Víctimas del 

franquismo presentan dos nuevas querellas  ante la juez argentina Servini

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   Una víctima de "torturas" y un familiar de un fusilado durante el franquismo, presentarán este miércoles ante el Consulado Argentino en Madrid sendas querellas.

·         El objetivo es añadirlas a la causa que investiga la juez argentina María Servini, en la que ha solicitado interrogar en España a 19 investigados por crímenes contra la humanidad en la dictadura.

 Una víctima de "torturas" y un familiar de un fusilado durante el franquismo, junto a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), presentarán este miércoles ante el Consulado Argentino en Madrid sendas querellas con el objetivo de que se acumulen en la causa que investiga la juez argentina María Servini, en la que ha solicitado interrogar en España a 19 investigados por por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista.

Según informó CEAQUA en un comunicado, recogido por Europa Press, la primera denuncia la interpondrá Isabel Cervera, familiar de Vicente Cervera Grau, capitán republicano de la Batería de Costa de San Felipe (Mahón, Menorca), fusilado el 9 de julio de 1942 para que se realice el correspondiente juicio a los responsables "que puedan quedar vivos o estén vinculados a esta causa".

La sobrina-nieta de Cervera pide al juzgado argentino que remita a las autoridades españolas que se libre una Comisión Rogatoria con toda la documentación existente en Madrid, Valencia y Barcelona sobre su familiar; la inhumación de los restos y extracción de muestras de AND.

Por otro lado, Ángel González García presentará una querella por su detención y las "imborrables torturas" que, según dice, sufrió durante 11 días, en la sede policial de la antigua Brigada Político-Social de Vía Layetana (Barcelona), y por su prisión, "sin juicio ni prueba alguna", durante dos años.

Su intención es que se identifiquen las personas que estaban "a cargo y de guardia" la noche de su detención y al jefe de la Brigada que dio "instrucciones" para su maltrato para que se dicte "la imputación, extradición y una orden internacional de detención".

La Fiscalía se opuso al auxilio judicial

CEAQUA asegura que este procedimiento continúa adelante "mal que le pese" a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. La máxima representante del Ministerio Público pidió a todas las Fiscalías que se opusiesen a la práctica del auxilio judicial invocado por la juez Servini en los distintos juzgados competentes repartidos por el territorio nacional.

El pasado 26 de septiembre, el Ministerio de Justicia envió a distintos juzgados españoles los exhortos que la magistrada remitió para interrogar en España a 19 investigados por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista. En concreto, Servini solicita la declaración de Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979); José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón; Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975); José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García (ministro de Presidencia entre 1975 y 1976).

También quiere interrogar al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico Abelardo García Belaguer.

Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.

Uno de los investigados ya ha declarado

El ex coordinador federal de Izquierda Unida Gerardo Iglesiasdeclaró el pasado 4 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo en el marco de la causa que instruye la juez argentina María Servini por crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante el franquismo.

Servini pidió en 2014 la extradición de varios exministros franquistas para el mismo objetivo, pero las autoridades españolas se opusieron a esto ya que consideraban que vulneraban "las normas internacionales que establecen que todos los Estados deben colaborar activamente en la persecución de quienes cometen crímenes contra la humanidad, en especial los cometidos en su territorio", recordó la Coordinadora CEAQUA.

INFOLIBRE

30 días para salvar las ballenas

 En el mundo de las ballenas, todo es a lo grande. Los cachalotes tienen el cerebro más grande del reino animal. La ballena azul hembra es el animal de mayor tamaño del mundo. Y este santuario tendría la superficie de Rusia e India juntas.

Dentro de menos de 30 días podría crearse un santuario en el Atlántico Sur y abarcaría desde Brasil hasta la Antártida, uniéndose con el santuario que ya se estableció allí, y donde los barcos balleneros no podrán entrar. Servirá para que las más de 50 especies de ballenas que viven en la región recuperen sus poblaciones y queden a salvo de las amenazas humanas, que causaron la muerte a casi 3 millones de ballenas el siglo pasado. Tenemos que proteger a las ballenas, no sólo porque son animales emblemáticos e impresionantes, sino porque son vitales para los ecosistemas marinos. Proteger a las ballenas supone proteger a todo un mundo de seres más pequeños y los ecosistemas que habitan.

La Comisión Ballenera Internacional decidirá a finales de octubre la creación de este gran santuario. Se necesitará el 75% de los votos a favor. Según ha destapado Greenpeace en otras ocasiones, Japón presiona a países pequeños para que voten en contra. Pero esta vez está más solo que nunca, y solo necesitamos que cuatro países cambien el sentido de su voto para lograr que se apruebe el santuario.

¡Estamos a un paso de conseguirlo! Tenemos que seguir defendiendo a las ballenas, no solo por ellas, sino también por su importancia para los ecosistemas marinos y la vida que albergan. 

GREENPEACE

El PCE apoya las movilizaciones contra el TTIP y el CETA

Las instituciones europeas están negociando a nuestras espaldas un tratado de libre comercio con delegaciones de los Estados Unidos; el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Parnership). Este tratado, que se anuncia como un elemento clave para la salida de la crisis, es un elemento más en la construcción de la Eurozona como una supra estructura de dominación antidemocrática.

Este es un paso más en el diseño del verdadero proyecto neoliberal, que se aprueba en reuniones secretas en algunos despachos, por aquellos que no se presentan a elecciones, hecho reconocido por los propios implicados en las negociaciones, estas negociaciones tienen como objetivo final crear el área de libre comercio más grande del planeta, asegurando a las multinacionales un poder hasta ahora desconocido, a través de la desregulación de cualquier norma social y ambiental, con la pérdida de soberanía de los estados y de los pueblos sobre su destino.

El objetivo es armonizar contra la clase trabajadora y la mayoría social las reglas de protección sanitaria, ambiental, alimentaria y -sobre todo- las normas de tutela de los trabajadores. Estos acuerdos se perfilan como el impulso a una norteamericanización de Europa, un ataque contra todo derecho social en un marco de duros recortes salariales y de destrucción de las condiciones de vida de la mayoría social y trabajadora europea, especialmente en las potencias de segundo orden de la UE.

La imposición de las políticas neoliberales por parte de la Troika, junto con el cómplice consentimiento de nuestros gobiernos, no tiene fin ya que su objetivo último es la desposesión de todos los derechos y libertades de las poblaciones europeas, para asegurar el incremento de los beneficios de las oligarquías.

En un paso más de esta escalada el CETA negociado con Canadá y el TTIP, secreto y antidemocrático, pretende dejar sin amparo ni capacidad de respuesta a los pueblos europeos frente al capitalismo extractor y depredador de las multinacionales norteamericanas y europeas. En un momento en el que la realidad socioeconómica del país no admite demora en la búsqueda de soluciones, en el que el paro y la precariedad afecta a la mayoría de las familias, en el que la pobreza y los desahucios siguen aumentando, esta nueva agresión no debe quedar sin respuesta.

Por todo ello, desde el Partido Comunista de España nos sumamos a la jornada europea de lucha contra el TTIP y apoyamos las movilizaciones que entre los días 13 y 15 de octubre se van a celebrar en toda España, a la vez que realizamos un llamamiento para movilizarse y luchar contra estos tratados, con el que se intenta de nuevo golpear la dignidad de la clase trabajadora y la mayoría social. 

IU reclama al Gobierno que “modifique la legislación laboral” y acabe con la discriminación en las indemnizaciones de trabajadores temporales

La diputada Isabel Salud pide información por escrito al Ejecutivo en funciones y denuncia el “oportunismo político y empresarial de algunos que interpretan este fallo judicial como ‘fórmula mágica’ para tratar de igualar a la baja los cada vez más mermados derechos laborales”

La diputada de Izquierda Unida en el Congreso Isabel Salud reclama al Gobierno en funciones que “modifique la actual legislación laboral para acabar con la discriminación que sufren los trabajadores y las trabajadoras temporales”, al cobrar una indemnización por despido (12 días) inferior a la de los fijos (20 días).

Tras las tres sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que consideran que la legislación española es discriminatoria hacia el empleo temporal, Salud estima que “deben considerarse como un claro punto de partida para abordar unas reformas imprescindibles, lo que no aparca en absoluto la conocida posición de Izquierda Unida de seguir apostando por la derogación total de la nefasta reforma laboral impuesta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012”   

Frente a otras interpretaciones interesadas, la diputada de IU entiende que las decisiones del TJUE conocidas recientemente sí abren la vía para que los tribunales españoles “reconozcan también a lo/as trabajadore/as con contratos temporales una indemnización por despido de 20 días”. Al mismo tiempo, denuncia el “oportunismo político y empresarial de algunos que interpretan este fallo judicial como ‘fórmula mágica’ para tratar de igualar a la baja los cada vez más mermados derechos laborales”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce también los mismos derechos al personal funcionario cuando termina su relación e, incluso, acepta su condición de personal indefinido, no fijo, cuando el contrato fuera abusivo. Denuncia el excesivo encadenamiento de contratos temporales, emplazando a los tribunales a que actúen para que un puesto fijo se cubra por un contrato fijo.

Isabel Salud considera que “no hay excusa” para que de forma inmediata se inicie la reforma del Estatuto de los Trabajadores, así como de toda aquella legislación afectada para adecuarla al mandato del tribunal europeo. De la misma forma, tacha de “históricas” las sentencias y celebra que “den la razón a sindicatos y a la clase trabajadora en sus luchas y reivindicaciones”. 

La parlamentaria de IU se compromete también a impulsar en el Congreso todas aquellas iniciativas encaminadas a conseguir estos cambios en la legislación laboral. De hecho, Salud ha registrado ya una pregunta escrita dirigida al Ejecutivo en funciones en la que plantea “¿Qué pasos piensa dar el Gobierno para adaptar nuestra legislación a estas sentencias, evitando así que sea discriminatoria para los trabajadores y las trabajadoras temporales?”

Al tiempo, pide que informe sobre “¿Qué plazos maneja el Gobierno para hacer efectiva esta reforma legislativa?” 

EL ATI de Almaraz servirá para prolongar la vida de la central más allá de 40 años

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informa favorablemente de la construcción del Almacén Temporal Individual (ATI) para la central nuclear de Almaraz (Cáceres), lo que abre la puerta a la prolongación de la vida de la central más allá de los 40 años. Para Ecologistas en Acción resulta inaceptable la construcción de este ATI antes de contar con la paralización de la central

El CSN ha emitido un informe favorable a la construcción del ATI de Almaraz, donde los propietarios de la central podrán depositar los residuos radiactivos de alta actividad generados por la central a partir de 2018. Esta instalación constará de un muro de protección y de una losa sísmica donde se depositarán hasta 20 contenedores con el combustible gastado. Todavía falta el permiso del Ministerio de Medio Ambiente que, junto con el informe favorable del CSN, es preceptivo para que Industria otorgue el permiso definitivo. Sin embargo, resulta obvio que estos dos permisos se otorgarán.

Ecologistas en Acción quiere denunciar que esta instalación está pensada para la prolongación de la vida de la central más allá de los 40 años y no para su desmantelamiento. El permiso de explotación de los dos reactores de Almaraz expira del 8 de junio de 2020 y se cumplen 40 años de su funcionamiento en 2021 y 2022, respectivamente. De acuerdo con los cálculos de esta asociación, basados en datos oficiales del propio CSN, las piscinas de las dos unidades de Almaraz les permiten funcionar hasta enero de 2022 y hasta enero de 2023, sin necesidad de construir un ATI. Dados los plazos, los responsables de Almaraz esperan tener el ATI disponible para 2018, antes de que expire el permiso de explotación, facilitando así la consecución de la prórroga de este permiso.

La decisión de tener el ATI habilitado en esa fecha no es sino un empeño en facilitar la prolongación de la vida de la central más allá de los 40 años y el intento de llegar hasta los 60. Este es el caballo de batalla de la industria nuclear española, puesto que el verdadero negocio de las centrales nucleares para el sector eléctrico radica en mantener en funcionamiento las existentes el mayor tiempo posible. En el mercado eléctrico español, el kWh de origen nuclear se paga al triple de lo que cuesta producirlo cuando la central está ya amortizada. Las dos unidades de Almaraz producen para sus propietarios unos beneficios de un millón de euros diario, lo que explica el empeño en mantener la central abierta contra viento y marea, incluso con deficientes condiciones de seguridad. La puesta en marcha de nuevas centrales no se desea por el sector nuclear, dado el elevado coste de construcción que las convierte en ruinosas sin subvenciones públicas.

Para Ecologistas en Acción, Almaraz debería cerrarse cuando expire su permiso de explotación, en junio de 2020. Aún si se considerara el periodo de 40 años de vida, no tiene sentido realizar el esfuerzo y las inversiones que acompañarían a una hipotética renovación del permiso para un año más de funcionamiento en el caso de la Unidad I y para dos años en el caso de Almaraz II. El proceso de autorización y construcción del ATI, imprescindible para el desmantelamiento de la central, bien podría empezar en junio de 2020. El ATI será necesario para proceder al vaciado e la piscina de combustible gastado, lo que se producirá más de dos años después del cese de explotación. Hay que tener en cuenta que las actividades necesarias para preparar el desmantelamiento y la elaboración del propio plan de desmantelamiento llevarán al menos dos años. Es decir, los responsables de Almaraz tendrán tiempo de poner en marcha el ATI para entonces.

 ECOLOGISTAS EN ACCION

IU implica a las instituciones estatales y europeas para lograr la “suspensión cautelar” de las obras que ponen en grave riesgo a Doñana y su entorno

Antonio Maíllo y lo/as diputado/as Bustamante y García Sempere, ésta última como firmante, presentan en Huelva una iniciativa registrada a tal fin en el Congreso y buscan también que una delegación de parlamentarios europeos visiten la zona para ser testigos del grave riesgo existente.

Izquierda Unida implica a todas las instituciones, desde el Parlamento y la Junta de Andalucía, pasando por el Congreso de los Diputados hasta llegar a las instancias europeas, para lograr la “suspensión cautelar” inmediata de las obras de almacenamiento y transporte de gas de la empresa Gas Natural en el espacio natural de Doñana y su entorno. Para ello, IU ha desplegado una serie de iniciativas que incluyen una petición gestionada a través de la Comisión de Apelaciones europea para que una delegación de la Cámara en Bruselas visite Doñana, así como el registro de una iniciativa en el Congreso para paralizar este proyecto.

En el marco de esta actuación, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y lo/as diputado/as andaluces en la Cámara Baja, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere -esta última firmante de la proposición no de ley registrada y presentada hoy-, junto a otros dirigentes locales, se han desplazado hasta la provincia de Huelva y el entorno de Doñana para explicar con detalle el alcance de la actuación coordinada emprendida por esta formación.

“Doñana no tiene precio y no puede ser objeto de negocio”, ha sentenciado Maíllo al inicio de un encuentro con los medios en la capital onubense. El máximo dirigente regional andaluz de IU detalló cómo esta formación se ha dirigido ya a la Comisión de Apelaciones de Bruselas para “plantear que queremos una visita europea a Doñana para que vean las obras autorizadas por el Gobierno central con una fragmentación de carácter fraudulenta para evitar controles de impacto que no habrían superado” de haberse aprobado todo el proyecto de manera conjunta, como marca la ley en casos similares.

Destacó que Izquierda Unida va a luchar con todas sus fuerzas por la “suspensión cautelar” del proyecto ante la “alarma social suscitada y que afecta a todos los sectores políticos, económicos y culturales, así como al gran patrimonio que tenemos en Doñana”.

Maíllo se mostró convencido de que “una visita desde Bruselas generaría una respuesta automática de suspensión cautelar. Sería la mejor forma de ver el daño que esto puede provocar, un daño que, además, sería irreversible para todo el entorno de Doñana”.

Junto a él, Eva García Sempere explicó que esta mañana se habían desplazado hasta allí para “conocer de primera mano cómo está Doñana y su entorno en cuanto al impacto de las obras”. Antes de detallar el contenido de la proposición no de ley registrada señaló con ironía que “no es de recibo que una de las zonas con mayor índice de protección, Doñana es la ‘Duquesa de Alba’ de los espacios naturales de este país, se permita que troceen un proyecto tan altamente impactante como un gaseoducto y un acumulador de gas en el subsuelo para intentar saltarse la legislación en materia de declaraciones de impacto medioambiental”.

La parlamentaria de IU advirtió también que esto lo ha hecho el Gobierno del PP desde Madrid “con el beneplácito del PSOE, ya que la Junta no ha puesto todas las herramientas, toda la carne en el asador, para paralizarlo, con toda la aquiescencia del Gobierno de la nación”.

“No puedes hacerte fotos en Doñana -denunció- diciendo que tienes la suerte de contar con uno de los espacios protegidos más interesantes de Europa y, por otra parte, devastarlo con un proyecto que sólo beneficia a Gas Natural y al empresariado que está detrás de todo este entramado y, por supuesto, a los políticos que luego tendrán ahí sus ‘puertas giratorias’”.

García Sempere concretó los dos puntos de que consta la parte propositiva de la iniciativa parlamentaria registrada doblemente en el Congreso de los Diputados sobre este asunto para su debate en pleno o en comisión, dependiendo de la forma que sea más rápido poder discutirla y tratar de que sea aprobada por la Cámara.

En estos dos puntos se insta al Gobierno a:

1.- Luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias.

2.- Paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto.

Antonio Maíllo indicó también que, dentro de su ámbito político de actuación, “queremos  que la Junta de Andalucía sea parte, sea escuchada y se moje en Bruselas. El consejero de Medio Ambiente no se puede parapetar en que podría estar incurso en un proceso de prevaricación administrativa”.

“Los gobernantes -afirmó tajante- tienen que posicionarse políticamente y decir si están a favor de que Gas Natural haga de Doñana un sayo, su sayo para sus intereses de almacenamiento de gas y para poder meter una bomba en el subsuelo de este espacio natural o si están con la mayoría social” que se opone a ello.

Maíllo tiró de memoria y de casos ya ocurridos con una gravedad comprobada para asegurar que “aquí no queremos otro ‘Castor’ como en Castellón (en alusión al ‘proyector Castor’, también de construcción de un depósito estratégico artificial de gas natural, que tuvo que paralizarse cuando ya estaba avanzado al aumentar la sismicidad de la zona y el riesgo de terremotos) y que luego haya otra chapuza que cueste más de 1.350 millones de euros de todos los españoles para dar a Florentino Pérez para paralizarla”.

Aseguró que en Doñana, de salir mal el proyecto ahora en marcha, “costaría algo más que millones, porque sería la destrucción e iría en menoscabo de un patrimonio que tiene que ser preservado y no violado como lo está siendo por los intereses muy particulares de Gas Natural”.