La exclusión
financiera de la Extremadura vaciada
El mundo rural se
muere y el problema de la
España vaciada aparece como uno de los mayores retos a
afrontar. Pero no es algo nuevo. El medio rural llevaba muchos años herido de
muerte. El desarrollo capitalista del país llevó al hacinamiento de las
personas en grandes núcleos de población de dudosa sostenibilidad y a la
destrucción del entorno campesino como medio de vida.
Ahora se tiene conciencia de que vivir fuera de un gran centro urbano es muy
duro. Es endémica la falta de servicios básicos. Si no hay suficientes niños y
niñas para mantener un colegio se cierra y los pocos que hay tienen que hacer
varios kilómetros diarios para asistir a clases. Los centros de salud, en caso
de no haber sido cerrados, han sido degradados a casas de socorro y hasta algo
tan elemental como cobrar la pensión después de toda una vida de trabajo de sol
a sol se convierte en una entelequia para las personas mayores porque han clausurado las oficinas de las cajas de
ahorro.
Fusión tras fusión, las entidades financieras se van concentrando en cada vez
menos manos. Mientras los capitalistas forjan un monopolio, las primeras
consecuencias están a la vista: miles de trabajadores y trabajadoras a la
calle, el cierre de cientos de oficinas y la exclusión financiera de
una parte de lo que se llama la
España vaciada.
LOS DATOS DE EXTREMADURA
La Caja de Badajoz, la Caja de Ahorros de Cáceres y la Caja de Ahorros de
Plasencia son nombres que solo las personas más mayores recordarán. Con todas
sus pegas, las cajas de ahorro en Extremadura eran las entidades financieras en
donde tenían mayoritariamente sus cuentas los extremeños y las extremeñas. Hoy
de aquello no queda nada. Era un caramelo muy apetitoso para los bancos y sus
representantes en la política -PSOE y PP- no dudaron en ponérselo en bandeja de
plata.
Es tremendo el paso de unas cajas que tenían una orientación social a unas
entidades bancarizadas en donde lo único que se mira es que cada año se
reporten más beneficios. Extremadura ha perdido un 22% de sus oficinas
bancarias en los últimos cinco años, eso se traduce en que 58.000 personas en la provincia de
Cáceres y 2.500 en la de Badajoz no tienen en su municipio un banco que abra a
diario o un cajero.
NUEVO NEGOCIO DE LOS BANCOS
Los bancos no dan puntada sin hilo. Son conscientes del problema que están creando en la sociedad por su ansia de maximizar los beneficios y como respuesta a ello han propuesto como solución cobrar dinero público para mantener los servicios que por otro lado son su negocio. Así la Diputación de Badajoz sacó a concurso un contrato de 3,6 millones de euros para instalar cajeros automáticos en localidades de la provincia y la Diputación de Cáceres hizo lo mismo con una partida de 250.000 euros.
Tras la puesta en marcha de estos planes, sin ningún tipo de autocrítica por parte de las Diputaciones que además habían dicho que convertir las cajas en bancos no afectaría a las poblaciones rurales, podemos decir que las entidades financieras en Extremadura cobran dos veces por el mismo servicio: cobran a las personas usuarias de la entidad las diversas comisiones (como la de mantenimiento de la cuenta o la tarjeta de crédito) y a este beneficio le suman ahora que las diputaciones les pagan por tener un cajero con el que poder dar servicio a sus propios clientes.
Un negocio redondo para bancos y cajas a los que la administración debería exigir que dieran el servicio que cobran a la ciudadanía, no pagarles por ello. Pero la inyección de dinero público no parece ser suficiente para que las entidades financieras den servicio a la población rural. Basta el siguiente dato: la provincia de Cáceres tiene 223 municipios, de ellos 135 localidades no disponen de acceso a efectivo.
IU DIO LA VOZ DE ALARMA
Izquierda Unida, a través de su diputada en el Grupo de Unidas Podemos Eva García Sempere, pidió en 2019 al gobierno a través de una iniciativa parlamentaria que especificara si “se va a promover alguna medida para que las entidades bancarias aporten y financien soluciones efectivas a los cierres de oficinas en pueblos pequeños del mundo rural”.
García Sempere registró una pregunta en el Congreso para que el ejecutivo respondiera por escrito, donde recordaba que “el proceso de reestructuración en el que se ha visto inmerso el sector financiero español, la bancarización de las cajas de ahorro y la ausencia de instrumentos públicos financieros, unido a la despoblación de algunas regiones, han provocado que prácticamente la mitad de los pueblos de España se hayan quedado sin sucursal bancaria y sin cajero automático para disponer de efectivo”.
La parlamentaria advirtió que “esta situación dispara el riesgo de exclusión financiera en las zonas rurales, sin que las entidades financieras ofrezcan soluciones satisfactorias, ya que atienden exclusivamente a la rentabilidad del negocio bancario privado”.
Izquierda Unida ya tenía constancia de que algunos pequeños ayuntamientos “estaban destinando recursos para disponer al menos de un cajero automático en la población a través de convenios con una multinacional que cuenta con una extensa red de cajeros”. Además se estaban produciendo concursos públicos para instalar cajeros en pequeños municipios financiados con recursos públicos de las diputaciones.
