La lucha por el derecho a la vivienda: ejemplo estratégico en la construcción de Unidad Popular
Una política de vivienda pública, estatal, que obligue y sitúe el marco de mínimos, y que acabe con el abuso
Los datos económicos y su análisis, sobre el problema de la vivienda, y en concreto del mercado del alquiler, que compartimos en esta edición de Mundo Obrero, son claros y contundentes. Son una herramienta básica para desmontar los recurrentes y falaces argumentos con los que, desde todos los ámbitos, y especialmente el mediático, se intenta frenar, desvirtuar, vilipendiar, una lucha que refleja la coherencia política entre las instituciones como poderes públicos y la fortaleza de los movimientos populares, que se multiplica cuando actúan todas a una, desde el ámbito sindical, obrero, vecinal, feminista y político.
Esa multiplicación ha tenido su inicio público el día 25 de febrero, cuando se
presenta ante los grupos parlamentarios del Congreso y la sociedad, el
Manifiesto de 8 puntos con las principales reivindicaciones aunadas
con las siglas de Sindicatos como CCOO, UGT, CGT, la PAH, el Sindicato de
Inquilinas, el Movimiento Nadie sin Hogar, y que sigue consiguiendo adhesiones
de más y más organizaciones sociales y políticas.
El 20 de marzo se ha dado un paso más, con movilizaciones acordes
a la situación sanitaria en las principales capitales de provincias,
extendiendo la información y la concienciación de la importancia de la unidad
en la lucha de la clase obrera, y que en esta materia evidencia no sólo unidad
de las organizaciones sino unidad para entender cuáles son las cuestiones que
sitúan los derechos fundamentales de la clase obrera, dentro y fuera de los
centros de trabajo o del entorno de la actividad laboral, productiva o
reproductiva que desarrollemos.
Una política de vivienda pública, estatal, que obligue y sitúe
el marco de mínimos para el desarrollo por las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos -en función de su realidad concreta, está al mismo
nivel de interés para la inmensa mayoría que un sistema público de salud con
recursos y de calidad; que un sistema educativo público con recursos y de
calidad; que unas condiciones laborales dignas para una vida digna.
Por eso es tan importante que el PCE, como organización política de
la clase obrera, contribuya al fortalecimiento y defensa de un derecho
fundamental, que también, como la sanidad o la educación o las pensiones,
viene sufriendo el acoso carroñero de especuladores y fondos financieros, para
seguir haciendo negocio con nuestras necesidades básicas. Son grandes los
poderes que en todos estos ámbitos quieren seguir confundiendo nuestros
intereses con los suyos y condenar a la exclusión social a cada vez más gente,
que incluso nos impida poder pensar en organizarnos, por miedo o por pura
necesidad de dedicar las energías a la mera subsistencia física. Por tanto, la
lucha y la unidad deben corresponderse en fuerza a tan gran ataque. En el plano
institucional, consiguiendo sacar adelante el pacto de coalición suscrito
por el Gobierno: una Ley Estatal de Vivienda que impida continuar con
el abuso y sitúe el marco mínimo de desarrollo del derecho a una
vivienda digna, (artículo 47 de la CE), sobre el que seguir avanzando; y el
fortalecimiento de la capacidad de lucha, para obligar a cumplir lo regulado y
seguir mejorando y ampliando los derechos de Todas Para Todas.
ANABEL SEGADO. Secretaria de Organización del PCE
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