Economía de la miseria: el mapa “insuficiente” de la renta mínima en España
La aprobación de la ley de Renta Mínima
de Inserción hace escasos días por parte del gobierno andaluz ha vuelto a
levantar el debate sobre la radiografía de la renta básica aprobada en todas
las autonomías y la “insuficiente” capacidad de cubrir las necesidades de la
población al borde del umbral de la pobreza. En torno a 13 millones de personas
en todo el territorio nacional.
Manuel Cañada, miembro del colectivo
Marea Básica contra el paro y la precariedad habla de cifras desoladoras. “Hay
datos que los gobiernos autonómicos no pueden olvidar: 2,4 millones de personas
son parados de larga duración o que 1,8 millones de hogares tienen a
todos sus miembros en paro y en España se viven una media de una
decena de suicidios al día”. “¿Que nos está pasando?” alerta este especialista.
Solo el País Vasco cumple con su renta la cuantía estipulada para no llegar al
umbral de la pobreza y los preceptos de laCarta Social Europea que
marca un salario social de 674 euros.
Cañada alega a Público que
las renta aprobadas por la autonomías perpetúan aún más la pobreza y la
exclusión de estos colectivos con la creación de una “economía de la miseria”.
Además añade que hasta el momento “no hay ninguna ley de renta básica a nivel
estatal. Y las comunidades no tienen fondos suficientes en sus presupuestos
para cubrir este panorama social”.
Una renta que perpetúa la exclusión
“Hasta 2021. 45.000 familias llegarán a percibir entre
419,52 y 779,87 euros durante un periodo máximo de un año”
La ultima ley en actualizarse al
respecto ha sido la andaluza la pasada semana. La Renta Mínima de
Inserción Social entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2018, con
una dotación de 198 millones de euros al año y un presupuesto de 820 millones
hasta 2021. 45.000 familias llegarán a percibir entre 419,52 y 779,87
euros durante un periodo máximo de un año, independientemente de otro tipo
de ingresos como los que reciben determinadas familias para alimentos o dentro
un programa de orfandad.
Para tener derecho a la percepción de la RMI los
ingresos de la unidad familiar no pueden superar los 418 euros mensuales.
Además, el beneficiario debe insertarse en programas orientados a la búsqueda
de empleo activo.
Desde el colectivo Marea contra
el paro y la precariedad hablan de varios impedimentos por los que
todo beneficiario tiene que pasar antes de percibir una de estas ayudas. La
intensa y eterna tramitación para cobrar la renta básica, a la que habría que
añadir la subjetividad y arbitrariedad a la hora de cobrar estas ayudas. Como
último concepto este colectivo destaca “el clientelismo político y social” con
los montantes restantes de los presupuestos con los que se ejecutan estas
renta, reproduciendo, una vez más y perpetuando “la exclusión social”.
Paco Vega, después de 44 días en huelga de hambre,
consiguió reunirse con el vicepresidente de la Junta
Cañada recuerda a Público como
en los años 80 y 90 se impusieron en Francia las primeras medidas para implantar
una renta básica en sus políticas nacionales. “Surgieron estudios que hablaban
de la economía de la miseria cuando el concepto tenía que ser otro. Trabajar
por la economía de la dignidad”.
Paco Vega representa el colectivo Renta Básica a nivel andaluz
y explica a Público como después de casi 44 días en huelga de
hambre consiguió una reunión con el Vicepresidente de la Junta, Manuel
Jiménez Barrios para hablar de la ley tramitada hace escasos días.
Sobre la Renta Mínima de Inserción andaluza reclama como se ha vendido a “bombo
y platillo por la propia presidenta de la Junta de Andalucía”, como la gran
novedad para los presupuesto del próximo año 2018. “En realidad es
prácticamente igual que el actual ingreso mínimo de solidaridad, conocido
popularmente como el salario social y, desde luego, nada que ver con el derecho
a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna”, tal como
recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía, desde hace más de diez años.
La precariedad de los trabajadores “pobres”
En España hay cerca de 14 millones de asalariados que
no logran llegar a fin de mes
Demetrio Cano relata a Público un nuevo
concepto en el panorama laboral. La figura del “trabajador pobre” en España.
Casi 14 millones de asalariados que no logran llegar a fin de mes. A sus 52
años de edad, este granadino vuelve a revindicar en estas fechas tan señaladas
que la “supervivencia con estas ayudas precarias no beneficia a nadie”. Como
parado de larga duración desde el año 2012, cuando fue despedido del sindicato
de CCOO, conoce de primera mano la falta de reconversión que ofrece el mercado
laboral a partir de una determinada edad. Las escasas ofertas a las que ha
logrado presentarse en estos últimos cinco años lo han obligado a optar por
opciones de emprendimiento. “Intento llevar a cabo mis propios proyectos, ya
que la percepción básica no te permite ni cubrir los gastos más elementales”.
La ayuda familiar es imprescindible,
aunque hay veces “que ya no se puede tirar más”, añade a Público.
Los cortes habituales de luz y agua en su vivienda no le permiten cumplir unas
condiciones de “vida digna” como las que ha luchado junto a Paco Vega en la
huelga de hambre. “Volveremos a reivindicar pero sino se toman medidas urgentes
nunca dejaremos de ser la comunidad más pobre en España”. Y es que en la
actualidad un informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social (EAPN-A) puntualiza que el 12,8% de andaluces se
encontrarían en pobreza extrema y un 43,2% de andaluces viven bajo este riesgo.
El mapa de las rentas
La cuantía de la renta mínima andaluza
es más que “insuficiente”. Un panorama que se reproduce en las diferentes
autonomías. En Andalucía, la Renta Mínima de Inserción asciende a 419
euros . Al igual que ocurre en otras comunidades como Asturias con su
Salario Social Básico (426 euros), en Cantabria con la Renta Social Básica (426
euros), Catalunya con la Renta Garantizada de Ciudadanía (414 euros), Castilla
la Mancha con el Ingreso Mínimo de Solidaridad (420 euros), Ceuta con el Ingreso
Mínimo de Inserción Social (426 euros), Extremadura con la Renta Básica de
Inserción (399 euros), Galicia con la Renta de integración Social (399 euros),
Melilla con el Ingreso Melillense de Integración (383 euros) y Murcia con la
Renta Básica de Inserción (426 euros).
Solo dos comunidades, Navarra y
País Vasco supera con una creciente diferencia las partidas del resto
de comunidades autónomas. La Renta de Garantía de Ingresos vasca apoya a las
unidades familiares que residen en Euskadi y no disponen de ingresos
suficientes para llegar a final de mes. En la actualidad esta partida beneficia
a 64.500 personas que perciben renta entre los 625 y los 959 euros mensuales.
Por su parte la Renta Garantizada navarra da cobertura a 25.000 personas, que
son aproximadamente el ochenta por ciento de las perceptoras de la Renta de
Inclusión Social, que asciende a los 600 euros.
El incumplimiento de España con la Carta Social
Europea
Hontanares Arranz como miembro de Marea Básica y trabajadora
social aclara a Público que “España está cumpliendo la Carta
Social Europea y por ellos los beneficiarios que no consigan las ayudas tienen
que denunciar vía procedimiento judicial la vulneración de sus derechos”.
“Aquellas personas que no consigan las ayudas sociales
tienen que denunciar la vulneración de sus derechos”
Desde 1996 el Comité Europeo de
Derechos Sociales ha pedido que España adecúe sus prestaciones a la
renta básica. En una resolución del Parlamento Europeo del pasado 24 de octubre
reitera lo que ya había manifestado en informes anteriores, que el sistema
español de rentas mínimas en la mayoría de comunidades autónomas no satisface
las exigencias de este precepto. Además desde Europa se reclama que los Estados
como España deben garantizar “una existencia digna a todos aquellos que no
disponen de recursos suficientes, ya que el derechos a ayudas sociales es un
derecho fundamental”.
Hontanares destaca la obligación de “requerimientos de
residencia o que la prestación concluya en un tiempo, aunque no lo haga la
necesidad” . El Comité reitera que las prestaciones son adecuadas siempre y
cuando no se hallen por debajo del umbral de pobreza, lo que no se cumple en la
inmensa mayoría de las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco.
Una renta periódica, individual y universal
“En 2010, el 80% de los parados tenían algún tipo de
cobertura, en 2017, su número no alcanza siquiera el 56%”
Pero ¿cuáles son los requisitos que
tienen que cumplir estas ayudas? Daniel Reventós de la Red
Renta Básica puntualiza que “una renta básica es un pago periódico en efectivo
entregado incondicionalmente a todos de manera individual, sin requisito de
prueba o trabajo” Entre las cinco características que debe cumplir destaca “que
sea periódica con un pago en efectivo. No se paga en especie (como alimentos o
servicios) o en cupones dedicados a un uso específico. Y debe abonarse de forma
individual. Como último concepto Reventós habla de su carácter universal. “Se
paga a todos, sin prueba de medios e incondicional: se paga sin el requisito de
trabajar o demostrar la voluntad de trabajar”.
Cañada desde el grupo Marea Básica
contra el paro y la precariedad concluye que la aprobación de estas leyes, a
nivel autonómico, no ha modificado el panorama de la pobreza en España. “En
2010, el 80% de los parados tenían algún tipo de cobertura, en 2017, su número
no alcanza siquiera el 56%. Desde el colectivo reiteran que ”la renta
básica es una necesidad para hacer frente a la banalidad del mal contemporáneo:
a la violencia del paro forzoso, a la coacción muda de la miseria, al régimen
de la precariedad y de la inseguridad permanente”.
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