Moralina o democracia

Los gobiernos municipales populares deben apoyarse en un poder popular, y este sólo se construye con prácticas y experiencias de organización autónoma de la ciudadanía.

El mayor peligro del discurso de la casta y de las irradiaciones es su potencial para desarmar la resistencia popular y abortar la posibilidad de una iniciativa desde abajo. No se trata de descalificar la oportunidad de los gestos simbólicos; coches oficiales, salarios de los cargos electos, … Son necesarios para legitimar una nueva política, pero no son la nueva política. El secreto de la nueva política es la participación popular. Allí donde la marea ha llegado a las alcaldías el agua debe invadir todos los espacios y embalsarse en todas las áreas de decisión con voluntad de continuidad, para todo el mandato. De lo contrario, como ya se ha visto en Madrid en el minuto uno, se situará a la defensiva, negociando el retroceso. El ejemplo andaluz debería ser suficiente: no hay propuestas programáticas, por muy fundamentadas y razonables que sean, que aguanten la presión de los contrarios por la mera composición aritmética de plenos y parlamentos. Sin la creación de un contrapoder ciudadano y popular, las posiciones ganadas estarán perdidas tarde o temprano; por no hablar de las expectativas de un cambio político más general.

¿Cómo se puede crear ese contrapoder? No se hace por internet. Sólo hay una fórmula, la radicalización de la democracia. En su informe sobre el final de la guerra de España, Togliatti critica lo que a su entender fue una de las debilidades que a la postre condujeron a la derrota de la República: la falta de participación directa de las masas y la incapacidad, o falta de voluntad, de construir una organización del Frente Popular desde la base. Mutatis mutandis, la afirmación del dirigente italiano resulta de plena aplicación: los gobiernos municipales populares deben apoyarse en un poder popular, y este sólo se construye con prácticas y experiencias de organización autónoma de la ciudadanía. La organización que ahora se necesita es diferente a la de la contestación y la resistencia. Es propositiva y constructiva, no simplemente antagonista. Hay que aprenderla pero para ello tiene que existir la voluntad política de compartir el poder institucional. No se trata de atender a todas las reivindicaciones, sino de dar la capacidad a la gente de hacerlas posibles, de priorizarlas y compatibilizarlas. Para ello no existen fórmulas acabadas pero sí experiencias de las que aprender. Son aquellas en las que se ha apostado por crear estructuras de participación dotadas de autonomía y con capacidad de decisión. Me refiero a experiencias de Presupuestos Participativos, de cogestión de espacios y equipamientos, de fórmulas de democracia directa que obliguen a reinventarse a las organizaciones ciudadanas tradicionales. En definitiva, de espacios donde pueda crearse el poder popular como intrusión de los de abajo en las estructuras de decisión.

Esta es la verdadera democracia. No son las primarias para elegir un gobierno de virtuosos sino el gobierno de los de abajo. Todo lo demás es moralina; en el mejor de los casos...

JAVIER NAVASCUES

Denuncian que el visto bueno del CSN al cementerio nuclear en Villar de Cañas responde a criterios políticos y no técnicos

La decisión se ha adoptado a pesar de las dudas de los técnicos sobre los terrenos y la falta de varios estudios.

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción han lamentado la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de aprobar el emplazamiento de Villar de Cañas para el futuro cementerio nuclear y denuncian que la decisión ha sido adoptada por criterios políticos, en lugar de técnicos.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reunido el día 27 de julio ha dado  por válido el emplazamiento el Almacén Transitorio Centralizado (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), a pesar de las dudas técnicas. El Pleno del CSN está integrado por cinco consejeros: dos a propuesta del PP, dos por el PSOE y uno por CiU. Esta importante decisión se ha tomado a pesar de las dudas de los terrenos y sin los resultados de unos estudios cruciales que ha de realizar ENRESA a partir de septiembre.

La decisión ha despertado el malestar de los técnicos del CSN, muy molestos por las prisas del proceso y porque en el órgano de gobierno del CSN, priman los intereses políticos sobre el principio de precaución.

El informe favorable, aprobado hoy llevaría una amplísima relación de condicionados, fruto del compromiso entre los criterios técnicos y las presiones del ejecutivo. El Gobierno de Rajoy saca así adelante el proyecto antes de que los consejeros del CSN se vayan de vacaciones y acelerar así el proceso, a pesar de las dudas técnicas existentes.

La Plataforma, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que la decisión debería tener el respaldo técnico suficiente, ya que la trayectoria de los consejeros arroja dudas sobre sus conocimientos en seguridad nuclear y los criterios para aprobar dicho informe. El documento que tienen en sus manos es muy técnico, hasta el punto de que algunos solicitaron aplazar la decisión el pasado pleno del 22 de julio. Pero su aprobación, tiene enormes implicaciones en la seguridad de un almacén con muchas dudas sobre los terrenos. Además, en caso de que hubiera algún problema con el ATC, se podrían derivar responsabilidades jurídicas de los consejeros.

Para las organizaciones ecologistas “el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene prisa en atajar los riesgos de las instalaciones nucleares que ya existen y si la tiene para que se adjudiquen la obras de las que todavía no existen. El CSN  muestra de nuevo que no es coherente, por una parte no tienen prisa para desmantelar una central nuclear como Garoña fuera de operación desde hace casi 3 años, y sin licencia desde hace dos; y por otra  apremian a los técnicos para emitir informes incompletos sobre la evaluación de riesgos radiológicos, o para que avalen el emplazamiento de un cementerio nuclear sin tener todos los informes preliminares pedidos por ellos mismos"

IU llama a la defensa de la educación pública frente al TiSA

 IU llama  a  todas  las  organizaciones  comprometidas  con  la  defensa  de  la  educación  pública  y  la  democracia  a movilizarse  para  asegurar  que  el Estado  cumpla  su  responsabilidad  como  garantes  del derecho a la educación impidiendo que acuerdos como el TISA hipotequen en secreto el  futuro de la población y su derecho a la educación.

El Área Federal de Educación de IU denuncia el Acuerdo Internacional de Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) como un nuevo intento de avanzaren la “liberalización” (privatización) de los servicios públicos y en la mercantilización global del acceso a derechos básicos, entre ellos la educación. La educación es un derecho básico, que debe ser garantizado por los Estados, y no es ni puede ser concebida como un producto de venta y compra para el enriquecimiento de unos pocos. 

Las multinacionales, sobre todo estadounidenses y europeas, están negociando acuerdos comerciales en secreto como el TTIP y el TPPA que amenazan la democracia y ponen en peligro los derechos fundamentales de la ciudadanía. A estos tratados se añade el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA) impulsado por un grupo de países autodenominados “Los buenos amigos de los servicios”, cuyo núcleo central integran Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y Corea del Sur.

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio. Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, los países autodenominados ‘los mejores amigos de los servicios’, se propusieron abrir todos los servicios públicos posibles al mercado convirtiéndolos en negocios lucrativos.

Los servicios públicos tratan de satisfacer las necesidades sociales básicas de una manera asequible, universal y sobre una base no lucrativa. Estos acuerdos comerciales, por el contrario, promueven deliberadamente la comercialización y redefinen los servicios y derechos en función de su potencial para producir beneficios. A su vez, intervienen o bloquean las reglamentaciones de los Estados para ordenar estos servicios, con el fin de anteponer los intereses de los inversores y proveedores extranjeros de servicios por delante de los intereses de la ciudadanía.

El TiSA aprovecha la labor previa de la OMC y de los acuerdos bilaterales de comercio e inversión para impulsar más la privatización y la desregulación de servicios esenciales como la educación y hacer que resulte imposible para los gobiernos revertir las privatizaciones y restaurar estos servicios al control público, incluso aunque las empresas privadas fracasen.

IU rechaza la pretensión de incluir la educación en cualquier tipo de acuerdo comercial. Estos acuerdos representan una grave amenaza para la soberanía de las naciones, limitando drásticamente la capacidad de los Estados para regular la política económica y social en función de objetivos ligados al bienestar y los derechos sociales de la población. 

En particular, la incorporación de la educación en el conjunto de los “servicios comercializables” en el marco de acuerdos como TISA, supondría someter el desarrollo de los sistemas educativos nacionales a la lógica del lucro, alentando la privatización y la introducción de criterios mercantiles allí donde el principio rector debería ser la planificación de política pública en función de dar satisfacción al derecho a la educación, así como de asegurar que la producción y distribución del conocimiento contribuyan a la construcción de sociedades más justas. 

La obligación que impondría TISA, de brindar igual trato a “proveedores” públicos y privados, nacionales o extranjeros, constituye un abandono inaceptable de la responsabilidad que cabe a los Estados por asegurar igualdad de oportunidades y condiciones educativas. Esta restricción de la competencia de los Estados implica, también, una pérdida de soberanía educativa, que reforzaría las relaciones de dependencia política, económica y cultural. 

Denunciamos y rechazamos, además, el secreto que rodea a las negociaciones iniciadas en el año 2012. Wikileaks fue quien filtró un documento sobre la negociación de este acuerdo que confirmaba la intención de entregar los servicios públicos a las grandes empresas. La decisión de impedir la participación ciudadana en el debate de estas cuestiones constituye quizás la mejor prueba de que nada bueno puede esperar de TISA la población.

Por eso el Área Federal de Educación de IU llama a crear o participar en plataformas, a difundir información para que la población conozca sus consecuencias, a recoger firmas y colaborar en actos contra estos tratados para conseguir que nunca se lleguen a firmar.

Militantes de las Juventudes Comunistas de Cuenca han participado en la protesta organizada por la Plataforma contra el ATC en Cuenca a las puertas del Consejo de Seguridad Nuclear

Al presidente del CSN no le importan los riesgos del cementerio nuclear

En torno a un centenar de personas convocadas por la Plataforma se concentraron en la mañana del día 22 de julio, frente al CSN coincidiendo con la reunión del pleno. 
Tras el acto de protesta, se ha registrado un escrito en el organismo regulador, si bien no ha trascendido los asuntos acordados en el pleno.

En dicho pleno se discutió el informe favorable a la autorización previa o de emplazamiento del ATC, pero previsiblemente, no se aprobará hasta el 29.
El visto bueno del CSN se emite sin despejar las múltiples dudas sobre los terrenos y con un importante estudio pendiente de inicio.

El presidente del CSN Fernando Marti Scharfhausen, coloca a la institución que preside en una difícil situación de falta de credibilidad. Además, su trayectoria profesional y personal lo deslegitiman como servidor público independiente.

En estos momentos, la empresa pública responsable de construir el ATC (Enresa) está en las primeras fases para licitar el: "Servicio para la caracterización geotécnica dinámica para los estudios de interacción terreno-estructura de la Instalación Nuclear y complemento del análisis hidrogeológico en el ATC”. Por un importe máximo de 1.174.552,50 (IVA no incluido). Las ofertas se pueden presentar hasta el 18 de agosto y el periodo de ejecución es de 8 meses.

Este estudio, que implica sondeos de hasta 200m, es la respuesta de Enresa a la petición de información adicional del CSN (PIA) ante sus dudas sobre los terrenos y aportará información indispensable para el diseño del edificio principal del ATC (especialmente en las cimentaciones) y la interacción entre el terreno y la estructura a construir. Así mismo, el estudio evaluará el comportamiento hidrogeológico de los terrenos y el patrón de los flujos del agua subterránea, para conocer la migración de los radionucleidos ante una eventual fuga.

Hoy miércoles, también estaba prevista la reunión entre el Ministro de Industria (José Manuel Soria) y el Presidente de Castilla-La Mancha (Emiliano García Page). En el orden del día figuraba el ATC, pero Soria, de forma unilateral, ha aplazado la reunión hasta septiembre. De esta manera, Soria desprecia las pretensiones de los castellanomanchegos, puesto que el gobierno elegido por las urnas ha expresado su rechazo a que se instale en su territorio el ATC.

Para la Plataforma, en caso de que se apruebe el informe que daría luz verde a la ubicación del ATC en Villar de Cañas, llevaría aparejado un enorme descrédito del organismo público, quedando su presunta neutralidad por los suelos. El principal responsable de la caída de credibilidad del CSN es  su presidente Fernando Martí Scharfhausen.

Martí: juez y parte y sus negocios con López del Hierro

Sobre Martí, hay varios hechos que establecen dudas sobre su imparcialidad para evaluar la idoneidad del ATC.

El primero de ellos es que Martí firmo en diciembre de 2011, como Secretario de Estado de Industria, la designación de Villar de Cañas para albergar el ATC. Por tanto, no parece adecuado que sea a la vez juez y parte.

El otro hecho destacable es que Comfia-CC.OO interpuso en abril de 2014 una querella a varios directivos de Liberbank, entre los cuales se encuentran Fernando Martí, e Ignacio López del Hierro (marido de Cospedal), por cobrar del banco asturiano sin mediar contrato. No hay que olvidar que la empresa de López del Hierro (Iberinco) ha recibido de Enresa varios contratos relacionados con el ATC (directamente o de forma participada) por valor de más de 34 millones de Euros  durante la presidencia de Gil-Ortega, hombre de confianza de Cospedal.

Por otro lado, Liberbank es propietario de Banco CCM. Este banco (fruto de la reconversión de la Caja Castilla-La Mancha), tuvo en su directiva a López del Hierro, antes de su intervención por el Banco de España.

Tampoco se pude obviar, que el presidente del Liberbank (Manuel Menéndez), lo es a su vez de "HC Energía", importante compañía eléctrica y gasística, que posee numerosas centrales hidroeléctricas y una participación del 15,5% en la central nuclear de Trillo.

El Secretario General del PCE y portavoz parlamentario, José Luis Centella, denuncia desde el Congreso que el partido de Mariano Rajoy “quiere matar la vida municipal y la democracia”

El secretario general del PCE y portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, José Luis Centella, ha tachado hoy de “golpe institucional” y de “tropelía parlamentaria” la propuesta de reforma electoral de cara a futuras elecciones municipales concretada minutos antes por el PP en la Cámara Baja. Para Centella, esta iniciativa que los ‘populares’ pretenden sacar adelante en los poco menos de tres meses que quedan de legislatura supone romper “cualquier regla del juego” parlamentaria y democrática. 

El diputado de IU compareció en rueda de prensa en el Congreso para responder al contenido de la propuesta del PP, presentada poco antes por el portavoz de este grupo, Rafael Hernando, que incluye la creación de una subcomisión parlamentaria que concrete su propuesta de reforma para instaurar una segunda vuelta electoral si ninguna formación supera el 30% de los votos en las elecciones municipales, así como primar en número de concejales al partido que gane los comicios con determinados porcentajes, todo ello con vista a favorecer los intereses partidistas del PP o, en segundo lugar, de otras formaciones como el PSOE, en detrimento de formaciones que tengan menos votos.

Centella reconoció su “asombro” y no dudó en mostrarse “alarmado” por el paso dado por el partido de Mariano Rajoy, todo ello poco menos de dos meses después de que en la práctica los ‘populares salieran como los grandes derrotados en los pasados comicios locales del 24M. El parlamentario andaluz de Izquierda Unida advirtió de que, de aplicarse, esta reforma electoral supondrá “acabar con la proporcionalidad que hay en los ayuntamientos”. Ahora “ya no serviría eso de una persona un voto” y un partido con el 35% de los votos podría acabar teniendo mayoría absoluta “a pesar de que el pueblo no lo haya votado así”.

“El PP -denunció- quiere conseguir con esta ley lo que no consigue en las urnas; poco antes de las próximas elecciones generales quieren dejar esto atado y bien atado porque saben que las van a perder”. “El PP quiere matar la vida municipal y la democracia”, resumió.

José Luis Centella adelantó que IU utilizará “todos los instrumentos parlamentarios” a su alcance para oponerse a esta iniciativa y que, si finalmente se aprueba, tendrá que derogarse en la próxima legislatura con otro orden de fuerzas en el Congreso.

De la misma manera, anticipó que su formación promoverá una “respuesta social” y hará una “llamada a la rebelión de los ayuntamientos. El PP no ha digerido que ha perdido municipios como Madrid y Valencia, ni que los ayuntamientos sean la “cabeza visible de la unidad popular” y de las instituciones más democráticas que hay en estos momentos”.

DI NO AL GLIFOSATO EN NUESTROS ALIMENTOS

No queremos comer glifosato. No queremos en nuestros alimentos un herbicida calificado por la Organización Mundial de la Salud como "probablemente cancerígeno para los seres humanos".

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria acaba de mostrar en un informe reciente que, del total de las muestras analizadas para detectar glifosato, en un 10,45% había residuos de este herbicida. Fue en las muestras de avena donde más se encontró (¡41,35% de las muestras!), seguido de las de uvas para vino (8,11%), centeno (4,65%) y manzanas (1,61%).

Algunos países ya se han puesto en marcha para frenar el uso de este herbicida producido, entre otros, por la multinacional Monsanto. En Francia por ejemplo han prohibido su venta libre. En otros países, como el nuestro, no hemos oído una sola palabra sobre el glifosato. Simplemente, estamos a la espera. Ante nuestra pregunta, nos han respondido que de momento la postura del Gobierno español es la de aguardar.

"España adoptará las decisiones legales sobre productos fitosanitarios formulados con glifosato de forma armonizada al resto de Estados miembros". La paciencia está muy bien, pero debe primar la precaución cuando se trata de proteger nuestra salud y del medio ambiente.

El glifosato está en pleno proceso de reevaluación en la Unión Europea. Su autorización caduca en diciembre de este año y cabe recordar que la última vez, en junio de 2012, se prolongó su autorización sin llevar a cabo una evaluación de riesgos. Por eso ahora es el momento de presionara los distintos países para que den un paso al frente y prioricen la salud de sus ciudadanos y el medio ambiente, frente a otros criterios.

¡Difunde la campaña para pedir al Gobierno que tome las medidas necesarias para prohibir el glifosato!

GREENPEACE

La Unión Europea deja de recaudar un billón de euros anuales por la evasión a paraísos fiscales

 Intermón-Oxfam, el Frente Cívico y Acontracorrent denuncian la impunidad de los territorios “offshore”

Delaware (Estados Unidos) es desde el año 2010 el destino favorito para las filiales en paraísos fiscales de las empresas del IBEX35 español. La mayoría –se identificaron 352 el año 2013, el doble que la anualidad anterior- se ubican en dos edificios de un tamaño no excesivo. En el primero, en el 2711 Centerville Road (Wilmington), están registradas 125 filiales de empresas del IBEX35. En el segundo edificio, no muy lejos del anterior (1209 Orange Street, Wilmington, New Castle), se encuentran domiciliadas en un edificio de un solo piso hasta 285.000 empresas, de las que 136 son filiales de entidades del IBEX35. Junto a Delaware, las empresas del índice bursátil español tenían domiciliadas en 2013, según el informe “La Ilusión fiscal” (marzo de 2015) de Intermón-Óxfam, 122 filiales en Holanda, 24 en Uruguay, 56 en Irlanda, 24 en Hong Kong y 16 en Singapur.

El informe, de 83 páginas, señala también la ratio española de empresas con filiales en refugios fiscales, a partir de los datos de las Memorias Anuales del IBEX35: Banco de Santander (182), ACS (119), Iberdrola (66), Abengoa (63), BBVA (52), Repsol (49), Ferrovial (37), Acciona (26), Inditex (22), Arcelor Mittal (21). El documento apunta asimismo que la inversión española en estos territorios de baja tributación aumentó un 205% durante 2013 (34 de las 35 empresas del IBEX contaban ese año con filiales en zonas “offshore”). Por otro lado, la Unión Europea deja de recaudar cada año un billón de euros por la evasión fiscal, lo que equivale a dos veces el gasto público en sanidad de sus 508 millones de habitantes. Al menos la mitad del comercio mundial pasa por un refugio fiscal.

Una de las ideas que habitualmente se arguye contra el control de capitales, un incremento de los tipos impositivos o la persecución de los territorios “offshore” es la retirada de los inversores, supuestamente espantados por estas medidas tachadas de “confiscatorias”. Laura Martínez, de Intermón-Óxfam, alerta de la falacia: “A muchas de estas empresas les pagamos por los servicios que prestan el estado y los ciudadanos españoles; empresas que se dedican a la obra pública como Ferrovial; otras que nos hacen seguros como Mapfre; también las hay con medios de comunicación que operan en España, como Mediaset, o a las que pagamos la publicidad, por ejemplo Endesa; ¿Dónde van a irse estas empresas? ¿Se va a desplazar Apple a Sierra Leona?”. Además, Ha subrayado Martínez en un acto organizado con el Frente Cívico-País Valenciano y el sindicato Acontracorrent en la Facultad de Filosofía de Valencia, “el estado puede intervenir a través de los pliegos de condiciones”.

Carmen Soto, de Intermón-Óxfam, recuerda que esta organización ha propuesto a los partidos políticos que incluyan algunas medidas “urgentes” en sus programas para las elecciones generales, entre otras, una ley contra la evasión fiscal en el estado español, con el fin de reducir en cinco años la elusión de impuestos en un 50%. En términos generales, argumenta el informe “La ilusión fiscal”, las grandes empresas de la bolsa española informan “muy escasamente” sobre su política fiscal. De hecho, apenas un 10% de estas empresas dan cuenta de cuánto pagan y en qué países se radican. El estudio añade que durante los años más “duros” de la crisis económica las principales empresas del parqué español aumentaron “exponencialmente” la presencia en zonas “offshore” (sólo entre 2012 y 2013, el número de filiales en estos territorios aumentó en un 44%, al pasar de 561 a 810).

En el ambiente planea la consigna, comúnmente aceptada, de que las reducciones de impuestos son una “buena noticia” para los ciudadanos, y que el dinero está mejor “en los bolsillos del consumidor” que en las manos del estado. Un ejemplo de esta interpretación es un vídeo de 2,5 minutos de la formación ultraconservadora VOX, que se difundió durante la campaña de los últimos comicios municipales y autonómicos. En el “corto” se critica que a un pequeño empresario con un taller en el que emplee a cuatro trabajadores, le puede “costar” la nómina de uno de ellos 2.000 euros mensuales. De esta cantidad, descontadas las cotizaciones a la seguridad social y otros conceptos, al trabajador le queda un salario bruto de 1.488,65 euros, que –consideradas las retenciones del IRPF- se le verían reducidos a 1.227,84 euros (netos) al mes. La formación derechista llega a la siguiente conclusión: “Un mileurista es un dosmileurista atracado por el estado”.

El vídeo agrega las tasas por la luz, el agua, los bienes inmuebles, la gasolina o el ocio con los que ha de contribuir a Hacienda el hipotético trabajador. Finalmente, según VOX, el 50% del salario ingresa en las arcas del estado, lo que se considera un “atraco”. Jorge Negro, del Frente Cívico-País Valenciano, impugna esta tesis. “¿Se le pagan los impuestos estrictamente al estado? ¿O más bien se trata de un ahorro colectivo para atender las necesidades actuales (y otras futuras) de cada ciudadano?”, se pregunta. De hecho, los 2.000 euros iniciales (del empleado del taller) se dividen entre el salario directo, dedicado a los bienes básicos; el indirecto, que incluye la sanidad, educación, administración de justicia y otros servicios; y el diferido, fundamentalmente las pensiones públicas.

Si el empleado del taller, con un sueldo aproximado de 20.000 euros anuales, paga el 20% en concepto de IRPF, el empresario se mueve ciertamente en otra escala. “Es posible que una parte de su ingreso lo eluda del pago a Hacienda como gasto de empresa (deducible) o mediante la evasión a un paraíso fiscal”, apunta Jorge Negro. Además, en el impuesto de sociedades los tipos nominales no se corresponden con los efectivos. A los números subyace una filosofía que explicitó en la red el eurodiputado del PP durante quince años y cabeza de lista de VOX en las últimas elecciones europeas, Alejo Vidal-Quadras: “Por sorprendente que suene, la opulencia y la extravagancia de una minoría selecta es condición indispensable para el progreso general”. Ya en 1714, “La fábula de las abejas”, de Bernard Mandeville, establece las bases del liberalismo canónico: “Sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres; porque sin pobres, ¿Quién haría el trabajo?”. “En una nación libre, donde no se permite tener esclavos, la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos”.

Alineado con la Teoría Monetaria moderna, el economista Jorge Amar disiente del vínculo que se establece habitualmente entre recaudación de impuestos y financiación del “Estado del Bienestar”. El estado puede, según esta línea interpretativa, crear sin límites el dinero, que en términos financieros no es más que un apunte contable. “Unir gasto a impuestos es someter al estado a restricciones financieras que no tiene”, sostiene el economista. En cuanto a la equidad fiscal, los informes de Gestha (sindicatos de técnicos de hacienda) señalan que las grandes empresas pagan de media hasta un promedio de cinco puntos porcentuales menos que las PYMES. Otro punto de interés son los “vaivenes” en la tributación por el IRPF según el ciclo político, como demuestra la reciente “rebaja” fiscal aprobada por el ejecutivo de Rajoy. El Impuesto del Patrimonio es una buena señal de este “Guadiana tributario”: desaparecido en 2008, se recuperó en los años posteriores.

Sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, Jorge Amar cita el estudio “El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios”, publicado en mayo de 2014 por Félix Domínguez Barrero, Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco (Universidad de Zaragoza). El trabajo muestra que el grado de cumplimiento con Hacienda de los rendimientos del trabajo es del 104,86%, pero en los rendimientos del capital mobiliario representa el 39,08%; un 45,53% en el caso del capital inmobiliario y algo más del 50% en el rendimiento de las empresas. Una dificultad añadida es la escasez de medios. El estado español es el tercero por la cola de la Unión Monetaria Europea en ratio de funcionarios de hacienda (sólo Italia y Grecia se hallan en peor situación), con la mitad del número recomendado por la UE y sólo el 20% de estos, encargados de controlar a quienes efectúan el 70% del fraude.

Enric Llopis

Rebelión

IU denuncia la preocupante deriva del Ministerio de Educación del PP

Rajoy ha designado como nuevo ministro de Educación a Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, hasta ese momento Secretario de Estado para la Unión Europea y un ferviente seguidor de las corrientes más conservadoras de la Iglesia Católica. Su única relación con la educación es haber sido profesor de universidades privadas y presidente de consejos de administración de centros privados. Esto demuestra que el interés del Partido Popular por la educación es como causa ideológica o como moneda de cambio entregándola a alguien, para que sea su responsable, en pago por los servicios prestados.

El curso que viene se inicia con un Ministerio de Educación en descomposición. Un Ministerio que ha impuesto una contrarreforma educativa a sangre y fuego y que la ha mantenido contra todos los criterios posibles. Pero que, a escasos meses de las elecciones generales, sus máximos responsables emprenden una huida hacia adelante y abandonan el barco o les obligan a abandonarlo.

Rajoy, en las postrimerías de su mandato, ha decidido poner la Educación en manos del sector ‘ultracatólico’ de su partido. Íñigo Méndez es no sólo exprofesor de universidades privadas, presidente de consejos de administración de centros privados, sino barón de Claret, hijo de la condesa de Areny y hermano de la Secretaria General del CNI, ligado a la democracia cristiana del Marqués Marcelino Oreja y defensor del “valor ecológico del toreo”. Si con Wert asistimos a un rosario de recortes, potenciación del sector privado, introducción del sector empresarial en la educación pública, subida de tasas y recorte de becas, segregación y selección de los estudiantes con más dificultades y reintroducción del nacionalcatolicismo en las aulas, cómo no imaginarse cuál será el breve futuro que nos depara este nuevo Ministro de aquí a las elecciones generales.

La educación no se merece estos dirigentes. La comunidad educativa no se merece que sea moneda de cambio y de apalancamiento de familias en un gobierno en descomposición. La educación es el futuro de una sociedad. No el futuro productivo, sino el futuro de desarrollo personal, colectivo y de bienestar y felicidad social. El PP está jugando con fuego y lo estamos pagando la sociedad en su conjunto y la comunidad educativa en particular.

Pero las últimas elecciones autonómicas arrojan un resultado claro: derogación de la LOMCE. La población que apoya a los partidos que se han comprometido a derogar la LOMCE es mayoría. Por eso, con el inicio del nuevo curso en septiembre, ya no se trata sólo de paralizar la aplicación de una contrarreforma educativa que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, y que busca seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan, sino de avanzar en el amplio debate que se está realizando ya con toda la comunidad educativa, los movimientos sociales, los sindicatos, especialistas en educación, partidos políticos y mareas verdes, en la construcción colectiva de una alternativa compartida de modelo educativo y que se plasmará en el denominado ‘Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo’. Las Comunidades Autónomas deben sumarse también a esta propuesta que dé, por fin, estabilidad al sistema educativo español.

 PLENARIO 
PCE-CLM


Militantes del PCE de Castilla la Mancha se han reunido en la jornada del día 11 de julio en la sede local de la Agrupación de Villa de Don Fabrique. La reunión tenía por objeto debatir sobre la unidad popular en Castilla la Mancha.

Unidad Popular en CLM

El objetivo de nuestro trabajo inmediato debe ser ayudar a construir y participar en los procesos de Unidad Popular que propone IU de cara a las elecciones generales, en coherencia con las tesis aprobadas en los máximos órganos de IU y PCE. En Castilla – La Mancha, el escaso número de escaños a elegir obliga a la concentración de las fuerzas de cambio en plataformas de unidad que tengan capacidad de aportar representantes al Grupo Parlamentario que dispute la mayoría a PSOE y PP. Queremos ganar las próximas elecciones no como un fin en sí mismo, si no para la consecución de un socialismo que ataje con urgencia el paro, el hambre, la miseria y promueva un nuevo sistema económico justo con todos, respetuoso con el medio ambiente y con los pueblos del mundo.

En nuestra región hay condiciones para concienciar en la unidad, porque ha sido una muestra perfecta del proyecto del PP para España. Los ataques a los servicios públicos, los recortes en derechos laborales y el enfrentamiento con la sociedad son las características de un tipo de gobierno que hemos sufrido en Castilla – La Mancha y que podemos y tenemos la obligación de derribar en España.

 Y es aquí, en el carácter de clase, donde se hace más imprescindible si cabe el papel de un Partido Comunista fuerte y cohesionado. Son las y los comunistas los que debemos garantizar que los intereses generales de los trabajadores, en la contradicción trabajo capital, se establece como eje vertebrador de los procesos. De lo contrario prevalecerán concepciones tendentes a dar soluciones supuestamente inmediatas, provenientes de sectores sociales que son aliados necesarios, pero con intereses de tipo más regeneracionista que transformador.

El reto supone la construcción de espacios de unidad que cuente con los partidos políticos de izquierda de la región, decididos a superar el régimen del 78, y con la mayoría social trabajadora en su conjunto, en una región fracturada políticamente y aislada geográficamente entre sí.

La militancia comunista de CLM tiene que estar presente en los procesos de Unidad Popular de cara a las elecciones, pero sobre todo tenemos que estar en la Unidad Popular del programa y la movilización. Unidad para atender la emergencia social, para exigir desde la calle la marcha atrás inmediata de los recortes en la región. Las Marchas de la Dignidad son un ejemplo de la unidad en el programa y la movilización, tenemos que convertir el lema “pan, trabajo y techo” en un programa de gobierno.

El trabajo de los comunistas tiene que empezar por nuestros pueblos y barrios, adaptándonos a cada realidad y transformando en propuesta programática los problemas de nuestro entorno y la respuesta al sufrimiento de la clase trabajadora. Pero de poco sirve un buen análisis y un mejor programa si no somos capaces de que se debata y comparta por el resto de actores de la izquierda y no hacemos participes a esos vecinos de nuestro barrio o pueblo que pretendemos ayudar.

Hay que trabajar en la unidad haciendo ese esfuerzo desde lo local, estimulando a la militancia a participar en el debate, pero con la vista puesta en organizar la respuesta a nivel provincial. No olvidemos que hay que plantar cara en las elecciones generales y presentar una candidatura en las circunscripciones de la región con capacidad de disputar escaños a PSOE y PP.

Es fundamental que, además de contar con nuestras organizaciones y otras fuerzas de la izquierda, iniciemos los procesos de Unidad Popular contando con los activistas sociales y sindicales y usando herramientas de participación y comunicación que hagan a las víctimas de la crisis protagonistas del cambio político en España. 

LA UNIDAD POPULAR Y LA LUCHA DE LAS MUJERES

El otoño de 2015 se presenta como una oportunidad de derrotar el bipartidismo y sus políticas austericidas, descarnadas para la mayoría social. La vida no es compatible con el nuevo modelo social que están diseñando nuestros gobernantes, fieles servidores de un sistema capitalista que aniquila derechos humanos y civiles y que deshumaniza a mujeres y hombres, a quienes se humilla cuando pierden el trabajo, su casa, sus esperanzas y su futuro.

El sistema actual se erige en un monstruo que devora la igualdad entre mujeres y hombres y acrecienta las diferencias entre pobres y ricos, débiles y fuertes. Esta crisis-estafa está moldeando una sociedad en la que las mujeres no son libres para decidir sobre su cuerpo (contrarreforma de la Ley del Aborto), sufren mayor precariedad laboral, han sido obligadas a regresar al hogar para ocuparse de los niños y niñas, de las personas ancianas y de las dependientes; muchas mujeres son forzadas a ejercer la prostitución,  la cual debería estar en la agenda de nuestros gobernantes para dar pasos hacia su abolición. Porque las mujeres somos más pobres, somos más vulnerables, porque el lenguaje sexista y los estereotipos machistas están en la escuela y en la calle, porque cada año asesinan a decenas de mujeres (21 en lo que llevamos de año 2015).

Cada una de estas razones hace imprescindible intentar conseguir la unidad popular entre organizaciones sociales, movimientos ecologistas, pacifistas, feministas, organizaciones políticas anticapitalistas, etc. La ruptura democrática es necesaria para revertir esta deriva social y económica y cambiar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es necesaria la unidad popular y en ella la unidad de las mujeres para  empoderarnos y organizarnos mejor, para  ser más y para ser decisivas. El poder popular, además, tiene que fijarse la meta de conseguir el poder político, estar en las instituciones para que la verdadera transformación social sea posible a través de nuevas leyes, con más participación ciudadana y con más democracia.

El movimiento feminista tiene que ser uno de los ejes vertebradores de esta unidad popular que lleva años fraguándose, pero que en este momento es una necesidad absoluta y la herramienta más valiosa y poderosa de transformación social y política.