IU implica a las instituciones estatales
y europeas para lograr la “suspensión cautelar” de las obras que ponen en grave
riesgo a Doñana y su entorno
Antonio
Maíllo y lo/as diputado/as Bustamante y García Sempere, ésta última como
firmante, presentan en Huelva una iniciativa registrada a tal fin en el
Congreso y buscan también que una delegación de parlamentarios europeos visiten
la zona para ser testigos del grave riesgo existente.
Izquierda
Unida implica a todas las instituciones, desde el Parlamento y la Junta de
Andalucía, pasando por el Congreso de los Diputados hasta llegar a las
instancias europeas, para lograr la “suspensión cautelar” inmediata de las
obras de almacenamiento y transporte de gas de la empresa Gas Natural en el
espacio natural de Doñana y su entorno. Para ello, IU ha desplegado una serie
de iniciativas que incluyen una petición gestionada a través de la Comisión de
Apelaciones europea para que una delegación de la Cámara en Bruselas visite
Doñana, así como el registro de una iniciativa en el Congreso para paralizar
este proyecto.
En el
marco de esta actuación, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio
Maíllo, y lo/as diputado/as andaluces en la Cámara Baja, Miguel Ángel
Bustamante y Eva García Sempere -esta última firmante de la proposición no de
ley registrada y presentada hoy-, junto a otros dirigentes locales, se han
desplazado hasta la provincia de Huelva y el entorno de Doñana para explicar
con detalle el alcance de la actuación coordinada emprendida por esta
formación.
“Doñana
no tiene precio y no puede ser objeto de negocio”, ha sentenciado Maíllo al
inicio de un encuentro con los medios en la capital onubense. El máximo dirigente
regional andaluz de IU detalló cómo esta formación se ha dirigido ya a la
Comisión de Apelaciones de Bruselas para “plantear que queremos una visita
europea a Doñana para que vean las obras autorizadas por el Gobierno central
con una fragmentación de carácter fraudulenta para evitar controles de impacto
que no habrían superado” de haberse aprobado todo el proyecto de manera
conjunta, como marca la ley en casos similares.
Destacó
que Izquierda Unida va a luchar con todas sus fuerzas por la “suspensión
cautelar” del proyecto ante la “alarma social suscitada y que afecta a todos
los sectores políticos, económicos y culturales, así como al gran patrimonio
que tenemos en Doñana”.
Maíllo se
mostró convencido de que “una visita desde Bruselas generaría una respuesta
automática de suspensión cautelar. Sería la mejor forma de ver el daño que esto
puede provocar, un daño que, además, sería irreversible para todo el entorno de
Doñana”.
Junto a
él, Eva García Sempere explicó que esta mañana se habían desplazado hasta allí
para “conocer de primera mano cómo está Doñana y su entorno en cuanto al
impacto de las obras”. Antes de detallar el contenido de la proposición no de
ley registrada señaló con ironía que “no es de recibo que una de las zonas con
mayor índice de protección, Doñana es la ‘Duquesa de Alba’ de los espacios
naturales de este país, se permita que troceen un proyecto tan altamente
impactante como un gaseoducto y un acumulador de gas en el subsuelo para
intentar saltarse la legislación en materia de declaraciones de impacto
medioambiental”.
La
parlamentaria de IU advirtió también que esto lo ha hecho el Gobierno del PP
desde Madrid “con el beneplácito del PSOE, ya que la Junta no ha puesto todas
las herramientas, toda la carne en el asador, para paralizarlo, con toda la
aquiescencia del Gobierno de la nación”.
“No
puedes hacerte fotos en Doñana -denunció- diciendo que tienes la suerte de
contar con uno de los espacios protegidos más interesantes de Europa y, por
otra parte, devastarlo con un proyecto que sólo beneficia a Gas Natural y al
empresariado que está detrás de todo este entramado y, por supuesto, a los
políticos que luego tendrán ahí sus ‘puertas giratorias’”.
García
Sempere concretó los dos puntos de que consta la parte propositiva de la
iniciativa parlamentaria registrada doblemente en el Congreso de los Diputados
sobre este asunto para su debate en pleno o en comisión, dependiendo de la
forma que sea más rápido poder discutirla y tratar de que sea aprobada por la
Cámara.
En estos
dos puntos se insta al Gobierno a:
1.-
Luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar
el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio
climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías
limpias.
2.-
Paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los
potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto
industrial de Gas Natural en su conjunto.
Antonio
Maíllo indicó también que, dentro de su ámbito político de actuación, “queremos
que la Junta de Andalucía sea parte, sea escuchada y se moje en Bruselas.
El consejero de Medio Ambiente no se puede parapetar en que podría estar
incurso en un proceso de prevaricación administrativa”.
“Los
gobernantes -afirmó tajante- tienen que posicionarse políticamente y decir si
están a favor de que Gas Natural haga de Doñana un sayo, su sayo para sus
intereses de almacenamiento de gas y para poder meter una bomba en el subsuelo
de este espacio natural o si están con la mayoría social” que se opone a ello.
Maíllo
tiró de memoria y de casos ya ocurridos con una gravedad comprobada para
asegurar que “aquí no queremos otro ‘Castor’ como en Castellón (en alusión al
‘proyector Castor’, también de construcción de un depósito estratégico
artificial de gas natural, que tuvo que paralizarse cuando ya estaba avanzado
al aumentar la sismicidad de la zona y el riesgo de terremotos) y que luego
haya otra chapuza que cueste más de 1.350 millones de euros de todos los
españoles para dar a Florentino Pérez para paralizarla”.
Aseguró
que en Doñana, de salir mal el proyecto ahora en marcha, “costaría algo más que
millones, porque sería la destrucción e iría en menoscabo de un patrimonio que
tiene que ser preservado y no violado como lo está siendo por los intereses muy
particulares de Gas Natural”.
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