ONU pide a España una respuesta inmediata
en Memoria Histórica ante el “trato inhumano” a víctimas del franquismo
El presidente del
Comité de Derechos Humanos pide que el Estado no se ampare en la amnistía
El
presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Fabián Omar Salvioli,
ha pedido a España que dé “una respuesta inmediata” en materia de Memoria
Histórica al considerar que se somete a las víctimas del franquismo a “un trato
inhumano y degradante continuo” y no se ampare en la Ley de Amnistía. Además,
ha asegurado que hay “una enorme falta de recursos” en la aplicación de la Ley
Integral contra la Violencia de Género, aunque la norma “no está mal”.
Salvioli
ha impartido en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos
humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y
políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada
por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia.
El
presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU ha recordado que España
fue examinada en julio de este año. Según ha explicado, el Estado argumentó
que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de
los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso
porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no
propone la Ley?”, ha preguntado.
Fabián
Omar Salvioli ha destacado que el comité señaló a España “cuestiones relativas
a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que
no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de
memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones
de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, ha añadido.
Además,
ha destacado “la necesidad de dar respuesta inmediata a esta problemática” y ha
asegurado que el Estado no puede insistir con la aplicación de la Ley de
Ammistía porque es inconvencional”. “Esto es, no pasa un análisis de
convencional porque es incompatible con el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos”, ha aseverado.
Tras
recordar que los familiares de las víctimas del franquismo “son ya personas muy
ancianas”, ha destacado que ése “es otro problema”. “A mi juicio, es un trato
inhumano y degradante continuo para esas personas no dar respuesta”, ha
manifestado.
VIOLENCIA
DOMÉSTICA
Salvioli
ha subrayado que la Ley Integral contra la Violencia de Género de España “no
está mal, pero hay una enorme falta de recursos para su aplicación”.
A
su juicio, “genera un gran problema y las estadísticas muestran que hay
numerosos casos de violencia doméstica a los que no se les da necesariamente el
abordaje que debe dársele”. En este sentido, ha subrayado que “se ha hecho
algún progreso, pero aún subsiste mucha preocupación en ese sentido”.
“TORTURAS
Y MALOS TRATOS”
El
presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU también ha destacado
que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las
denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa
adecuada para hacer frente a estos hechos”.
También
considera que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo
poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación
fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de
hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no
repetición que tiene el Estado”, ha puntualizado.
TODOS
LOS PODERES
Además,
ha recordado que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del
poder ejecutivo”. “Es de absolutamente todos los órganos del Estado. El poder
legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al
Estado y el Poder Judicial igualmente”, ha apuntado.
Fabián
Omar Salvioli ha dicho que “basta de si el derecho internacional prelavece
sobre el derecho interno o no”. “Cuando un Estado incumple una obligación
internacional, hay un órgano internacional que condena al Estado”, ha
subrayado.
En
esta línea, ha calificado de “pavadas” los argumentos de aquellos que, desde el
Derecho, afirman que, “en realidad no hay que aplicar el derecho internacional
y no hay que hacer control de convencionalidad porque no les toca a jueces de
planos inferiores, sino sólo al Tribunal Supremo”. “Lo único que están haciendo
es condenar al Estado a que sea condenado internacionalmente”, ha advertido.
Por
ello, ha afirmado que un juez de Primera Instancia, a nivel nacional o local,
“tiene la obligación de no generarle responsabilidad internacional al Estado”.
“Es lo que hay que hacer porque, cuando un caso llega al plano internacional,
es porque el Poder Judicial no hizo lo que tenía que hacer. Porque, para que
llegue un caso al plano internacional, hay que agotar los recursos internos”,
ha apuntado.
En
su opinión, “ésta es una fuerte deficiencia de las facultades de Derecho” y
genera que lleguen a la Judicatura “personas que terminan sirviendo en bandeja
la condena al Estado en el plano internacional”. “El Derecho Internacional de
los Derechos Humanos llegó para quedarse y para profundizar en él”, ha
aseverado.
CASOS
INDIVIDUALES
Fabián
Omar Salvioli ha destacado que han tenido numerosos casos sobre la falta de
doble instancia en materia penal, aunque ahora el Estado español ha abordado
una normativa que “parece que viene a intentar subsanar esta problemática”.
Además,
ha comentado tres asuntos concretos, como el caso de una mujer, de nacionalidad
norteamericana y descendencia africana, que estaba en una estación de tren y
dos policías le pidieron solo a ella que se identificara. Los agentes alegaron
que tenían orden de pedirle la identificación “a gente como ella”.
Cuando
acudió al Comité, el Estado dijo que el policía no tenía ninguna “orden efectiva”
para actuar así. “Pero, cuando dice eso, el Estado no se exime de
responsabilidad porque, cuando el Policía dice eso, compromete la
responsabilidad del Estado”, ha indicado.
Según
ha asegurado, “no hay que evitar que los estados puedan realizar controles por
razones de seguridad”, pero, “de ninguna manera, deben generar estereotipos ni
deben ser discriminatorio”. En esta línea, ha advertido de la “estigmatización
que se produce sobre una población o un colectivo”.
El
segundo caso que ha relatado el caso de María Atxabal Puertas, “sospechosa de
vínculos con ETA que fue sometida a torturas psicológicas, que estaban
probadas, incluso, por un órgano del Estado”. El asunto había sido presentado
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo había desestimado, y el
Comité decidió examinarlo y declaró la responsabilidad de España. “Fue un caso
de torturas psicológicas claro”, ha insistido.
Las
medidas reparadoras que se impusieron a España, según ha explicado, fueron
incumplidas “en base a una recomendación de la Defensoría del Pueblo”, algo que
ha calificado de “surrealista”. “Es inconcebible que una Defensoría el Pueblo
recomienda no cumplir con una decisión de órganos de Derechos Humanos”, ha
asegurado.
También
ha narrado el caso de Alí Arras, ciudadano marroquí sobre el que había
sospechas de hechos de terrorismo en Marruecos, que fue reclamado para ser
extraditado a su país, y pese a que el comité ordenó a España que no le
entregara ante el riesgo de torturas, el Estado español le extraditó. “La
persona fue torturada salvajemente, quedó ciega en la tortura”, ha indicado.
Por ello, condenó a España por incumplir la orden.
Salvioli
ha destacado, además, que el derecho penal “no puede ser una venganza”, y ha
rechazado que haya justificación alguna para ejercer torturas.
También
ha señalado que “las sociedades en las que hay más seguridad no son en las que
hay más perros, más rejas, más alarmas y más controles”, sino que “aquéllas en
las que la sociedad tiene garantizados sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario