El PCE reclama la reforma de las Fuerzas Armadas
Desde julio de 2018 hasta hoy se han conocido al menos cinco cartas o manifiestos firmadas por militares en situación de retiro descalificando al actual sistema democrático y pidiendo medidas de intervención para corregir lo que consideran una “situación política inaceptable”, eufemismo para denominar al gobierno de coalición en el que participa Unidas Podemos.
El ultimo de estos manifiestos, publicado el pasado 3 de diciembre, aparece
firmado por mas de 270 militares en retiro que llaman a "revertir la
peligrosa deriva de nuestra Patria ante un Gobierno que ha cedido a comunistas,
golpistas y proetarras". Al mismo tiempo, sale a la luz pública un chat de
militares retirados en el que un general defiende fusilar a 26 millones de
españoles, a los que denomina “hijos de puta”.
El Partido Comunista de España ha venido denunciando la existencia de una
operación de desestabilización de la democracia, en primer lugar para impedir
la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, y ahora para atacar al gobierno de
coalición, puesta en marcha tan pronto se aprobó la investidura como Presidente
del Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020. La declaración del Estado de Alarma
por la pandemia ha sido utilizada para incrementar los ataques
desestabilizadores por cualquier medio.
No cabe duda de que existe un plan organizado desde la derecha política,
económica y judicial más extrema, con la participación de sectores no solo
militares, sino institucionales, económicos y sociales, cuyo objetivo es acabar
con este Gobierno por cualquier medio, sirviéndose especialmente de la
intoxicación mediática, el acoso judicial y la utilización antidemocrática de
distintas instituciones del Estado.
Sin duda la infiltración de la ultraderecha, como movimiento organizado, en las
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituye una grave amenaza,
aunque a fecha de hoy no puede afirmarse que sean mayoritarios estos sectores
antidemocráticos. Pero, aunque no constituyen una mayoría, sí trabajan
activamente para determinar los debates y el ánimo general en las cámaras de
oficiales y camaretas de suboficiales y cabos primeros. Es un trabajo
sistemático, organizado y coordinado con la ultraderecha política que busca
crear hegemonía en el seno de las FFAA y CFSE.
Todo ello pone de manifiesto una coordinación de distintos sectores
desestabilizadores con integrantes o ex integrantes de las FFAA y los CFSE, en
una estrategia que busca influir en la opinión pública y en especial en el Jefe
de Estado. Esta estrategia desestabilizadora pretende arrastrar a otras esferas
de poder, mediáticas, económicas, institucionales y judiciales y convertir a
todos los anteriores en actores de desestabilización. Todo con la activa
participación de redes y estructuras vinculadas a la ultraderecha.
En este contexto, es inaceptable la sentencia del Tribunal Militar Central que
confirma la sanción disciplinaria impuesta al cabo Marco Antonio Santos por
manifestarse en contra de los militares retirados que alabaron al ex dictador y
por firmar una carta con la formula “Salud y República”. Ya entrados en el
Siglo XXI no es aceptable que en democracia se actúe de forma permisiva con
militares o exmilitares que simpatizan o participan en operaciones
desestabilizadoras, mientras que se expulsa del ejército a militares demócratas
que denuncian y condenan actitudes desestabilizadoras y fascistas
Para abordar esta situación y desarticular las estrategias desestabilizadoras
de la extrema derecha y sus aliados, es necesario abordar de una vez la
asignatura pendiente de la reforma de las Fuerzas Armadas para dotarlas de
mecanismos que permitan que la realización de declaraciones o actividades
desestabilizadoras y contrarias al orden constitucional puedan ser sancionadas
cuando se realizan por militares que, aunque estén en retiro, utilicen para
desplegar esa actividad su antigua condición.
La justicia militar debe ser competente exclusivamente para conocer los casos
relacionados con el servicio, en ningún caso respecto a actividades con
implicaciones fuera de las FFAA.
Es imprescindible reformar el acceso a las academias militares, de Guardia
Civil y de Policía Nacional, así como eliminar cualquier prueba de valoración
subjetiva para el acceso, en especial si estas valoraciones son realizadas por
los propios mandos.
También es imprescindible objetivar al máximo los procedimientos de ascensos,
acceso a cursos de formación y renovaciones de contratos de tropa y marinería,
así como oficiales de complemento, garantizando la participación en las
evaluaciones de funcionarios externos a las FFAA y FCSE.
El PCE defenderá el reconocimiento de los derechos democráticos y sindicales en
las FFAA, para fortalecer las asociaciones y colectivos, tratando de
vincularlos a los sindicatos preexistentes, reformando las distintas leyes
orgánicas que limitan el derecho de asociación y sindicación.
En esta misma línea de mejora de los derechos laborales de los militares, debe
solucionarse el problema de los despidos a la tropa y militares de complemento
que cumplen 45 años. Debemos evitar el inmenso problema social y político que
supone la salida del ejército de decenas de miles de hombres y mujeres sin otro
oficio que las armas, con escasa o nula posibilidad de hacer valer su
experiencia para acceder a un empleo digno, lo que les hace muy vulnerables a
las iniciativas de la extrema derecha.
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