PCE de Cuenca

 Parece que hay prisa: el Pacto de Toledo espera tener listas en septiembre las ‘recomendaciones’ para reducir el derecho a la jubilación y las pensiones públicas

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso se da de plazo el mes de agosto para que los distintos grupos realicen sus posicionamientos sobre las recomendaciones relativas al sistema de pensiones, con la intención de poder cerrarlas en septiembre, cuando se realizarán nuevas comparecencias.

En concreto, está previsto que acudan de nuevo a comparecer a la comisión parlamentaria el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, según han señalado a Europa Press en fuentes de la comisión. De hecho, ya se ha convocado a la mesa y portavoces de la comisión para el martes día 1, el miércoles día 2 y el jueves día 3 de septiembre. Cabe recordar las posiciones abiertamente neoliberales del gobernador del Banco de España y de la AIReF en este tema, con el mantra repetido hasta la saciedad de la ‘insostenibilidad’ de las pensiones si no se reforman a la baja.

Estos son los siguientes pasos previstos por el Pacto de Toledo tras la última reunión de la mesa y portavoces de la comisión el pasado martes, en la que concluyeron el repaso de las 20 recomendaciones.

En el último mes se han constatado «más coincidencias» y «ganas de trabajar» en la revisión de las recomendaciones para elaborar un documento final próximamente, tras trabajar en los últimos años desde hace dos legislaturas, según han señalado fuentes parlamentarias.

En este sentido, las mismas fuentes subrayan que hay «voluntad» y creen que el Pacto de Toledo se mantiene al margen de lo sucedido en la Comisión de Reconstrucción, en el que no se ha logró un consenso sobre el documento social. 

Posibles recomendaciones

En un principio, podría lograrse el consenso sobre la recomendación segunda, que incluye como valor de referencia para la revalorización de las pensiones el IPC real, un punto sobre el que hubo discrepancias el ejercicio pasado y que se dejó fijado con acuerdo de todos los partidos, salvo ERC.

Una de las principales recomendaciones que estuvieron cerca del consenso el año pasado es la referida a poner fin al déficit de la Seguridad Social en el ejercicio 2025.

Otras propuestas pasan por elevar la dotación mínima del Fondo de Reserva del 5% al 7% del gasto anual en pensiones contributivas y supeditarlo a una regla de disponibilidad.

A su vez, otra opción es que el Estado pudiese compensar la falta de cotización de colectivos como el de las mujeres que de forma involuntaria hayan dejado de trabajar temporalmente para cuidar a hijos o personas dependientes a través de los Presupuestos.

 Los dos puntos clave en el recorte del derecho a la jubilación, según se deduce de las palabras del propio ministro de Seguridad Social, son el lo que el llamó «aproximar la edad efectiva de jubilación (actualmente por debajo de los 63 años) a la edad legal (67 años) incentivando la demora en la jubilación a través de la reordenación de los incentivos existentes» o lo que es lo mismo, penalizar y dificultar más todavía la jubilación anticipada y favorecer con algunas medidas la continuidad del pensionista activo más allá de los 67 años. Según Escrivá, trabajando sobre estos incentivos positivos para abordar el problema de medio plazo del sistema se pueden conseguir resultados tangibles para que se visualice como «algo reconducible y manejable».

El otro punto fundamental es el relativo a imponer una rebaja generalizada de las pensiones futuras mediante la ampliación del período de cálculo de las pensiones de los 25 años establecidos en la última reforma a los 35 o incluso a toda la vida laboral. 

Junto a ello, otra recomendación de gran trascendencia que subyace en los planteamientos del Pacto de Toledo como su principal razón de ser, será sin duda seguir potenciando las pensiones privadas mediante los planes de pensiones colectivos (ahí encontrarán el apoyo de CCOO y UGT, acostumbrados a obtener importantes ingresos para mantener su abultado aparato burocrático participando de la gestión de esos fondos en grandes empresas y sectores) y los planes individuales.

Eso sí, el ministro, consciente de que el tema de las pensiones es muy sensible socialmente, tanto por el número de personas/votantes a quien afecta como por la capacidad demostrada de movilización del colectivo de pensionistas a través de las plataformas agrupadas en la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), ha insistido en varias ocasiones en que las pensiones están «absolutamente aseguradas».

Kaosenlared