La colusión de las corporaciones y los gobiernos

ES URGENTE RECLAMAR MÁS ESPACIO A LA CIUDADANÍA Y A LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES

Las leyes, presupuestos y políticas públicos gravitan en función del interés específico de lobbies y empresas.

Esta globalización que estamos viviendo está desbordando las instituciones. Sabemos que las fuerzas y dinámicas que hemos dejado que se desarrollen, aun conociendo poco a poco sus efectos, han creado inestabilidad, ineficiencia y desigualdad. Los movimientos de capital navegan, vía informática, con valores superiores a la economía real. Los paraísos fiscales drenan recursos públicos y aminoran las políticas distributivas. Los detentadores multimillonarios de riqueza son pocos, cada vez más ricos, y con gran poder.

Y esto es así, porque las reglas –incluyendo las omisiones- favorecen la apropiación y acumulación de beneficios y que éstos se incrementen, a costa de pymes, trabajadores y ciudadanía. Se ha favorecido el poder corporativo que puede chantajear a Estados, trabajadores y ciudadanía.

Las grandes corporaciones, los fondos de inversión, lo sabemos, tienen más tamaño (y poder) que muchos Estados. Pero es que, además, los estados, grandes y pequeños tienen gobiernos y administraciones influenciados por los poderes corporativos, en sus medidas y legislaciones. De hecho, las leyes y presupuestos públicos o políticas gravitan en función de intereses económicos y el interés general se retuerce en función de específicos lobbies e intereses empresariales que los gobiernos de turno intentan convencernos que coinciden con los intereses de toda la ciudadanía.

¿Por qué en un país hay sectores oligopólicos que obtienen grandes beneficios a costa de otros? Si se favorece al sector eléctrico, por ejemplo, o al sector bancario, es a costa del resto de los sectores. Si se permite financiarse a costa de los proveedores, se favorece a la gran distribución frente a productores y sector agrario. Si se baja el tipo de IVA a las bebidas azucaradas desde el tipo normal a un tipo reducido, se favorece a unos fabricantes. Si se premia el comercio internacional y no se acota la elusión fiscal se perjudica a las empresas locales cumplidoras. O si la concepción de necesidades de inversión son infraestructuras, todo serán carreteras, aeropuertos y trenes, puentes y viaductos, favoreciendo a constructoras y sector financiero, retrayendo recursos públicos de los impuestos del resto de los sectores y ciudadanos que podrían ir a otros gastos o inversiones. Si se bajan impuestos o gastos, o se suben unos y otros, ¿qué impuestos y gastos son los privilegiados, a quiénes se favorece o perjudica?

Estas directrices ‘nacionales’ cada vez más están restringidas por los acuerdos que se hacen en la esfera internacional. La globalización ha hecho que las normas se hagan en muchos casos en Bruselas, en Nueva York o cualquiera de las sedes donde se hagan acuerdos internacionales. Todos esos acuerdos comerciales, fiscales, climáticos,… se hacen en ámbitos intergubernamentales. Por eso, es tan importante en cómo se constituyen y formalizan los organismos internacionales y qué cauces de participación tienen para que se expresen e incidan la ciudadanía y los agentes sociales.

Sólo hay un organismo internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reúne en igualdad de condiciones a gobiernos, empresarios y sindicatos o a sindicatos, empresarios y gobiernos que tiene como finalidad ordenar el trabajo, lo que mueve el mundo y construye la riqueza. Su objetivo formal es universalizar el trabajo decente. Esta singularidad viene marcada por su origen. La OIT nació en el año 1919 al final de la primera guerra mundial –con muchos territorios colonizados-, en un ambiente social de desolación, con estallidos sociales ante explotaciones sociales y organización obrera, donde capas capitalistas y eclesiásticas tenían el temor de que se propagase la revolución rusa.

Pues bien, todos esos ámbitos de negociación económica que eran intergubernamentales, excepto la OIT, están adquiriendo un sesgo cada vez más empresarial. Y en todas partes, las alianzas gobiernos y empresarios están a la orden del día. Si los gobiernos responden a intereses concretos y el interés general se modula por el interés de las grandes empresas de sus países y hacen una alianza, si el discurso de la pyme está abducido por la gran patronal, es más urgente reclamar más espacio a la ciudadanía y a la defensa de los trabajadores.

Un ejemplo del sesgo hacia la gran empresa se puede ver en la Asamblea General de la ONU que concedió el estatus de observador a la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en diciembre de 2016. Por primera vez una organización comercial es admitida como observadora en la Asamblea General. Ni siquiera se buscó un equilibrio admitiendo a la representación sindical internacional.

Las grandes empresas ocupan la discusión de los tratados comerciales y de inversión. Los gobiernos subsidiariamente sólo se preocupan de contactar, ser influidos y defender los intereses de las empresas que residen o puedan invertir en su territorio y ni siquiera buscan el equilibrio y mejoras de estándares laborales, sociales y medioambientales o de persecución de la elusión fiscal de esos grandes beneficiarios del comercio. El sesgo empresarial se está reproduciendo en otros organismos. Desde la Secretaría de Estados Iberoamericanos que tiene entre sus eventos sólo una Conferencia Empresarial (antes tenía otra sindical y al final de ambas conferencias había una reunión conjunta empresarial y sindical que incidía o podía incidir en una mejora de las relaciones sociales), hasta otros muchos organismos.

Estamos viviendo en una guerra empresarial donde los gobiernos, trabajadores y la ciudadanía somos escudos y rehenes, productores y consumidores, en una inestable dinámica donde la discusión sobre la apropiación de la riqueza, la esperanza y calidad de vida se nos quiere hurtar evitando nuestra intervención y su sustitución por opacas transacciones de intereses de una élite. Y frente a eso, hay que reivindicar y conseguir más espacio decisorio para la ciudadanía y sus trabajadores.

SANTIAGO GONZÁLEZ VALLEJO

Una victoria para las orcas

Seguro que en las últimas semanas has oído hablar del caso de Tahlequah, la orca que cargó con su cría muerta durante 17 días.

Era la primera en nacer en tres años de una población de 75 orcas residentes en peligro en el Mar de Salish, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Cuando se conoció la historia, el futuro de la manada no era nada bueno.

Ahora un tribunal canadiense acaba de anular la aprobación del oleoducto Trans Mountain, un proyecto que iba a aumentar 7 veces el tráfico de buques cisterna —que trasladan enormes tanques de petróleo— en la costa del océano Pacífico. 

Como consecuencia, las orcas quedarían expuestas a un mayor riesgo de colisión mortal con un buque cisterna y el ruido afectaría a su capacidad de encontrar la poca comida que les queda para comer. El salmón real, del que dependen para alimentarse, está en rápido declive debido al cambio climático. Esta decisión puede retrasar meses o años el proyecto, e incluso puede que sea cancelado por completo.

Una gran victoria no solo para las orcas y el medio ambiente, sino también para los 17 millones de personas que dependen directamente del mismo agua potable que habría estado expuesto a derrames tóxicos. Según la sentencia unánime del tribunal, el gobierno de Canadá autorizó el proyecto sin una consulta previa y adecuada a las tribus indígenas afectadas por el oleoducto.

Miles de personas como tú nos habéis ayudado a presionar a los 12 bancos internacionales —entre ellos el BBVA— vinculados, directa o indirectamente, con la financiación de este proyecto y las empresas que lo construyen. Gracias a tu apoyo podemos seguir defendiendo el planeta frente a quienes financian su destrucción con más dinero para oleoductos peligrosos.

GREENPEACE

Una Ley de Memoria para la ruptura democrática

CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL OLVIDO

La Proposición de Ley Integral de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición que impulsa Unidos Podemos...transforma las bases legales y actuaciones memorialistas públicas rompiendo el pacto de silencio de la Transición

La Ley de Memoria de 2007 plantea responder a los derechos de las víctimas del franquismo evitando al mismo tiempo tocar los fundamentos del pacto de silencio de la Transición que precisamente está en el origen del desistimiento y la renuncia del régimen del 78 a ejercer el deber público de Memoria, sin el que ninguna sociedad que haya sufrido violaciones masivas de los derechos humanos puede llamarse democrática. Atrapada en esta irresoluble contradicción la Ley establece un modelo de memoria basado en el mantenimiento del soporte legal de la impunidad –Ley de Amnistía y tribunales militares- y en la inhibición de los poderes del Estado para ejercer directamente las actuaciones de reparación, por lo que se renuncia a la elaboración de un censo oficial de víctimas, se delega en las asociaciones memorialistas mediante un sistema de subvenciones la posibilidad de exhumar sin tutela judicial ni intervención de la fiscalía y no se contempla el derecho a la verdad. Se construye así una memoria despolitizada, privatizada, que alude solo al dolor y a los sentimientos de familiares y víctimas, olvidando las ideas y los actos por las que fueron asesinadas así como la identidad y responsabilidad de los verdugos.

Una década después de la promulgación de la ley de memoria, miles de víctimas y descendientes han muerto sin obtener justicia y reparación, España sigue siendo el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos, símbolos y asociaciones franquistas se exhiben y exaltan impunemente los valores fascistas, los jueces y fiscales no están ni se les espera y la verdad sobre la República y el franquismo no ha entrado en el sistema educativo ni en los medios de comunicación públicos. Este es el desolador balance en términos de Memoria de un Estado que se autoproclama democrático.

La Proposición de Ley Integral de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición que impulsa Unidos Podemos supone en síntesis la superación del paradigma que ha marcado hasta hoy el conjunto de políticas públicas de Memoria o más bien su ausencia a nivel de estado. No se trata en absoluto de un desarrollo o profundización de la Ley de 2007, sino, al contrario, de transformar radicalmente las bases legales y las actuaciones memorialistas públicas rompiendo el nudo gordiano del pacto de silencio de la Transición. Para ello, en primer lugar el texto establece la plena nulidad de los juicios sumarísimos del franquismo así como del artículo 2 de la Ley de Amnistía que equipara de modo insoportable a víctimas y victimarios. Asimismo, se incorporan en el artículo 20 los principios y acuerdos irrenunciables del derecho humanitario internacional, fundamentalmente en lo que atañe a la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y contra la humanidad, ambos perpetrados sin ningún género de duda por la dictadura franquista. Estas disposiciones iniciales, largamente reivindicadas por el movimiento memorialista, dinamitan toda la arquitectura de la impunidad y reconocen públicamente la nunca perdida dignidad de los luchadores republicanos y antifascistas.

A partir de aquí la proposición de Ley va definiendo los principios y las prácticas de las políticas públicas de Memoria en el sentido establecido por décadas de lucha de las Asociaciones Memorialistas por el cumplimiento de los derechos de Verdad, Justicia y Reparación. Así, a lo largo de cuatro bloques normativos se plantea la elaboración de un censo oficial y público de víctimas con el consiguiente reconocimiento y condena del Estado del delito de genocidio franquista, la obligatoriedad para jueces y fiscales de impulsar y personarse en los procesos de exhumación e identificación de desaparecidos así como la capacidad del Estado para intervenir de oficio en estos procesos, la eliminación inmediata de la simbología franquista incluyendo los espacios privados o religiosos de uso público, la modificación del artículo 510 del código penal para prohibir cualquier tipo de exaltación del franquismo, retirar subvenciones y en su caso ilegalizar a las asociaciones que hagan apología de la dictadura o atenten contra la dignidad de las víctimas, la obligación de investigar los casos de desaparición de menores hasta 1999, la exigencia de apertura de los Archivos Públicos y Eclesiásticos con relación a Personas Desaparecidas, la creación de una red de Lugares e itinerarios de Memoria y la incorporación al currículo educativo de contenidos científicos y de valores propios de la Memoria Democrática. El correspondiente régimen sancionador –inexistente en la anterior ley de 2007-se ocupa de los posibles incumplimientos de la normativa establecida en la Ley. Por último, el marco cronológico se amplía incluyendo la Segunda República y el periodo de Transición, lo que permite introducir el derecho a conocer la verdad histórica de lo que supusieron estos dos periodos, acabando con los dos mitos construidos por el franquismo y sus epígonos de una República fratricida que alumbró la guerra civil y de una Transición pacífica y modélica, en la que las élites dirigidas por el rey entregaron al pueblo la libertad y la democracia.

La proposición de Ley viene cargada de futuro y constituye un factor clave para fortalecer las luchas del presente por la ruptura democrática y la República. La reivindicación de la Segunda República como el régimen político más profundamente transformador y democrático de la historia de España y el desvelamiento del papel que realmente jugó la monarquía como un elemento de continuidad del poder franquista deben traer consecuencias políticas en el sentido de ampliar las bases sociales prorrepublicanas y debilitar la imagen de la monarquía. En el mismo sentido, la recuperación de la memoria de la lucha y la resistencia popular organizada es otra seña de identidad de esta necesaria proposición de ley, que entrega a la ciudadanía del siglo XXI como un patrimonio intangible el ejemplo de generaciones de trabajadoras y trabajadores que nunca se rindieron en la desigual lucha por una existencia libre y digna.

LUIS NARANJO 

Sin noticias de Derechos Humanos tras el Consejo Europeo de Migraciones

LA UE HA ELEGIDO LA CONNIVENCIA CON EL RACISMO Y LA REPRESIÓN MILITAR

Se limitan a un vil consenso sobre cómo y dónde expulsar a los boat-people, en qué campo de concentración encerrarlos y acelerar expulsiones sin garantía procesal.

El 28 de junio se reunió el Consejo Europeo para tratar específicamente las migraciones. Nuevamente se yerra, pues lo consideran un problema, y no un fenómeno social y político cuyo origen está en la devastación de los recursos naturales y la imposición de mandatarios por Occidente, así como de la complicidad, cuando no el apoyo directo económico en armamento, alimentando guerras que son las causas principales por las que miles de personas deciden como salida lanzarse al mar en medios no seguros, y que están acabando desgraciadamente con sus vidas. En lo que va de 2018, ya llevamos la escalofriante cifra de mil personas muertas y desaparecidas en el mar en su ruta hacia Europa, por quinto año consecutivo, o sea, que miles y miles de cadáveres se hallan en el Mediterráneo para nuestra vergüenza como humanidad. Éramos muchos los que esperábamos otras medidas y muchas las ONG expectantes ante sus conclusiones, para acabar con tanta muerte injusta, pero otra vez nos quedamos sin vislumbrar los valores que propugna la Unión Europea, como son la dignidad y los derechos humanos, pues el tratamiento de las migraciones no ha sido con base a estos valores, sino sobre los de la seguridad, la defensa, el control de fronteras y el mantenimiento de las políticas represivas tanto con Turquía como con Italia, ninguna sospechosa de actuar conforme a DDHH.

Javier Couso, europarlamentario de IU, lo tachó como un nuevo capítulo de la degradación moral de la UE, donde mercadean con seres humanos y donde la creación de plataformas de recepción, el aumento de las deportaciones o los centros en terceros países son campos de concentración como nuestros CIE, donde impunemente se violan los DDHH. También la eurodiputada de IU Marina Albiol expuso que de este acuerdo sale más dinero para Turquía y las milicias libias contra los inmigrantes, o que se destinarán 500 millones de euros al fondo fiduciario de África que en lugar de destinarse a cooperación reforzarán las fronteras internas y armarán a policía y ejército así como aumentar la criminalización de las ONG,s que son las que hoy están salvando vidas en el mar, exigiéndoles que realicen devoluciones calientes. Y algo muy grave: fin a los cupos obligatorios por lo que la acogida se deja a la buena voluntad de los Estados Miembros ¿cómo esperar esa buena voluntad de gobiernos que no han cumplido con un tercio de la acogida obligatoria? Más allá del gesto de Pedro Sánchez en la gestión del Aquarius o del Lifeline, son muchos los que todos los días llegan a Europa. Impedir que mueran en el mar es prioritario cuando otros países niegan la recepción, pero también, y ahí el núcleo desde donde trabajar en políticas migratorias seguras y respetuosas con los DDHH, tomar medidas comunitarias que acaben con el racismo y el fascismo demostrado del ministro del interior italiano Matteo Salvini. Por ello la satisfacción de Pedro Sánchez con las conclusiones del Consejo no son esperanzadoras pues apoyó la creación de centros cerrados en países no comunitarios a los que deportar masivamente a las personas que llegan a Europa. Ahora el gobierno de España tras la condena por el Tribunal Supremo por incumplir parcialmente sus obligaciones de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia, (incumplimiento del PP), por las que teníamos un cupo de 19.449 personas durante 2 años y solo ofreció un 12,85% de las plazas, tiene otra tarea que cumplir. La UE ha elegido la connivencia con el racismo y la represión militar, demostrando, una vez más, nulo respeto por la vida. Se limitan a un vil consenso sobre cómo y dónde expulsar, en qué campo de concentración encerrarlos y acelerar expulsiones sin garantía procesal.

MAITE MOLINA  

El PCE exige la gestión pública de la residencia de mayores de Priego y respalda a las y los pricenses que así lo piden

Reclaman también la apertura de las residencias de Cañete y Beteta, incluidas en el mismo convenio que la de Priego, entre Junta y Diputación

El Partido Comunista de España (PCE) en Cuenca “exige” a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la inmediata apertura de la residencia de mayores de Priego, y su “gestión pública y directa por la propia administración, sin concesiones a empresas”. En esa línea, respaldan la recogida de firmas que vecinos y vecinas de la localidad están llevando a cabo con éxito en internet.

El PCE ha criticado duramente al gobierno regional, y en especial a la Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro, y a la Directora Provincial Amelia López, que durante este verano han defendido incluso en la localidad la gestión privada de este recurso público. Para las y los comunistas “no es nada nuevo en el PSOE esa defensa cerrada de lo privado frente a lo público y de los intereses empresariales frente a los intereses colectivos”.

Desde el PCE consideran que la gestión privada “resta calidad al servicio”, puesto que “se prima el beneficio económico”. Y este se obtiene fundamentalmente “precarizando el empleo, rebajando las condiciones laborales o incluso no contratando el personal suficiente”. Con la gestión privada, -recuerdan-, “no se controla la formación y capacidad de las y los trabajadores y la calidad del servicio, que recae en las directrices del propietario de la empresa”. Además, -añaden-, “con la gestión privada hay que pagar Beneficio Industrial e IVA, por lo que a la administración le sale más caro”. “No podemos dejar un servicio tan importante como el cuidado de nuestras personas mayores en manos de una empresa que sólo busca el lucro y el negocio”, concluyen.

Por otra parte, las y los comunistas no se olvidan de las residencias de Beteta y Cañete, incluidas en el mismo convenio entre Junta de Comunidades y Diputación Provincial que la de Priego, reclamando así “su pronta apertura”. En el caso de Cañete, señalan, “el momento administrativo es diferente, puesto que ya se ha adjudicado a una empresa la explotación”. Y en el de Beteta “la situación es mucho más complicada, puesto que la construcción del edificio se encuentra en el juzgado, tras el pago de obras aparentemente no realizadas por parte tanto de PP como PSOE en Junta y Diputación. Las obras de Beteta han generado un sobrecoste que ha duplicado el importe inicial del convenio”, señalan las comunistas. “Una muestra más de cómo PP y PSOE gestionan mal el dinero de todas y todos”.

Izquierda Unida acusa a PP y Ciudadanos de usar el Pleno para legitimar sus acuerdos privados

La formación recuerda que los acuerdos “vendidos” en Prensa por C’s ya figuraban en la propuesta de la semana pasada.

Izquierda Unida ha acusado al Partido Popular y a Ciudadanos de “utilizar el Pleno, las instituciones públicas y democráticas, para validar sus acuerdos y conversaciones privadas, que no se han puesto sobre la mesa en ninguna comisión previa ni en ninguna reunión ante los cuatro grupos municipales que componen el Ayuntamiento”.

Lo hacen, acusa la formación, una semana después de ser rechazado el proyecto de presupuesto para lo que queda de 2018, “sin haber realizado ni un solo cambio en el dictamen, sin que se haya movido un céntimo de euro, tan sólo aceptando la petición que Ciudadanos les brindó de negociar a solas asuntos que el resto del Pleno desconoce a día de hoy”. Todo ello tras haber rechazado la formación naranja las enmiendas que pedían continuar negociando todo el presupuesto. “Y lo vuelven a hacer en agosto y en Feria, como ya se denunció el día 21”.

A lo largo de 8 meses de este año se han ejecutado un 3’75% de las inversiones y 25% del gasto total de lo que sería el presupuesto en vigor. Datos que llevan a pensar a IU que “lo que se pretende es aprobar un presupuesto tarde y mal para dar cobertura a gastos que no se han puesto sobre la mesa hasta ahora y de los cuales no se ha informado”. Desde esta formación califican esta práctica de “oscurantista y maliciosa”, sobre todo tratándose del asunto más relevante de la política municipal, como es el destino del dinero público.

IU constata que “incluso se mantienen errores materiales tan graves como partidas que no corresponden antes de 2019, como la destinada al Parking de Astrana Marín, o que ya no corresponden a este presupuesto como la de la Fuensanta. Además de que innumerables datos no coinciden entre sí en los informes que contienen los presupuestos”.

La coalición de izquierdas se pregunta “qué habrá obtenido Ciudadanos a cambio de este apoyo repentino, que ha variado la posición de esta fuerza política respecto a lo dicho los últimos meses”. Y recuerdan que las propuestas que Ciudadanos ha “vendido” en nota de prensa ya se incluían en la propuesta que se sometió al Pleno la semana pasada. “Esas no pueden ser las partidas obtenidas por Ciudadanos”, por lo que la formación de izquierdas espera que en el Pleno “sean decentes y nos lo cuenten”.

Encuentros increíbles con un submarino en la Antártida

Durante el pasado mes de enero, en el entorno de la Península Antártica, Greenpeace pudo contar con la presencia de una de las representantes del comité científico de la Comisión de la Antártida (CCAMLR) en sus siglas inglesas, la Dra. Susanne Lockhart, de la Academia de Ciencias de California y un submarino tripulado y autónomo que estuvo realizando varias inmersiones en el lecho marino más allá de los 150 metros de profundidad. Como se apunta frecuentemente, el “inexplorado” fondo marino.

Y estas investigaciones han sido exitosas. De hecho, hemos identificado hastacuatro Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV). Este tipo de categorización de especies y hábitats es muy importante. Significa que ahí, en la más absoluta oscuridad y temperaturas extremas, existen formaciones arrecifales y bioingenieras que disponen bosques sumergidos. Paraísos como los del Caribe, pero en la Antártida donde te imaginas un desierto en el fondo marino.

Estos cuatro EMV ya han sido aprobados por el Comité Científico de la Antártida y serán decisivos para la declaración del Santuario propuesto en octubre. En el mar de Weddell que se convertiría en el área protegida más grande del planeta, de 1,8 millones de kilómetros cuadrados. Además esta propuesta cuenta ya con el respaldo del 75% de la industria del kril que faena en estas aguas. Si se protege el mar de Weddell no se pescará este preciado camarón. La industria del kril ya se ha comprometido a no faenar en áreas dónde se solapan las pesquerías y las áreas con presencia de pingüinos. Toda la fauna de la Antártida o come kril o se alimenta de especies que comen kril.

Aventurarse en el fondo marino, es enfrentarse a muchos agujeros en la investigación, cuan Alicia en el País de las Maravillas. La clasificación de especies se hace visionando los vídeos del submarino y algunas muestras que se recogieron con un brazo articulado. El fondo marino alrededor de la Antártida es verdaderamente un país de las maravillas de la biodiversidad que está en grave riesgo debido a los efectos combinados de la sobrepesca y el cambio climático. Necesitamos proteger este lugar maravilloso antes de que perdamos lo que ni siquiera sabemos que tenemos.

Sabemos tan poco acerca de estas aguas remotas que existe el imperativo de aplicar el principio de precaución para protegerlas, antes de dañar o destruir ecosistemas que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de estudiar. El hecho de que estos cuatro sitios ahora se puedan utilizar para proporcionar respaldo científico para dar protección al Santuario es ya en sí mismo una victoria.

Además estos hallazgos se suman al creciente movimiento sobre las evidencias de por qué necesitamos una red de santuarios oceánicos en la Antártida. De hecho, en algunas de estas inmersiones estuvo presente el actor Javier Bardem, y a través de sus ojos pudimos ver cómo son estos ecosistemas. Ya somos 1,7 millones de personas las que reclamamos un santuario marino en la Antártida y queda poco para que se reúnan las delegaciones en octubre. ¿lo lograremos?

GREENPEACE