Ante una nueva masacre de campesinos en Tumaco (Colombia), una vez más condenamos la violencia del Estado contra la población indefensa y exigimos el escrupuloso cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado ante la Comunidad internacional.
Según las informaciones, nueve campesinos, uno de ellos menor de edad, resultaron muertos por disparos de armas de fuego, unos 50 resultaron heridos y hay un indeterminado número de desaparecidos. Fuentes presenciales denuncian que algunos fueron subidos a helicópteros del ejército, desconociéndose su paradero. Su único delito, exigir de forma pacífica el exacto cumplimiento del Acuerdo de Paz en lo que se refiere a la erradicación de cultivos ilícitos.
Ante estos hechos crueles, hemos de recordar que la zona donde se produjeron es una zona marginada, durante años olvidada por el Estado, habitada por varias comunidades extremadamente pobres que se ven obligadas a subsistir gracias a los cultivos ilícitos.
Que los campesinos no se han negado a la erradicación de esos cultivos, sino que simplemente exigen que se aplique el punto 4 del Acuerdo de Paz según el cual se trata de : Promover la erradicación de los cultivos de uso ilícito de forma voluntaria sin afectar a las comunidades que subsisten de esta economía…
Y añade: Se generarán condiciones de bienestar para las personas afectadas.
Es el gobierno colombiano quien primero debe cumplir con sus compromisos, antes de exigirlo a las comunidades que no conocen otra forma de subsistencia.
Un breve repaso nos permite concluir que hasta ahora apenas se ha implementado el 20% de lo comprometido por el Acuerdo de Paz para el primer año de aplicación; ninguna ley sobre reforma rural ha sido aprobada por el Senado; no se ha puesto en marcha ninguna ley sobre sustitución de cultivos ilícitos, ni se han puesto a disposición de los campesinos los 10 millones de hectáreas que se establecieron en los Acuerdos.
Tampoco ha sido aprobada ley alguna contra el paramilitarismo, y en este sentido, no entendemos el uso de la fuerza pública y el ejército contra campesinos desarmados para aplicar un acuerdo que ha de llevarse a cabo “de forma voluntaria” entre las partes. La fuerza pública debería estar luchando contra esa lacra que es el paramilitarismo, uno de los principales obstáculos para el logro de una paz justa y duradera en el país.
El ejército y la fuerza pública no pueden seguir siendo los perpetradores de masacres contra del pueblo al que deben defender. Sobre ellos recaerá esa negra mancha imborrable en la historia de Colombia.
Por último, entendemos que el Gobierno colombiano no debería actuar como rehén de la extrema derecha colombiana que promovió el NO en el referéndum sobre la aprobación del Acuerdo de Paz y que está actuando, a través de la fiscalía y el empresariado vinculado al paramilitarismo, para obstaculizar las normas sobre la reforma política e intentando modificar, por medio de trámite parlamentario, la Jurisdicción Especial para la Paz.
Toda nuestra solidaridad con los pobladores víctimas de esta masacre y con sus familias, bien sabemos que nuestra solidaridad no devolverá las vidas arrancadas.
Para acabar con este tipo de lamentables hechos, exigimos al gobierno colombiano el total esclarecimiento de lo ocurrido en Tumaco; el castigo a los culpables y la compensación a las víctimas y el cumplimiento estricto y sin dilaciones de los Acuerdos de Paz, cumplimiento que es un compromiso asumido con su pueblo tanto tiempo olvidado, y ante la comunidad internacional.
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