IU advierte de que el aumento del PIB en el tercer trimestre se sigue basando en “factores externos, pero no eternos, que no esconden la fragilidad del crecimiento económico”

El responsable federal de Políticas Económicas, Carlos Sánchez Mato, reclama al equipo económico del Gobierno de Rajoy “que no lance las campanas al vuelo y modere su optimismo”, ya que “el Producto Interior Bruto es un indicador limitado que no refleja el bienestar de la población ni el reparto de la renta y la riqueza”.

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, advierte de que el crecimiento de la economía española sigue produciéndose “debido y gracias a factores externos, entre ellos la contención del precio del petróleo, una política monetaria ultra expansiva, la depreciación del euro o el notable incremento estival del turismo, reconocido todo ello hasta por el Banco de España, aunque estos factores son externos, pero no eternos, que no esconden la fragilidad del crecimiento”.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó hoy de que la economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre de este año, una décima menos que en el trimestre anterior, según el avance de datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, mientras que la tasa interanual del PIB se mantuvo en el 3,1%. 

Sánchez Mato reclama también al equipo económico del Gobierno de Mariano Rajoy “que no lance las campanas al vuelo y modere su optimismo. El Producto Interior Bruto es un indicador limitado que no refleja el bienestar de la población ni el reparto de la renta y la riqueza, factores estos que están lejos de ir en el mismo sentido que el PIB pese al tan cacareado fin definitivo de la crisis por parte de la derecha política y económica”.

El dirigente federal de Izquierda Unida apunta que con los datos conocidos hoy se ve “que el PIB vuelve a niveles pre crisis, lo que no  estaría mal si no fuera por los 1,7 millones de empleados/as menos que entonces y, por lo tanto, mucha menos masa salarial”.

“Es decir -explica- el ‘tamaño de la tarta’ vuelve a ser el mismo pero ahora hay una porción más pequeña para la clase trabajadora. Esto se traduce en una mayor importancia de los beneficios que se reparten los de siempre y un incremento en el nivel de explotación, como revelan los datos del mercado laboral, que sitúan al Estado español en el segundo lugar en tasas de temporalidad y con un salario para los nuevos contratos que retrocede hasta niveles de 1993”.

El responsable económico federal de IU no olvida el hecho de que este tipo de crecimiento económico se siga produciendo “a pesar de la austeridad fiscal impuesta que, tal y como ha reconocido la propia Comisión Europea, es siempre un elemento que deprime la actividad económica. Sin esta austeridad la economía podría crecer mucho más”.

Carlos Sánchez Mato mantiene su defensa de que la economía “necesita basar su crecimiento en un modelo productivo mucho más diversificado y de mayor valor añadido, no tanto en el turismo de sol y playa. Para ello, abandonar la austeridad fiscal se vuelve una condición necesaria e ineludible”.

                                                                                                                   
                                                                                       

IU denuncia el “saqueo a la educación pública que sigue perpetrando el Gobierno del PP”, una política que “cuestiona con crudeza hasta la OCDE en su último informe”

        

Para el Área Federal de Educación de IU “es la hora de reforzar el compromiso y la cooperación de toda la comunidad educativa en los centros y de implicar a la ciudadanía del entorno; hay que recuperar la movilización en defensa de la enseñanza pública”.

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia el “saqueo de la educación pública que sigue perpetrando el Gobierno del Partido Popular, una política que cuestiona con crudeza hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su último informe”.

Enrique Díez, responsable federal del área, advierte de que “pese a la propaganda desplegada para tapar lo evidente, a día de hoy se mantienen las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales de recorte de lo público, pactadas previamente por PP y PSOE y consagradas con la reforma impuesta del artículo 135 de la Constitución en 2011. Se ve en hechos concretos como que la cuarta parte de los/as jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudia ni puede trabajar en el conjunto del Estado”.

“Seguimos sufriendo, por tanto -añade el dirigente de IU-, los efectos de políticas educativas que, sin recursos suficientes, potencian el fracaso y el abandono escolar de la población joven que más apoyo necesitaría, por una parte, a las que hay que sumar unas políticas económicas que generan la elevada tasa de desempleo juvenil que se está convirtiendo en estructural”.

El análisis que hace el Área de Educación de IU apunta que “el resultado de este desmantelamiento sistemático y planificado de lo público se dejan sentir cada vez con más fuerza en el sistema público educativo, como no puede ser de otra forma. Los centros escolares han sufrido un permanente recorte de profesorado y de personal, con cerca de 30.000 docentes menos en la escuela pública para una población escolar que ha aumentado”.

“Al deterioro de estas condiciones laborales, con mayor precariedad del profesorado interino, aumento de las jornadas lectivas y de la ratio de alumnado o pérdida salarial, se suma el abandono de los programas de atención a la diversidad y la pérdida del carácter inclusivo de la educación”, explica.

Para Enrique Díez, “la LOMCE ha sido la justificación ‘legal’ impuesta por esta ideología privatizadora y discriminatoria de las élites, al servicio de quienes parece gobernar el PP. No ha pasado desapercibido ni a la OCDE, un organismo internacional que es parte de un modelo neoliberal al servicio de esas mismas élites. Los sucesivos recortes y la aplicación precipitada de la LOMCE no sólo deterioran el servicio público educativo, sino que desvían alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada con una intencionalidad segregadora que atenta contra la cohesión social”.

“Estamos en un estado de ‘emergencia educativa’, ante una crisis de la educación pública que resulta ‘insostenible’, según expresión de la propia OCDE, para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país”, constata el dirigente de IU.

Los datos del informe de la OCDE son “demoledores” y reflejan que ahora se destinan entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año, que el Estado español está en el puesto 25 de los 35 países que conforman la OCDE, por detrás de Portugal, Francia, Alemania, Finlandia, Reino Unido o Italia, Portugal. La inversión en educación supone solo un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de estos países. En términos de PIB, se ha recortado hasta el actual 4% -7.000 millones menos- una inversión muy por debajo de la media en la OCDE, el 5,3%”.

“Y, además -denuncia Díez-, el Gobierno del PP se ha comprometido con las máximas instancias políticas europeas, además de con el FMI y el BCE, a que no pase del 3,8% del PIB en 2018 y descienda hasta el 3,67% en 2020”.

“Desde Izquierda Unida consideramos que hay que hacer frente a este dramático panorama que busca dinamitar el servicio público educativo. Exigimos la reversión de los recortes y el blindaje constitucional del gasto público en educación para contar con un porcentaje de PIB que en ningún caso se sitúe por debajo de la media europea”, expone.

Para el Área Federal de Educación de IU “es la hora de reforzar el compromiso y la cooperación de toda la comunidad educativa en los centros y de implicar a la  ciudadanía del entorno. Hay que recuperar la movilización, como ya se anuncia, en defensa de la enseñanza pública”.

La transición energética pasa por abandonar las nucleares y el carbón a corto plazo

Ecologistas en Acción exige que el gobierno emprenda el camino hacia un modelo energético basado en energías limpias y renovables para cumplir los Acuerdos Climáticos de París, proteger el medioambiente y los recursos, generar riqueza y empleo, y abaratar la factura de la luz.

El debate energético está de rabiosa actualidad, puesto que la UE exige a sus estados que presenten una estrategia para cumplir los Acuerdos Climáticos de París a principios de 2018. Este compromiso fuerza a reformular profundamente el modelo energético, puesto que hay que alcanzar importantes reducciones de emisiones de gases de invernadero para 2030. De todos los combustibles fósiles, el carbón es el que provoca más emisiones de dióxido de carbono por energía producida.

Por si esto fuera poco, los permisos de funcionamiento de las centrales nucleares españolas expiran entre 2020 y 2024, así que el gobierno ha de tomar decisiones en esta misma legislatura sobre el papel que ha de jugar esta energía, puesto que en verano de 2020 caducan los permisos de Almaraz I y II (Cáceres) y de Vandellós II (Taragona).

Por tanto, el tiempo que se acerca requiere de importantes decisiones por parte del gobierno español, decisiones que deberían tomarse pensando en el bien común y no sólo en el beneficio de sectores económicos tan poderosos como las compañías eléctricas y los bancos de inversión.

La explotación de las centrales nucleares amortizadas es un excelente negocio para las empresas eléctricas y sus grandes inversores, como los bancos de inversión, que no genera beneficio alguno para el país. Pero además, es un negocio rentable después de décadas de protección política y de subvenciones más o menos encubiertas en forma de Costes de Transición a la competencia, de la Moratoria Nuclear, del pago de la gestión de los residuos y del stock del uranio. En el mercado marginalista español, el precio del kWh nuclear se paga en promedio a unas tres veces lo que cuesta producirlo, y de ahí el interés en que sigan funcionando las centrales. Las centrales nucleares son en España un verdadero freno para el desarrollo de las energías renovables, puesto que no es viable técnicamente un mix eléctrico con una producción del 22 % de electricidad nuclear, que funciona en base, no se regula y no es flexible.

Además, no hay que olvidar los problemas ambientales que ocasionan las centrales nucleares, los cuales, por sí mismos, suponen suficiente argumento para abandonar esta fuente de energía: contaminación, riesgo de accidente y generación de residuos radiactivos.

La opción por un modelo basado en renovables debe ir acompañada por un cierre escalonado de centrales nucleares. La decisión de prolongar su funcionamiento hasta los 50 o 60 años favorece claramente a poderosos sectores económicos, aunque los perjuicios de la energía nuclear los suframos todos.

El problema de las retribuciones a las diferentes fuentes de energía es clave en este debate, pues determina qué tecnologías serán las protagonistas y qué agentes ganarán más o menos dinero. Los intentos para fijar precios ventajosos garantizados para la energía nuclear que se han producido en Reino Unido, han chocado una y otra vez con el Consejo de Competitividad Europeo que no aprueba la ventaja de este sector empresarial. Pero el Gobierno español no tiene de qué preocuparse, porque el consejo nunca ha puesto su lupa sobre la financiación de las nucleares españolas.

En la estrategia para cumplir el Acuerdo de París, que debería suponer una auténtica transición a un nuevo modelo energético 100 % renovable y limpio, el Ministro Álvaro Nadal y su secretario de Estado, Daniel Navia, ya hablan sin rubor de mejorar los pagos a las grandes eléctricas cambiando el protocolo de las retribuciones por inversión, suavizando la reducción reglamentada actualmente por la caída de los tipos de la deuda española. Ecologistas en Acción exige que estas retribuciones se apliquen sólo en aquellas tecnologías que de verdad contribuyen a la transición a un nuevo modelo energético, y no al mantenimiento del estatus quo que supone el beneficio para unos pocos y el freno de la expansión de las renovables.

ECOLOGISTAS EN ACCION

IU inicia la elaboración “en la calle y pegados al terreno” de una ley integral de lucha contra la pobreza urbana y en el mundo rural

La diputada andaluza Eva García Sempere lo considera “uno de los proyectos más ilusionantes y necesarios” en lo que queda de legislatura, frente a la parálisis política que pretenden “aquellos que se envuelven en las banderas” y no responden a las necesidades y carencias que sigue soportando la mayoría social.

Izquierda Unida ha iniciado la elaboración de una ley integral de lucha contra la pobreza urbana y en el mundo rural en lo que, en palabras de la diputada de esta formación por Málaga, Eva García Sempere, busca ser “uno de los proyectos más ilusionantes y necesarios para IU” en lo que queda de legislatura.

García Sempere presentó esta mañana en una rueda de prensa junto al responsable federal de Organización de Izquierda Unida, Ismael González, las líneas básicas que se buscan cumplir con esta ambiciosa iniciativa. Puso como ejemplo la necesidad sacarla adelante “frente a aquellos que se envuelven en las banderas” y tienen paralizada la actividad política de este país, situando como único el problema de Cataluña, sin dar respuesta a las muchas necesidades y carencias que sigue soportando la mayoría social.

La parlamentaria de IU expuso también la contradicción que supone que mientras algunos intentan que sólo se hable del enfrentamiento político entre independentistas y nacionalistas españoles “los distintos indicadores adviertan claramente del aumento de los desequilibrios territoriales”. Esto puede verse incluso en el hecho de que “Cataluña sea uno de los tres territorios del Estado donde más aumenta la desigualdad y la pobreza en los últimos años”.

Eva García Sempere destacó especialmente la forma en que Izquierda Unida quiere abordar la redacción de esta proposición de ley integral contra la pobreza “con el trabajo directo en los barrios y en las zonas más afectadas por este problema en todo el Estado”, así como la relación y la consulta específica “con ONGs, con los vecinos, con las iglesias, además de con nuestra organización en cada territorio”.

Consideró que así es la única forma de hacerlo “en la calle, pegados al terreno y no sólo con reuniones en el Congreso”, para abordar el “empeoramiento de las condiciones de pobreza en todo el Estado” que, a pesar de la propaganda y del triunfalismo del Gobierno de Mariano Rajoy, han llevado a que “más de un millón de personas malvivan sin tener cubierto ninguno de sus servicios básicos”.

García Sempere criticó los “incumplimientos” y la “falta de implicación” de los máximos responsables de la Unión Europea a la hora de abordar este grave problema, lo que puede verse en cuestiones prácticas como que “con la situación actual va a ser imposible cumplir la Estrategia 2020”, algo para lo que “en los próximos años habría que conseguir disminuir tres millones de pobres” en todo  el Estado. 

La diputada andaluza insistió en que Izquierda Unida incidirá también en distinguir “entre la pobreza urbana, quizá la más conocida, y la pobreza en el mundo rural, más invisible, menos explícita, aunque cada vez está saliendo más a la luz”.

Comentó que para ello hace falta un “mapeo” que esta formación tiene la intención de abordar para encontrar así las “mejores salidas específicas y las causas reales de los desequilibrios territoriales”, con vistas a que la ciudadanía “se implique más y se empodere en la puesta en marcha de las soluciones”.

 IU pide mirar más allá del Ayuntami ento para solucionar el problema de los vertederos ilegales

Una vez limpios los vertederos, se está vertiendo de nuevo, por lo que IU cree que hay que redoblar la vigilancia. Para esta formación, Junta, Diputación y Ayuntamiento “no han hecho los deberes” en materia de gestión de residuos.

  Izquierda Unida ha mostrado su satisfacción al comprobar que ya se ha procedido a la limpieza de algunos de los vertederos ilegales que rodean la ciudad, y de que en noviembre se vaya a culminar el proceso.

Así mismo, han denunciado nuevos vertidos “sobre lo ya limpio”, por lo que han pedido al equipo de gobierno “redoblar la vigilancia” en torno a estas zonas. “Es competencia municipal y, además, tras la denuncia de IU y Ecologistas en Acción al SEPRONA, ha quedado acreditado que tanto los vertederos de Villarromán IV como del Cerro de la Horca se sitúan sobre suelo propiedad municipal”, afirman. “Por tanto, no sólo corresponde al Ayuntamiento la vigilancia como administración competente, sino también como propietario”.

En este sentido, afirma IU, “todavía no hemos visto ninguna multa a quienes vierten, a pesar de que se ha pillado con las manos en la masa a más de uno y de que el propio concejal de Servicios a la Ciudad anunció esas multas a bombo y platillo”. Aunque también consideran esto “poco probable cuando es el propio Ayuntamiento quien ha estado vertiendo en una parcela detrás de Termalia”.

En cuanto a la solución de fondo, IU pide mirar más allá del Ayuntamiento y señala que existe un vertedero de inertes construido por la Junta de Comunidades dentro de su plan de gestión de residuos (Decreto 189/2005), que está cedido a la Diputación, y que “está cerrado, entre otras cosas, porque no tiene licencia del Ayuntamiento”. Así como están por desarrollar el resto de infraestructuras que contempla el plan. “Si bien las empresas que generan residuos son responsables de gestionarlos, la administración elabora normativa y debe crear centros de tratamiento, de depósito, etc. Y en este caso ni la Junta, ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, han hecho los deberes”, sentencian.

IU lanza la campaña #40AñosDeImpunidad coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía

Alberto Garzón y Esther López Barceló explican que se busca el doble objetivo de “denunciar la impunidad sobre los crímenes del franquismo que esta norma ha generado y contribuir a la reclamación de ‘Verdad, Justicia y Reparación’ que no han parado de hacer los/as luchadores/as antifranquistas, así como las centenares de miles de víctimas de la dictadura y sus familiares”.

Izquierda Unida ha lanzado a mediodía de hoy a través de sus canales habituales en las redes sociales la campaña #40AñosDeImpunidad coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía. IU busca con esta actuación cumplir el doble objetivo de “denunciar la impunidad sobre los crímenes del franquismo que esta norma ha generado en todo este tiempo y contribuir a la reclamación de ‘Verdad, Justicia y Reparación’ que no han parado de hacer los/as luchadores/as antifranquistas, así como las centenares de miles de víctimas de la dictadura y sus familiares”, tal y como exponen Alberto Garzón y Esther López Barceló, coordinador federal y responsable de Memoria Democrática.

La campaña ilustra a través de imágenes y una selección de mensajes cortos publicados en distintas redes sociales la posición tradicional de esta formación sobre este asunto. Para Garzón, “resulta fundamental aprovechar este aniversario para seguir dando pasos con el fin de acabar con la impunidad de unos crímenes que, en una democracia real, hace muchos años que ya habrían sido juzgados y castigados”.

“De haberse hecho así -añade para dar aún más actualidad si cabe a esta acción-, seguro que habría sido mucho más difícil el resurgimiento de una ultraderecha que, a tenor de las recientes evidencias, se sabe impune en nuestro país por lo visto en las calles de algunas ciudades del Estado”.

El máximo responsable de Izquierda Unida lamenta que se construyera “el andamio de un nuevo régimen democrático sobre miles de fosas comunes y sobre el mecanismo que, con los ataques ultras de los últimos días, ha demostrado ser el más peligroso de todos: la equidistancia, blanqueadora de la impunidad criminal”.

Garzón y López Barceló coinciden en que “a día de hoy no puede desarrollarse una democracia plena sobre los cimientos de miles de fosas comunes. Es muy grave que en pleno siglo XXI, 40 años después de la muerte del dictador, haya que defender lo obvio. Esto no debería ser una cuestión de organizaciones de víctimas y represaliados, ni siquiera una cuestión de partidos, debería ser una cuestión de Estado que nos uniera a todas y a todos en la defensa de los Derechos Humanos”.

Constatan también que “la Constitución de 1978, a diferencia de constituciones europeas como la alemana o la italiana, no se fundamentó en un firme espíritu antifascista. Además, décadas después, la propia ley conocida popularmente como ‘Ley de Memoria Histórica’ tampoco sirvió para garantizar la justicia y la reparación de las víctimas, ni siquiera en el ámbito de la nulidad de las sentencias franquistas”.

“Llegamos así -detallan- a la pérfida situación actual en que las sentencias, por ejemplo, contra Miguel Hernández o Julián Grimau siguen vigentes, mientras los tribunales deniegan hasta el derecho a apelar a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder revisarlas”.

Pero incluso en medio de un duro trabajo como éste hay margen para el optimismo. Alberto Garzón recuerda que “no estamos solos en nuestras reivindicaciones, que son las de las víctimas y sus familias. Organizaciones como Amnistía Internacional o el propio relator de Naciones Unidas en esta materia ya han exigido que se acabe con esta injusticia y se deroguen las nefastas consecuencias que, en materia de Derechos Humanos, trajo consigo la aprobación de esta Ley de Amnistía”.

Un par de azucarillos para siete tazas de amarga prepotencia

Los símbolos no son un relato que se construye en una asesoría de imagen o en el despacho de una agencia de comunicación, el sentido que tienen y adquieren forma parte de las vivencias de las personas.

Hay poca diferencia entre quienes torturan los datos para hacerlos decir cosas que distan mucho de reflejar la realidad que a priori dicen pretender explicar, y entre quienes se obstinan en aplicar recetas de importación prescindiendo del encaje histórico y cultural que estas puedan tener o no tener entre las comunidades reales a las que se trata de apelar.

Así, desde una torre de marfil teórica, sin un ápice de barro en los zapatos y con un desprecio absoluto por identidades, sentimientos y símbolos que vayan más allá de las emociones superficiales e instantáneas, no es difícil caer en el error de pensar que se puede seducir, por poner un ejemplo al azar, a los votantes del PSOE desde la ambigüedad ideológica o, a lo sumo, el discurso socialdemócrata prescindiendo del hecho -cultural y socialmente bastante obvio, por otra parte- de que en realidad sus bases (aunque no lo sean sus políticas) son gentes de izquierda que se referencian e identifican como tales, y que solo una minoría -la más progre y liberal probablemente- sería la audiencia más o menos receptiva para esos códigos y mensajes.

Luego llega la realidad y te deja mirando al infinito preguntándote ¿qué puede haber fallado? mientras su nuevo líder, encumbrado de vuelta al cargo precisamente por el masivo apoyo popular, canta la internacional y ondea la tricolor en un escenario minimalista donde en rojo se lee “somos la izquierda” con letras escarlata del tamaño de un camión… pero no hay letras lo suficientemente grandes para hacer entender un mensaje así de sencillo a quien de ninguna de las maneras está dispuesto a que la realidad, y más con esa simpleza, le estropee lo que considera una brillante teoría.

Esta es una de las muchas cosas que pasan, y se pasan por alto, si se prescinde de las dimensiones culturales -e incluso históricas- de las sociedades en las que estamos insertos.

Además suele suceder que quien piensa con esa prepotencia y desconoce o prefiere obviar -porque probablemente complica sus certezas- que todo espacio político es siempre un espacio simbólico, no alcanza a comprender que como todo espacio simbólico si se vacía sin rellenar lo que se sustrae, este será rellenado por otros símbolos. Pero los símbolos no son un relato que se construye en una asesoría de imagen o en el despacho de una agencia de comunicación, el sentido que tienen y adquieren forma parte de las vivencias de las personas (una de las razones para no poder rellenar el espacio vaciado de forma caprichosa), los símbolos siempre se deben entender relacionados con las acciones dado que son esas acciones las que los activan y los reconstruyen, y están cargados de un plus de significado que procede del peso social que el símbolo posee como acción social y que incluye vinculación, pertenencia a un grupo, participación, identidad social, adhesión, simpatía, cohesión, sentido de comunidad… por lo que, aunque nunca están terminados y siempre se encuentran abiertos a la interpretación y reinterpretación de su significado no siendo fijos ni definitivos, es más que evidente que no se puede sustituir “izquierda” por “patria” –por poner otro ejemplo al azar- ya que en nuestro espacio físico y momento histórico (contexto) las vivencias de las personas y el peso social de ambos son contradictorios, pero además y más definitivo si cabe; los símbolos son mediadores en relaciones de poder, las visibilizan, las activan y explicitan los conflictos, por lo que el peso histórico (material e incontestable) de dicho ejemplo convierte directamente en descabellado.

Defender la izquierda no necesita siete tazas de amarga prepotencia, basten hoy un par de argumentos ligados al profundo respeto que siempre se debe tener por la complejidad y multidimensionalidad de lo humano y lo social, que creo se pueden tener en cuenta mientras con realismo se sigue luchando por un proyecto emancipatorio y de transformación y justicia social que al fin y al cabo es de lo que trata nuestro proyecto político. Y a quien le siga amargando, un par de azucarillos.

SOL SANCHEZ MAROTO