Sobre el análisis de los resultados del 28A y 26M y la posición ante la formación de los gobiernos municipales, autonómicos y de España

El Comité Central del PCE celebró su VIII pleno para realizar un primer análisis de los resultados electorales y definir la posición del Partido en el proceso de negociaciones abierto para la conformación de los gobiernos locales, autonómicos y para el gobierno de España, que determinará a priori el mapa político para los próximos 4 años.

Sobre los resultados electorales, el Comité Central constata que solo es posible realizar un análisis preliminar a partir del estudio de los datos del escrutinio, pero que este análisis no será completo, logrando contemplar el conjunto de causas objetivas y subjetivas que lo explican, sin un análisis más detallado de los resultados de las distintas candidaturas municipales en las que ha concurrido IU y sin un proceso de valoración en el que participe el conjunto de la organización. Para ello y para iniciar el debate sobre la necesaria reorganización de la izquierda transformadora en España tras este ciclo electoral, el Comité Central acordó visitar todos los núcleos de base del Partido durante los próximos meses para recoger datos, análisis y opiniones, partiendo del documento aprobado el pasado sábado.

El Informe aprobado en el Comité Central reconoce el descenso experimentado en este ciclo electoral en el número de votos recogido por Unidas Podemos mas las distintas convergencias electorales territoriales, resultados que son malos en las elecciones celebradas el 26M. Entre las causas de esos resultados hemos situado las sucesivas crisis y escisiones que ha sufrido el bloque unitario en los meses previos, la dispersión de las candidaturas locales, y la debilidad de las organizaciones locales en las ciudades medias y grandes.

No obstante, respecto a las elecciones general del 28 de abril, el Informe constata que gracias a la remontada de Unidas Podemos durante la campaña, sí hemos logrado cumplir los dos objetivos señalados: evitar una mayoría de gobierno de las tres derechas y abrir la posibilidad de un acuerdo político de la mayoría progresista que aborde la recuperación de derechos de la clase trabajadora tras una década de recortes y la normalización de la cuestión territorial.

Igualmente, en cuanto a datos positivos, el Informe destaca que a pesar de la caída generalizada, Izquierda Unida ha mejorado su presencia en los Parlamentos Autonómicos, pasando de 4 a 8 – sin contar los de las nacionalidades históricas – y de 9 a 11 parlamentarios.

El PCE acordó iniciar un proceso de reorganización del bloque popular, cuya expresión electoral en este ciclo ha sido Unidas Podemos, partiendo de las conclusiones de este primer debate. Para ello, el Comité Central acordó celebrar una Conferencia Política durante el curso siguiente, mandatando a la Comisión Política a realizar la propuesta de normas y calendario en el primer Comité Central del curso 19/20, recogiendo la suma de aportaciones realizadas por los núcleos de base en el proceso de consulta que se iniciará de inmediato.

Esta conferencia tendrá como objetivos actualizar la estrategia acordada en el XX Congreso, -celebrado entre abril y diciembre de 2018 – y señaladamente, los pasos a seguir en el proceso de superación de Izquierda Unida, en el marco del debate sobre la reconfiguración del bloque de unidad popular.

En cuanto a la posición del PCE ante el proceso de conformación de gobiernos locales, autonómicos y de España.

El PCE acordó una misma estrategia para todos los procesos de conformación de gobiernos en las distintas instituciones elegidas en las urnas en estén ciclo electoral: la primacía del programa para acordar investiduras, acuerdos de legislatura y de gobierno. Si bien parte de una premisa: no permitir gobiernos de derechas ni facilitar pactos del PSOE con Ciudadanos para hacer políticas de derechas. Incluso, más allá de los posibles acuerdos que se puedan alcanzar para conformar gobiernos de izquierdas, el PCE insiste en la necesidad de un movimiento popular organizado en la calle que exija y vigile el cumplimento de los programas que les den base.

En cuanto a la investidura del Presidente del Gobierno y la formación del mismo, el PCE marca una seria de cuestiones programáticas esenciales para cualquier acuerdo, y que en gran medida coinciden con las incluidas en el Acuerdo para los PGE de 2019. Fundamentalmente los acuerdos deben basarse en la reversión de los recortes y de las políticas económicas y sociales neoliberales; las reformas laborales y la reversión de la precarización laboral, la garantía de acceso de la clase obrera a una vivienda digna y con precios equilibrados, las reformas fiscales que eleven los impuestos a los más ricos y a quienes más beneficios obtienen, la defensa del sector público y las remunicipalizaciones y recuperación de lo privatizado, la garantía en el acceso a la energía como un derecho básico y la defensa de los derechos civiles y sociales y la garantía de las libertades públicas, con iniciativas legislativas que, de una parte, deroguen, entre otras, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (2015) (Ley Mordaza) y de otra, con nuevas legislaciones referidas a la garantía del pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho a una vivienda digna o las normas sobre extranjería, contando cualquier acuerdo con calendarios de ejecución.

Igualmente, el informe dibuja los posibles escenarios que pudieran darse, desde un simple acuerdo de investidura hasta un gobierno de coalición. En este último caso, la posición que el PCE defenderá en IU es la de establecer una comisión de seguimiento de la ejecución del programa de gobierno junto con organizaciones sindicales y sociales.

Igualmente, el PCE defenderá que estas organizaciones y movimientos sean actores de primera línea en los procesos de negociación, entendiendo que no pueden ser meros acuerdos formales entre las fuerzas políticas con representación institucional.

En todo caso, la decisión final sobre cualquier posible acuerdo de apoyo parlamentario al gobierno o de creación de gobierno, será valorada y votada por el Comité Central para que posteriormente sea sometida a referéndum en el marco de Izquierda Unida de acuerdo con sus Estatutos.

Ante el auto del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco: de aquellos polvos, estos lodos

Nuestro Partido viene alertando a la sociedad española sobre la necesidad de democratizar el sistema judicial ante las evidentes muestras de continuidad de elementos del aparato judicial del franquismo, primero en las mismas personas y después nutrido de muchos de los descendientes de la oligarquía surgida durante la dictadura. Esto es extensible, en el marco del Estado, al ejército y a los cuerpos policiales, siendo Gómez Pacheco solo la punta del iceberg de la impunidad.

Con motivo de la batalla judicial emprendida por la familia del dictador y por su entorno contra el Decreto que ordena la exhumación de sus restos del panteón autoeregido por el dictador en Cuelgamuros, el Tribunal Supremo ha afirmado, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses Ademas, el Tribunal Supremo señala que Franco fue “jefe de Estado desde octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”, lo que además de suponer una absoluta ignorancia de la historia, es un reconocimiento de legalidad a lo que no fue más que un golpe de Estado criminal, no como el que la justicia española dice estar juzgado por los hechos independentistas de Cataluña. 

Tanta ofensa a las víctimas del franquismo y a los defensores de la legalidad democrática por el Tribunal Supremo, ha provocado que todos los sectores demócratas, progresistas y de izquierdas hayan mostrado su indignación y exijan la rectificación del auto.

Ante el debate suscitado el PCE manifiesta:

·         Franco no era “jefe de Estado” legítimo, ni en octubre del 36 ni en Noviembre de 1975 cuando murió. Usurpó la jefatura del Estado, mantuvo dicha usurpación y la trasladó hasta el siguiente Jefe de Estado que él decidió unilateralmente. Esta usurpación ha tenido continuidad hasta nuestros días a través de la monarquía que ejerce la jefatura del estado. No es de extrañar por tanto que a fecha de hoy una de las Instituciones heredadas del franquismo, la Justicia, ignore a las víctimas, proteja a la familia del victimario y sostenga la represión contra las fuerzas populares y la impunidad del fascismo y del autoritarismo.

·         La sucesión en la jefatura de Estado recayó en Juan Carlos de Borbón por designación del dictador, asegurando que la mas alta institución representativa del Estado, que también desempeña la jefatura de las Fuerzas Armadas, esté al margen de la decisión democrática y nunca se haya sometido al veredicto popular a través de las urnas. No aceptamos que el sí mayoritario a la Constitución fuera un sí a la monarquía. El Pueblo español nunca ha podido expresarse ni elegir entre monarquía y república.

·         Esa continuidad aparentemente formal entraña un serio déficit democrático que se exterioriza como problema político periódicamente, a consecuencia de esa estrategia de tránsito de la dictadura a la monarquía: “De la ley a la ley. Nunca hubo ruptura con la dictadura. No hubo depuración del aparato judicial, ni del policial, ni del ejército, ni del político – asistiendo al blanqueamiento de dirigentes de la dictadura como Fraga o Martín Villa - y mucho menos del sistema de poder económico: continuaron dominando la economía las mismas familias, manteniendo las mismas fortunas fruto del saqueo, antes, durante y después del franquismo, del trabajo esclavo de los presos y de siglos de colonialismo, la sangrienta acumulación originaria de la burguesía española.
 

De aquellos polvos, estos lodos de nuestros días

Mientras las estructuras del poder económico y del Estado sean las actuales, los derechos de la clase obrera que aparecen en la Constitución serán inaplicables porque nunca el Estado garantizará mecanismos para exigirlos. Papel mojado que pretende generar la apariencia de un “estado social y democrático de derecho”.

Esta realidad fue desvelada con toda crudeza por la gran crisis capitalista de 2008, cuyos efectos aún padece la clase trabajadora por el aumento de la explotación y por su empobrecimiento, cuando la riqueza generada por su trabajo fue regalada a la banca. Durante todo el periodo de la monarquía parlamentaria, el Estado, ha sido fiel a sus orígenes autoritarios: privatizaciones, expolio de bienes públicos, participación de España en las guerras y aventuras del imperialismo de EEUU, sometimiento del pueblo español al gran capital a cambio de los miserables intereses de la burguesía en el mercado en que se ha convertido la Unión Europea.

Por eso hay que romper con el régimen monárquico del 78, con la UE y con el euro y construir la III República desde su única base constituyente posible: el poder de la clase trabajadora consciente y organizada. Una república en la que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad” esté “subordinada al interés general”.

El PCE no renuncia en absoluto a los avances parciales que la clase trabajadora arranca día a día con sus luchas y con sus votos, bien al contrario, está en primera línea para conseguirlos, pero es este el objetivo al que dedica y dedicará los mayores esfuerzos.

El Régimen del 78 no va a caer solo: ¡tenemos que derribarlo!

¡A por la III República!

La tasa de pobreza infantil del Estado Español es 10 puntos mayor que hace diez años

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. El 28,3% de los niños españoles vive en riesgo de pobreza, una tasa 10 puntos mayor que hace dos décadas. Save the Children ha creado una campaña colocando a los políticos en un entorno de pobreza.

El Estado Español es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, con 630.000 niños y niñas que viven en hogares en pobreza severa con rentas inferiores al 25% de la mediana de ingresos.

Cuando estalló la crisis, el Estado Español era uno de los países de la Unión Europea que menos dinero público invertía en programas específicos para la familia y la infancia. Aún hoy, la inversión es más de un punto inferior a la media europea. «Esta falta de protección específica provocó que no sólo aumentase la pobreza infantil, sino que la severa se cronificase», explica Save the Childen.

Si en el año 2004 uno de cada 10 menores pobres estaba en situación de pobreza severa (10,5%), en el año 2017 el porcentaje subió hasta el 15%, una tendencia «creciente e impermeable».

«España carece de una cobertura universal de prestaciones monetarias a las familias con hijos menores de edad, y las que sí existen no cubren a los menores en situación de mayor riesgo», denunció la organización. Actualmente, la prestación por hijo a cargo en España, después de que el Gobierno aprobara una subida, es de 341 euros anuales para familias pobres y de 588 para aquellas que están en pobreza severa, lo que deja una ayuda de entre 28,5 y 49 euros al mes.

Según la Comisión Europea, sólo el 16,4% de los niños y niñas españoles recibieron en 2017 la prestación por hijo a cargo. Es decir, la mitad de los niños y niñas que están en riesgo de pobreza o exclusión (23,8%). Esto se da en un contexto en que España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, con 630.000 niños y niñas que viven en hogares en pobreza severa con rentas inferiores al 25% de la mediana de ingresos.

kaosenlared

VALORACIÓN GRUPO PROVINCIAL IU DE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Don Benjamín Prieto Valencia, presidente de la Diputación de Cuenca, ha anunciado a bombo y platillo, de forma un tanto triunfalista y autocomplaciente, que va a destinar 11,3 millones de euros del superávit a inversiones. Bienvenidas esas inversiones, cómo no. Pero, ¿de dónde viene ese superávit? Veamos.

No es un secreto para nadie que en la misma institución, la diputación de Cuenca, falta personal en todos sus departamentos, desde ATM a Obras Públicas, pasando por Cultura, etcétera. Sin ir más lejos, los servicios contraincendios escasean de personal, medios técnicos y materiales, infraestructuras, además de mantener una distribución territorial irracional, construyendo, por ejemplo, un parque de bomberos en la Serranía conquense y dotándola convenientemente de profesional y medios.

Estando ambas gobernadas por el Partido Popular, junto con la de Guadalajara, esta Diputación de Cuenca lleva varios años sin aportar fondos a los Planes de empleo que convoca la Junta de Comunidades, por lo cual algunos pueblos pequeños no se han beneficiado de tales planes, al no poder mantener la inversión en personal, dados los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Rajoy-Montoro (sólo tímidamente corregidos por el gobierno breve de Pedro Sánchez).

Nos preguntamos si, en logar de tanto ahorro, la Diputación de cuenca no hubiera debido invertir en la inmersión de la provincia en el mundo digital, con atención especial a los pequeños pueblos de la Serranía y de La Alcarria. O en la construcción de las depuradoras para evitar las sanciones impuestas por las Confederaciones Hidrográficas. O en colocar la señalización de los pasos a nivel en la línea férrea Madrid-Cuenca-Valencia. O facilitar a los pueblos la apertura de escuelas infantiles. O en aumentar las posibilidades de transporte público por carretera y del tren convencional. O invertir más en caminos rurales. O en…¡tantas cosas!

Nos preguntamos, por todo lo anterior, qué sentido tiene mantener una cuenta a plazo fijo de 12 millones de euros, salvo que sea para gobernar en favor de la banca y no de las personas.

Así que se va haciendo menos necesario preguntarse cuáles sean las causas por las que la provincia de Cuenca es una de las que más paro tiene y mantiene (especialmente en la población entre 18 y 35 años), menores salarios perciben sus habitantes, más envejece y más se despuebla

[Denuncia] Las autoridades españolas conceden autorizaciones ilegales a pesticidas tóxicos

Un informe de Ecologistas en Acción demuestra que las autoridades españolas han concedido autorizaciones excepcionales al uso de plaguicidas prohibidos y no autorizados de forma repetitiva, con anterioridad a las plagas y sin aportar datos científicos.

  Entre abril y julio de 2018 se concedieron más de 38 autorizaciones excepcionales que permitieron el uso de diez plaguicidas no autorizados por su elevada toxicidad y 15 plaguicidas con efectos disruptores endocrinos.

 El uso rutinario de las autorizaciones excepcionales de pesticidas tóxicos amenaza la salud humana, animal y el medio ambiente.

  

El Reglamento Europeo de Fitosanitarios 1107/2009 del Parlamento y el Consejo Europeo no permite la comercialización de sustancias activas –y los plaguicidas que las contienen– clasificadas como mutágenas, cancerígenas, tóxicas para la reproducción o aquellas que pueden causar daños por su capacidad de alterar el sistema hormonal.

Solo en situaciones excepcionales de plagas en las cosechas el reglamento prevé que las autoridades concedan autorizaciones excepcionales para el uso de plaguicidas no autorizados y prohibidos por su elevada toxicidad para la salud humana y el medio ambiente.

Al ser excepcionales, las autorizaciones deben cumplir unas determinadas condiciones, como que no existan alternativas al uso de esas sustancias plaguicidas, que la emergencia esté científicamente justificada y que el permiso se conceda para usos concretos, en zonas limitadas y durante un plazo de tiempo no superior a 120 días.

El informe de Ecologistas en Acción ‘Autorizaciones de pesticidas prohibidos’, donde se analizan las autorizaciones excepcionales concedidas en los últimos años en España, denuncia que se han concedido de forma rutinaria, continuada y en ocasiones con anterioridad a que aparezca ningún tipo de problema en las cosechas. Además, superan el plazo de vigencia de 120 días. En definitiva, las autorizaciones han sido contrarias a la normativa.

El número de autorizaciones excepcionales en España fue de 365 entre 2013 y 2017, el triple que en los años anteriores. Entre abril y julio de 2018 se concedieron más de 38 autorizaciones excepcionales por las que se utilizaron plaguicidas en concentraciones superiores o en usos diferentes a los autorizados. Diez de esas sustancias no estaban autorizadas por su elevada toxicidad y 15 fueron identificadas como disruptoras endocrinas por su capacidad de alterar el equilibrio hormonal y la fisiología a lo largo de la vida del individuo.

El informe investiga los casos concretos de las autorizaciones excepcionales de dos plaguicidas prohibidos por su toxicidad, el 1,3 dicloropropeno y la cloropicrina. En ambos casos, las autorizaciones se repiten año tras año, con anterioridad a la época de plagas, sin justificar la existencia de una plaga y con la única base que la de no tener sustitutos eficaces.

Los datos recogidos en este informe demuestran la necesidad de que la administración española evalúe de manera más eficaz y justificada las solicitudes de autorizaciones excepcionales, para que las concedidas respondan a una emergencia fitosanitaria real y justificada. De no hacerlo así, la salud de las personas y el medio ambiente sufrirán las consecuencias de permitir el uso de sustancias activas que no fueron autorizadas o están prohibidas por su elevado riesgo y se desincentivará la innovación reclamada por la propia administración española para la búsqueda de alternativas.

ECOLOGISTAS EN ACCION

Renau y el salvamento del Patrimonio Artístico Nacional

RECORDAR A RENAU Y MARÍA TERESA LEÓN EN EL 200 ANIVERSARIO DEL MUSEO DEL PRADO

Se cubrieron monumentos, se protegieron cuadros y libros, y se preparó el traslado a Valencia de los más importantes. El pueblo defendió la cultura contra los bárbaros.

Uno de los intelectuales españoles más importantes del siglo XX, y posiblemente el artista más trascendental del Partido Comunista de España, fue el valenciano Josep Renau. Sus aportaciones teóricas, artísticas y propagandísticas fueron tan relevantes, como incomprensible el olvido al que lo relegaron tras su desaparición física las instituciones públicas, pero también el Partido en el que militó toda su vida. No voy a profundizar en el carácter profundamente leal de Renau, sino también crítico en los momentos que había que serlo, lo que le granjeó bastantes desconfianzas de dirigentes acostumbrados al ordeno y mando, desde Bullejos a Carrillo, y por supuesto con la excepción de Pepe Díaz, quien le encomendó la titánica tarea de organizar, junto a otros camaradas, las fuerzas del arte y cultura contra el fascismo.

Entre las tareas llevadas a cabo por Renau a lo largo de su vida, quizá la más importante, y de la que él mismo se sentía más orgulloso, fue la del Salvamento del Patrimonio Artístico Nacional. Quizá sin la participación de Renau y sin su genio organizador, muchas de las obras de arte más importantes del mundo habrían sido pasto de las llamas en los bombardeos fascistas contra el Museo del Prado.

Durante la Guerra contra el fascismo en nuestro país, tuvo lugar una de las mayores epopeyas de la Historia de España poco conocida por la mayoría de la población, y en la que miles de hombres y mujeres contribuyeron a salvar de la barbarie fascista al menos 18.000 pinturas, 2.000 tapices, 12.000 esculturas, 500.000 libros y 70 bibliotecas.

El 6 de septiembre de 1936, ya con las bombas cayendo sobre la capital de España, Renau se encontraba en Valencia cuando recibió una llamada del Partido Comunista solicitando su presencia en Madrid de manera inmediata. Al día siguiente Renau estaba en Madrid, y fue recibido en la sede del PCE de la Calle Serrano número 6, por el Secretario de Organización, Pedro Checa, quien le comunicó la razón de su presencia allí, que no era otra que la de nombrarle Director General de Bellas Artes. Apenas tres días antes el PCE había entrado en el Gobierno y Jesús Hernández había sido nombrado Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. El mismo día 7, poco después de su reunión con Pedro Checa, Renau, con su pistola en el cinto, tomaría posesión de su cargo, y la organización del Salvamento del Patrimonio Artístico Nacional sería una de sus principales tareas.

Renau describe en el informe “La protección del tesoro artístico de España durante la guerra”, cómo en el momento álgido de los bombardeos de Madrid, no fueron perdonados por los obuses el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional o el Palacio del Duque de Alba, que recibieron el impacto de al menos 30 bombas: “Objetivos conscientes que servirían después a los facciosos, como tantas veces lo hicieron, para acusar a los ‘anarquistas’ de haberlos incendiado. Frente a esta actitud es necesario colocar la de los milicianos, que arriesgadamente, rescataban entre las llamas y bajo las bombas, las obras de arte que eran después trasladadas con todo cuidado a Valencia”.

Desde un primer momento, se trabajó para obtener todo el apoyo posible del pueblo español, y desde la Dirección General de Bellas Artes se hizo un titánico esfuerzo por concienciar a los ciudadanos de la importancia de proteger el arte de las bombas. El propio Renau describe el éxito conseguido con aquella tarea de concienciación: “... podemos testificar, emocionados, de casos en los que simples campesinos o milicianos del pueblo, probablemente analfabetos, traían a la Dirección General de Bellas Artes, a veces a lomo de asno, y al precio de largos y penosos viajes, simples oleografías y lienzos de ínfimo valor, persuadidos de que se trataba de eméritas obras artísticas”.

Se cubrieron monumentos (como la Cibeles), se protegieron cuadros y libros, y se preparó el traslado a Valencia de los más importantes, para lo cual sería nombrada responsable la también militante comunista María Teresa León.

Solamente del Museo del Prado fueron evacuados hasta Valencia 427 cuadros de pintores como Goya, El Greco, Murillo, Ribera, Velázquez, Zurbarán, Rafael, Tintoretto, Tiziano, Rubens, entre un largo etcétera. Salieron de allí también 181 dibujos de Goya y el conocido como “Tesoro del Delfín”. La expedición completa constaba nada más y nada menos que de 1868 cajas con obras de arte y 5439 volúmenes del Tesoro de la Biblioteca Nacional, en lo que sumaban 180 toneladas de obras de arte.

Durante semanas, cientos de obras de arte fueron trasladadas en los mejores camiones hacia Valencia, los vehículos circulaban a 20 kilómetros por hora, y en la primera expedición se pudo comprobar que algunos cuadros no podían pasar por los puentes. Tal fue el caso del Puente de Arganda, lo que obligó a los transportistas a sacar los embalajes y pasarlos a la otra orilla a pulso.

Una vez llegadas las obras a Valencia, fueron almacenadas en dos edificios, las Torres de Serrano y en El Patriarca, acondicionados especialmente por el arquitecto José Lino Vaamonde, para proteger de posibles bombardeos las cientos y cientos de obras de arte. Concretamente en las Torres de Serrano se instaló un mallazo de acero y hormigón, combinado con capas amortiguadoras de cáscara de arroz y arena limpia de materia orgánica para que no ardieran en caso de incendio. Los acondicionamientos que se hicieron tanto en las Torres de Serrano como en El Patriarca eran totalmente reversibles para no dañar las propias construcciones.

Valencia acogió durante aquellos días, momentos épicos de la lucha contra el fascismo. Entre ellos quedará, además del histórico II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, la Exposición que se realizó para el pueblo valenciano de muchas de aquellas obras trasladadas desde Madrid, como “símbolo de la lucha encarnizada de la Cultura, defendida por el pueblo, contra los bárbaros”.

Ahora que se cumplen 200 años del Museo del Prado, es imprescindible recordar a quienes hicieron posible, no solo el Salvamento del Patrimonio Artístico Nacional, sino de gran parte de Europa. Y es que sería el mismo Josep Renau quien presentaría en la Exposición Universal de París de 1937 el informe técnico en el que se describen los pasos que se habían dado para el salvamento del arte en España. Fue esa experiencia de la República española, con Renau al frente, la que serviría para salvar buena parte del arte durante la Segunda Guerra Mundial.

Aquella Exposición Internacional de París del 37 serviría como altavoz de la República Española contra el Fascismo, y una de las obras que allí se expusieron, ni más ni menos que el Guernica de Picasso, había sido también encargada su realización por el propio Josep Renau.

No somos conscientes de la importancia que tuvo para la Historia del Arte en el siglo XX la tarea no lo suficientemente reconocida de Josep Renau, quien concluiría su informe con una aspiración no del todo cumplida: “Hoy todas esas obras se hallan en lugar seguro. Mañana, contemplándolas, el mundo entero rendirá homenaje a los hombres (y mujeres), vilipendiados y calumniados, que con sus vidas defendieron este tesoro de la humanidad”.

Sin duda, es un deber ineludible de los y las comunistas de nuestros días, trabajar para conseguir ese reconocimiento pleno de aquellos hombres y mujeres que consiguieron salvar nuestro Patrimonio Artístico, y por supuesto para recuperar y poner en valor la obra y el pensamiento de Josep Renau. Renau era un comunista de acero, de los que hoy algunos llamarían “ortodoxo”, pero que demostraba con su ejemplo lo que algunos dirigentes mediocres nunca llegaron a entender. Por eso el PCE de Bullejos casi lo acaba expulsando, y el de Carrillo acabó excluyéndolo de su Comité Central. Y por eso los comunistas y las comunistas de hoy creemos que reconstruir el Partido pasa también por reconocer la grandeza de camaradas como Renau.

JAVIER PARRA  

Los derechos de la clase obrera, ¡lo primero! 

¡Viva el 1º de mayo!

Celebramos un nuevo 1º de Mayo con la convicción de que los derechos de la clase obrera son lo primero, porque somos la mayoría social y porque el pisoteo constante por un sistema económico sustentado en la explotación y la desigualdad que ha demostrado ser incompatible con una vida digna, incluso con la vida.

Muertes en los tajos, condiciones insalubres, sistemas de trabajo incompatibles con garantizar la prevención de riesgos laborales, forman parte de nuestro día a día.

Salarios de miseria y trabajar cada vez más por menos y en riesgo constante, haciendo de la pobreza y la exclusión social la regla, en lugar de la excepción.

Represión y hostigamiento a la organización de las trabajadoras para reivindicar y pelear por unas condiciones laborales dignas, por la negociación colectiva, por el uso del derecho a la huelga que tanto costó conseguir, son la tónica y el miedo al que cada día se enfrentan miles de trabajadoras en este país.

La evidente desigualdad estructural entre mujeres y hombres, entre nacionales y migrantes, entre temporales o indefinidos, entre qué empresa te contrata para hacer lo mismo, no nos diferencia entre nosotras, sino que evidencia el juego sucio al que nos somete un sistema económico, un modelo productivo y de relaciones laborales que ha sido dañado año tras año, hasta encontrarnos en una situación que ni tiene justificación, ni es compatible con la igualdad y la libertad por la que tantas luchas nos han precedido.

La lucha sindical y social de las y los trabajadores sigue siendo imprescindible, y tras las elecciones del 28 de abril es evidente que va a ser precisa mucha unidad y fortaleza para combatir a quienes pretendan seguir ahondando en más de lo mismo. No solo no nos vamos a resignar a mal sobrevivir, sino que estamos preparadas para iniciar el camino necesario para la reindustrialización de este país, para construir un modelo productivo que garantice una vida digna en el más amplio sentido, y que acabe con la desigualdad estructural a la que nos quieren condenar.

Empleos de calidad, economía productiva y reproductiva al servicio de la mayoría, formación acorde a esas necesidades de todas y no de los fondos buitre, salud y cuidados cuando se precisen, pensiones dignas, igualdad real y el fin de la degradación de la naturaleza, deben guiar las urgentes tareas que reclamamos al nuevo gobierno.

El PCE y la UJCE seguiremos trabajando, incansables, por los derechos de la clase obrera, de la inmensa mayoría, por la unidad y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de los movimientos sociales.

Este 1 de Mayo salimos a las calles, de nuevo, con la alegría de seguir el hilo rojo de la historia, para conquistar una sociedad digna y protegida, porque el bienestar de todas es el bienestar de cada una. Paramos a la reacción, empujemos a la revolución.