MILES DE PUEBLOS Y BARRIOS SE VAN QUEDANDO SIN ACCESO A SERVICIOS ESENCIALES

 El cierre de sucursales bancarias destruye empleo, recorta servicios y sube las comisiones

Una reciente resolución aprobada en el Comité Regional de Madrid del PCE, y que está sirviendo de base para articular un trabajo de análisis en el seno del Área Externa Central, arranca con el siguiente título: LA BANCA SIEMPRE GANA… Podría servir como cabecera de este artículo, pero aquí la cuestión se centra en la denuncia de un efecto que, siendo muy directo, parece pasar desapercibido: Son los miles de pueblos, barrios y ciudades medias que están condenados a que quienes viven en ellos no puedan acceder a servicios bancarios y financieros esenciales.

La fusión de las entidades bancarias que se produce en nuestro país, marcadas por un contexto internacional próximo muy similar, tiende a hacer desaparecer entidades, pero también sucursales y oficinas. Es obvio que para las entidades bancarias no resulta lucrativo mantener una amplia red de sucursales y oficinas con las que captar clientes, y no ya por la proliferación del negocio vía internet y de las llamadas oficinas virtuales, sino porque parten de no necesitar captar fondos de particulares cuando obtienen créditos a tipo cero de organismos como el BCE con los que seguir especulando.

Sin embargo, la licencia que otorga el Estado para operar a las entidades de crédito, las obliga a prestar sus servicios en determinadas condiciones, sobre todo si se dedican a la banca comercial y no a la de inversión. La comercial es la que permite que la ciudadanía pueda tener a su alcance una cuenta corriente básica, imprescindible para poder pagar las facturas del consumo cotidiano, cobrar sueldos, salarios o pensiones, y, en definitiva para poder desenvolverse en las condiciones actuales.

  

Para la inmensa mayoría de la población, tener lo más cerca posible un cajero automático o una oficina abierta al público es una necesidad tan perentoria como poder acceder a un establecimiento de farmacia, a una tienda de comestibles o a una oficina de correos… Si la banca privada es incapaz de garantizar la prestación del servicio, habrá que hacerlo desde la banca pública, por supuesto… Pero lo más cierto, es que la crisis financiera del 2008 se saldó con fuertes inversiones de dinero público que deben ser devueltas. Y parte de esa devolución se debe traducir en la prestación del servicio esencial de banca comercial.

Detrás de las fusiones de las entidades, viene el cierre de sucursales y el despido de miles de trabajadores y trabajadoras. Pero también decenas de miles de personas que se quedan sin poder acceder a un servicio básico. Eso no se puede consentir y esa actuación debe ser perseguida e impedida esgrimiendo las armas legales de defensa de quienes son usuarios forzosos del servicio.

Y esto es más grave si se tiene en cuenta que en 2020, en plena pandemia las entidades bancarias y financieras cerraron el ejercicio con balances positivos, no así los miles de miembros de sus plantillas despedidos.

Además de la negación a la prestación de un servicio que debe tener carácter universal, la concentración en un más que reducido oligopolio va a estimular las prácticas abusivas a las que nos vienen acostumbrando. A la ya consumada fusión de la Caixa y Bankia, seguida de la anunciada fusión de Unicaja y Liberbank, se pronostica un futuro mercado financiero español controlado al 80% por tres o cuatro megacorporaciones.

Ahora te haces tú las gestiones y encima te cobro

Nos recuerda la resolución, a la que antes aludía, que desde 2008 la banca ha perdido casi 100.000 empleos, el 35% según los datos del Banco de España. En la actualidad la plantilla de la banca es la misma que había en los años 70. Lo que se traduce en beneficios que la banca obtiene con la destrucción de empleo. Para el sector financiero, la destrucción de empleo es un negocio muy rentable a corto plazo, al amortizar en unos pocos años el coste de los despidos y a partir de ese momento obtener más beneficios con el cierre de sucursales, subiendo las comisiones de los servicios, que ya no dan a sus clientes. Estos servicios los han subcontratado y desplazado porque es la propia clientela la que ahora se ve obligada a realizar diferentes tareas de manera gratuita.

Los grandes perjudicados por la destrucción de empleo en el sector financiero es la clase trabajadora activa o no activa que tiene domiciliada sus nóminas, sus pensiones, sus becas o sus ahorros. Estas son las personas que están sufriendo un aumento de las comisiones por parte de los bancos al mismo tiempo que se les recorta la prestación de servicios que antes se realizaban por la plantilla de estas entidades. Lo que da el siguiente resultado: se ofrecen infinitamente menos servicios que antes, pero en sentido inverso se pagan más comisiones.

Esta situación no puede ser abordada exclusivamente desde una vertiente sindical, en el sentido de proteger el empleo o las condiciones de salida del mismo, sino que debe ser abordada desde el Ministerio de Consumo exigiendo decididamente terminar con unas prácticas filibusteras que sistemáticamente vienen siendo denostadas por los tribunales europeos, incluso por algunos españoles aunque parezca raro...

Se debe garantizar la cobertura del conjunto del territorio para prestar un servicio eficaz y de proximidad a toda la ciudadanía; se debe impedir el cobro de comisiones abusivas; y se debe obligar a que se preste el servicio con orientación pública y de calidad. Y este es un reto que tiene que abordarse de manera inmediata.

 CARLOS VÁZQUEZ GALÁN. Secretario de Área Externa del CC del PCE

 

 El PCE hace un llamamiento a la responsabilidad de todo el bloque de izquierda y democrático de la investidura a favor de la reforma laboral

La reforma laboral generaliza la contratación indefinida, refuerza el poder sindical en la negociación colectiva y la intervención pública.

Tras décadas de reformas laborales, especialmente la última del PP en 2012, que reafirmaba un modelo laboral donde primaba el poder unilateral de la patronal, precarizando las condiciones de trabajo de la clase obrera, devaluando sus salarios y destruyendo masivamente millones de empleos, además de debilitar a los sindicatos en la negociación colectiva y la capacidad de intervención de las administraciones públicas, finalmente se aprobó la nueva reforma laboral en el Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre, ya publicada en el BOE, para que la clase obrera inicie un camino de recuperación y avance en la conquista de sus derechos.

Esta nueva reforma laboral, sumada a las reformas del SEPE y la inspección de trabajo, cuestiona las políticas empresariales y las sitúa como las causantes de tanta precarización y dumping salarial, de prácticas fraudulentas y abusos, poniendo el foco en las empresas y aportando también los medios para combatir la alta precariedad laboral. Esta reforma supone un avance importante para generalizar la contratación indefinida frente a la enorme precariedad (que se ceba especialmente en la mujer, la juventud y las personas migrantes), limitando la temporalidad, la subcontratación y reforzando la inspección de trabajo para combatir al fraude y defender el empleo de calidad, dando un mayor protagonismo a los sindicatos en la negociación colectiva. Además, incorpora los ERTEs a la legislación con las condiciones que se han instaurado en el escudo social por la pandemia, como alternativa a los despidos colectivos.

   

Esta es una reforma que reduce los tipos de contrato temporal a dos (estructural y formativo), obligando a justificar los motivos de la temporalidad de las empresas para disminuir la alta tasa de trabajo temporal. La reforma laboral va a extender el contrato indefinido como forma ordinaria de contratación, además de introducir contratos como el fijo discontinuo, o acotar y perseguir el fraude con la contratación temporal. De esta forma se merma el recurso de muchos empresarios, que utilizan la temporalidad para atemorizar a los/as trabajadores/as con la no renovación de sus contratos. Muestra así una clara oportunidad a amplios sectores de trabajadores y trabajadoras, a perder el miedo frente al constante chantaje contra sus empleos, para poder organizarse sindicalmente y reivindicar sus derechos en mejores condiciones.

La inclusión de los ERTE con las condiciones del escudo social y como alternativa a los despidos, refuerza el papel de los sindicatos y la administración pública a la hora de afrontar sus causas en la negociación colectiva y salvaguardar el empleo, antes que asumir las consecuencias mediante denuncias individuales por cantidades, tal y como ha quedado patente en esta pandemia, al haberse salvado con este mecanismo más de 3,5 millones de puestos de trabajo. La contratación indefinida, la prevalencia de los convenios de sector y los ERTEs frente a los EREs, representan la anteposición de la vía sindical, de lucha y negociación colectiva, antes que la denuncia individual o la vía jurídica, irreversible en la inmensa mayoría de los casos, y la última oportunidad para defenderse.

La prevalencia del convenio sectorial en materia salarial y en las empresas subcontradas (que representan una parte importante de las PYMES de este país), en la práctica va a significar la generalización de la prevalencia de los convenios de ramo frente a los nefastos convenios de empresa o multiservicios. La recuperación de la ultraactividad indefinida consolidará los derechos adquiridos durante años y reforzará las posiciones del sindicalismo de clase frente a la fragmentación e individualización actual, impuestos durante décadas por los anteriores gobiernos neoliberales y por la patronal.

La derecha y ultraderecha están rabiosas y descolocadas ante el naufragio de su estrategia desestabilizadora, dado que no se esperaban el acuerdo, y menos con la firma de las patronales. La CEOE está muy dividida e incómoda por la firma del acuerdo para la reforma laboral. Sus comunicados negando sus concesiones son intentos de justificar su firma para tratar de aplacar la fuerte oposición interna que hay en la Patronal (la agraria, la del automóvil, la madrileña y la catalana están en contra de la firma). No están nada cómodos en un acuerdo que les coloca como los responsables del fraude y la precariedad, que acrecienta el control y la intervención pública de la contratación en las empresas y refuerza el papel de los sindicatos.

Ahora queda el trámite parlamentario para aprobar la ley, en el que se pueden dar cambios para obtener los apoyos suficientes para aprobar la reforma. Pero no caigamos en falsas expectativas, somos conscientes de que no será fácil mantener el equilibrio entre el acuerdo social y los apoyos parlamentarios dentro del bloque de investidura. Y una caída de la norma sería una victoria de la patronal y la derecha y un duro golpe para la clase obrera. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todo el bloque de izquierda y democrático de la investidura, negociando para hacer prosperar esta reforma laboral, sin dar argumentos para que nadie se descuelgue y la haga fracasar. Quedan aspectos por avanzar, a los que no renunciamos y por los que seguiremos peleando, pero ahora es esencial consolidar primero las victorias de la nueva reforma.

Es fundamental aprovechar la oportunidad de los PERTE y los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, para cambiar el actual modelo productivo basado en la precariedad y los bajos salarios, por otro donde prime la alta tecnología y el valor añadido, la investigación y el desarrollo, una potente industria autóctona y con participación pública, que potencie los servicios públicos, los derechos sociales y laborales, y que genere empleos de calidad. Esta reforma sienta las bases de unas relaciones laborales más equilibradas para poner a la clase obrera y al movimiento sindical a la ofensiva, para seguir recuperando y avanzando en derechos. Conquistarlos cuesta mucho, por eso hay que poner en valor las victorias y no dejar pasar las oportunidades.

Para el PCE es imprescindible tener una visión estratégica y global, y ser conscientes de las exigencias del momento histórico y la importancia de la reforma laboral. Hay que recordar las diferentes medidas de forma conjunta y no separadas, desde la importante subida del SMI durante estos años, a la mejora de las pensiones, las leyes de igualdad y la Ley Rider, resaltar el reforzamiento del SEPE (aumentando sus recursos, plantillas y control de las ofertas y demandas de empleo) o el plan estratégico 2022-23 para la Inspección de Trabajo que fue presentado en noviembre para su modernización con las nuevas tecnologías, con más recursos y medios técnicos y humanos, así como más capacidad interventora y sancionadora en la salud laboral, la igualdad y también, mayor capacidad para condicionar los despidos colectivos o EREs y los ERTEs. Es un importante elemento que poner en la balanza, puesto que la labor de Trabajo ha significado la detección y pase de más de 350 mil contratos temporales fraudulentos a fijos en un año.

Los y las comunistas, en conjunto con el sindicalismo de clase y toda la izquierda, debemos avanzarnos a los acontecimientos, siendo conscientes de que la derecha, la patronal y otros sectores interesados van a maniobrar para dinamitar la aprobación y subvertir la aplicación de la reforma. Debemos utilizar los avances que aparecen en la reforma laboral como herramientas para mejorar las condiciones materiales de la clase obrera, fortalecer el sindicalismo de clase en las empresas y sectores, aumentando la solidaridad, la organización y la conciencia de clase. Es fundamental que, desde la acción concertada de los y las comunistas, la izquierda, los sindicatos y la administración, hagamos que estos avances sean conquistas tangibles en la vida de la clase trabajadora.

 

 El colapso de la atención primaria en la precariedad de la sanidad pública

 

La privatización de los servicios públicos ha llevado a una situación insostenible, donde los centros de salud permanecen al límite de sus capacidades en plena ola pandémica

Colas interminables para conseguir una prueba PCR, citas a dos semanas vista y llamadas que necesitan horas para conseguir que sean contestadas. Es el escenario de estos últimos días en varias comunidades autónomas, donde los contagios por la variante Ómicron del coronavirus aumentan exponencialmente.

Uno de los grandes ejemplos del desmantelamiento de la sanidad pública, principalmente en la atención primaria, es la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Este servicio cuenta con una escasa inversión de recursos públicos aun estando en una pandemia, además de una gran falta de sanitarios y condiciones precarias para los puestos que hay.

Hace unos meses, el gobierno de la CAM pretendió tapar el gran agujero de la atención primaria con un plan que prometía una inversión de 200 millones de euros en los dos próximos años. Sin embargo, se reconoció desde el gobierno de la comunidad que no era suficiente para cubrir la inmensa falta de personal. Además, Ayuso despidió a todos los refuerzos COVID-19 de la comunidad, dejando a la sanidad madrileña en una situación insostenible.

  

El enfado de las madrileñas y los madrileños se ha hecho más patente ante el aumento exponencial de contagios en la capital. El martes se batió el récord de contagios por coronavirus, con 11.221 positivos registrados según la Consejería de Sanidad. Sin test siquiera para la población, la gente se ven obligada a autoconfinarse, a veces sin lograr un diagnóstico.

Las políticas neoliberales de la presidenta de la CAM han desmantelado la sanidad pública en su intención de privatizar los servicios públicos, dejando a la población más vulnerable totalmente desatendida. El personal sanitario ha tenido que soportar además el ataque de la propia presidenta que afirmó en una entrevista que “no todos quieren trabajar y arrimar el hombro”. La Marea Blanca, que ya denunció en verano el cierre de 41 centros de salud, ha continuado manifestándose y denunciando la gestión de Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Manifestaciones en toda España

No es la Comunidad de Madrid la única en sufrir el desarticulamiento paulatino de la sanidad pública. En Euskadi, por ejemplo, han tenido lugar movilizaciones en los centros de salud con el lema de lo público no se vende, lo público se defiende. Las sanitarias y los sanitarios denuncian la falta de recursos y personal en la atención primaria, con listas de espera que provocan el retraso de diagnósticos para otras enfermedades que no son el coronavirus.

En Andalucía se han podido ver numerosas marchas multitudinarias convocadas también por CCOO, entre otros, reivindicando la sanidad pública en la comunidad. El gobierno neoliberal de Moreno Bonilla ha dejado a la plantilla de los centros sanitarios agotada y sin recursos, mientras que en las últimas partidas presupuestarias se puede observar cómo se privatizan los servicios sanitarios.

En este contexto de sexta ola pandémica las ciudadanas y los ciudadanos tienen que ir a sus puestos de trabajo en medios de transporte también precarios y abarrotados en hora punta, sin poder reunirse con sus familiares estas fiestas. La precariedad de la sanidad pública, agravada en la atención primaria, ha creado incertidumbre entre la población que se ve forzada a realizarse sus propios test de antígenos, si los consiguen.

LUCÍA HERRERA