2018: Una vuelta más al ajuste de las pensiones
La reforma del sistema incorpora en 2018
novedades que endurecen las condiciones de la jubilación.
Aunque no compartimos el análisis porque
parte de algunos discutibles presupuestos neoliberales, reproducimos por su
valor informativo el siguiente artículo de José V. Merino sobre los nuevos
recortes previstos en las pensiones públicas como resultado de la aplicación de
las reformas realizadas por Zapatero y Rajoy.
Al contrario del pensamiento neoliberal
dominante, hacemos nuestras las reivindicaciones de la Marea Pensionista del
cuadro inferior, perfectamente viables y que aportan una salida socialmente
justa al derecho a una jubilación digna y a una pensión suficiente.
Una vuelta más al ajuste de las
pensiones
Año nuevo y condiciones aún más duras
para la jubilación. La reforma del sistema de pensiones, cuyas bases puso
Zapatero y completó su sucesor Rajoy hace un lustro, avanza inexorable conforme
a los calendarios marcados y, con la llegada de 2018, incorpora novedades que
suponen otra vuelta de tuerca. Son sustancialmente dos que, en muy pocas
palabras, suponen trabajar más y cobrar menos. A partir del 1 de
enero, la edad ordinaria de retiro aumentará hasta 65 años y seis meses -un mes
más que hasta ahora-, pero podrán seguir jubilándose a los 65 quienes hayan
cotizado al menos durante 36 años y seis meses, tres meses más que
en la actualidad. En ambos casos se computarán para hacer el cálculo de la
pensión los últimos 21 años cotizados; esto es, uno más que en
2017.
Y todo esto sucede mientras los partidos
políticos, volcados en el debate sobre el ‘procés’ catalán, muestran su
absoluta incapacidad para diseñar en el seno del Pacto de Toledo un nuevo marco
que garantice la viabilidad del sistema, muy débil como evidencia el
brutal déficit de la Seguridad Social: 18.000 millones de
euros el año pasado, un agujero que este ejercicio acabará en niveles muy
parecidos. Eso, sin contar con que a la denominada ‘hucha de las pensiones‘
sólo le queda para otra paga.
La edad oficial y la real
¿Hasta qué edad habrá que
seguir trabajando?
La acumulación de mensajes políticos y
técnicos contradictorios sobre la fortaleza del sistema de pensiones español es
caldo de cultivo de debates, cada vez más frecuentes, sobre hasta dónde se
estirará la edad de jubilación. Se sabe que en 2027 será a los 67 años,
aunque podrán seguir retirándose a los 65 quienes para entonces hayan cotizado
al menos 38 años y seis meses.
¿Y luego? Hay expertos y países que
plantean rebasar los 70 años, como Dinamarca, Italia y Países
Bajos. Pero, al margen del debate, lo cierto es que en España la edad real de
retiro ni siquiera llega a los 64 porque los sucesivos y
progresivos recortes han llevado a muchos trabajadores a salir antes de tiempo
del mercado laboral por miedo a que las cosas vayan a peor. Además, las
posibilidades de jubilarse de forma anticipada, aunque supongan penalizaciones,
presionan a la baja la edad media del retiro.
Resulta paradójico, porque la intención de la reforma
era disponer de más población activa que financie las pensiones y, en paralelo,
rebajar la factura: si una persona trabaja hasta los 67, aporta dos años más a
la caja común y, encima, consume dos años menos de pensión. Y la realidad es
que los ingresos menguan, entre otras cosas, por el peso de tantas
prejubilaciones, motivadas en parte por el miedo. Aunque también es cierto que
el gasto final en pensiones no se ve incrementado para la Seguridad Social, por
las penalizaciones impuestas.
Dos o cuatro años
¿Hay cambios en los atajos
para retirarse antes?
De forma paralela a los dos grandes
cambios de 2018 -el aumento de la edad de retiro y de los años que se
computarán para calcular la pensión-, también cambiarán las condiciones
para jubilarse antes. Si es de forma voluntaria, será a los 63 años y seis
meses, siempre que se hayan cotizado 35 años; y por cada trimestre de adelanto
respecto a la edad oficial, la penalización será progresiva e irá desde el 2%
de la base reguladora si se han cotizado menos de 38,5 años hasta el 1,625% de
rebasarse los 44,5 años de afiliación.
Otro caso es el de la jubilación
forzosa por causa de despido, en la que hay que restar cuatro años, esto
es, hasta los 61 años y seis meses. Serán necesarios 33 años cotizados y la
penalización va desde el 1,875% por trimestre adelantado para los de menos de
38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para quienes lleven más de 44,5 años.
Por quinto año, el 0,25%
Un poder adquisitivo que no se
recuperará
El 1 de enero las pensiones subirán
un 0,25%, el mismo incremento que en los cuatro años precedentes y
que es el mínimo fijado por la ley mientras persista la crisis del sistema. Un
aumento irrisorio a la vista de la marcha de la inflación, que en noviembre
cerró en el 1,7%, y que apenas llegará a los 2,5 euros mensuales
para la mayoría de los jubilados.
Lo peor está por llegar. Los expertos vaticinan que los recortes incorporados
en forma de aumentos del tiempo cotizado y de mayor períodos de cómputo a la
hora de calcular las pensiones, se van a traducir en una rebaja del 40%
para las nuevas prestaciones por retiro a mediados de siglo. No resulta una
quimera; ni tampoco lo es vaticinar que la pensión media llegue a ser más baja
que la del año precedente, algo inédito en la historia; ni siquiera apuntar que
en el futuro más de la mitad de las prestaciones estén en niveles mínimos.
Y no lo es porque el análisis de lo
ocurrido en los últimos diez años permite ver que mientras en 2007 la cuantía
media de la pensión de jubilación crecía casi al 6%, el pasado año apenas
rebasaba el 2%. Y desde que en 2013 comenzara la aplicación de la última
reforma del sistema, ya se ve que la prestación nueva de retiro fue en
2016 inferior a la de 2015.
La verdadera amenaza
Paro y precariedad, los dos
‘jinetes del Apocalipsis’
Siendo cierto que los recortes amenazan
uno de los pilares del Estado del bienestar, el factor más preocupante es la
suma de dos ‘jinetes del Apocalipsis’: el altísimo desempleo, sobre
todo entre los jóvenes, lo que debilita la acumulación de derechos de pensión;
y el abuso de los contratos temporales, que en España son el doble
que en países de características similares. Esto es, el paro y la
precariedad generarán, dentro de unas décadas, pensiones de miseria,
lo que da cuerpo a la alarma de quienes dibujan un escenario de viejos
pobres.
Son dos circunstancias que ponen en
sordina el mantra oficial de que todos los problemas se resolverán en cuanto
España alcance los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Ahora hay
18,4 millones y el objetivo parece alcanzable, pero ¿es sostenible una fórmula
en la que quienes entran en el mercado apenas cobran 1.000 euros y
con semejante cifra deben pagar a quienes se jubilan con pensiones muy
superiores?
Diferencia con países
similares
Pocos incentivos para combinar
pensión y trabajo
Una de las fórmulas para incentivar la permanencia en
el mercado laboral es la posibilidad de cobrar la mitad de la pensión y seguir
trabajando y cotizar de manera reducida, una fórmula que el Gobierno ha
prometido mejorar para que se pueda cobrar la pensión completa. Desde la
aprobación -el pasado octubre- de la nueva ley de reforma de los autónomos,
este colectivo ya puede compatibilizar el trabajo con el 100% la prestación.
Pero a juicio de la OCDE, que agrupa a los Estados más desarrollados, en España
existen «desincentivos severos» para combinar un trabajo con el cobro de una
pensión, mientras que «en la mayoría de los países no hay mayores
restricciones» a poder hacerlo.
Desde 2019
El ‘factor de sostenibilidad’
lo complicará todo aún más
El año que arranca será el último
‘normal’. A partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigor
el ‘factor de sostenibilidad‘. Se traducirá en que las prestaciones
de jubilación que se concedan a partir de ese momento deberán aplicar un
recorte directamente proporcional al crecimiento de la esperanza de
vidade los últimos cinco años. Esa mayor esperanza se calculará con
los trabajadores mayores de 67 años que han sido pensionistas, y la
estimación será realizada por la propia Seguridad Social. A modo de ejemplo, si
los pensionistas mayores de 67 pasan en un lustro de vivir 20 a 20,5 años, ese
2,5% de crecimiento se recortará en la cuantía de la pensión resultante. La
rebaja se hará de forma paulatina -0,5% cada año del siguiente
quinquenio– y quedará incorporada para siempre. Así, si a un trabajador que
se jubile el 1 de enero de 2019 le iban a corresponder 1.000 euros al mes, en
realidad cobrará 995; y para otro que se retire en enero de 2023, la cifra
bajará hasta 975. Los expertos calculan que el recorte real a partir de
2019 será del 0,45%, por lo que, salvo el improbable caso de que caiga
la esperanza de vida, en 2050 únicamente este factor supondría un recorte
del 15%.
Aunque todavía queda un año, la ‘amenaza’ de este
factor ya será palpable en 2018. En los últimos meses se espera un aluvión de
retiros adelantados por parte de trabajadores temerosos de que sus pensiones
sufran todavía más, ya que al tratarse de personas que empezaron a trabajar muy
pronto y por tanto tienen largas carreras de cotización, las penalizaciones que
suponen ese adelanto pueden ser inferiores a los recortes que conllevan las
reformas.
Nueva regulación
Los planes de pensiones siguen
lejos de Europa
Una de las pocas decisiones adoptadas
hasta ahora para encarar el preocupante futuro de las pensiones ha sido la
tomada recientemente por el Ejecutivo central para regular a la baja las
comisiones que cobran a los más jóvenes los fondos privados por gestionarlos.
Pero en España es una fórmula que no acaba de cuajar como complemento de las
pensiones públicas. Así, a finales de septiembre, el patrimonio acumulado era ‘sólo’
de 109.000 millones, una cifra importante pero muy alejada de los usos y
costumbres de nuestro entorno europeo ya que sólo representa el 9,6% del PIB.
Kaosenlared
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