[Denuncia] Las autoridades
españolas conceden autorizaciones ilegales a pesticidas tóxicos
Un informe de Ecologistas en Acción
demuestra que las autoridades españolas han concedido autorizaciones
excepcionales al uso de plaguicidas prohibidos y no autorizados de forma
repetitiva, con anterioridad a las plagas y sin aportar datos científicos.
Entre abril y julio de 2018 se concedieron más de 38
autorizaciones excepcionales que permitieron el uso de diez plaguicidas no
autorizados por su elevada toxicidad y 15 plaguicidas con efectos disruptores
endocrinos.
El uso rutinario de las autorizaciones excepcionales
de pesticidas tóxicos amenaza la salud humana, animal y el medio ambiente.
El Reglamento Europeo de Fitosanitarios
1107/2009 del Parlamento y el Consejo Europeo no permite la comercialización de
sustancias activas –y los plaguicidas que las contienen– clasificadas como
mutágenas, cancerígenas, tóxicas para la reproducción o aquellas que pueden
causar daños por su capacidad de alterar el sistema hormonal.
Solo en situaciones excepcionales de
plagas en las cosechas el reglamento prevé que las autoridades concedan
autorizaciones excepcionales para el uso de plaguicidas no autorizados y
prohibidos por su elevada toxicidad para la salud humana y el medio ambiente.
Al ser excepcionales, las autorizaciones
deben cumplir unas determinadas condiciones, como que no existan alternativas
al uso de esas sustancias plaguicidas, que la emergencia esté científicamente
justificada y que el permiso se conceda para usos concretos, en zonas limitadas
y durante un plazo de tiempo no superior a 120 días.
El informe de Ecologistas en Acción
‘Autorizaciones de pesticidas prohibidos’, donde se analizan las autorizaciones
excepcionales concedidas en los últimos años en España, denuncia que se han
concedido de forma rutinaria, continuada y en ocasiones con anterioridad a que
aparezca ningún tipo de problema en las cosechas. Además, superan el plazo de
vigencia de 120 días. En definitiva, las autorizaciones han sido contrarias a
la normativa.
El número de autorizaciones
excepcionales en España fue de 365 entre 2013 y 2017, el triple que en los años
anteriores. Entre abril y julio de 2018 se concedieron más de 38 autorizaciones
excepcionales por las que se utilizaron plaguicidas en concentraciones
superiores o en usos diferentes a los autorizados. Diez de esas sustancias no
estaban autorizadas por su elevada toxicidad y 15 fueron identificadas como
disruptoras endocrinas por su capacidad de alterar el equilibrio hormonal y la
fisiología a lo largo de la vida del individuo.
El informe investiga los casos concretos
de las autorizaciones excepcionales de dos plaguicidas prohibidos por su
toxicidad, el 1,3 dicloropropeno y la cloropicrina. En ambos casos, las
autorizaciones se repiten año tras año, con anterioridad a la época de plagas,
sin justificar la existencia de una plaga y con la única base que la de no
tener sustitutos eficaces.
Los datos recogidos en este informe
demuestran la necesidad de que la administración española evalúe de manera más
eficaz y justificada las solicitudes de autorizaciones excepcionales, para que
las concedidas respondan a una emergencia fitosanitaria real y justificada. De
no hacerlo así, la salud de las personas y el medio ambiente sufrirán las
consecuencias de permitir el uso de sustancias activas que no fueron
autorizadas o están prohibidas por su elevado riesgo y se desincentivará la
innovación reclamada por la propia administración española para la búsqueda de
alternativas.
ECOLOGISTAS EN ACCION
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