Unidas Podemos registra una enmienda a la Ley de Memoria referida a la Ley de Amnistía para que los crímenes más graves del franquismo sean 'imprescriptibles y no amnistiables'
Enrique Santiago presenta en el Congreso
junto a Martina Velarde las 30 enmiendas elaboradas conjuntamente con el Grupo
Socialista tras un acuerdo que califica de “francamente bueno” porque supone
dar “pasos muy sólidos” para satisfacer “el derecho a la Verdad, Justicia,
Reparación y a la no repetición de graves crímenes” que exigen desde hace años
las víctimas del franquismo, sus familias y los colectivos que los representan
El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique
Santiago, ha presentado esta mañana junto a la diputada del mismo grupo Martina
Velarde las 30 enmiendas al proyecto de Ley de Memoria Democrática registradas
en el Congreso conjuntamente con el Grupo Socialista, cuyo plazo concluye hoy
miércoles. Entre los cambios destaca el que se introduce con una nueva
redacción del artículo 2, referido expresamente a la Ley de Amnistía de 1977.
Su objetivo es “garantizar el derecho a la justicia de las víctimas” e indica
expresamente que ‘todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977,
de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con
el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con
el Derecho Internacional Humanitario”, según el cual “los crímenes de guerra,
de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles
y no amnistiables”.
Santiago, en respuesta a los medios sobre esta misma enmienda, ha celebrado el
acuerdo alcanzado que conduce a que, si sale adelante la reforma, no se pueda
seguir utilizando la Ley de Amnistía “como una excusa para no perseguir
crímenes” como los que se explicitan en el nuevo texto.
El diputado reconoció la limitación de su alcance práctico después de los
muchos años transcurridos, ya que “la responsabilidad penal acaba con la
muerte” y muchos responsables han fallecido. No obstante, destacó que la
justicia no consiste solo “en sancionar”, sino que también es “muy importante
conocer la verdad judicial”, algo que tiene en sí mismo un “efecto reparador”
para las víctimas, para llegar al convencimiento de que no existen afectados de
primera y de segunda.
“No se trata -dijo- de juzgar a servidores públicos de la dictadura, sino a
aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables”, detalló el
también portavoz parlamentario de IU en el Congreso.
La nueva Ley de Memoria Democrática contemplará a partir de otra enmienda que
el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la
“investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de
Estado, la guerra y la dictadura”.
Otra de los cambios incluye ampliar el censo de víctimas del franquismo -sobre
el que ya se trabaja desde 2019- para que integre “tanto a las personas
fallecidas y declaradas fallecidas, como a las supervivientes que presten su
expreso consentimiento”.
Martina Velarde detalló también que a partir de la entrada en vigor de la ley,
el Gobierno tendrá un año para designar una comisión técnica que “elabore un
estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por
su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y
los valores democráticos” hasta el 31 de diciembre de 1982. De esta forma se
deben señalar “posibles vías de reconocimiento a las mismas”, así como a sus
familiares o a colectivos en relación a “casos concretos”, apostilló Santiago.
A todo ello va a contribuir la creación de una “oficina de víctimas”, que se
encargará del “apoyo técnico de las mismas y recogida los testimonios de las
personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como realizar
labores de divulgación y sensibilización sobre los padecimientos y luchas de
que protagonizaron las víctimas de la guerra, la dictadura”.
Para Enrique Santiago el conjunto de las enmiendas formalizadas hoy supone dar
“pasos muy sólidos” para satisfacer el derecho a la Verdad, Justicia,
Reparación y a la no repetición de graves crímenes” que exigen desde hace años
las víctimas del franquismo, sus familias y los colectivos que los representan.
En su opinión, este acuerdo alcanzado con el PSOE “es francamente bueno” y
“mejora” el texto inicial del anteproyecto elaborado en el seno del Gobierno de
coalición.
Las enmiendas impulsadas por Unidas Podemos reconocen también “el derecho al
resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas
por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante
la Guerra y la Dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así
como en la normativa de desarrollo”.
La nueva ley traslada al Gobierno la obligación de elaborar en el plazo de un
año desde que entre en vigor una auditoría de los bienes incautados y, a partir
de ahí, se establecerán las vías para el resarcimiento. Una comisión técnica
será la encargada de estudiar el “conjunto de medidas de reparación de carácter
económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, y reconocidas
tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca
conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits
subsanables”.
Como ya se adelantó, se incluye una enmienda para que se reconozca la
nacionalidad no solo a los “descendientes” de los brigadistas internacionales,
siempre y cuando acrediten “una labor continuada de difusión de la memoria de
sus ascendientes y la defensa de la democracia en España”.
Entre los pasos que van más allá de la conocida como ‘ley de memoria histórica”
en vigor para acabar con los vestigios de la dictadura franquista se plantea,
entre otras cuestiones, suprimir el nombre del Valle de los Caídos para que
pase a llamarse oficialmente Valle de Cuelgamuros y se recupere así su “nombre
original”.
De la misma forma, se acelera la supresión de los títulos nobiliarios
concedidos durante la dictadura para exaltarla y recompensar a personas que
colaboraran con ella, por lo que se pide suprimir 33 ducados, marquesados y
condados, entre ellos el de Franco o Primo de Rivera.
Se plantea el acceso “libre gratuito y universal” a los archivos privados,
además de a los públicos, para que se puedan consultar documentos históricos
integrantes de series documentales o de colecciones de bienes del Patrimonio
Documental sobre el golpe de Estado, la Guerra, la dictadura franquista, la
resistencia guerrillera antifranquista o el exilio.
Enrique Santiago declaró que su grupo parlamentario tratará de conseguir el
mayor número de apoyos posibles entre el resto de formaciones políticas y
argumentó su confianza en poder lograrlo en que “si hay un bloque en el
Parlamento que defienda rechazar la aplicación del Derecho internacional van a
tener difícil explicarlo fuera de nuestro país”.
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