Otra agresión contra la autonomía local: La Ley de
Contratos contra los municipios
El proyecto de ley de
contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el
peligro de impedir la remunicipalización de los servicios públicos por las
enmiendas realizadas por Ciudadanos y el Partido Democrata Catalán. A través de
sus propuestas pretenden realizar un escrutinio previo a la remunicipalización
realizado por los órganos de la competencia e impedir la subrogación de
trabajadores y trabajadoras en el preceso de recuperación pública del servicio.
Para Ecologistas en
Acción la trasposición en el ordenamiento español de las directivas europeas
relativas a la adjudicación de contratos de concesión y a la contratación
pública, a través de la modificación de la Ley de Contratos del sector público,
representa una vuelta de tuerca más en la aplicación de las políticas ultra
liberales del Partido Popular en relación con las administraciones locales,
toda vez que limitan drásticamente su autonomía y supeditan el interés general
al de las grandes empresas al imponer consideraciones de competencia mercantil
frente a las del servicio público. elaguanoesunanegocio
El proyecto de ley de
contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el
peligro de radicalizarse, yendo más allá que la propia Directiva que se quiere
trasponer, si se aprueba una serie de enmiendas exactamente iguales presentadas
por Ciudadanos y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), demostrando que
para la derecha no existen fronteras ni diferencias ideológicas cuando se trata
de defender los intereses de tres o cuatro grandes corporaciones empresariales.
Estas enmiendas son de
dudosa constitucionalidad, según Ecologistas en Acción, si se tiene en cuenta
lo dispuesto en los artículos 137 y 140 de la Constitución, suponen la
modificación de varias normas y disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local al exigir que se realice un escrutinio previo a cualquier proceso
de remunicipalización, por parte de los órganos competentes en materia de
defensa de la competencia. En el caso de servicios en los que el mercado
relevante afectado sea de ámbito nacional, el escrutinio debe realizarlo nada
menos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero, es más,
en el caso de monopolio de servicios, el escrutinio será de obligado
cumplimiento y deberá realizarse, incluso, en aquellos casos en los que
actualmente los servicios son de gestión directa, exigiendo, por lo tanto, la
retroactividad. De esta forma se ataca a la autonomía municipal al pretender
dificultar, cuando no impedir, que los servicios públicos objeto de las
competencias de las Administraciones Públicas se presten directamente por las
mismas.
Las enmiendas
contemplan también la derogación de artículos del Estatuto de los trabajadores
y de los convenios colectivos de aplicación, infringiendo la Directiva 23/2001
/ CE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
traspasos de empresas por impedir la subrogación como consecuencia de
limitaciones o restricciones de índole presupuestario. Esto atenta contra las
competencias de los órganos de las administraciones públicas, que pueden
decidir prestar el servicio de forma directa con el presupuesto que ya dedican
al pago del contrato externalizado.
Pero, además, en caso
de aprobarse, las enmiendas de Cs y PDeCat impedirán de hecho los procesos de
remunicipalización al entender aplicables los límites sobre la masa salarial y
de tasa de reposición de efectivos, sin tener en cuenta el ahorro que eso puede
suponer en términos globales.
Y esta iniciativa de
la derecha en contra de los procesos de remunicipalización se pone en marcha
cuando en toda Europa hay una tendencia en alza por recuperar la gestión
pública, en la que ciudades como Paris, Berlín o Montpelier han decidido
soberanamente gestionar sus servicios de abastecimiento de agua con modelos
transparentes, participativos y con rendición de cuentas.
Por tanto, Ecologistas
en Acción entiende que las enmiendas presentadas por Ciudadanos y el PDeCat
deben retirarse, ya que:
- Son de
dudosa constitucionalidad porque atentan contra la autonomía local,
quedando los municipios como delegaciones administrativas sin capacidad de
decisión en manos del estado central o a lo sumo de la comunidad autónoma.
- Subordinan
el interés público a los intereses particulares de las grandes empresas.
- La
prestación de servicios públicos son derechos ciudadanos y derechos
humanos, por lo que no tienen que garantizarse en régimen mercantil porque
no tienen nada que ver con la competencia.
- Establecen
obligaciones relativas a las relaciones laborales que exceden en mucho el
objeto de la Ley de contratos.
- Subordinan
los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la aplicación de la
legislación laboral y el respeto a los derechos de la ciudadanía a servicios
públicos de calidad, al mantenimiento de negocios privados con cargo a los
presupuestos públicos.
Ecologistas en Accion
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