COP
22: cuando las palabras no llevan a la acción
Hemos dejado atrás al Cumbre del Clima de
Marrakech con la desalentadora sensación de que la inmovilidad aparente en la
toma de decisiones fundamentales para abordar los grandes retos frente al
cambio climático esconde graves retrocesos.
Porque, hay que metérselo en lo cabeza, dilatar la entrada en vigor y la concreción de los Acuerdos de París, hará inviable alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5º tal como recomienda la comunidad científica.
Después de casi un año, el pasado 4 de noviembre entraba en vigor el Acuerdo de París al haberse alcanzado el número de adhesiones necesarias. Sin embargo, no encontramos en su puesta en marcha ninguna medida que aborde de manera frontal y radical la necesaria disminución de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Y el ejemplo más claro que tenemos sobre la falta de contundencia en poner medidas sobre la mesa que frenen este modelo económico despilfarrador de recursos y altamente consumidor de energías fósiles es la feria de exposición en que cada edición se convierte la Cumbre del Clima: empresas que ofertan soluciones tecnológicas de dudosa eficacia (y probada fuente de especulación), grandes multinacionales de los sectores energéticos más contaminantes y, en el colmo, de la desfachatez, ver cómo gozan de status de observador las empresas petroleras acreditadas dentro de las COP.
Las Cumbres del Clima se están convirtiendo, cada día más, en espacios de lavado verde del capitalismo: no se buscan soluciones reales al calentamiento global, porque eso implicaría un cambio de sistema socioeconómico, energético e incluso político que no se está dispuesto a dejar, siquiera, soñar. Se llenan la boca hablando de las excelencias de que las empresas tengan responsabilidad social corporativa mientras no se pone ni una sola medida para sancionar a quienes no cumplen, se apela a la buena voluntad sin exigir cumplimientos, se habla de la tecnología disponible más puntera pero no de la adecuada para la realidad, de la agricultura del futuro que, gracias a distintas tecnologías carísimas y poco accesibles para la mayor parte del planeta, permitirá cultivar casi sin agua... Se habla de muchas cosas, pero no de justicia climática, de cómo afectan los cambios climáticos y los problemas de escasez y falta de acceso a recursos naturales a las mujeres rurales, de cómo el 80% de las refugiadas ambientales son mujeres y apenas hay planes de acción con perspectiva de género, de cómo es necesario cambiar las reglas de juego del comercio internacional para evitar pesadas mochilas ecológicas en cada producto que consumimos, ...o de cómo la redistribución de recursos y de decisiones compartidas entre sociedad civil y administraciones (bendita socialización de los medios de producción y de la toma de decisión) es la única vía para empezar el debate radical y descarnado que necesitamos.
La realidad es que, con lo aprobado hasta hoy, nos encaminamos a un calentamiento de 3,5º (más del doble del límite que la comunidad científica establece como seguro) y, si atendemos a lo que dice el IPCC, el escenario sería de 5º más a final de siglo; y que los fondos necesarios tanto para la reducción de las concentraciones atmosféricas de GEI como mitigación de los efectos de los daños y las pérdidas derivadas del cambio climático ni están ni se les espera, de momento.
Tampoco la posición ante los acuerdos de libre comercio augura nada bueno: la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático no está dispuesta a abrir el debate sobre el impacto del comercio global sobre el calentamiento global. Hacer grandes discursos sobre el necesario compromiso de todos los sectores en la disminución de la emisión de gases y abrazar un nuevo modelo energético más eficaz y sostenible, sin querer tocar un pelo los tratados internacionales de comercio, responsables de un aumento de emisiones de CO2 de 249,45MtCO2, tal como recoge la propia Comisión Europea en su informe de impacto de 2013, a través de las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía.
Ha resultado lamentable cómo multitud de gobiernos allí presentes parecían más preocupados en señalar la terrible noticia de la elección del negacionista Trump en EEUU (que, sin duda, lo es) que en esforzarse en garantizar políticas que permitan abordar eficaz y urgentemente el enfriamiento del planeta. Pareciera que ha sido una oportuna excusa. Por otra parte, y como apunte optimista, hay que resaltar la actitud de China, comprometiéndose a cumplir independientemente del posicionamiento de EEUU, o los compromisos de Etiopía, Bangladesh o Filipinas, dispuestos a eliminar por completo las emisiones en 2050.
Hace casi un año escribí sobre la COP21 y, con mucha tristeza, he de decir que sigue vigente casi todo lo que el artículo contenía: nada nos hace prever que se vayan a tomar los compromisos justos y vinculantes necesarios para contener el calentamiento global a no más de 2 grados de aquí a fin de siglo. Para que ello fuera posible, la primera condición necesaria sería que los gobiernos que se sientan a negociar estuvieran más interesados en resolver el problema planetario que en proteger las cuentas de negocio de las compañías energéticas, cosa que de momento es poco factible debido a la permeabilidad existente entre los puestos en los gobiernos y los puestos en los consejos asesores de las empresas del sector, un aspecto imprescindible a tener en cuenta en los programas de gobierno si se quiere avanzar en la lucha contra el cambio climático: el cierre de las puertas giratorias.
Necesitamos de manera urgente un acuerdo que obligue a los países a tomar medidas para luchar contra el Cambio Climático y que ponga el acento en el cambio de modelo de producción-distribución y consumo y, por ende, de la articulación territorial y transporte.
Sin olvidar la necesidad de poner en pie un nuevo modelo energético valiente y con compromisos claros de alcanzar 100% renovables en 2050, con sus raíces en la descentralización de las redes, a pequeña escala y cercana a los puntos de consumo, la nacionalización de los grandes sectores estratégicos y grandes centros de producción y la economía social.
Y todo ello, es claro, con propuestas de política fiscal que redistribuyan recursos y responsabilidades, premiando a quienes luchan contra el cambio climático y penalizando toda acción que vaya en línea contraria. La fiscalidad ecológica es una herramienta clave del cambio de modelo económico.
Porque, hay que metérselo en lo cabeza, dilatar la entrada en vigor y la concreción de los Acuerdos de París, hará inviable alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5º tal como recomienda la comunidad científica.
Después de casi un año, el pasado 4 de noviembre entraba en vigor el Acuerdo de París al haberse alcanzado el número de adhesiones necesarias. Sin embargo, no encontramos en su puesta en marcha ninguna medida que aborde de manera frontal y radical la necesaria disminución de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Y el ejemplo más claro que tenemos sobre la falta de contundencia en poner medidas sobre la mesa que frenen este modelo económico despilfarrador de recursos y altamente consumidor de energías fósiles es la feria de exposición en que cada edición se convierte la Cumbre del Clima: empresas que ofertan soluciones tecnológicas de dudosa eficacia (y probada fuente de especulación), grandes multinacionales de los sectores energéticos más contaminantes y, en el colmo, de la desfachatez, ver cómo gozan de status de observador las empresas petroleras acreditadas dentro de las COP.
Las Cumbres del Clima se están convirtiendo, cada día más, en espacios de lavado verde del capitalismo: no se buscan soluciones reales al calentamiento global, porque eso implicaría un cambio de sistema socioeconómico, energético e incluso político que no se está dispuesto a dejar, siquiera, soñar. Se llenan la boca hablando de las excelencias de que las empresas tengan responsabilidad social corporativa mientras no se pone ni una sola medida para sancionar a quienes no cumplen, se apela a la buena voluntad sin exigir cumplimientos, se habla de la tecnología disponible más puntera pero no de la adecuada para la realidad, de la agricultura del futuro que, gracias a distintas tecnologías carísimas y poco accesibles para la mayor parte del planeta, permitirá cultivar casi sin agua... Se habla de muchas cosas, pero no de justicia climática, de cómo afectan los cambios climáticos y los problemas de escasez y falta de acceso a recursos naturales a las mujeres rurales, de cómo el 80% de las refugiadas ambientales son mujeres y apenas hay planes de acción con perspectiva de género, de cómo es necesario cambiar las reglas de juego del comercio internacional para evitar pesadas mochilas ecológicas en cada producto que consumimos, ...o de cómo la redistribución de recursos y de decisiones compartidas entre sociedad civil y administraciones (bendita socialización de los medios de producción y de la toma de decisión) es la única vía para empezar el debate radical y descarnado que necesitamos.
La realidad es que, con lo aprobado hasta hoy, nos encaminamos a un calentamiento de 3,5º (más del doble del límite que la comunidad científica establece como seguro) y, si atendemos a lo que dice el IPCC, el escenario sería de 5º más a final de siglo; y que los fondos necesarios tanto para la reducción de las concentraciones atmosféricas de GEI como mitigación de los efectos de los daños y las pérdidas derivadas del cambio climático ni están ni se les espera, de momento.
Tampoco la posición ante los acuerdos de libre comercio augura nada bueno: la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático no está dispuesta a abrir el debate sobre el impacto del comercio global sobre el calentamiento global. Hacer grandes discursos sobre el necesario compromiso de todos los sectores en la disminución de la emisión de gases y abrazar un nuevo modelo energético más eficaz y sostenible, sin querer tocar un pelo los tratados internacionales de comercio, responsables de un aumento de emisiones de CO2 de 249,45MtCO2, tal como recoge la propia Comisión Europea en su informe de impacto de 2013, a través de las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía.
Ha resultado lamentable cómo multitud de gobiernos allí presentes parecían más preocupados en señalar la terrible noticia de la elección del negacionista Trump en EEUU (que, sin duda, lo es) que en esforzarse en garantizar políticas que permitan abordar eficaz y urgentemente el enfriamiento del planeta. Pareciera que ha sido una oportuna excusa. Por otra parte, y como apunte optimista, hay que resaltar la actitud de China, comprometiéndose a cumplir independientemente del posicionamiento de EEUU, o los compromisos de Etiopía, Bangladesh o Filipinas, dispuestos a eliminar por completo las emisiones en 2050.
Hace casi un año escribí sobre la COP21 y, con mucha tristeza, he de decir que sigue vigente casi todo lo que el artículo contenía: nada nos hace prever que se vayan a tomar los compromisos justos y vinculantes necesarios para contener el calentamiento global a no más de 2 grados de aquí a fin de siglo. Para que ello fuera posible, la primera condición necesaria sería que los gobiernos que se sientan a negociar estuvieran más interesados en resolver el problema planetario que en proteger las cuentas de negocio de las compañías energéticas, cosa que de momento es poco factible debido a la permeabilidad existente entre los puestos en los gobiernos y los puestos en los consejos asesores de las empresas del sector, un aspecto imprescindible a tener en cuenta en los programas de gobierno si se quiere avanzar en la lucha contra el cambio climático: el cierre de las puertas giratorias.
Necesitamos de manera urgente un acuerdo que obligue a los países a tomar medidas para luchar contra el Cambio Climático y que ponga el acento en el cambio de modelo de producción-distribución y consumo y, por ende, de la articulación territorial y transporte.
Sin olvidar la necesidad de poner en pie un nuevo modelo energético valiente y con compromisos claros de alcanzar 100% renovables en 2050, con sus raíces en la descentralización de las redes, a pequeña escala y cercana a los puntos de consumo, la nacionalización de los grandes sectores estratégicos y grandes centros de producción y la economía social.
Y todo ello, es claro, con propuestas de política fiscal que redistribuyan recursos y responsabilidades, premiando a quienes luchan contra el cambio climático y penalizando toda acción que vaya en línea contraria. La fiscalidad ecológica es una herramienta clave del cambio de modelo económico.
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