Nacionalización de las eléctricas pero dentro de un
contexto de ruptura con el actual sistema
“Hoy, el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de
administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”.
K. Marx y F. Engels
(Manifiesto Comunista 1848)
K. Marx y F. Engels
(Manifiesto Comunista 1848)
El 18 de enero pasado, en plena ola de frío, el precio
de la electricidad en la subasta eléctrica alcanzaba un nuevo máximo histórico.
Los medios de comunicación se hacían eco de la noticia e incluso algunos
criticaban con rotundidad el sistema de subasta eléctrica y los astronómicos
beneficios que ésta supone para el Oligopolio Eléctrico. De nuevo se hablaba de
lo que se ha venido en llamar “puertas giratorias”, que no es más que el pago a
los políticos títeres por los servicios prestados a la oligarquía financiera, o
dicho de otro modo, la forma en la que el poder económico ejerce el control
sobre el poder político.
Algunas voces, como el PCE, se escucharon pidiendo la nacionalización del Sector Eléctrico algo que no es noticia pues siempre estuvo en nuestro programa político.
Desde la aprobación de la Ley 54/1997 los precios de la electricidad han tenido un ascenso imparable, a pesar de que bajo la teoría neoliberal nos decían que enfrentábamos un proceso de competencia que conducía inevitablemente a una reducción de los precios. Esta situación se ha visto agravada especialmente desde el año 2008 pues a la subida de precios, 80% en 10 años y 28% desde enero de 2016, se le ha sumado un contexto socioeconómico marcado por la reducción de salarios y el aumento del desempleo. En el caso contrario se encuentran los beneficios anuales del Oligopolio, que han aumentado aproximadamente un 90% en la última década. Resulta evidente que en un sector eléctrico nacionalizado que tuviera la satisfacción de las necesidades de la población como prioridad, no podría darse una elevación tan astronómica de precios, ni de familias sin suministro eléctrico por impago pues existe suficiente margen económico para garantizar la electricidad como un servicio universal. Sólo basta apuntar un dato, el importe del beneficio anual de las eléctricas es equivalente a la factura que pagan más de 9 millones de hogares en España, 23 millones de personas.
Veinte años después de la aprobación de la citada ley, encontramos un sector aún más concentrado, repartos de dividendos astronómicos entre los propietarios del Oligopolio, una inversión tecnológica absolutamente ineficiente y unas condiciones de trabajo más precarias en el sector. La necesidad de abordar un nuevo modelo energético pasa por modificar los pesos relativos de las distintas tecnologías empleadas así como de la importación y producción de combustibles fósiles. Como muestra de que las grandes multinacionales privadas actúan en el sector con criterios cortoplacistas está la desmesurada inversión en ciclos combinados ociosos en más de un 80% de su capacidad de producción. Es por ello que la voluntad de cambiar de modelo energético tanto en generación como en consumo pasa por anteponer los intereses generales de la población a los de la oligarquía financiera y esto pasa por el control democrático del sector y por la propiedad estatal.
No es suficiente, sin embargo, con nacionalizar el sector eléctrico para garantizar la electricidad como un servicio universal o un desarrollo sostenible y soberano de nuestro modelo. Ejemplos de cómo gestionar desde el Estado en favor de las multinacionales existen, y en este sector no han faltado. El propio Ministro de Industria del Gobierno de Felipe González, Juan Manuel Eguiagaray, reconoció que con la moratoria nuclear el Estado rescató a las eléctricas de una inversión sin rentabilidad alguna y además pagó 6.600 millones de euros más de lo que el sector había invertido. El sistema de subasta eléctrica donde los productores cobran por el precio del último pujante sea cual sea su coste de producción, la estafa del déficit tarifario, los costes de transición a la competencia cuya arbitrariedad motivaron la dimisión del presidente de la Comisión Nacional del Sector Eléctrico o la escalada actual de precios, no sería posible sin la participación del poder político que ha gobernado en favor de los intereses de la oligarquía desde el 78.
Por ello no se trata exclusivamente de mostrar que una nacionalización del sector favorecerá los intereses de la mayoría trabajadora, también es necesario plantear la necesidad de un contexto político y económico distinto. No sólo por la inexistencia de la voluntad de nacionalizar por parte de PP y PSOE, sino porque una vez nacionalizado el sector sería necesaria una gestión del sector que antepusiera los intereses generales a cualquier otro interés y eso en el sistema político que emanó del 78 es inimaginable.
Como inimaginable es un proceso de nacionalización del sector que no vaya acompañado de un sistema público de financiación que permita soberanía frente a la oligarquía financiera.
En definitiva, la nacionalización del sector eléctrico es necesaria para satisfacer las necesidades de los trabajadores y sólo es viable en un contexto de ruptura con el actual sistema político y económico.
Algunas voces, como el PCE, se escucharon pidiendo la nacionalización del Sector Eléctrico algo que no es noticia pues siempre estuvo en nuestro programa político.
Desde la aprobación de la Ley 54/1997 los precios de la electricidad han tenido un ascenso imparable, a pesar de que bajo la teoría neoliberal nos decían que enfrentábamos un proceso de competencia que conducía inevitablemente a una reducción de los precios. Esta situación se ha visto agravada especialmente desde el año 2008 pues a la subida de precios, 80% en 10 años y 28% desde enero de 2016, se le ha sumado un contexto socioeconómico marcado por la reducción de salarios y el aumento del desempleo. En el caso contrario se encuentran los beneficios anuales del Oligopolio, que han aumentado aproximadamente un 90% en la última década. Resulta evidente que en un sector eléctrico nacionalizado que tuviera la satisfacción de las necesidades de la población como prioridad, no podría darse una elevación tan astronómica de precios, ni de familias sin suministro eléctrico por impago pues existe suficiente margen económico para garantizar la electricidad como un servicio universal. Sólo basta apuntar un dato, el importe del beneficio anual de las eléctricas es equivalente a la factura que pagan más de 9 millones de hogares en España, 23 millones de personas.
Veinte años después de la aprobación de la citada ley, encontramos un sector aún más concentrado, repartos de dividendos astronómicos entre los propietarios del Oligopolio, una inversión tecnológica absolutamente ineficiente y unas condiciones de trabajo más precarias en el sector. La necesidad de abordar un nuevo modelo energético pasa por modificar los pesos relativos de las distintas tecnologías empleadas así como de la importación y producción de combustibles fósiles. Como muestra de que las grandes multinacionales privadas actúan en el sector con criterios cortoplacistas está la desmesurada inversión en ciclos combinados ociosos en más de un 80% de su capacidad de producción. Es por ello que la voluntad de cambiar de modelo energético tanto en generación como en consumo pasa por anteponer los intereses generales de la población a los de la oligarquía financiera y esto pasa por el control democrático del sector y por la propiedad estatal.
No es suficiente, sin embargo, con nacionalizar el sector eléctrico para garantizar la electricidad como un servicio universal o un desarrollo sostenible y soberano de nuestro modelo. Ejemplos de cómo gestionar desde el Estado en favor de las multinacionales existen, y en este sector no han faltado. El propio Ministro de Industria del Gobierno de Felipe González, Juan Manuel Eguiagaray, reconoció que con la moratoria nuclear el Estado rescató a las eléctricas de una inversión sin rentabilidad alguna y además pagó 6.600 millones de euros más de lo que el sector había invertido. El sistema de subasta eléctrica donde los productores cobran por el precio del último pujante sea cual sea su coste de producción, la estafa del déficit tarifario, los costes de transición a la competencia cuya arbitrariedad motivaron la dimisión del presidente de la Comisión Nacional del Sector Eléctrico o la escalada actual de precios, no sería posible sin la participación del poder político que ha gobernado en favor de los intereses de la oligarquía desde el 78.
Por ello no se trata exclusivamente de mostrar que una nacionalización del sector favorecerá los intereses de la mayoría trabajadora, también es necesario plantear la necesidad de un contexto político y económico distinto. No sólo por la inexistencia de la voluntad de nacionalizar por parte de PP y PSOE, sino porque una vez nacionalizado el sector sería necesaria una gestión del sector que antepusiera los intereses generales a cualquier otro interés y eso en el sistema político que emanó del 78 es inimaginable.
Como inimaginable es un proceso de nacionalización del sector que no vaya acompañado de un sistema público de financiación que permita soberanía frente a la oligarquía financiera.
En definitiva, la nacionalización del sector eléctrico es necesaria para satisfacer las necesidades de los trabajadores y sólo es viable en un contexto de ruptura con el actual sistema político y económico.
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