El Defensor del Pueblo da la razón respecto a la ilegalidad de las autorizaciones a plaguicidas prohibidos
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Tras analizar la queja
presentada en enero de 2021 por Ecologistas en Acción sobre la falta de
legalidad de las autorizaciones a plaguicidas prohibidos y no autorizados
concedidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2020, el
Defensor del Pueblo da la razón a la organización ecologista.
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En su carta remitida al
Ministerio se emiten siete sugerencias para mejorar el control y la aplicación
de los permisos excepcionales para el uso y comercialización de pesticidas no
autorizados.
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Según un estudio de
Ecologistas en Acción, el 31 % de los plaguicidas encontrados en los alimentos
españoles son sustancias nocivas autorizadas de manera excepcional.
La opinión del Defensor del Pueblo, no vinculante, considera que existe una
irregularidad en la forma en que se repiten año tras año las autorizaciones
excepcionales al uso de plaguicidas prohibidos y no autorizados. Por ello,
exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un mayor control sobre
el uso de los productos autorizados excepcionalmente.
La institución denuncia la falta de
transparencia del procedimiento así como su incorrecta justificación, lo que le
lleva a “pensar que no existe una situación de emergencia o un riesgo
imprevisible” que justifique el uso de sustancias con potencial de causar daños
a la naturaleza y a la salud.
En su resolución, el Defensor del Pueblo
emite siete sugerencias al Ministerio, entre ellas la necesidad de informar a
la ciudadanía de las autorizaciones excepcionales que se emitan así como de los
estudios técnicos y análisis que las justifican.
El Defensor del Pueblo va más allá en el
caso del insecticida clotianidina, prohibido en Europa desde 2018 para el cultivo de la remolacha azucarera por su toxicidad
para las abejas. En este caso, la institución ha solicitado al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación que revoque la autorización excepcional del
año 2021.
En cuanto a las comunidades autónomas,
que son quienes solicitan las autorizaciones, el Defensor sugiere que, antes de
autorizarse, la Abogacía del Estado emita un dictamen favorable sobre los borradores
de los acuerdos. También que se refuercen los mecanismos de inspección,
vigilancia, control y sanción en caso de incumplimiento.
Koldo Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción: “Celebramos estas
sugerencias del Defensor del Pueblo. Es urgente que el Ministerio tome nota de
ellas y cambie su forma de autorizar plaguicidas prohibidos y no autorizados,
que cada año se emiten con demasiada ligereza. Sin ir más lejos, el 31 % de los
plaguicidas encontrados en los alimentos españoles son sustancias nocivas
autorizadas de manera excepcional”.
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