sábado, 19 de septiembre de 2020

 La Guerra de Yemen y los intereses del Capitalismo

Occidente deja morir al pueblo de Yemen en una guerra que ha dejado 250.000 muertos y la peor crisis humanitaria del mundo

Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, existe un consenso sobre los crímenes del nazismo y el fascismo. Sin embargo, lo que pocas veces se menciona es que el fascismo fue apoyado porque permitía a los capitalistas entablar negocios sin la preocupación de que los sindicatos y la clase obrera organizada pudieran interferir en los intereses de las grandes empresas. El dictador podía acabar con las protestas democráticas y los negocios seguían su curso.

Este hecho no finalizó aquí. Durante todo el siglo XX se ha cumplido una regla básica: cualquier régimen es legítimo mientras proteja nuestros intereses. No hay espacio para entrar en los detalles, pero Estados Unidos (y, por lo tanto, Occidente) no ha tenido reparos en proteger a las dictaduras más extremas para asegurar sus intereses económicos. Este caso se aplica muy bien a Arabia Saudita, el reino más autoritario y extremo de la región.

El régimen saudita ha sido nuestro hijo mimado desde ese entonces. Le hemos consentido todo tipo de atrocidades porque es el mayor exportador de petróleo del mundo. Un petróleo que además es muy bueno y muy barato. Esto le ha permitido ser el país con mayor poder económico de la región y posiblemente el más importante para el funcionamiento del Capitalismo. El petróleo, pese a la crisis climática, sigue siendo clave para el funcionamiento de la economía y, por lo tanto, clave para las grandes corporaciones.

Pero no sólo es el negocio del petróleo. Como sucedió en su momento con el régimen nazi, y como ha sucedido con las distintas dictaduras de extrema derecha, nuestras grandes empresas adoran al régimen. En España, esto tiene un claro ejemplo en el AVE a la Meca, con empresas privadas repartiéndose el pastel de los negocios turbios de Don Juan Carlos y en la venta de corbetas donde la empresa pública Navantia está construyendo barcos de guerra para los saudíes. Este último hecho demuestra el fracaso de la democracia española porque los principales partidos políticos han impedido paralizar esta venta, a pesar de que se trataba de una empresa pública.

Tanto el PP, como el PSOE, como Ciudadanos han defendido estos tratos con Arabia Saudita a pesar de que las ONG y las organizaciones humanitarias han estado denunciando sin descanso los crímenes que la coalición saudita estaba perpetrando en Yemen. Estos crímenes han pasado por someter al pueblo de Yemen a un bloqueo infernal que ha perseguido matar de hambre y de enfermedades a una población encerrada entre la barbarie de todas las partes enfrentadas. El régimen saudí, que quería enviar un mensaje intimidatorio a Irán para que no se entrometiera en la región, ha lanzado salvajes bombardeos contra la población y ha sido responsable del 67% de los civiles muertos en el conflicto.

Esto se ha hecho a costa de ignorar las informaciones de las organizaciones humanitarias que llevan denunciando desde el principio la guerra de Yemen. Los partidos constitucionalistas y que supuestamente defienden la ley, la han ignorado intencionadamente. En concreto la ley del 2007 que prohíbe la venta de armas si «pueden ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano».

De estos más de cinco años de guerra, se deduce que para nuestros gobernantes las más de 250 mil personas muertas no es un hecho contrario a la «dignidad inherente al ser humano».

Pero esto no es lo peor. Occidente también deja morir al pueblo de Yemen y no está dispuesto a donar el dinero suficiente para mitigar la peor crisis humanitaria del mundo. Las decenas de miles de millones de euros que se han conseguido con el comercio de armas no pueden volver de nuevo a Yemen. De esta forma, no cumplimos los requisitos que nos exige la ONU.

Curiosamente, el país que destina más fondos a Yemen es Arabia Saudita. Lo hace para lavar su imagen y ocultar los crímenes que ha cometido contra la humanidad. Nuestros gobernantes prefieren callar. Vuelven a cometer el imperdonable error que cometieron con los nazis. Los intereses económicos priman más que las vidas de inocentes.

ISA FERREROAutora de 'Negociar con asesinos. Guerra y Crisis en Yemen'.

domingo, 6 de septiembre de 2020

 

Vuelta segura al colegio: no se quiere invertir en educación

NO SE HA QUERIDO FINANCIAR UNA VUELTA SEGURA AL COLEGIO, SOLO PALIAR LOS EFECTOS DE UNA CATÁSTROFE ANUNCIADA

Nos deben 9.000 millones de euros de recortes en Educación. Con eso y los 2.000 millones de fondo Covid daría para contratar a 165.000 profesoras/es necesarios y aumento de personal.

La comunidad   educativa lo lleva exigiendo desde el inicio de la pandemia. Desde hace meses. ¿Tan difícil es conceder credibilidad a quienes están "a pie de obra", a quienes son los profesionales y tienen experiencia en la materia? Porque se trata de conjugar dos derechos fundamentales y no obligar a elegir entre ellos: el derecho a la salud sí, pero también, y no menos importante, el derecho a la educación.

Sabemos que hay cuatro medidas esenciales y concretas para que ambos derechos puedan ser conjugados con el menor riesgo posible para la salud (pues el riesgo 0 no existe), y con el mayor nivel de garantía respecto a la educación para que efectivamente "nadie quede atrás", lema que han repetido reiteradamente los responsables políticos de todas las administraciones (central y autonómicas):

1. Reducir la ratio: máximo de 15 alumnos y alumnas por aula (en infantil 10)

2. Ampliar y estabilizar las plantillas docentes: un 33% más de profesorado.

3. Habilitar y crear espacios amplios: recuperar centros públicos cerrados, habilitar espacios públicos municipales, crear nuevos...

4. Aumento y dotación de personal: Enfermería, limpieza, educación social, Orientación, PTSC, de administración…

Pero estas medidas exigen financiación. Exigen invertir en educación pública.

Por eso se ha estado dilatando el tiempo, mareando la perdiz, esperando hasta última hora para, al final, dedicarse a debatir y llegar a "acuerdos de mínimos" sobre qué medidas tomar ante la catástrofe, sin haber tomado medidas para evitar que no se produzca dicha catástrofe.

Por lo que los acuerdos se han acabado adoptando en las condiciones iniciales de hace seis meses, que se sabe a ciencia cierta que aumentan el riesgo de contagio y, por tanto, la probabilidad de suspensión de la educación: mantener clases saturadas de alumnado, no aumentar el insuficiente número de profesorado para reducir los grupos, continuar sin espacios adecuados para mantener la distancia de seguridad y continuar sin personal de apoyo sanitario. Es decir, en vez de prevenir la catástrofe, los acuerdos del 27 de agosto entre administraciones educativas se han limitado a señalar qué medidas de higiene activar ante ella, pues no se ha querido poner los medios para evitarla, al no modificar sustancialmente esas condiciones preexistentes (habría que exceptuar, en cierta medida, a la Comunidad Valenciana que dio algunos pasos en este sentido).

Es el modelo de capitalismo neoliberal que nos "educa" en asumir lo que ya popularizó Margaret Thatcher en su tiempo: que "no hay alternativa". Que los rescates milmillonarios son para que sigan creciendo los beneficios de los bancos, de la industria del ladrillo reconvertida ahora en turismo, de los fondos buitre y las grandes financieras. Pero que la educación pública no es la prioridad. No ahora. Ahora no toca. Ya, si eso, en otro momento.

Es exactamente igual que cuando se plantean los presupuestos de educación o cualquier reforma educativa. Analicemos, debatamos y consensuemos los aspectos periféricos, lo colateral. Pero los elementos sustanciales (conciertos, religión, inclusión y financiación), esos no se tocan. No es el momento. Porque ahí es donde se afecta al meollo del sistema. Nos tenemos que plantear de una vez a qué decidimos destinar los recursos públicos. Como dice el refrán: "dime donde pones tu dinero y te diré dónde pones tu corazón".

Se destinan recursos de miles de millones ante la pandemia para relanzar la economía. De acuerdo. ¿Pero dónde queda la educación pública?

Nos deben 9.000 millones de euros de recortes en educación de los últimos años de gobiernos, tanto del PP como del PSOE. A esto hay que sumar los 2.000 millones de fondos COVID que el Gobierno central ha destinado a educación; los fondos europeos específicos para Educación, de entre los 750.000 millones de euros acordados en la UE, y los fondos propios de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. ¿No daría realmente todo esto para financiar los 7.000 millones de euros que el estudio de CC.OO. establecía que serían necesarios de cara a contratar los 165.000 profesores y profesoras necesarios (un 33% más), como mínimo, para reducir los grupos de clase a 15 alumnos y alumnas en toda España, así como para habilitar o crear los sitios necesarios (como se crearon hospitales de campaña durante la pandemia) para realizar una educación con garantías y seguridad para toda la comunidad educativa y para contratar personal de enfermería en los centros de cara a coordinar los protocolos sanitarios y no responsabilizar al profesorado y a los equipos directivos de ello?

Y si no da, que se habiliten partidas presupuestarias extraordinarias para ello. Que se inviertan cantidades escandalosas para garantizar la educación, la salud y el desarrollo de nuestra ciudadanía, y dejemos de seguir gastando en armamento ( 
el gasto militar volverá a superar este año los 20.000 millones), reclamemos los rescates financieros (60.000 millones nos deben los bancos), persigamos el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las multinacionales tecnológicas o los paraísos fiscales.

Sí que hay financiación, pero lo que no se está dispuesto a tocar es el capitalismo.

 ENRIQUE JAVIER DÍEZ GUTIÉRREZCoordinador Área Federal de Educación de Izquierda Unida