Las muertes por accidentes laborales ascienden un 9% en solo un año

 Según datos facilitados por el Ministerio de Empleo

·         En los primeros cinco meses de 2017, el número de accidentes mortales en el sector agrícola ha subido un 5,1%.

·         En la evolución interanual, mientras que el número de ocupados en la construcción ha aumentado un 4%, el índice de accidentes mortales en el sector ha subido un 33,6%.

·         Los motivos de la muerte de los trabajadores no van directamente relacionados con el uso de maquinaria pesada o peligrosa, sino todo lo contrario.

     Muerte por ola de calor. Esa fue la causa del último fallecimiento de un trabajador en España, en Morón de la Frontera, Sevilla, mientras asfaltaba una calle bajo temperaturas de 40 grados. Fue un caso polémico, pero no es un hecho aislado. Durante los primeros cinco meses de 2017 han fallecido 203 personas en su puesto de trabajo, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Empleo.

Estos datos contrastan con la mortalidad de trabajadores in itinere, es decir, en el trayecto de sus hogares al trabajo o viceversa: en el mismo periodo han fallecido 43, un 28,3% menos que en 2016, cuando el dato registró 60 muertes.

El sector agrario, el más trágico

Desde el año 2012, el índice de mortalidad de trabajadores en el sector agrario ha ascendido de manera brutal. Esta cifra, que ya contempla la evolución en el número de trabajadores por sector y actividad, refleja la gravedad del asunto. En aquel año, se situaba en 6 fallecidos por cada 100.000 trabajadores. En 2016, ascendió hasta 10. Y en los primeros cinco meses de 2017, el número de accidentes mortales en este sector ha subido un 5,1%.

Otra de las actividades en las que se observa un repunte en el número de accidentes mortales es la construcción, acompañado de una mayor actividad en este sector. En los últimos tres años ha ascendido un 15% la ocupación en esta actividad a nivel nacional. En la evolución interanual, mientras que el número de ocupados tan solo ha aumentado un 4%, el índice de accidentes mortales en construcción ha subido un 33,6%, según datos del Ministerio de Empleo.

“La evolución de los datos en algunos sectores, como la construcción, indica que un incremento de la actividad en un contexto de deterioro de las condiciones de trabajo y de la prevención está teniendo un alto coste en términos de salud y vida de trabajadoras y trabajadores”, apunta Pedro J. Linares, desde el área de salud laboral de CCOO.

Las máquinas no tienen la culpa

En lo que va de año, han fallecido 203 trabajadores durante su jornada laboral. De ellos, un 29% eran conductores y operarios de maquinaria móvil, un 13% peones de la agricultura, pesca y construcción, y otro 13%, trabajadores de la construcción.

Sin embargo, los motivos de la muerte de estos trabajadores no van directamente relacionados con el uso de maquinaria pesada o peligrosa, sino todo lo contrario. Un 41% de los accidentes laborales se han producido en movimiento del operario: andando, corriendo, subiendo o bajando o incluso realizando algún tipo de movimiento en el mismo punto.

Y la causa de la muerte mayoritaria de todos los trabajadores ha venido sobrevenida por esfuerzo físico o condiciones naturales: infartos, derrames cerebrales y otros motivos similares han sido el desencadenante de la mitad de las muertes de los trabajadores.

Precariedad y deterioro de las condiciones laborales

“La siniestralidad laboral es el peor indicador socioeconómico de España, y si lo unimos al subregistro de enfermedades de origen laboral se dibuja un cuadro de grave deterioro de la prevención en nuestro país”, asegura Linares.

 ANA ISABEL CORDOBÉS. CUARTO PODER

Declaración del PCE sobre el llamado Pacto de Estado contra la violencia machista

GRAN PARTE DE LAS PROPUESTAS QUE HA PRESENTADO EL MOVIMIENTO FEMINISTA HAN SIDO MINIMIZADAS

Si queremos realmente atajar la violencia machista desde la raíz Es fundamental contemplar la generalización de la coeducación a todos los niveles.

La movilización del Movimiento Feminista, la presión social y la vergüenza de comprobar la incapacidad de los poderes públicos A para frenar el aumento de víctimas fruto de la violencia machista ha obligado a los grupos que sostienen al Gobierno del PP a aceptar la creación de una nueva comisión para plantear lo que se ha llamado PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.

En tal sentido, el PCE planteó desde un primer momento que la violencia machista solo puede ser erradicada si se elimina el carácter patriarcal de un modelo de sociedad que el Partido Popular contribuye a desarrollar con sus políticas económicas y sociales, por lo que denunciamos que no se puede separar el debate del Pacto de Estado contra la violencia machista de los debates presupuestarios y de las políticas laborales que siguen manteniendo una discriminacion de la mujer, por lo que entendemos que con esta iniciativa lo pretende el PP y Ciudadanos es un lavado de cara de grupos políticos que siguen manteniendo a la mujer como ciudadanas de segunda.

Al mismo tiempo contemplamos que gran parte de las propuestas que ha presentado el Movimiento Feminista han sido minimizadas o directamente ignoradas, ya que no incorpora todas la formas de violencia que se ejercen contra la mujer, de forma especial denunciamos que sigue sin contemplarse como violencia machista la que son ejercidas por agresores que no mantienen una relación de pareja con la mujer, lo que viene a poner de manifiesto la visión patriarcal con la que el PP y Ciudadanos entienden las relaciones entre hombre y mujer.

De esta manera es fundamental llamar la atención sobre la necesidad de acciones de que prevengan y detengan la violencia que se ejerce sobre la mujer, no solamente la que se ejerce fisicamente, sino todo tipo de agresiones que sufre la mujer de una sociedad patriarcal, no podemos dejar de señalar que la prostitucion y la trata de mujeres con fines de explotación sexual o los úteros de alquiler son formas de violencia contra la mujer y como tales tienen que esta recogidas en la ley

Si queremos realmente atajar la violencia machista desde la raíz Es fundamental contemplar la generalización de la coeducacion a todos los niveles, una mayor atención y calidad en los servicios públicos, acabar con la discriminacion laboral de la mujer asegurando el trabajo digno a todos los seres humanos independientemente del sexo, contemplando los suficientes recursos económicos para la atención de las víctimas y su corresponden inserción en el mercado laboral.

Por todos estos argumentos, desde el PCE consideramos que el fracaso de la Ley Integral viene determinado por la carencia de una política que no pretenda minimizar la consecuencias sino que vaya directamente a las causas, es decir que plantee un modelo alternativo de sociedad, en la que las relaciones sociales, económicas y humanas sean plenamente igualitarias y libres, despojadas de cualquier estereotipo patriarcal, que busca el sometimiento del a mujer a través de la violencia, y tiene que ser resuelto desde la elaboración de una verdadera Ley Integral contra la violencia Machista que on presupuesto suficiente, un claro sentido trasversal de todas la políticas y un calendario concreto vaya al fondo del problema, es decir a erradicar la sociedad patriarcal que origina las diversas formas de violencia contra las mujeres.

En este sentido el PCE considera que el llamado Pacto de Estado contra la Violencia Machista, no alcanza los mínimos necesarios para recibir el apoyo de nuestro Partido, haciendo un llamamiento a quienes comparten con nosotras que la violencia machista contra la mujer es una CUESTION DE ESTADO, y que por lo tanto es necesario un gran acuerdo, que sea realmente efectivo, creíble para que se mantenga la denuncia y la presión hasta conseguir el objetivo de avanzar en los cambios profundos que se necesitan en las políticas de Estado a todos los niveles y que están en la base de la violencia machista.

PCE . Secretaría de la Mujer 

Otra agresión contra la autonomía local: La Ley de Contratos contra los municipios

El proyecto de ley de contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el peligro de impedir la remunicipalización de los servicios públicos por las enmiendas realizadas por Ciudadanos y el Partido Democrata Catalán. A través de sus propuestas pretenden realizar un escrutinio previo a la remunicipalización realizado por los órganos de la competencia e impedir la subrogación de trabajadores y trabajadoras en el preceso de recuperación pública del servicio.

Para Ecologistas en Acción la trasposición en el ordenamiento español de las directivas europeas relativas a la adjudicación de contratos de concesión y a la contratación pública, a través de la modificación de la Ley de Contratos del sector público, representa una vuelta de tuerca más en la aplicación de las políticas ultra liberales del Partido Popular en relación con las administraciones locales, toda vez que limitan drásticamente su autonomía y supeditan el interés general al de las grandes empresas al imponer consideraciones de competencia mercantil frente a las del servicio público. elaguanoesunanegocio

El proyecto de ley de contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el peligro de radicalizarse, yendo más allá que la propia Directiva que se quiere trasponer, si se aprueba una serie de enmiendas exactamente iguales presentadas por Ciudadanos y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), demostrando que para la derecha no existen fronteras ni diferencias ideológicas cuando se trata de defender los intereses de tres o cuatro grandes corporaciones empresariales.

Estas enmiendas son de dudosa constitucionalidad, según Ecologistas en Acción, si se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 137 y 140 de la Constitución, suponen la modificación de varias normas y disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local al exigir que se realice un escrutinio previo a cualquier proceso de remunicipalización, por parte de los órganos competentes en materia de defensa de la competencia. En el caso de servicios en los que el mercado relevante afectado sea de ámbito nacional, el escrutinio debe realizarlo nada menos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero, es más, en el caso de monopolio de servicios, el escrutinio será de obligado cumplimiento y deberá realizarse, incluso, en aquellos casos en los que actualmente los servicios son de gestión directa, exigiendo, por lo tanto, la retroactividad. De esta forma se ataca a la autonomía municipal al pretender dificultar, cuando no impedir, que los servicios públicos objeto de las competencias de las Administraciones Públicas se presten directamente por las mismas.

Las enmiendas contemplan también la derogación de artículos del Estatuto de los trabajadores y de los convenios colectivos de aplicación, infringiendo la Directiva 23/2001 / CE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas por impedir la subrogación como consecuencia de limitaciones o restricciones de índole presupuestario. Esto atenta contra las competencias de los órganos de las administraciones públicas, que pueden decidir prestar el servicio de forma directa con el presupuesto que ya dedican al pago del contrato externalizado.

Pero, además, en caso de aprobarse, las enmiendas de Cs y PDeCat impedirán de hecho los procesos de remunicipalización al entender aplicables los límites sobre la masa salarial y de tasa de reposición de efectivos, sin tener en cuenta el ahorro que eso puede suponer en términos globales.

Y esta iniciativa de la derecha en contra de los procesos de remunicipalización se pone en marcha cuando en toda Europa hay una tendencia en alza por recuperar la gestión pública, en la que ciudades como Paris, Berlín o Montpelier han decidido soberanamente gestionar sus servicios de abastecimiento de agua con modelos transparentes, participativos y con rendición de cuentas.

Por tanto, Ecologistas en Acción entiende que las enmiendas presentadas por Ciudadanos y el PDeCat deben retirarse, ya que:

• Son de dudosa constitucionalidad porque atentan contra la autonomía local, quedando los municipios como delegaciones administrativas sin capacidad de decisión en manos del estado central o a lo sumo de la comunidad autónoma.
• Subordinan el interés público a los intereses particulares de las grandes empresas.
• La prestación de servicios públicos son derechos ciudadanos y derechos humanos, por lo que no tienen que garantizarse en régimen mercantil porque no tienen nada que ver con la competencia.
• Establecen obligaciones relativas a las relaciones laborales que exceden en mucho el objeto de la Ley de contratos.
• Subordinan los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la aplicación de la legislación laboral y el respeto a los derechos de la ciudadanía a servicios públicos de calidad, al mantenimiento de negocios privados con cargo a los presupuestos públicos.

Ecologistas en Accion

IU ultima su iniciativa para lograr la nulidad de la Ley de Amnistía “en todos aquellos aspectos que vulneran el Derecho Internacional en la persecución de crímenes de lesa humanidad”

Izquierda Unida, a través de su responsabilidad federal de Memoria Democrática, que coordina Esther López Barceló, y tras un amplio periodo de consultas con múltiples asociaciones y colectivos, tiene prácticamente ultimada una importante iniciativa parlamentaria para la “declaración de nulidad de la Ley 46/1977 de Amnistía”. La iniciativa, en formato de proposición de ley, declara en su artículo primero la nulidad de esta ley “en todos aquellos aspectos que vulneran el Derecho Internacional en materia de persecución de crímenes de lesa Humanidad”.

Además, el texto plantea de forma contundente la “nulidad de pleno derecho de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que supusieron condenas que atentan contra los Derechos Humanos. Quedan igualmente anuladas todas las consecuencias jurídicas de dichas sentencias”.

López Barceló, coincidiendo con una fecha tan emblemática como la de hoy, 18 de julio, día de la consumación del golpe de Estado de 1936 contra el legítimo Gobierno de la II República, destaca la importancia de esta propuesta “para acabar con las consecuencias nefastas de la Ley de Amnistía con respecto a la investigación judicial de los crímenes del franquismo”.

La dirigente federal de IU recuerda que “no es la primera vez que nuestra formación concreta propuesta sobre esta cuestión, en legislaturas pasadas ya presentó iniciativas para modificación la ley, pero esta vez se va más allá al plantear directamente la nulidad en todos aquellos aspectos en los que se considera que se da una vulneración del Derecho Internacional en cuanto a la persecución de crímenes de lesa Humanidad”.

Apostilla que “tras 40 años de represión y 40 años de impunidad en plena democracia, es hora ya de hacer cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas y poner punto y final a las consecuencias que se arrastran a partir de la ley original”.

Esther López Barceló considera que “no es de recibo que en un Estado de Derecho los crímenes que entran en la categoría de lesa humanidad perpetrados durante la represión de la dictadura franquista deban ser juzgados en otro país, mientras desde el Estado español se niegan extradiciones de torturadores y se bloquean los mecanismos para toma de declaración de víctimas y victimarios en los juzgados españoles por parte de la Fiscalía General del Estado, con la inestimable colaboración del Gobierno del Partido Popular”.

Para la responsable de Memoria Democrática de IU “el Ejecutivo de Mariano Rajoy no sólo está obligado a hacer cumplir el Derecho Internacional y los Derechos Humanos, sino que debe asumir sus responsabilidades por vulnerarlos de forma sistemática y consciente”.

Explica también que en las próximas semanas “Izquierda Unida avanzará aún más en su trabajo para consensuar aún más los puntos de la iniciativa con más asociaciones de la Memoria y otras formaciones políticas, lo que incluirá una ronda de contactos con el conjunto de ellas”.

En esta misma línea, la Colegiada de Izquierda Unida -órgano de dirección ejecutivo de esta formación- ya ha dado el visto bueno tanto a esta iniciativa como a dedicar el próximo mes a “la lucha contra la impunidad franquista y la denuncia de los incumplimientos de los Derechos Humanos”, al cumplirse los 40 años de la aprobación de la Ley de Amnistía.

Para López Barceló, la nulidad de las sentencias franquistas “es un deber democrático que debió quedar ya garantizado durante la redacción de la Ley de Memoria Histórica y que, lamentablemente, no se consiguió”.

“Resulta una ignominia que las sentencias de condena a Miguel Hernández o a Julián Grimau sigan siendo válidas. Desde Izquierda Unida estamos decididos a acabar con esta infamia aunque sea con 40 años de retraso”. Recuerda también que estas medidas “siguen las recomendaciones de Naciones Unidas, así como las exigencias aprobadas, por ejemplo, en el preámbulo de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, ya en vigor”.

 Campaña en redes

 De la misma forma, y coincidiendo también con la fecha del 18 de julio, Izquierda Unida Federal ha puesto en marcha a través de las redes sociales una completa campaña que, entre otras actuaciones, se suma en Twitter a la ciberacción en marcha usando el hashtag #18jYoCondeno 

En concreto, la campaña de IU busca la “condena los 40 años de la dictadura franquista, así como denunciar los otros 40 años de impunidad de los crímenes cometidos por el régimen fascista”. Ésta incluye la publicación y difusión de un video que se puede encontrar a través de:

 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZwXDNYgA9gY

Twitter: https://twitter.com/iunida/status/887250611338485762

Facebook: https://www.facebook.com/izquierda.unida/videos/10154958696273867/

UE: Movilización contra el glifosato en las mismas narices del gobierno europeo

En pleno debate científico sobre su posible efecto cancerígeno, varios activistas se han congregado este miércoles antes las puertas de la sede para pedir a las autoridades comunitarias su prohibición.

Bruselas discute sobre la renovación para la autorización del herbicida más usado del mundo: el glifosato.

En pleno debate científico sobre su posible efecto cancerígeno, varios activistas se han congregado este miércoles antes las puertas de la sede para pedir a las autoridades comunitarias su prohibición.

Bruselas dispone de 5 meses para tomar una decisión de si renueva o no la autorización de este componente químico durante un periodo de nueve años, hasta 2025. De momento hay que esperar a que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se pronuncie sobre si esta sustancia es o no cancerígena.

La polémica sobre la toxicidad del glifosato, el ingrediente principal del herbicida estrella de Monsanto, el Roundup, ha generado un espinoso debate en el propio seno de la UE, donde algunos países como Francia se han posicionado abiertamente en contra.

“Estoy aquí porque me preocupan los agricultores, las personas y la naturaleza. Pedimos a la Comisión Europea, y a todos los gobiernos, que inviertan más en investigación de alternativas para el uso de pesticidas”, explica Kurt Sannen, agricultor ecológico y presidente de BIOFORUM en Bélgica.

“Pronto no quedarán ni pájaros, ni abejas, ni nada. Ya es hora de que reaccionemos”, clama otro de los manifestantes, Korsak Leonid, pensionista belga.

Los opositores al glifosato, se han visto alentados por un estudio científico que cuestiona los estudios en los que se basa Bruselas para proponer renovar la autorización a ese producto.

 Kaosenlared

Punto de no retorno para los neonicotinoides. ¡Prohibición YA! #SOSabejas

Se ha publicado un estudio que demuestra que los insecticidas neonicotinoides dañan a las abejas en el mundo real, lo que viene a confirmar las investigaciones realizadas en laboratorio. Con esto se demuestra también que las alegaciones de la industria de que los neonicotinoides no perjudican a las abejas cuando son bien utilizados en el campo son totalmente infundadas. Y eso que… el estudio fue financiado en parte por Bayer y Syngenta, que ya han mostrado, como era de esperar, su malestar respecto a las conclusiones.


Ahora, las conclusiones de este estudio deben ser asumidas por los responsables políticos que deben mostrar valentía, actuar con urgencia y eliminar de una vez por todas estos insecticidas de nuestros campos. Sabemos muy bien que el actual declive de las poblaciones de abejas es la consecuencia de un conjunto de factores que interactúan y que los neonicotinoides no son los únicos que las afectan, pero es urgente actuar. Prohibir los plaguicidasdemostradamente peligrosos para las abejas, y otras especies, es la forma más rápida de quitarles una importante presión y permitir que estén más fuertes para enfrentarse a las demás amenazas.

El estudio se llevó a cabo en 33 grandes fincas agrícolas repartidas por Alemania, Hungría y Reino Unido. Se han estudiado los efectos en abejas melíferas, abejorro común y una especie de abeja solitaria que vivían en las inmediaciones de campos de colza cuyas semillas habían sido tratadas con clotianidina (Bayer) o tiametoxam (Syngenta) y se compararon con aquellos campos donde no se utilizaron insecticidas durante el año de estudio. En Hungría se reportó un declive del 24% durante el invierno y en Reino Unido entre un 67% y un 79%. En Alemania no se reportó ningún declive pero los investigadores han constatado que en Alemania solo el 15% del alimento de las abejas provenía de los cultivos tratados en comparación con el 40-50% en Reino Unido y Hungría. Uno de los investigadores afirmó lo siguiente: "Claramente las abejas en Alemania se están alimentando de otros recursos florales y están menos expuestas a los neonicotinoides".

Muestra además algo muy importante: las abejas son afectadas, no solo por el tratamiento directo, sino también por los residuos que persisten en el campo. Esto plantea el espectro de una repetición de lo que ya denunció Rachel Carson en su libro “Primavera silenciosa” respecto al DDT.

El estudio se suma a la creciente evidencia de que los insecticidas neonicotinoides dañan a las abejas melíferas y silvestres. El posicionamiento a favor de una prohibición total de estos insecticidas debe ser ahora incuestionable y marcar un punto de no retorno para estos insecticidas. Las abejas son un pilar vital para los ecosistemas y la cadena alimentaria. No podemos permitirnos correr riesgos respecto a su bienestar.

 GREENPEACE

IU advierte de que los buenos datos de visitantes y pernoctaciones no se reflejan en las condiciones laborales del sector de la hostelería

Sólo 510 de los 12.942 contratos firmados en junio de 2017 son indefinidos, menos del 5%. Son 17 contratos menos que en junio de 2016

La formación está denunciando situaciones de precariedad laboral en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, en el marco de la campaña “Que no nos jodan la vida”.

De los 12.942 contratos que se han firmado en la provincia de Cuenca durante el mes de junio de 2017, tan sólo 510 han sido indefinidos, menos del 5% del total, siendo los demás de carácter temporal. Este es el dato que ha ofrecido Izquierda Unida esta mañana en rueda de prensa, según la estadística del propio Servicio Público de Empleo (SEPE).

Para IU, esto significa que los buenos datos de visitantes y de aumento de las pernoctaciones que ofrece la Patronal tanto en la provincia como en Cuenca capital, no están teniendo repercusión en la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector de la hostelería. “Si aumentan las visitas, viene más gente, y el volumen de negocio aumenta, también deberían hacerlo las contrataciones y las condiciones de trabajo” afirman. “Sin embargo, se han firmado incluso 17 contrato fijos menos que el año pasado, lo cual supone aumentar la precariedad y empeorar las condiciones de trabajo”.

Así mismo, IU ha denunciado la externalización de servicios en hostelería. De manera que “los hoteles contratan otras empresas para que hagan las tareas de camareras de piso, y los restaurantes subcontratan a las y los camareros o el personal de cocina”. Así en lugar de aplicar el convenio de hostelería se aplica el Estatuto de los Trabajadores, porque estas empresas ‘multiservicios’ no tienen convenio colectivo. Lo cual supone rebaja de salarios y aumento de las jornadas parciales. “Si cuando empezó la crisis se trató de atajar a través de las condiciones laborales, ahora que nos venden que todo mejora, sin embargo, se sigue atacando los salarios y aumenta la precariedad” denuncian. “Todo ello para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, como siempre”, sentencian.

Esta denuncia de IU se encuadra en la campaña “Que no nos jodan la vida”, a través de la cual la formación está denunciando situaciones de precariedad laboral en las 5 provincias de la región. “En Cuenca tenemos que hablar de hostelería y turismo”, alegan en IU, “dado que nos venden que en esta provincia no cabe otra ‘industria’. Sin embargo, las condiciones para sus trabajadoras y trabajadores no mejoran. Lo cual tiene más repercusión entre la juventud, y en especial entre las mujeres”.