PCE de Cuenca

Es viable una empresa pública de energía en Extremadura

UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA HISTÓRICA

Hablar de la energía en Extremadura es describir el papel de colonia de interior que el Estado le tiene otorgado a la región. Basta con mirar los últimos datos publicados en el balance eléctrico que publica anualmente la Junta de Extremadura para ver la magnitud de lo que hablamos. La producción eléctrica en la región supera ampliamente a la demanda lo cual arroja un saldo exportador del 76,33 % de lo que se produce. En la comparativa con el conjunto del Estado, sobresale el hecho de que en la región se genera el 8,07 % de la energía eléctrica total nacional, ocupando el sexto lugar en el ranking estatal.

Podría parecer que estos datos benefician a los extremeños y las extremeñas pero la realidad es bien distinta. El oligopolio eléctrico usa la región para producir pero eso no genera ningún beneficio ni para la hacienda extremeña ni para las poblaciones afectadas. La cuestión se vuelve más sangrante si se mira desde un punto de vista social. La región tiene una de las tasas más altas de pobreza de todo el país y observa como 3/4 de la energía que produce se exporta mientras las personas más humildes enferman o mueren a causa de la pobreza energética.

La producción de energía eléctrica en Extremadura procede de la nuclear (Almaraz I y II) y renovable (hidráulica, solar y biomasa), a lo que se añade una pequeña aportación de la tecnología térmica no renovable (cogeneración), turbinación de bombeo (turbinación de bombeo puro más estimación de turbinación de bombeo mixto) y eólica. Entre la energía renovable destaca la hidráulica que representa el 35% del total de la energía que se produce. Esta energía se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua y cuenta con 27 instalaciones en la región.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Los aprovechamientos hidroeléctricos, es decir, la concesión de un determinado caudal de agua y de utilización del tramo de río afectado mediante el conjunto de obras e instalaciones que permiten la generación de energía utilizando la fuerza del agua en una o varias centrales, son otorgados mediante concesiones del Estado, directamente o a través de las confederaciones hidrográficas.

En Extremadura la mayoría de estas concesiones se otorgaron entre los años cincuenta y setenta, en plena dictadura franquista, aunque hay algunos casos posteriores. Las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos responden, por lo general, al modelo de que, a cambio de las inversiones privadas necesarias para la construcción de los saltos, la Administración otorgaba a los promotores una concesión de aguas con una duración de 75 años, sujeta a la condición de que al finalizar el plazo las instalaciones revertían al Estado.

A principios de 2010 el Ministerio de Medio Ambiente empezó a estudiar los cánones de las presas sobre las que las eléctricas operaban en forma de concesión, pues en muchos casos iban a caducar. El común denominador que se encontraron es que estas concesiones eran un negocio redondo del oligopolio eléctrico. No pagan por el uso del agua y la cuantía del canon que abonaban era irrisorio en comparación con el volumen de ingresos. La explicación era sencilla: la mayoría de estas concesiones fueron otorgadas por el régimen franquista como un favor a las eléctricas, cuyos propietarios estuvieron involucrados en la financiación del golpe militar fascista.

Empiezan a caducar las concesiones y en 2013 Aragón marca el camino. Al finalizar la concesión de la planta de Pueyo de Jaca en los Pirineos, la Confederación Hidrográfica del Ebro decidió la gestión pública. Tan solo cinco años después la institución declaraba que la gestión directa le reportaba un beneficio de 6 millones de euros. Se abría una posibilidad muy interesante, pues entre 2014 y el año pasado vencieron las concesiones de 26 centrales, a las que seguirán otras 19 antes de que acabe 2024. Al Estado esto no le coge por sorpresa, los datos están encima de la mesa desde que Jesús Iglesias, senador de Izquierda Unida, preguntó por ellos y los hizo públicos hace casi una década. ( https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=10&id=124808 )

EL CASO DE EXTREMADURA

En la region, la mayoría de la producción energética de las centrales hidroeléctricas está en manos de Endesa, con sede en Madrid, e Iberdrola, que declara los beneficios en Bilbao. La primera, heredera de la Compañía Sevillana de Electricidad, tiene una presencia mayoritaria en la provincia de Badajoz, con la Agrupación Guadania de Endesa formada por siete centrales: Cíjara Margen Derecha (50,4 Mw), Cíjara Margen Izquierda (51,7 Mw), Orellana Canal (3,65 Mw), Orellana Presa (18,53 Mw) y Puerto Peña (55,5 Mw) en el río Guadiana. Y La Serena (25,10 Mw) y Zújar (28,3 Mw) en el río Zújar. Entre las siete centrales totalizan doce grupos con 266,23 MW de potencia instalada.

En la provincia de Cáceres la mayoría del negocio está en manos de Iberdrola, que cuenta con siete centrales hidroeléctricas que suman una potencia instalada de 1.971 megavatios (MW) de energía renovable. Estas centrales están situadas en la influencia del río Tajo y son: Valdecañas (Belvis de Monroy), de 225 MW; José María de Oriol (Alcántara), de 933 MW; Cedillo (Cedillo), de 440 MW; Valdeobispo (Valdeobispo), de 40 MW; Guijo de Granadilla (Guijo de Granadilla), de 52 MW; Gabriel y Galán (Guijo de Granadilla), de 110 MW; y Torrejón (Torrejón el Rubio), de 139 MW.

Todas las centrales han sido amortizadas a lo largo de décadas y son de las más rentables para las empresas eléctricas, puesto que el singular sistema de retribución establece el mismo precio para la electricidad producida por las centrales más caras (ciclo combinado) que las más baratas (hidroeléctricas). Con lo cual las empresas lo han utilizado para obtener enormes beneficios extraordinarios y alterar el precio de la electricidad, como han demostrado las reiteradas sanciones de la CNMC. Este es uno de los motivos por los que España es uno de los países de Europa con el precio más alto de la electricidad y explica el enorme interés de los inversores internacionales por las empresas eléctricas españolas.

EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA

Con estos mimbres y partiendo de la más que dudosa legitimidad para que los beneficios que se producen con los recursos hídricos sigan acabando en manos privadas, Unidas por Extremadura (la confluencia regional en la que participa IU) presentó una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura que proponía la explotación directa de la presa de Villar del Rey a través de una empresa pública extremeña o con el instrumento que se considerara más adecuado en donde se garantizara la titularidad pública.

La propuesta se lanzó al calor de la finalización del plazo de explotación de la presa Peña del Águila en el municipio pacense de Villar del Rey. Esta ha sido la primera de las instalaciones hidroeléctricas de la región a la que le ha caducado la concesión y que continuará con otras en los próximos años. Reclamar la gestión pública de estas instalaciones es una cuestión de justicia histórica para Extremadura que, a pesar de sus enormes recursos hidroeléctricos, nunca ha disfrutado de los grandes beneficios generados a lo largo de muchas décadas.

Con una empresa pública que asumiera la explotación de las licencias que vayan finalizando se permitiría a los extremeños y las extremeñas participar en el reparto de beneficios de la producción y distribución energética, además esta opción incentivaría la transición energética en la comunidad autónoma con un plan de generación distribuida y de autoconsumo que haría accesible a la ciudadanía de la región la participación en el nuevo modelo energético. Esta empresa pública es viable y además tendría como consecuencia directa el abaratamiento de la factura de la luz, por lo que más que una opción, es una necesidad.

 

RAFA GONZÁLEZ