El CETA entra en vigor
pese a los graves riesgos para la ciudadania
- El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional la mayor parte del acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Esto sucede antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos nacionales europeos.
- Las
organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el
CETA lamentan su aplicación provisional y confían en que prosperen las
iniciativas ciudadanas y legales para frenarlo.
La campaña estatal No
al TTIP, CETA y TiSA, de la que forma parte Ecologistas en Acción, considera
grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por
los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el CETA es compatible con el
derecho comunitario. El Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del
tratado en las Cortes Generales. Aún está pendiente su discusión y votación en
el Senado. La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal
Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de
impacto válidos.
La movilización
ciudadana ha destapado en buena medida el tratado. Entre los éxitos más
recientes está que el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y
Estados, el polémico Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), no pueda entrar
en vigor todavía. Cada vez hay más evidencias de que este sistema de justicia
privada paralela merma gravemente el Estado de derecho. A día de hoy, España es
el tercer país del mundo más demandado ante los tribunales privados de
arbitraje que los inversores extranjeros usan para cobrar compensaciones
multimillonarias.
En el último año, la
sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales
no han cesado de expresar su preocupación por los graves impactos del CETA.
También han denunciado la falta de transparencia y participación democrática en
el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.
La campaña No al TTIP,
CETA y TiSA advierte de que la aplicación provisional del CETA tendrá efectos
económicos, sociales y ambientales adversos, tales como:
- En
materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones
ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes.
- En materia
ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado cumplimiento, lo
que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha contra el cambio
climático y abre la puerta a nuevos fraudes como en el caso ‘Dieselgate’
de la industria automovilística, cuya manipulación de vehículos diésel ha
contribuido al incremento de muertes prematuras y enfermedades por
contaminación atmosférica.
- Los
estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria
provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos
a transgénicos, engorde del ganado con hormonas, clonación animal y
etiquetado y trazabilidad de la carne. Además de la pérdida de derechos de
los consumidores, el CETA causa nuevos problemas a la agricultura
familiar, así como una pérdida de soberanía alimentaria.
- Al
debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las
farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias poniendo en riesgo
la salud pública.
- El CETA
facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las
condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados.
- El
capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos y
especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede
provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria
en España.
- La
cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha
de diferentes comités conjuntos –cuya composición se desconoce, igual que
las fechas y contenidos de sus reuniones– podría ser un obstáculo si el
Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales
desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían
debilitar las normas actuales.
La Comisión Europea
está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el CETA con Japón, México
y los países del Mercosur. Asimismo ha propuesto la apertura de negociaciones
con Australia y Nueva Zelanda.
La campaña estatal No
al TTIP, CETA y TiSA manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y
advierte de que estos tratados comerciales atentan contra los derechos humanos
y agravan la crisis ambiental planetaria.
ECOLOGISTAS EN ACCION
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