LOMLOE: necesita mejorar más
Tras el primer debate parlamentario de las casi mil
doscientas enmiendas parciales al proyecto de LOMLOE, el texto resultante nos
sigue pareciendo claramente insuficiente y, de no enmendarse más a fondo en el
resto de su tramitación, mucho nos tememos que la nueva ley de
educación puede quedarse vieja antes de nacer, por más que se intente
maquillar con pequeños cambios de cara a la galería.
El proyecto de LOMLOE, que fue presentado en solitario por el PSOE en la
anterior legislatura, se ha sometido a debate tal cual, por el gobierno de
coalición, con el compromiso de introducir las enmiendas necesarias para
mejorar ampliamente un texto que inicialmente sólo pretendía suprimir los
aspectos más lesivos de la LOMCE del PP.
Sin embargo, hasta la fecha, el PSOE ha rechazado múltiples enmiendas
procedentes de los grupos parlamentarios progresistas, incluidas casi todas las
presentadas en solitario por Unidas Podemos, su socio de gobierno. Hay que
subrayar además que buena parte de las enmiendas rechazadas se basan en las
principales propuestas de la comunidad educativa progresista que, tras largos
años de debate, las ha plasmado por consenso en el Documento de Bases
para una nueva Ley de Educación, y se le han hecho llegar a la Ministra de
Educación, Isabel Celaá y al propio PSOE, que fue uno de los firmantes del
citado documento.
Avances frente a la LOMCE
Es cierto que el proyecto inicial de LOMLOE tenía (y tiene) algunos aspectos
positivos, que permitían albergar la esperanza de que, una vez enmendado,
pudiese mejorar sustancialmente. Empezando por la derogación de la nefasta y
controvertida LOMCE del PP, lo cual supone la eliminación de itinerarios
segregadores desde los 13 años; o la supresión de las perversas reválidas, cuyo
amplísimo rechazo social obligó al propio PP a posponerlas sine die;
o la recuperación de la Educación Infantil como etapa educativa, desde los 0
años; o la devolución de competencias sustraídas a los Claustros y Consejos
escolares de los centros; o la relativa pérdida de peso de la asignatura de
Religión. Acabar con éstos y otros tantos aspectos regresivos de la LOMCE era y
es sin duda una necesidad imperiosa.
Insuficiencias en la reversión de la privatización
Sin embargo, en su conjunto, el proyecto de Ley adolece de importantes
insuficiencias, especialmente por lo que respecta a su escasa apuesta por la
educación pública, como eje vertebrador del sistema educativo y como única
garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. De
hecho, apenas se avanza nada en la reversión de la privatización de la
enseñanza mediante una doble red financiada con fondos públicos, lo que
conlleva la permanencia tal cual de la enseñanza privada concertada, un negocio
mayoritariamente en manos de la jerarquía católica, que es además una
constatada vía de segregación escolar, cuando no de prácticas corruptas, como
demuestra el caso Púnica. Por no hablar del nulo avance en la
laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en
particular, a pesar de los compromisos adquiridos al respecto por el propio
PSOE, en sede parlamentaria, a raíz de algunas iniciativas planteadas por UP,
como la PNL de 21 febrero 2018, aprobada por mayoría, que instaba al gobierno a
derogar los Acuerdos con el Vaticano y otras confesiones para sacar el
adoctrinamiento religioso del ámbito escolar.
Resulta al respecto bastante decepcionante la falta de compromiso del PSOE con
sus propias promesas electorales en materia educativa que, según se recoge en
su programa a las elecciones generales (2019), decían: “Cualquier propuesta que
busque avanzar en la mejora del sistema educativo debe partir de garantizar el
derecho a la educación de calidad para el alumnado, que exige un compromiso con
la educación pública”. Y también: “Reforzaremos el servicio público de la
educación, constituido por centros y escuelas públicas inclusivas,
protegiéndolo frente a la tendencia privatizadora”. O incluso: “Los centros
escolares públicos se ajustarán a los principios constitucionales propios del
Estado laico”.
A eso cabe añadir lo que el PSOE firmó en su pacto de gobierno con Unidas
Podemos, donde ambas fuerzas se comprometían explícitamente a “aprobar una Ley
Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que
blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e
incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años,
eliminando la segregación escolar”.
Pues bien, el proyecto de LOMLOE ni blinda de forma clara y contundente la
educación pública frente a la privatización educativa creciente, ni incorpora
las propuestas esenciales de la comunidad educativa, ni mucho menos avanza en
la eliminación de la religión del currículo escolar, como correspondería a un
Estado pretendidamente laico.
ENMIENDAS NECESARIAS EN LA TRAMITACIÓN DE LA LEY
Desde IU seguimos reclamando que, en la tramitación parlamentaria aún
pendiente, el PSOE se una a los grupos progresistas del Congreso y apoye las
enmiendas que recogen el sentir mayoritario de amplios sectores de la comunidad
educativa, y que son imprescindibles para una nueva Ley de Educación que
apueste sin complejos por la educación pública, laica,
democrática e inclusiva que necesitamos. Y eso pasa, a nuestro entender, por:
1. Asegurar la suficiencia de la red pública de centros, mediante
su extensión progresiva, para que pueda atender las necesidades de escolarización
en todos los niveles educativos y cumplir así el mandato constitucional que, en
su artículo 27.5, encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar
el derecho de todos y todas a la educación mediante una programación general de
la enseñanza y la creación de centros.
2. Educación Infantil. Hay que garantizar la dotación
presupuestaria necesaria para la creación inmediata de muchas más plazas
públicas de 0-3 años, dadas las acuciantes necesidades existentes. Y recuperar
el carácter estrictamente educativo de TODA la etapa, sin dar un tratamiento
diferente al primer ciclo (0-3 años), como se deriva de una enmienda al
proyecto de ley inicial, que ha sido aprobada y que debe ser rectificada.
3. Suelo público sólo para centros públicos. De momento, se ha
aprobado la enmienda de Izquierda Unida, presentada a través del grupo
parlamentario Unidas Podemos, que recoge esta justa reivindicación. Esperemos
que no se dé marcha atrás en el resto del trámite parlamentario. Y que, a
partir de ahora, quede prohibida la cesión de suelo público para la creación de
centros privados concertados de antemano (como se ha venido haciendo en la
Comunidad de Madrid, por ejemplo), en lugar de destinarlo a la construcción de
centros públicos, como exige el mandato constitucional.
4. Establecer explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos
educativos, de modo que las enseñanzas concertadas solo se puedan mantener
temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de
referencia no puedan ser atendidas por la red pública. Y limitar los
conciertos, en su caso, a las enseñanzas obligatorias.
5. Y como criterio para la escolarización y planificación de la red de
centros. No cabe aceptar, ni está constitucionalmente justificada, la equiparación
del derecho universal a la educación con la manifestación de una preferencia
particular, que puede atentar contra los criterios prioritarios que deben
presidir la planificación educativa y una escolarización en condiciones de
igualdad.
6. Eliminar la religión en el sistema educativo. Y hasta que queden
derogados los acuerdos con la Iglesia católica y otras confesiones, sacar la
religión del horario lectivo. Solo así se podrá respetar el derecho a la
libertad de conciencia del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en
el ámbito escolar. Es además una anomalía seguir manteniendo una legión de
catequistas en el sistema educativo, pagados con fondos públicos, que acceden a
sus puestos por la mera voluntad del obispado de turno.
7. Elección democrática de la dirección de centros por el
Consejo Escolar y composición más equilibrada y democrática del mismo. Fue la
LOE del PSOE la que sustituyó dicha elección por una forma de ‘selección’, que
en última instancia queda en manos de la administración.
8. Reducción de ratios. Máximo 20 escolares en enseñanzas
obligatorias y 25 en postobligatorias. En educación infantil aplicación de las
ratios recomendadas por la red de atención a la infancia de la Comisión
Europea, bastante menores que las existentes actualmente. No se trata solo de
reducir la ratio en tiempos de pandemia, sino de avanzar realmente en una
educación más personalizada e inclusiva que permita responder a la diversidad
del alumnado.
9. Comisiones de escolarización permanentes y democráticas en todos los
distritos escolares y no solo para escolarizar en segundo término a
quienes se quedan fuera de lo solicitado, sino para evitar una escolarización
‘a la carta’ por parte de los centros (especialmente los concertados) y también
como medio para garantizar y planificar una escolarización inclusiva y
equitativa.
10. Garantizar el cumplimiento estricto de la coeducación como
principio educativo y de escolarización en todos los centros, etapas y aulas,
de modo que quede taxativamente prohibido concertar o mantener el concierto con
cualquier centro que separe al alumnado por razón de sexo, o discrimine por
razón de creencias, origen cultural, económico, social...
11. Avanzar en la creación del cuerpo unificado de profesorado y
reducir drásticamente la interinidad, incorporando el compromiso de acordar
con los sindicatos el Estatuto de la función docente tantas veces prometido.
12. Eliminar la selectividad como prueba generalizada de
acceso a la Universidad. El título de bachiller es el que acredita la formación
necesaria para acceder a estudios superiores. Por tanto, sólo sería necesario
algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para
atender todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras.
13. Eliminar la repetición de curso en Primaria y reforzar su
carácter excepcional en Secundaria, dotando de refuerzos y apoyos. Todos los
estudios al respecto ponen de manifiesto que la repetición de curso (hacer otra
vez lo mismo) no es una respuesta pedagógicamente adecuada, y mucho menos en la
educación primaria.
14. Eliminar las evaluaciones ‘censales’ (a todo el alumnado)
y sustituirlas por evaluaciones periódicas muestrales (a una muestra
significativa). Para hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema
educativo que permita mejorarlo no son precisas ni convenientes evaluaciones a
todo el alumnado de determinado nivel, que ya se realizan por su profesorado,
sino a muestras significativas. Ello evita distorsiones en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y el uso de perversos rankings de centros.
15. Finalmente, para poder aplicar de forma realista las medidas anteriores,
garantizar una financiación suficiente en educación, empezando por
su equiparación, desde la entrada en vigor de la ley, con la media del PIB que
destinan los países de la UE.
ENRIQUE JAVIER DÍEZ GUTIÉRREZ
LOLES DOLZ
FELIX RUBIO FERRERA. Área Federal de Educación de Izquierda Unida
