PCE de Cuenca

IU exige explicaciones al Gobierno por su “nefasta” gestión de los residuos nucleares al cumplirse hoy 5 años de la designación de Villar de Cañas para albergar el almacén

Los/as diputados/as Alonso, García Sempere y Bustamante, ante el oscurantismo del Ejecutivo del PP, registran una batería de preguntas para tratar de conocer “¿cuál es el nuevo calendario del proyecto del ATC de los residuos de todas las centrales españolas?” y si ante las dificultades existentes, “¿tiene el Gobierno previsto cambiar su decisión sobre la ubicación del almacén centralizado?”

La propia Soraya Sáenz de Santamaría alertó en 2011 que cada día que pasa sin construir el ATC le cuesta al Estado 60.000 euros, por lo que este lustro de retraso podría suponer ya un coste añadido próximo a los 110 millones de euros. Además, cuando se informó al comienzo del coste total del proyecto se habló de cerca de 700 millones de euros, mientras que los últimos datos lo elevan ya a más de 1.000

Izquierda Unida considera que el Gobierno del Partido Popular debe dar explicaciones por su “nefasta y peligrosa actuación”, desde que llegó a Moncloa en diciembre de 2011, en materia de gestión de residuos nucleares. IU ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dé cuenta de esta “desastrosa” actuación y aporte datos imprescindibles para el futuro. Lo hace coincidiendo exactamente hoy, 30 de diciembre, con el quinto aniversario de la designación en Consejo de Ministros de Villar de Cañas (Cuenca) como municipio donde construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado de las centrales nucleares de todo el Estado. Un lustro después la construcción de estas instalaciones “está bloqueada”.

Si se tienen en cuenta las explicaciones públicas dadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, nada más llegar al cargo, cada día que pasa sin construir el ATC le cuesta al Estado 60.000 euros. Por tanto, estos años de retraso en la puesta en marcha del almacén de residuos nucleares podría suponer ya un coste añadido próximo a los 110 millones de euros. Además, cuando se informó al comienzo del coste total del proyecto se habló de cerca de 700 millones de euros, mientras que los últimos datos conocidos lo elevan ya a más de 1.000 millones.

Ante esta situación, de la que el Gobierno del PP lleva meses sin ofrecer datos, los/as diputados/as de Izquierda Unida Félix Alonso, Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante -el primero de ellos encuadrado en la confluencia catalana de En Comú Podem  y todos/as ellos/as dentro del Grupo Confederal de Unidos Podemos- reclaman al Ejecutivo, entre otras cuestiones, que responda por escrito “¿Cuál es el nuevo calendario del proyecto del almacén centralizado de los residuos de todas las centrales españolas de Villar de Cañas (Cuenca)?” y si “Ante las dificultades que se han presentado, ¿tiene el Gobierno previsto cambiar su decisión sobre la ubicación del almacén centralizado?”

En su iniciativa, los/as parlamentario/as de Izquierda Unida detallan que en la construcción del emplazamiento mencionado, “Enresa ha gastado ya 77,4 millones de euros”, mientras el conjunto de las obras “están bloqueadas”. Mientras, las distintas plantas nucleares en el Estado español “acumulan residuos en sus piscinas y en los almacenes individuales al aire libre. Es el caso de Ascó, que saturará el almacén en 2023 y de Vandellós II, que proyecta una ampliación de la piscina de combustible. La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), propietario de las centrales, ha solicitado que Estado ejecute la obra prevista”.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó favorablemente el pasado septiembre sobre la apertura de un almacén temporal individualizado (ATI) en la central de Almaraz. Este mismo mes de diciembre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital acaba de dar luz verde al comienzo de las obras.

Para Izquierda Unida, “esto resultaba sorprendente, y así lo denunciamos en su momento con una proposición no de ley, registrada el pasado 29 de septiembre, pues esta central ha de cesar su actividad en 2020 y estaba previsto -a partir de cálculos del propio CSN- que sus piscinas puedan almacenar residuos hasta 2022”.

Félix Alonso apostilla que “a pesar de ello se ha aprobado un ATI para Almaraz, causando también las protestas del Ministerio de Medio Ambiente portugués por no haber sopesado su impacto transfronterizo. Recordemos el largo historial de fallos de los dos reactores de esta central, que pronto cumplirá los 40 años de funcionamiento”.

Se da la circunstancia de que la central de Cofrentes también tramita un permiso similar, según se ha conocido recientemente. “Así cuatro de las cinco instalaciones nucleares en activo en el Estado español tienen ya o están tramitando permisos para construir almacenes temporales individualizados, con su coste y riegos correspondientes, cuando hace cinco años se aprobó la construcción de uno centralizado. Un caos, un derroche y un oscurantismo inexplicables”, sentencia Alonso.

Por todo ello, la iniciativa parlamentaria registrada por los/as diputados/as de Izquierda Unida reclama datos precisos y fiables sobre si:

“¿Ha previsto el Gobierno una ampliación de la piscina de combustible de Vandellós II?

Teniendo en cuenta que la central de Almaraz cumplirá 40 años en 2021, ¿qué sentido tiene aprobar ahora un ATI? 

¿Tiene previsto el Gobierno prorrogar la vida útil de la central de Almaraz? 

Si cada central va a contar con su propio ATI, ¿qué sentido tiene construir un almacén centralizado para todas?” 

Mientras llegan las respuestas correspondientes, Izquierda Unida recuerda que, respecto al ATC de Villar de Cañas, la Junta de Castilla-La Mancha aprobó recientemente un decreto de ampliación de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), muy cercana a la escogida para levantar el almacén nuclear. El Ayuntamiento de este municipio denuncia la voluntad de entorpecer la construcción del almacén, razón por la cual ha presentado un recurso contencioso-administrativo. Ya antes, el Gobierno de García-Page había anulado el planeamiento urbanístico del municipio, decisión que el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz (PP), también ha llevado a los tribunales.

De manera paralela, Ecologistas en Acción ha presentado un nuevo informe, que se suma a los anteriores en la misma dirección, de una empresa de ingeniería que alerta de los ‘enormes riesgos geológicos’ que supondría la construcción en estos terrenos.

Por si todo ello no fuera suficiente, también en este mes de diciembre se ha conocido que el CSN aprobó el 30 de noviembre un borrador que podría permitir en la práctica a las compañías eléctricas operar las plantas nucleares hasta los 60 años, en vez de los 40 actuales. De producirse, este cambio supondría, además de un aumento sustancial de los múltiples riesgos, dar una protección legal añadida al lobby eléctrico en el caso de que políticamente se decidiera el cierre con anterioridad de alguna de estas centrales nucleares, con las correspondientes indemnizaciones multimillonarias con dinero público a las grandes compañías privadas.

Para tratar de aclararlo, Izquierda Unida incluye también en su iniciativa parlamentaria la cuestión concreta de si “¿Está el Gobierno dispuesto a aprobar el incremento a 60 años de la vida de las centrales nucleares?”