agua embotellada en plástico, la presencia de antimonio, etc. produce enfermedades mortales. Solo buscamos crear conciencia ciudadana y, eso sí, aspiramos a que tenga proyección política con una normativa que estimule su consumo. Y lo hacemos con razones poderosas: el agua es un bien esencial y un derecho humano y por ello defendemos la titularidad y la gestión pública para alejarlo de su mercantilización; es infinitamente más barata la de grifo y no produce abundantísimos residuos plásticos
Y, desde luego, es más saludable el agua de grifo al menos por dos grandes cuestiones: no contiene microplásticos en suspensión, y sus controles son los más exhaustivos en general. Por ejemplo, en el caso del Canal de Isabel II se realiza un análisis cada 3 segundos, 9 millones al año, el doble de los que obliga la normativa. ¿Hay alguna empresa privada que haga esto y que asegure el perfecto estado del agua en botellas de plástico que han andado circulando meses por ahí?
Más pronto que tarde acabará imponiéndose que consumir agua del grifo es lo más razonable y una forma al alcance de todo el mundo de contribuir a la mejora del medio ambiente. Y que beber agua embotellada en plástico, que incluso se ha vendido como un signo de distinción, se convertirá en un estigma social como fumar en un local cerrado.

Agustín Moreno, es miembro de la Comisión de Agua de Ecologistas en Acción

sábado, 7 de marzo de 2020


La lucha feminista acaba de empezar. ¡Seguimos en las calles!


Manifiesto del PCE y la UJCE ante la celebración del Día Internacional de las mujeres trabajadoras

Este 8 de marzo, día Internacional de las Mujeres trabajadoras de 2020 continuamos la lucha que comenzaron hace cientos de años mujeres contra la desigualdad y la discriminación, contra el capitalismo patriarcal y ultracatólico empeñado en despojarnos de nuestros derechos como personas. Es un día para hacer visibles las desigualdades y denunciar a quienes nos matan y nos oprimen.
Desde el PCE y la UJCE queremos acabar con la doble explotación, la precariedad en el trabajo y en la vida. Queremos acabar con las violencias machistas: cuando nos cuestionan y no nos creen cuando somos violadas; cuando nos cosifican y no nos dignifican ni como mujeres ni como seres humanos; cuando nos invisibilizan en nuestras casas, en nuestros trabajos y en la historia; cuando nos utilizan como meras vasijas; cuando nos cuestionan y culpabilizan por cómo vestimos, por el lugar dónde nos divertimos o por dónde caminamos o cuando nos asesinan en la casa, en la calle o en un bar.
Queremos la igualdad real entre hombres y mujeres. Para ello es necesario un cambio: Exigimos una ley de educación feminista que forme en valores de igualdad para acabar con los estereotipos y roles de género marcados por el sistema capitalista y patriarcal, los mismos que defiende la derecha PP-C’s y la ultraderecha de VOX.
Rechazamos el “pin parental” que la ultra derecha intenta imponer. Dicen defender la libertad de sus familias a decidir sobre la educación, cuando en realidad lo que quieren es vetar y controlar las materias que tengan que ver con los derechos LGTBI y la educación sexual.
Exigimos que se cumpla el Convenio de Estambul, firmado por España y que no se está cumpliendo, que incluye: prevención, protección, persecución penal y políticas integradas que aseguren y den una respuesta global a las violencias contra las mujeres.
La coyuntura política actual, con un gobierno de coalición progresista y un Ministerio de igualdad feminista, es una oportunidad para legislar una ley que abarque más allá de la violencia de parejas o exparejas. Una ley que no permita interpretaciones de sesgo patriarcal. Que no cuestione más ni una sola víctima de violación.
Pero mientras en España se tolere la prostitución y la pornografía sea la educación sexual de menores y jóvenes, no va a ser posible normalizar unas relaciones sexuales en igualdad y acabar con la violencia sexual.
Hablar de prostitución es hablar de trata de mujeres pobres, inmigrantes, en situación irregular. La prostitución existe porque hay demanda.
Queremos una legislación abolicionista que acabe con la demanda y el negocio. Que se apliquen políticas de atención, cuidado y ayuda a las mujeres prostituidas con el fin de que se inserten en una vida familiar, social y laboral conforme a la dignidad que se merecen y se protejan sus derechos fundamentales.
Las políticas de recortes en España en el cuidado y atención de las personas desde lo público, ha acentuado la obligación de las mujeres a cubrir este déficit, cargando con dobles jornadas.
Queremos políticas que sitúen la vida en el centro: que el trabajo de cuidados sea reconocido y corresponsabilizado. Generar en el sector público, empleos dignos con mayores salarios para la atención y la dependencia. Que el trabajo de cuidados, se valore y se dignifique, porque sin él, no hay vida digna de ser vivida.
Rechazamos la tasa rosa, el sobreprecio que pagamos las mujeres por la versión femenina de algunos productos.
Queremos políticas que acaben con la feminización de la pobreza. La precariedad laboral, la parcialidad de los contratos y la brecha salarial, impiden que exista igualdad real para las mujeres trabajadoras.
Además, las diferencias salariales se acentúan en la jubilación, y en España la brecha de la pensión media entre los 65 y los 79 años se sitúa en un 34%. ¡Queremos trabajo digno, igualdad salarial y pensiones dignas para vivir una vida digna!
Este 8M reivindicamos derechos junto a las mujeres de todo el mundo, desde Colombia hasta La India, que luchan contra el feminicidio, la explotación laboral capitalista y la violencia sexual patriarcal.  Avanzamos juntas porque vamos lejos y nuestro horizonte es solidario e internacionalista.

Este 8M nos encontraremos en las calles siguiendo la senda de mujeres valientes de todos los tiempos luchando por la paz y por nuestra dignidad. Un camino que, como decía Rosa Luxemburgo, nos lleve a conseguir “una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.