sábado, 24 de marzo de 2018


El PCE pide el cese de la Directora Provincial de Sanidad y del Secretario Provincial de Sanidad, como responsables de la sanción a los dos veterinarios de Incarlopsa.

“No se trata tanto de hablar mal de Incarlopsa sino del gobierno de Page, dispuesto a eliminar a los funcionarios que le son molestos a la empresa”.



 El Partido Comunista de España (PCE) ha pedido hoy la dimisión de la Directora Provincial de Sanidad, Mari Luz Fernández y del Secretario Provincial de Sanidad, Javier Bernal, como responsables de la sanción impuesta a los dos veterinarios que fueron apartados de sus puestos de trabajo tras levantar actas denunciando el imperfecto e incorrecto aturdimiento de los animales en Incarlopsa antes de ser sacrificados.
Según la sentencia que da la razón a los veterinarios, publicada en los últimos días en todos los medios de comunicación, un informe de Javier Bernal como Secretario Provincial de Sanidad fue el que dio pie a incoar un expediente sancionador a estos dos trabajadores. Según cita literal de la sentencia, “el informante dice que es necesario un procedimiento para el esclarecimiento de los hechos, cosa de la que no discrepamos, pero sí de que el procedente sea uno de tipo disciplinario”.
Así mismo, Bernal habría informado de que “hay que averiguar si existe animadversión a la sociedad” por parte de los veterinarios. “Y ello sólo porque así lo afirmó dicha sociedad sin la mínima base o explicación sobre la razón u origen de tal supuesta actitud, animadversión que fue negada expresamente por el representante de la sociedad en su declaración” termina indicando el Juez en la sentencia. “Si la lectura de este informe provoca perplejidad ante la decisión de apertura de un expediente disciplinario, qué decir tras la lectura del informe que emite la Jefa del Servicio de Salud Pública”, continúa la sentencia, que detalla cómo esta funcionaria informa de que las actuaciones de los veterinarios “no son constitutivas de infracciones”, sino que hay una discrepancia de criterio y de rigor entre varios veterinarios “pero que esto no es motivo para abrir un expediente disciplinario”. Criterio que parece más “sensato y evidente” al juez, y también al Partido Comunista.
Para el PCE esto demuestra el trato de favor que la Junta de Comunidades y el PSOE han dado a la empresa INCARLOPSA, cediendo a la mínima ante sus presiones y dispuestos a saltarse la ley incluso con tal de favorecerla. O en palabras de la sentencia, la Junta muestra “complacencia y claudicación” ante INCARLOPSA, que “resulta de muy difícil explicación”.
La explicación se encuentra rápido: “la clave parece estar en cómo financia INCARLOPSA la actividad de Page y su propaganda a través de las donaciones que realiza habitualmente a la Fundación Impulsa. Dos noticias siempre se comprenden mejor juntas que por separado”. Por ello los cargos de libre designación del gobierno han optado por ceder a las presiones del conocido como “carnicero de Mercadona” en vez de hacer caso a los informes de los propios funcionarios de la Delegación, de los veterinarios y del personal técnico.
Ante las afirmaciones recientes del presidente de la Junta, Emiliano García Page, pidiendo que no se hable mal de INCARLOPSA, desde el PCE respondemos: “no se trata tanto de hablar mal de la empresa sino del gobierno de Page, que actúa de esta manera ante un empresario, eliminando a los funcionarios que le son molestos. Una actitud caciquil, que va aparejada también al tema de las macrogranjas porcinas y el cambio de política ganadera del gobierno regional”. Y respaldan también la petición de dimisiones que ha hecho el sindicato CCOO.

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