POR UNA SALIDA DEMOCRATICA Y SOCIAL DE LA CRISIS DE
GRECIA EN EL MARCO DE UNA REFUNDACION DE UNA EUROPA INTEGRADA Y SOLIDARIA
La fase actual de la crisis de Grecia
pone en evidencia que tanto los objetivos como el funcionamiento de la Unión Europea están plenamente al servicio de un poder oligárquico de raíz financiera/especulativa. Hablamos de un poder concentrado
geográficamente en la región centroeuropea, pero que en realidad abarca
también al conjunto de poderes
dominantes en el resto de países de la Unión, incluyendo, por supuesto, a España, poderes que tratan de aprovechar la crisis
para definir un nuevo modelo de relaciones sociales, laborales, económicas y humanas que institucionalicen de
forma irreversible el neoliberalismo.
Es
cierto que la Unión
Europea desde el principio era ya una estructura al servicio de los grupos de
interés
más
grandes y poderosos del continente. Y la unificación
recibió el
apoyo de poderosos grupos de presión como la Mesa Redonda Europea de
Industriales que dicta en 1980 el proyecto de mercado único
de 1992, preconiza la moneda única
con estrictos criterios de convergencia, la conocida como norma de Maastricht y
a principios de 2002, plantea las bases de la siguiente fase: la gobernanza
económica,
una autoridad altamente centralizada que pilote toda la política
económica.
Mientras
la Unión
Europea estaba siendo diseñada
como un proyecto al servicio del capital financiero, y mientras los Estados
quedaban desprotegidos ante la presión de los capitales internacionales, se
sucedían
las hipócritas
declaraciones altisonantes sobre la "Europa social".
Si quedaban dudas
sobre la aspiración de poder revertir esta situación en el marco institucional de la actual UE, la
actuación de ésta
en los últimos años,
tanto en su propia periferia occidental y meridional (Chipre, España, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal) como en su
esfera de influencia oriental en construcción
(caso de Ucrania), ha desvelado definitivamente que la UE es una fuerza
implacable al servicio de un modelo neoliberal. Un modelo que arruina
poblaciones, tuerce las voluntades democráticas
y desestabiliza económica y políticamente
todo país en el que se atisbe cualquier resistencia al
neoliberalismo.
Recientemente el
Gobierno de Grecia ha intentado rebelarse y dar la palabra al pueblo,
sometiendo a referéndum el intento de imposición de medidas antisociales. El resultado de la
consulta popular no ha dejado lugar a dudas, y la gran mayoría del Pueblo Griego ha apostado por una salida justa
al conflicto, negociando y en el marco de la defensa de su propia soberanía.
A pesar de ello ni
la Troika ni quienes dirigen la Unión
Europea aceptaron los resultados del Referéndum
y de esta manera, el día 12 de julio, el gobierno griego tuvo que aceptar,
bajo las fuertes presiones de Alemania, de Francia, de la Comisión Europea y del Eurogrupo, un pacto leonino, que
supondrá mas dolor y privaciones al pueblo griego.
La amenaza de
expulsión de Grecia de la Eurozona ha sido el arma de
chantaje que se ha utilizado para una capitulación,
que va a tener consecuencias sin duda difíciles
para Grecia y para el resto de la periferia de la Unión
Europea. El acuerdo que se ha firmado supone la negación de raíz
la idea de una Europa unida y pacífica,
solidaria e igualitaria por la que la mayoría
social del continente ha luchado durante muchas décadas.
El acuerdo castiga otra vez a la economía y al pueblo griego, con la continuación de las políticas de austeridad y la
renuncia a la soberanía popular. Y, con todo,
de forma terriblemente paradójica, la cuestión es que, a partir de la aplicación del propio contenido del acuerdo, la deuda
griega aumentará, la situación económica del país seguirá
empeorando
y el discurso oficial de la “salvación” del euro que el ministro
De Guindos ha enunciado se denota claramente como falaz.
La
soberanía
griega ya no existe. Se cierran los bancos
griegos durante semanas, se pone la pistola sobre la cabeza de los griegos para
imponerles un dictado humillante y Europa pisotea su primer principio de
igualdad, anclando así un
nuevo concepto en los cimientos de Europa: un Estado miembro puede ser
aplastado si no marcha al son de la política
de rigor monetario. Atenas está bajo
tutela. El Gobierno debe recibir luz verde por parte del FMI, la Comisión
Europea y el Banco Central Europeo - la Troika - antes de presentar al
Parlamento cualquier proyecto de ley o antes de consultar a la sociedad civil.
Está escrito
en las conclusiones finales del Dictado de Bruselas.
El
Parlamento de Grecia se ve reducido a una institución
sin capacidad real para decidir libremente las políticas
economicas que aplicar en su propio Pais, sino que debe limitarse a ejecutar
las resoluciones redactadas fuera de Grecia.
Además,
la posibilidad de expulsar a Grecia de la zona euro termina con la irreversibilidad
de la adhesión
a Europa. Aunque esta amenaza no se haya consumado por el momento, el hecho de
que haya sido aceptada como una opción significa que de aquí en
adelante cualquier pertenencia a la Unión
Europea es condicional, y ha quedado claro que si un país
no cumple con las imposiciones podrá ser expulsado.
El
dictado de Bruselas ha hecho explícito a todos, incluido por supuesto el
Estado español,
que en última
instancia Berlín
decidirá quién
puede pertenecer al núcleo
que toma las decisiones en esta Unión Europea y quién
será confinado
a la zona de Estado intervenidos económica y políticamente,
nada más
lejos de la idea de una Europa democrática
y solidaria.
Pero todavía
es mas dramática la situación si tenemos en
cuenta que el Dictado de Bruselas del 12 de julio
que crucificaba al Pueblo de Grecia no ha resuelto nada, no
resuelve ninguna de las desigualdades estructurales presentes en la zona del
euro desde sus inicios. No resuelve nada de la
insoportable crisis de la deuda que se crea como consecuencia. No resuelve
ninguno de los desequilibrios estructurales de Europa ni la hemorragia interna
que sufre el continente. Y, por último, la situación
sin salida de Grecia persiste.
Cuando
se haga evidente que los griegos no podrán
cumplir con los requisitos demenciales, tendremos un nuevo episodio de
consultas de crisis, con requisitos todavía
más
impactantes, hasta que Grecia sea expulsada del euro u obligada a abandonar el
euro "por su propia iniciativa".
Por
todo ello.
1-
Desde un reconocimiento de los intentos del Gobierno de Grecia por conseguir
una salida justa y democrática a la crisis,
pero sobre todo desde la solidaridad con el pueblo de Grecia y su determinante
voluntad de rechazar mas imposiciones de medidas antisociales y neocoloniales,
expresada en el Referéndum
del día
...., el Congreso de los Diputados rechaza plenamente las medidas contempladas
en el Memorando de Entendimiento para un
Acuerdo "tecnico" con los acreedores para un tercer rescate de Grecia.
2-
En este senido el Congreso de los Diputados insta al Gobierno parra que apoye
la quita de la deuda griega, tal como recomienda el FMI y el sentido común,
ya que con una deuda del 180-200% no se puede tener una economía
estable, es una deuda impagable que sume al Grecia en un círculo
vicioso sin salida que condena a todo un pueblo a una sumisión
perpetua a los poderes financieros, por lo tanto el Gobierno de España
debe apoyar al Gobierno griego en sus esfuerzos por reconducir el problema de
la deuda.
En
consecuencia, el dinero de los contribuyentes españoles
debe ir para ayudar al Plan de Desarrollo para Grecia y no para pagar a los
bancos franceses y alemanes acreedores de la deuda griega, el dinero que aporte
España
no debe ir engrosar el capital de los bancos que han provocado esta crisis,
sino que de forma solidaria, debe servir para ayudar al Gobierno de Grecia en
sus esfuerzos por paliar la crisis económica
y humanitaria de su país
3-
Al mismo tiempo el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España
para que deje de lado la sumisión y entreguismo asuma
la defensa del interés
general y para ello ayude a la conformación
de un espacio de cooperación de la periferia que
confronte con el proyecto de configurar una Europa marcada por un centro
dominante y una periferia dependiente y que para ello se plantee la necesidad
de abrir un proceso constituyente en la Unión
Europea que permita el desarrollo de una integración
horizontal, solidaria e integradora, basada en una democracia real de las
instituciones y organismos europeos, desde el Parlamento, hasta el Banco
Central, una integración
que sitúe
a las personas en el centro de sus objetivos de manera que posibilite una
salida democrática
y social de la crisis en el marco de una nueva Europa.
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