Comunicado del PCE sobre la Masacre de Tumaco

Ante una nueva masacre de campesinos en Tumaco (Colombia), una vez más condenamos la violencia del Estado contra la población indefensa y exigimos el escrupuloso cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado ante la Comunidad internacional.

Al cabo de un año de firmados los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla más antigua del continente americano, en presencia de la comunidad internacional; cuando creíamos y celebrábamos que por fin se acabaría la violencia endémica en ese castigado país que es Colombia, asistimos incrédulos a una nueva masacre perpetrada, según testigos directos, por la fuerza pública colombiana, contra campesinos del Alto Mira y Frontera, en Tumaco, departamento de Nariño (suroeste de Colombia).

Según las informaciones, nueve campesinos, uno de ellos menor de edad, resultaron muertos por disparos de armas de fuego, unos 50 resultaron heridos y hay un indeterminado número de desaparecidos. Fuentes presenciales denuncian que algunos fueron subidos a helicópteros del ejército, desconociéndose su paradero. Su único delito, exigir de forma pacífica el exacto cumplimiento del Acuerdo de Paz en lo que se refiere a la erradicación de cultivos ilícitos.

Ante estos hechos crueles, hemos de recordar que la zona donde se produjeron es una zona marginada, durante años olvidada por el Estado, habitada por varias comunidades extremadamente pobres que se ven obligadas a subsistir gracias a los cultivos ilícitos.

Que los campesinos no se han negado a la erradicación de esos cultivos, sino que simplemente exigen que se aplique el punto 4 del Acuerdo de Paz según el cual se trata de : Promover la erradicación de los cultivos de uso ilícito de forma voluntaria sin afectar a las comunidades que subsisten de esta economía…

Y añade: Se generarán condiciones de bienestar para las personas afectadas.

Es el gobierno colombiano quien primero debe cumplir con sus compromisos, antes de exigirlo a las comunidades que no conocen otra forma de subsistencia.

Un breve repaso nos permite concluir que hasta ahora apenas se ha implementado el 20% de lo comprometido por el Acuerdo de Paz para el primer año de aplicación; ninguna ley sobre reforma rural ha sido aprobada por el Senado; no se ha puesto en marcha ninguna ley sobre sustitución de cultivos ilícitos, ni se han puesto a disposición de los campesinos los 10 millones de hectáreas que se establecieron en los Acuerdos.

Tampoco ha sido aprobada ley alguna contra el paramilitarismo, y en este sentido, no entendemos el uso de la fuerza pública y el ejército contra campesinos desarmados para aplicar un acuerdo que ha de llevarse a cabo “de forma voluntaria” entre las partes. La fuerza pública debería estar luchando contra esa lacra que es el paramilitarismo, uno de los principales obstáculos para el logro de una paz justa y duradera en el país.

El ejército y la fuerza pública no pueden seguir siendo los perpetradores de masacres contra del pueblo al que deben defender. Sobre ellos recaerá esa negra mancha imborrable en la historia de Colombia.

Por último, entendemos que el Gobierno colombiano no debería actuar como rehén de la extrema derecha colombiana que promovió el NO en el referéndum sobre la aprobación del Acuerdo de Paz y que está actuando, a través de la fiscalía y el empresariado vinculado al paramilitarismo, para obstaculizar las normas sobre la reforma política e intentando modificar, por medio de trámite parlamentario, la Jurisdicción Especial para la Paz.

Toda nuestra solidaridad con los pobladores víctimas de esta masacre y con sus familias, bien sabemos que nuestra solidaridad no devolverá las vidas arrancadas.

Para acabar con este tipo de lamentables hechos, exigimos al gobierno colombiano el total esclarecimiento de lo ocurrido en Tumaco; el castigo a los culpables y la compensación a las víctimas y el cumplimiento estricto y sin dilaciones de los Acuerdos de Paz, cumplimiento que es un compromiso asumido con su pueblo tanto tiempo olvidado, y ante la comunidad internacional.

El CETA entra en vigor pese a los graves riesgos para la ciudadania

• El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional la mayor parte del acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Esto sucede antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos nacionales europeos.

• Las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA lamentan su aplicación provisional y confían en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenarlo.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, de la que forma parte Ecologistas en Acción, considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el CETA es compatible con el derecho comunitario. El Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del tratado en las Cortes Generales. Aún está pendiente su discusión y votación en el Senado. La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de impacto válidos.

La movilización ciudadana ha destapado en buena medida el tratado. Entre los éxitos más recientes está que el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados, el polémico Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), no pueda entrar en vigor todavía. Cada vez hay más evidencias de que este sistema de justicia privada paralela merma gravemente el Estado de derecho. A día de hoy, España es el tercer país del mundo más demandado ante los tribunales privados de arbitraje que los inversores extranjeros usan para cobrar compensaciones multimillonarias.

En el último año, la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales no han cesado de expresar su preocupación por los graves impactos del CETA. También han denunciado la falta de transparencia y participación democrática en el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.

La campaña No al TTIP, CETA y TiSA advierte de que la aplicación provisional del CETA tendrá efectos económicos, sociales y ambientales adversos, tales como:

• En materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes.
• En materia ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado cumplimiento, lo que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha contra el cambio climático y abre la puerta a nuevos fraudes como en el caso ‘Dieselgate’ de la industria automovilística, cuya manipulación de vehículos diésel ha contribuido al incremento de muertes prematuras y enfermedades por contaminación atmosférica.
• Los estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos a transgénicos, engorde del ganado con hormonas, clonación animal y etiquetado y trazabilidad de la carne. Además de la pérdida de derechos de los consumidores, el CETA causa nuevos problemas a la agricultura familiar, así como una pérdida de soberanía alimentaria.
• Al debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias poniendo en riesgo la salud pública.
• El CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados.
• El capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria en España.
• La cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha de diferentes comités conjuntos –cuya composición se desconoce, igual que las fechas y contenidos de sus reuniones– podría ser un obstáculo si el Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.

La Comisión Europea está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el CETA con Japón, México y los países del Mercosur. Asimismo ha propuesto la apertura de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y advierte de que estos tratados comerciales atentan contra los derechos humanos y agravan la crisis ambiental planetaria.

ECOLOGISTAS EN ACCION

IU valora positivamente la sentencia que obliga al obispado a retirar los símbolos franquistas

La formación formulará un ruego al próximo Pleno para solicitar el informe de Patrimonio pendiente con prontitud.

Reprochan al Obispado su defensa basada en que no se trata de "símbolos franquistas”.

Izquierda Unida ha valorado positivamente la sentencia 250/17 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca que ordena al Obispado la retirada de la simbología franquista de la fachada lateral de la Catedral.

En concreto, el juzgado considera ajustadas a derecho las resoluciones que el Obispado había impugnado. Es decir: la moción que tanto IU como PSOE presentaron en octubre de 2016 con el citado fin, como el rechazo del recurso que ya interpuso el Obispado, en diciembre. Ambas con el voto contrario del Partido Popular. Un voto, afirma IU, "pretendidamente fundado en cuestiones legales que se han demostrado falsas, y que no ocultan el origen del PP".

IU ha reprochado al Obispado que hayan basado su argumentación en "negar lo evidente, que se trata de símbolos franquistas". Así lo recoge el juez, en vista del informe de la Secretaria del Ayuntamiento en marzo de 2015. Un informe que, lamentan, fue "obviado" por el equipo de gobierno durante algún tiempo.

Así mismo, en IU valoran positivamente que el juzgado les de la razón en cuanto al procedimiento utilizado, pues el Pleno es el máximo órgano de representación de la soberanía municipal, y así lo dice el juzgador. “Lo cual supone enmendar de nuevo un error del Secretario del Ayuntamiento, que entendía que había que estimar el recurso del Obispado”.

Para la formación “es justicia”, puesto que así se cumple con el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, “pero también se cumple una demanda popular, que permite a la sociedad conquense desprenderse de los últimos restos de un pasado oscuro para poder afrontar el futuro sin cadenas y en libertad, y que nos acerca a la anhelada III República”. En este sentido, trasladan su felicitación a las Asociación “Ciudadanos por la República” de Cuenca, “auténticos promotores de todas las iniciativas propuestas, que han luchado sin descanso y van a seguir haciéndolo, y que han llevado también el peso del procedimiento judicial”.

Izquierda Unida finalmente ha anunciado que presentará un ruego al Pleno de octubre para que se solicite cuanto antes el necesario Informe de Patrimonio de la Junta de Comunidades, al tratarse la Catedral de un BIC. “Esto es competencia del Ayuntamiento y está en nuestra mano”, afirman, “por lo que tampoco debemos demorarlo en el tiempo”.

IU exige sanciones a los Estados por no cumplir con la acogida de refugiados pero recuerda que esto es fruto de las políticas migratorias de la UE

La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, señala que "dijimos desde el principio que el acuerdo nacía muerto porque no era vinculante" y pide "menos hipocresía" a la Comisión Europea. Denuncia la reforma de las políticas de asilo y la externalización de fronteras para apuntalar la Europa fortaleza

La responsable federal de Relaciones Internacionales y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha exigido hoy a la Comisión Europea (CE) que “aplique sanciones” a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) por no cumplir con sus cuotas de acogida de refugiados, justo cuando se cumple el plazo estipulado para la reubicación y el reasentamiento de 160.000 personas. La eurodiputada ha destacado que “si los gobiernos europeos pueden incumplir este acuerdo no es más que la consecuencia de unas políticas migratorias europeas diseñadas para conseguir que no entre nadie”, por lo que ha pedido “menos hipocresía” a la Comisión Europea y que “cumpla y haga cumplir las obligaciones internacionales en materia de asilo y protección internacional”, en lugar de “aumentar la inversión para apuntalar la Europa fortaleza”.

“Dijimos desde el principio que este acuerdo para acoger a las personas refugiadas nacía muerto porque no era vinculante para los Estados miembros y, además, que era insuficiente porque la Unión Europea tiene la posibilidad de acoger a muchísimas más personas de las estipuladas”, explicó Albiol.

“Pues bien -apostilló- hoy se acaba el plazo y lo que vemos es que los Estados no cumplen, que el Estado español, por ejemplo, sólo ha acogido a un 11% de las personas que se comprometió, por lo que esperamos que la Comisión Europea, lo mismo que se emplea con firmeza para imponer y hacer cumplir sus políticas económicas, haga lo propio con unos gobiernos que se niegan a respetar la Convención de Ginebra”.

No obstante, Albiol ha recordado que “la Comisión Europea no puede resguardarse en un discurso hipócrita y culpar a los Estados del fracaso del plan, porque las políticas económicas que diseña están orientadas a lo contrario de la acogida y el respeto del Derecho internacional”. La UE se dirige “hacia un modelo en el que nadie tenga la posibilidad de entrar legalmente”, así que “si vamos hacia ahí, parece difícil que ni Juncker ni Tusk puedan exigir nada” a los gobernantes europeos.

La portavoz de IU en la Eurocámara insistió en que “escuchamos con frecuencia los toques de atención de Juncker” a los Estados miembros, pero “de lo que no se habla es de la perversión del sistema”. La UE “está inmersa en una reforma de sus políticas de asilo que discriminan a las personas y reducen el estatus de refugiado a aquellas que huyen de lo que la UE considere un conflicto armado”, además de poner en tela de juicio que incluso “personas perseguidas por motivos políticos, religiosos o de género puedan tener acogida en la UE”.

En este sentido, Albiol ha aclarado que, por ejemplo, los ciudadanos de Mali, donde hay un conflicto armado con tropas francesas desplegadas sobre el terreno, no tendrían este derecho porque la UE no le da categoría de guerra.

Por otro lado, lamentó el “éxito” de la Comisión y el Consejo a la hora de introducir “una diferenciación grave entre lo que ellos consideran migrantes económicos o personas que pueden pedir asilo político”. Para la eurodiputada “dividir a las personas que se juegan la vida en el mar o en las vallas para llegar a la UE ignora todas las recomendaciones y reglas internacionales” y, además, “institucionaliza la xenofobia”.

Albiol acusó también a ambas instituciones de “dar rienda suelta al cinismo más absoluto” y de “jugar con la vida de millones de personas”. “No se puede criticar a Erdogan de cara a la galería y luego mantener el ‘acuerdo de la vergüenza’ con Turquía, no se pueden verter ‘lágrimas de cocodrilo’ por los muertos en el Mediterráneo y apoyar financiera, logística y militarmente a las milicias que actúan como guardacostas libios”.

“La externalización de las fronteras en Turquía, Libia y Marruecos”, los acuerdos “a espaldas de la ciudadanía con países como Sudán o Níger”, los “chantajes a Afganistán para que acepte el retorno de miles de afganos y afganas” a cambio de mantener la ayuda al desarrollo o “la militarización de mares y fronteras” son “contrarios a la acogida y la solidaridad”, dijo

La apertura de “vías legales y seguras, los visados en origen y la cooperación en forma de ayuda al desarrollo y no de armas, material antidisturbios y control militar fronterizo son la solución”. En definitiva, “respetar la Convención de Ginebra y el Derecho internacional”, insistió.

REPÚBLICA FEDERAL Y SOLIDARIA

Frente a la pinza entre nacionalismos, un pacto nacional y de clase

No iré a votar, porque no quiero caer en el juego de la confrontación. Votar es dar legitimidad a la consulta, se vote lo que se vote.

La aprobación de la ley del referéndum y la de la transitoriedad hacia la Republica catalana independiente se aprobaron en el Parlament saltándose también la legalidad del Estatuto de Autonomía tal como lo expresó Joan Coscubiela en el pleno. Queda sustituido el Estatut de Autonomia por una ley aprobada en el Parlament saltándose el quórum mínimo de 90 diputados (dos tercios). Otro tanto la ley de referéndum tramitada sin querer oír los informes de los letrados del Parlament advirtiendo de la irregularidad. Estas aprobaciones exprés han afectado al bloque independentista restándole apoyos. Vale la pena recordar que la mayoría parlamentaria no se corresponde con una mayoría electoral, que los votos metropolitanos en algunos casos valen la mitad de las otras circunscripciones gracias a una ley electoral no proporcional.

Pero estas actuaciones y su desprestigio han quedado tapadas por la actuación del gobierno del PP, utilizando la ley para impedir el referéndum y escondiendo su responsabilidad en no abrir ni una vía de dialogo y negociación y cayendo en la provocación del bloque independentista, que ha visto favorecida su causa al situarse el debate entre represión y democracia en lugar de independencia sí o no.

Todavía a fecha de hoy 18 de setiembre no sabemos cómo se nos presentara el 1-O. El president y vicepresident de la Generalitat enviaron una carta a todas las alcaldías de Catalunya, dando por supuesto que se dispondría de los locales habituales para el referéndum y lo que ha ocurrido es que 700 alcaldes que han puesto locales municipales para el referéndum están imputados y pueden acabar procesados. Por cierto que quedan en el aire en muchos casos los lugares de votación, y de los censos, mesas electorales, papeletas, lo que se sabe es por la prensa.

Está claro que a mayor reacción del PP más oxígeno al independentismo y a los que defienden participar el 1-O como un acto de confrontación con el gobierno del PP. Y por tanto es bastante probable que el nivel de confrontación aumente más todavía hasta límites difícilmente soportables, vista las actuaciones que están llegando hasta la suspensión cautelar de actos de debate sobre la situación en Catalunya, además de requisar papeletas y propaganda electoral.

La pinza de nacionalismos

Hay una pinza entre independentistas (PDCAT antes CDC, ERC, CUP) y los inmovilistas (PP, C’S) que nos tiene atrapados a los que no que nos identificamos con ninguno de los dos, y que por cierto podemos ser la mayoría en otro referéndum, el día que se celebre una referéndum con plenas garantías democráticas.

El 1-O, si llegan a ponerse las urnas, no será un referéndum con garantías democráticas. La mayoría no se sentirá interpelada, no habrá reconocimiento internacional, no se cumplen las condiciones de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. Está claro que pase lo que pase el día 1-O no se solucionará nada, pero seguirá la confrontación.

El día 1-O igual que muchísimas personas no iré a votar, porque no quiero caer en el juego de la confrontación. Votar es dar legitimidad a la consulta, se vote lo que se vote.

Pero llegue a celebrase la consulta o no el objetivo está cumplido, el nivel de confrontación está alto y queda claro que ambas partes de la confrontación ganan. Los independentistas porque en las ya próximas elecciones tendrán movilizado a tope su electorado, igual que por otra parte lo estará, en Cataluña y en el resto de España, el electorado del PP y C’s.

Pacto Nacional por el Referéndum

En esta confrontación hay un peligroso silogismo. Algunos piensan que los enemigos de los independentistas, el PP y C’S, son sus amigos o sus aliados, por aquello de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. No es cierto, se ve claro a poco que se profundice. El gobierno catalán de convergentes y ERC con el apoyo de la CUP recorta tanto o más que el gobierno del PP apoyado por C’s. Recortes en sanidad, educación pública, ayudas sociales. Que pese al izquierdismo en Madrid de ERC, están gobernado Catalunya con una derecha tan corrupta como el PP. Que históricamente el nacionalismo catalán ha votado a favor de las reformas laborales, de las reformas de las pensiones, de una fiscalidad insuficiente para mantener el estado social, y que ambos (PP y CDC) compiten para ser el partido más corrupto de Europa.

El modelo social de ambos gobiernos es el mismo: precariedad en la vida y en el trabajo, bajos salarios, exclusión, desigualdad, inseguridad, represión, el mantenimiento cueste lo que cueste del modelo de explotación de la gente trabajadora y de la mayoría del pueblo a beneficio de unas minorías privilegiadas, blindadas en el poder económico, mediático y político. Toda la confrontación se reduce a la cuestión nacional, ni una sola confrontación para defender derechos y condiciones de vida de las gentes de Catalunya.

La iniciativa del grupo parlamentario de Unidos Podemos, las Mareas, En Comu Podem, de promover un amplio encuentro de representantes institucionales merece todo el apoyo. Evitar la escalada de confrontación y abrir una brecha para un nuevo escenario en Catalunya y España para salir de la pinza entre los nacionalismos. Echar al gobierno del PP es una cuestión de higiene democrática. También lo es que en Catalunya se pueda expresar una mayoría con un gobierno de izquierdas. Matemáticamente es posible hacerlo en las cortes y no imposible en el Parlament, solo hay que desplazar el eje del debate de lo identitario al eje social, a la realidad en la que hoy malviven millones de personas en Catalunya y en el resto de España.

Es una oportunidad que nos merecemos los que no queremos ser prisioneros de la pinza entre nacionalismos catalán y español por más tiempo. Será la hora de visualizar que más allá de retórica de confrontación hay alternativas.

El Pacto Nacional por el Referéndum, suscrito por centenares de entidades catalanes, pero también por IU, PCE, Podemos, entre otros, es un elemento esencial para salir de la pinza. Un referéndum pactado, con plenas garantías, que interpele a la mayoría, que tenga reconocimiento internacional es una asignatura pendiente. Pero a estas alturas con eso no es suficiente, cuando la recuperación hace aumentar los beneficios y los salarios siguen desplomados gracias a las reformas laborales, gracias al paro y la precariedad. Se necesita, en Cataluña y en España, un pacto nacional y de clase, con sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos que aporte soluciones para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas, en Catalunya y en el conjunto de España.

Un pacto que tenga correspondencia en Cataluña y en España, que se apoye en una mayoría que debe desalojar al PP del gobierno de España y avanzar a un nuevo escenario que permita resolver los problemas laborales, sociales y políticos que hoy provocan las políticas de austeridad del gobierno catalán y del gobierno español.

Para nosotros este debería ser un proceso constituyente hacia la III República Federal, plurinacional, pluricultural, plurilingüística y que dé garantías constitucionales plenas del derecho al trabajo, a un salario digno, a la vivienda, a la educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia, la igualdad y el respeto y protección de todos los derechos humanos.

ALBERT MIRALLES GÜELL. Secretario General del PSUC Viu 

REPÚBLICA FEDERAL Y SOLIDARIA

La izquierda tiene la obligación de mirar más allá del día 1 de octubre

Aunque no considere la Consulta como un Referéndum con todas sus consecuencias, nos debemos oponer a cualquier intento de intervención de las instituciones catalanas

Es cada vez más evidente que el desarrollo del proceso de Cataluña va a condicionar cada vez más la coyuntura política de todo el Estado, de manera que el régimen va a intentar aprovechar al máximo la tensión provocada por la presión independentista para generar una crisis institucional que le permita aplicar cambios institucionales y políticos que en condiciones normales no se atrevería ni a plantear.

El PCE ha planteado en determinadas ocasiones su posición en defensa de la Republica Federal como nuestro Modelo de Estado. También ha manifestando su posición en relación con la convocatoria de una consulta por la Generalitat, que entendemos no tiene la legitimidad para ser considerado un Referéndum del que se deriven consecuencias político/jurídicas, además de que no ha sido acordado por las dos partes.

Cuando se acerca el momento de máxima tensión, que parece situarse en torno a la celebración o no de la propia consulta, hay que dejar claro, en primer lugar que, aunque no considere la Consulta como un Referéndum con todas sus consecuencias, debemos tener claro que nos debemos oponer a cualquier intento de intervención de las instituciones catalanas por parte del Gobierno de Rajoy, haciendo máximo responsable al gobierno del PP de la escalada de confrontación que se está dando en Cataluña por no haber abierto ninguna vía de diálogo y negociación.

En segundo lugar, y de forma especial, debemos plantear que tanto la izquierda catalana, como la del resto del Estado, tiene la obligación de mirar mas allá del día 1 de octubre, porque la cuestión de fondo es cómo se va a gestionar lo que ya es evidente que será una confrontación, tanto institucional, como sobre todo social, confrontación de la que también hacemos responsable al Gobierno de la Generalitat por no haber gestionado de una forma democrática la respuesta a la cerrazón autoritaria del PP y haber llevado a cabo un proceso unilateral.

Pasado el 1 de octubre, tenemos el reto de dirigirnos, tanto a quienes han podido pensar que es más fácil conseguir una hipotética República catalana que conseguir un cambio del marco institucional del Estado Español que permita el reconocimiento del Derecho de Autodeterminación, como a quienes entienden, por el contrario, que es más fácil la consecución de cambios a nivel de Estado.

Ambos sectores de la sociedad catalana deben encontrar una referencia que se sitúe en una perspectiva de generar esperanza frente a la frustración que puede generar el callejón sin salida al que se puede llegar, tanto por la reacción autoritaria del Gobierno del PP como por la incapacidad del Gobierno de la Generalitat de gestionar una imposible declaración unilateral de independencia, o por lo que es más que probable, por la mezcla de las dos cuestiones.

Esta referencia debe partir de una iniciativa que plantee la necesidad de un entendimiento entre el mayor número de fuerzas sociales, sindicales y políticas que asuman la necesidad de un nuevo marco institucional, de manera, que por una parte se garanticen los derechos sociales, laborales y democráticos, a la vez que plantee una propuesta de articulación de un Estado Plurinacional, Multilingüístico, y Multicultural, tal y como ocurrió con el Denominado Pacto por el Referéndum.

Este entendimiento debe tener el objetivo de conseguir en el menor tiempo posible que sendos gobiernos, el catalán y el central, tuvieran la voluntad de hacer posible tanto la celebración de una consulta al pueblo de Cataluña como la recuperación de los derechos sociales, ciudadanos y laborales que con la excusa de la crisis le han robado a la clase trabajadora y capas populares el gobierno estatal y de la Generalitat, porque no hay que olvidar que la mayor parte de las reformas y recortes que hemos sufrido desde 2010 han tenido el apoyo activo de CiU, antecedente del actual PdCat.

Teniendo en cuenta que estamos planteando una cuestión de hondo calado y gran trascendencia, es necesario trabajar ese acuerdo con rigor, discreción y capacidad de gestionar alianzas, buscando un mínimo común que pueda permitir reconvertir la actual dinámica de continuo retroceso de los derechos y de la calidad de vida de la clase obrera y capas populares, que se vienen sufriendo desde 2010.

Este acuerdo debería tener el objetivo de implicar tanto a fuerzas independentistas como a fuerzas que no siendo rupturistas estén por no consolidar una salida autoritaria, antisocial y centralista a la crisis del régimen del 78, de esta manera el PCE debe trasladar esta propuesta al seno de IU y en cuantos espacios tengamos representación, para que pueda ser una realidad lo antes posible.

 JOSÉ LUIS CENTELLA GÓMEZ. Secretario General del PCE 

Resolución del Comité Federal del PCE en apoyo de todas "las Juanas"

El Comité Federal del PCE consideramos que Juana Rivas ha sido condenada por proteger a sus hijos de un maltratador con sentencia firme.

Denunciamos que la justicia está teniendo en todo momento un sesgo patriarcal que no favorece los derechos de la mujer y sus menores.

Volvemos a manifestar que por desgracia el caso de Juana, no es un caso aislado, estamos visibilizando una doble victimización. La mujer que, con todo el esfuerzo que conlleva separarse de su maltratador y con el miedo a denunciar que va siempre unido a los casos de violencia machista, se encuentra desamparada ante quienes deberían protegerla. La ley de violencia de género no recoge la retirada de la custodia a los padres maltratadores.

No olvidamos las víctimas menores que han sido asesinad@s por sus padres en lo que va de año. ¿Cómo podemos pedirle a una madre que entregue a sus hij@s a un hombre que sabe que puede usarlos para hacerle daño, que sabe que puede golpearlos y humillarlos como hizo con ella? ¿Dónde está la protección a la infancia? ¿Quién se preocupa del bienestar y la seguridad de es@s menores? Los derechos de la infancia deben prevalecer

sobre el deseo del adulto. Así como el derecho de la persona menor a ser escuchada. Por ello, el PCE planteamos el mes pasado una iniciativa a la sociedad de autoinculpación ante las citaciones del juzgado que se inició el 31 de agosto y hoy apoyamos y llamamos a participar en todas las manifestaciones convocadas, a las 19h en diferentes ciudades de España.

Porque todas unidas debemos salir a la calle para luchar "contra la violencia institucional como última expresión del machismo estructural arraigado en nuestra sociedad". "Las instituciones no pueden seguir animando a las mujeres a que denuncien la violencia machista mientras el sistema no las protege ni a ellas ni a sus menores.

Por todo ello exigimos que el caso de Juana Rivas se trate como un caso de violencia de géne ro; que se cierren todas las causas contra ella y su entorno y se le entregue la custodia de su hija e hijo, que se encuentran en Italia desde la semana pasada sin poder mantener ningún tipo de contacto.

Por todas las Juanas, contra la violencia patriarcal con la unidad en la lucha venceremos!