Con cierta
periodicidad previsible, la banca y las compañías de seguros y pensiones
privadas se movilizan para promover la cercana inviabilidad de las pensiones
públicas, aconsejando a la población que sea rápida en adquirir un
aseguramiento privado que le garantice una pensión cuando se jubile, porque la
pensión pública no le será suficiente. La última campaña es la iniciada por el
gobernador del Banco de España, el Sr. Luis María Linde, que explícitamente y
sin rubor o reparo ha dicho que el ciudadano español debería compensar su
pensión pública con una privada, debido a que “el sistema público llevará
inexorablemente a la reducción de las pensiones en el futuro”. Y toda una lista
de supuestos “expertos”, incluidos catedráticos de economía próximos a la banca
y/o miembros del gobierno del Banco de España, añadirán su servil y dócil voz a
este mensaje. Y economistas de sensibilidad neoliberal, del partido liberal
catalán gobernante en la Generalitat de Catalunya, han también enfatizado este
mensaje a través de los medios públicos de la Generalitat (TV3 y Catalunya
Ràdio) mediante sus programas económicos y tertulias. Un tanto semejante ha
ocurrido con economistas del Partido Popular (PP), que lo han hecho a través de
los medios públicos controlados por el gobierno del este partido, como es el
caso de TVE.
Y todos ellos, como
prueba de la insolvencia del sistema público de pensiones, han señalado la
rápida desaparición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se
estableció en el año 2000 precisamente para poder cubrir los déficits creados
en la caja en su pago de las pensiones. El gobierno Rajoy ha ido gastando este
fondo, reduciendo su global nada menos que un 38%, atribuyendo la necesidad de
recurrir a estas reservas al crecimiento de la población anciana y al aumento
de la esperanza de vida.
Esta argumentación,
sin embargo, es falsa, pues la creciente demanda hacia el fondo de reserva se
debe primordialmente a la situación desastrosa del mercado laboral, que, al
aumentar el paro y la precariedad, y al descender los salarios (como está
aconsejando el Sr. Luis María Linde), implica unas cotizaciones mucho más bajas
y un número de cotizantes mucho menor, con el consiguiente descenso de los
ingresos al sistema público de pensiones. En realidad, las políticas de
austeridad (vivamente promocionadas por la banca y otras secciones del capital
financiero, así como por los partidos liberales, socioliberales y
conservadores) han sido una de las mayores causas del deterioro de la
financiación de las pensiones públicas, debido al impacto negativo que han tenido
en el crecimiento económico y al deterioro tan acentuado de los salarios y en
el número de asalariados, causas todas ellas de los menores ingresos a la
Seguridad Social.
Las bajas pensiones públicas en España
Aquellas voces
neoliberales constantemente acentúan que las pensiones españolas son excesivas
en su generosidad y en su cobertura. Y como prueba de todo ello, señalan que la
tasa de remplazo es de las más elevadas en la Unión Europea (el 94% del último
salario obtenido), sin citar, sin embargo, que los salarios son mucho más bajos
en España, con lo cual, los ingresos netos de los pensionistas son mucho
menores.
Y estos ingresos han
ido descendiendo como resultado de una serie de cambios que apenas han tenido
visibilidad mediática. Uno de ellos es el hecho de desligar el crecimiento de
las pensiones del crecimiento de la inflación, cambio casi único en los países
de la UE. Así, se predice que los precios en 2015 subirán un 1,3%, y puesto que
el crecimiento de las pensiones será solo de un 0,25%, ello significa que el
pensionista verá reducida la capacidad adquisitiva de su pensión en un 1,05%
(1,3 – 0,25), reduciéndose todavía más las pensiones. En España, un 55% de las
pensiones se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).
Y para reducirlas
todavía más, la edad de jubilación a partir del 1 de enero de 2014 se irá
atrasando para pasar de 65 a 67 años en 2027, aumentando también el tiempo
necesario para poder adquirir toda la pensión (pasando de 35 a 37 años). Y, por
si fuera poco, el número de años que se utilizan para calcular la pensión habrá
pasado de 15 a 25 años en 2022.
Todas estas medidas han supuesto una enorme reducción
de los beneficios de las pensiones públicas, forzadas todas ellas a disminuir
su valor para que la población vaya corriendo a complementar su pensión pública
con una privada proveída por la banca. Todo ello ha ido ocurriendo en un
contexto en el que las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales
han ido disminuyendo, mientras que las rentas del capital (y muy en especial
del capital financiero) han ido aumentando. Si ello no hubiera ocurrido, y las
rentas del trabajo hubieran sido las que hubieran ido aumentando, en lugar de
continuar descendiendo, las pensiones (cuyos fondos provienen de dichas rentas
del trabajo) no tendrían ningún (repito, ningún) problema de viabilidad. En
realidad, el enorme crecimiento de las desigualdades (con un crecimiento de las
rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, y con un crecimiento de
las rentas superiores – cuyas cotizaciones a la Seguridad Social son
proporcionalmente menores – a costa de las rentas medianas y bajas – que
cotizan más a la Seguridad Social) es la mayor causa de que la sostenibilidad
de las pensiones públicas haya disminuido. Y de ello, señor lector, usted no ha
oído ni pío en los mayores medios de información.
Catedrático de
Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex
Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona.
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