La ley Mordaza es aprobada
en el Congreso con la mayoría absoluta del PP y la oposición del resto de las
fuerzas
Izquierda Unida se
compromete a derogar la ley en cuanto sea posible, lo mismo que el resto de la
oposición.
El PP
sacó adelante en el Congreso de los Diputados con sólo su mayoría absoluta
la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (“Ley Mordaza”)
que constituye un aparato legal cuya finalidad es criminalizar la protesta
social y democrática. La Ley tiene numerosos aspectos que podrían considerarse anticonstitucionales, comenzando por el
concepto de “manifestación autorizada”, que no existe constitucionalmente.
Numerosos expertos consideran que la Ley es un ataque a los derechos de
manifestación y huelga y establece un salvoconducto para el desconocimiento
público de posibles actuaciones ilegales de las fuerzas de seguridad, al
sancionar cualquier grabación sobre las mismas, vulnerado así el derecho a la
información.
En su
intervención en el Congreso, Ricardo Sixto, portavoz de la Izquierda Plural, ha
señalado que estamos ante una nueva “jornada infausta para la democracia
española” calificando el proyecto de ley de seguridad ciudadana como “una barbaridad legal” y “un despropósito”.
“Esta ley limita el derecho de manifestación, de reunión y el funcionamiento
libre de los piquetes sindicales”.
El Grupo
de la Izquierda Plural se amordazó en la interveción de su representante en la
tribuna, permaneciendo así y con las manos en la espalda, hasta que el
presidente de la Cámara les llamó al orden por segunda vez, con amenaza de
expulsión del debate. Por otro
lado, el más importante giro conceptual desde el punto de vista jurídico es que
muchas acciones pasarán de ser juzgadas por un tribunal donde se presupone
la inocencia del acusado y hay que demostrar su culpabilidad a una falta
sancionada con multa por la autoridad administrativa, ante la que la declaración
de cualquier funcionario es reputada como veraz y, por tanto, en el mejor de
los casos toca al sancionado demostrar su inocencia. Las multas se elevan hasta
límites inasumibles para quién no sea millonario (30.000 euros, por ejemplo,
por intentar impedir un desahucio). Los recursos contra estas sanciones deberán
verse ante las salas de lo contencioso-administrativo que tardan años en emitir
sus autos y ante las que hay que pagar importantes tasas.
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