HUELGA FEMINISTA

sábado, 16 de junio de 2018


Revalorización de las pensiones ¿en qué quedamos?



LA REFORMA DE 2013 EN SU TOTALIDAD DEBE SER DEROGADA PARA PODER RECUPERAR LA REVALORIZACIÓN ANUAL DE LAS PENSIONES EN BASE AL IPC

Siendo el Sistema Público de Pensiones una responsabilidad del Estado, constitucionalmente establecida... es obligación del mismo cubrir sus déficits o necesidades de financiación en los Presupuestos Generales del Estado.



Las masivas movilizaciones de pensionistas han conseguido que del No hay dinero pasemos en poco tiempo al Sí hay dinero. Ya no es populismo, ni demagogia barata reclamar lo que iba a suponer una debacle para las cuentas públicas, propio de irresponsables, de ignorantes, o de gente egoísta e insolidaria. Es cierto que de por medio se han cruzado intereses espúreos, bien sea electoralistas (queramos o no estamos ya en campaña de las Autonómicas y Municipales del año próximo) o puramente partidistas: para el PP, mantenerse en el gobierno hasta el final de la legislatura y tratar de frenar su caída libre; para PNV, no tener que seguir lidiando con las manifestaciones más masivas y pertinaces de todo el Estado, en buena parte votantes propios; para Cs, aprovechar el río revuelto de un caladero de votos inexplorado hasta ahora por ellos. Nada que ver con la preocupación por el (mínimo) mantenimiento del poder de compra de las pensiones y de la calidad de vida de las personas, demandado a voz en grito por el colectivo de pensionistas.

En todo caso, lo importante ahora es analizar “la última oferta” que tenemos sobre la mesa en materia de pensiones, a expensas de que los Presupuestos Generales del Estado -actualmente en trámite de enmiendas- se aprueben y queden tal como han publicitado.

De momento, según parece, el pacto PP-PNV afectará a los dos elementos clave de la reforma de 2013 como Factor de Sostenibilidad del Sistema: de un lado, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y de otro el Factor de Solidaridad Intergeneracional (FSI), por el que a los futuros pensionistas se les aplicará, en su pensión inicial, un coeficiente reductor (llamémosle por su nombre) en función del aumento de la esperanza de vida.

• En el caso del primero (IRP), en vez del 0,25% a que nos vienen condenando desde 2014, se aplicaría el 1,6% (lo que se prevé crecerá el IPC) en 2018 y 2019, de manera “puntual”, como aclara enfáticamente el nuevo Ministro de Economía. También, si la propuesta no es modificada, las Pensiones Mínimas tendrían un incremento mayor, hablándose de un 3%, con igual límite temporal. Por supuesto, ni palabra sobre la recuperación del poder adquisitivo perdido en años anteriores.
• En el caso del segundo (FSI), cuya entrada en vigor estaba prevista en enero de 2019, su aplicación simplemente se retrasaría a 2023.


En el “paquete” se incluye, asimismo, un “avance” de lo aprobado en 2011 para las Pensiones de Viudedad (y congelado por el PP desde 2012), que pasarán del 52% de la base reguladora de la pareja fallecida al 53% en 2018, para alcanzar el 60% en 2019 (si no vuelven a congelarlo). Ahora bien, esta “mejora”, según la propuesta del Gobierno, no alcanzará ni mucho menos a todas las pensiones de viudedad, y en particular no afectará a la mayoría de pensiones mínimas, más de 700.000 de las cuales tienen complemento a mínimos, que absorberán la teórica subida. Pero, además, para su aplicación a las de mayor cuantía, sus perceptoras (el 93% son mujeres) deben reunir una serie de requisitos (sobre los que por cuestión de espacio no me puedo extender) que, de no cumplirse, excluirá a buen número de ellas. Con la peculiaridad de que esta especie de complemento dejará de percibirse en caso de que en algún momento se deje de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

Volviendo a la propuesta del pacto PP-PNV, lo que tenemos, en lo que se refiere a la revalorización de las pensiones, es el mero mantenimiento de su poder adquisitivo este año y el próximo, compensando sin más la subida de los precios. Pero, al mantenerse intocada la Ley 23/2013, quiere decir que en 2020 y años sucesivos (una vez pasados los procesos electorales, donde unos y otros se juegan muchos votos) la aplicación del 0,25% estará plenamente vigente; e igual ocurre con el FSI a partir de 2023.

Con todo, lo más grave es que no hay una sola medida que apunte al serio problema de ingresos de la Seguridad Social, con vistas a garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, para los actuales y futuros pensionistas, de manera que la incertidumbre y las campañas orquestadas sobre su “insostenibilidad”, seguirán gravitando sobre el mismo. Nada de revertir unas reformas laborales que han provocado una precariedad en el empleo y una caída sin precedentes de los salarios (por lo tanto, de las cotizaciones); nada de una reforma fiscal para siquiera acercarnos a los estándares de países de nuestro entorno y similar desarrollo económico (nuestra presión fiscal está 7 puntos porcentuales por debajo de la media en la UE), de manera que las grandes multinacionales, la banca o las grandes fortunas no sigan teniendo unas cargas impositivas ridículas en comparación con lo que pagamos a Hacienda las trabajadoras y los trabajadores o las PYMES; nada de descargar a la Seguridad Social de gastos que le son impropios: desde los de personal y administración, que en el resto de Administraciones públicas corren por cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, hasta las “tarifas planas” y otras rebajas en las cotizaciones que se hacen a las empresas, presuntamente para crear empleo; nada de destopar las bases de cotización de los salarios altos-muy altos...

Por último, siendo el Sistema Público de Pensiones una responsabilidad del Estado, constitucionalmente establecida (aunque no estaría de más “blindarlo” en la Constitución como derecho fundamental), es obligación del mismo cubrir sus déficits o necesidades de financiación en los Presupuestos Generales del Estado (PGEs), mediante transferencias a la Seguridad Social, y en ningún caso como “préstamos” que hipotequen su futuro, como se está haciendo en la actualidad.

En conclusión -y atendiendo sólo a lo más perentorio- la reforma de 2013 en su totalidad debe ser derogada, recuperándose la revalorización anual de las pensiones en base (como mínimo) al IPC y descartándose la penalización que supone para jubiladas y jubilados a futuro la aplicación del llamado Factor de Solidaridad Intergeneracional.

Esto no quiere decir que la lucha acabe aquí, sino que es un objetivo irrenunciable y alcanzable en este momento, si la movilización se fortalece y continúa. Porque, si con las medidas propuestas -de corto plazo de caducidad y para que todo siga igual- consiguieran su evidente propósito de dividir y desgastar las movilizaciones que hasta ahora se han venido desarrollando por colectivos de pensionistas y por los Sindicatos, podría decirse aquello de que hemos conseguido pan para hoy y hambre para mañana.

Ahora bien, la batalla por la sostenibilidad efectiva del Sistema Público de Pensiones y por la recuperación de los derechos perdidos en anteriores reformas es de largo recorrido y compleja, por sus ramificaciones en materia laboral, fiscal, etc. En otras palabras, implica un cambio del modelo de sociedad y disputar el poder a la derecha. Para ello, la movilización y nuestro voto son instrumentos fundamentales, pero también será imprescindible la unidad y el fortalecimiento organizativo de la clase trabajadora, hoy muy fragmentada.

Para terminar, quiero hacer mención a la espectacular presencia de mujeres en las movilizaciones por las pensiones y a su activismo creciente, desde antes de la histórica manifestación del 8 de Marzo. Es un dato esperanzador a destacar, prueba de la toma de conciencia de que han sido y son las grandes perjudicadas de lo que llamamos alianza capitalismo/patriarcado, que primero las ha explotado en el mercado laboral, asignándoles un papel subalterno y con empleos peor pagados, quedando luego a mucha distancia de los hombres, en cobertura y calidad de las prestaciones, en los Sistemas de Protección Social y especialmente en el de Pensiones.

SUSANA LÓPEZPensionista Comisiones Obreras Madrid

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