PCE de Cuenca

 MILES DE PUEBLOS Y BARRIOS SE VAN QUEDANDO SIN ACCESO A SERVICIOS ESENCIALES

 El cierre de sucursales bancarias destruye empleo, recorta servicios y sube las comisiones

Una reciente resolución aprobada en el Comité Regional de Madrid del PCE, y que está sirviendo de base para articular un trabajo de análisis en el seno del Área Externa Central, arranca con el siguiente título: LA BANCA SIEMPRE GANA… Podría servir como cabecera de este artículo, pero aquí la cuestión se centra en la denuncia de un efecto que, siendo muy directo, parece pasar desapercibido: Son los miles de pueblos, barrios y ciudades medias que están condenados a que quienes viven en ellos no puedan acceder a servicios bancarios y financieros esenciales.

La fusión de las entidades bancarias que se produce en nuestro país, marcadas por un contexto internacional próximo muy similar, tiende a hacer desaparecer entidades, pero también sucursales y oficinas. Es obvio que para las entidades bancarias no resulta lucrativo mantener una amplia red de sucursales y oficinas con las que captar clientes, y no ya por la proliferación del negocio vía internet y de las llamadas oficinas virtuales, sino porque parten de no necesitar captar fondos de particulares cuando obtienen créditos a tipo cero de organismos como el BCE con los que seguir especulando.

Sin embargo, la licencia que otorga el Estado para operar a las entidades de crédito, las obliga a prestar sus servicios en determinadas condiciones, sobre todo si se dedican a la banca comercial y no a la de inversión. La comercial es la que permite que la ciudadanía pueda tener a su alcance una cuenta corriente básica, imprescindible para poder pagar las facturas del consumo cotidiano, cobrar sueldos, salarios o pensiones, y, en definitiva para poder desenvolverse en las condiciones actuales.

  

Para la inmensa mayoría de la población, tener lo más cerca posible un cajero automático o una oficina abierta al público es una necesidad tan perentoria como poder acceder a un establecimiento de farmacia, a una tienda de comestibles o a una oficina de correos… Si la banca privada es incapaz de garantizar la prestación del servicio, habrá que hacerlo desde la banca pública, por supuesto… Pero lo más cierto, es que la crisis financiera del 2008 se saldó con fuertes inversiones de dinero público que deben ser devueltas. Y parte de esa devolución se debe traducir en la prestación del servicio esencial de banca comercial.

Detrás de las fusiones de las entidades, viene el cierre de sucursales y el despido de miles de trabajadores y trabajadoras. Pero también decenas de miles de personas que se quedan sin poder acceder a un servicio básico. Eso no se puede consentir y esa actuación debe ser perseguida e impedida esgrimiendo las armas legales de defensa de quienes son usuarios forzosos del servicio.

Y esto es más grave si se tiene en cuenta que en 2020, en plena pandemia las entidades bancarias y financieras cerraron el ejercicio con balances positivos, no así los miles de miembros de sus plantillas despedidos.

Además de la negación a la prestación de un servicio que debe tener carácter universal, la concentración en un más que reducido oligopolio va a estimular las prácticas abusivas a las que nos vienen acostumbrando. A la ya consumada fusión de la Caixa y Bankia, seguida de la anunciada fusión de Unicaja y Liberbank, se pronostica un futuro mercado financiero español controlado al 80% por tres o cuatro megacorporaciones.

Ahora te haces tú las gestiones y encima te cobro

Nos recuerda la resolución, a la que antes aludía, que desde 2008 la banca ha perdido casi 100.000 empleos, el 35% según los datos del Banco de España. En la actualidad la plantilla de la banca es la misma que había en los años 70. Lo que se traduce en beneficios que la banca obtiene con la destrucción de empleo. Para el sector financiero, la destrucción de empleo es un negocio muy rentable a corto plazo, al amortizar en unos pocos años el coste de los despidos y a partir de ese momento obtener más beneficios con el cierre de sucursales, subiendo las comisiones de los servicios, que ya no dan a sus clientes. Estos servicios los han subcontratado y desplazado porque es la propia clientela la que ahora se ve obligada a realizar diferentes tareas de manera gratuita.

Los grandes perjudicados por la destrucción de empleo en el sector financiero es la clase trabajadora activa o no activa que tiene domiciliada sus nóminas, sus pensiones, sus becas o sus ahorros. Estas son las personas que están sufriendo un aumento de las comisiones por parte de los bancos al mismo tiempo que se les recorta la prestación de servicios que antes se realizaban por la plantilla de estas entidades. Lo que da el siguiente resultado: se ofrecen infinitamente menos servicios que antes, pero en sentido inverso se pagan más comisiones.

Esta situación no puede ser abordada exclusivamente desde una vertiente sindical, en el sentido de proteger el empleo o las condiciones de salida del mismo, sino que debe ser abordada desde el Ministerio de Consumo exigiendo decididamente terminar con unas prácticas filibusteras que sistemáticamente vienen siendo denostadas por los tribunales europeos, incluso por algunos españoles aunque parezca raro...

Se debe garantizar la cobertura del conjunto del territorio para prestar un servicio eficaz y de proximidad a toda la ciudadanía; se debe impedir el cobro de comisiones abusivas; y se debe obligar a que se preste el servicio con orientación pública y de calidad. Y este es un reto que tiene que abordarse de manera inmediata.

 CARLOS VÁZQUEZ GALÁN. Secretario de Área Externa del CC del PCE