Por el impulso al autoconsumo energético y la lucha contra el cambio climático: IU se opone al Proyecto de Real Decreto de Autoconsumo

Hace dos semanas se celebró la mayor feria solar del mundo, Intersolar Europe, que congregó en Munich (Alemania) a miles personas, ávidas por conocer lo último en tecnología fotovoltaica, almacenamiento y sistemas de autoconsumo. Estuvieron presentes 1.000 expositores y 40.000 visitantes en una superficie de 72.000 m2, realizándose 200 conferencias. Entre sus principales conclusiones se cuentan el triplicar la potencia fotovoltaica instalada en el mundo en cinco años, el otorgar un papel cada vez más destacado al autoconsumo y la implementación de los sistemas de almacenamiento. Sin embargo, en España el Gobierno del PP bloquea el desarrollo de estas tecnologías y legisla en dirección opuesta desde hace más de 3 años, por lo que hemos pasado de ocupar el tercer puesto en inversiones  renovables en el mundo a situarnos fuera de los 20 primeros. Decenas de empresas se han visto abocadas al cierre y miles de trabajadores al paro. Sobreviven únicamente algunas de las más importantes pero trabajando fuera de nuestro país.

Desde su constitución este gobierno mantiene bloqueado el desarrollo del autoconsumo, hoy muy eficiente  y económicamente competitivo sin primas ni subvenciones. Su desarrollo en condiciones similares a las de otros países europeos, como Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Francia o Portugal permitiría avanzar en la democratización del uso de la energía  multiplicando las instalaciones fotovoltaicas y minieólicas en ciudades, pueblos y polígonos industriales.

Pero dicho desarrollo perjudicaría los intereses del lobby eléctrico español que vería reducidos sus ingresos de forma significativa con el desarrollo del autoconsumo, especialmente con el balance neto. Y para evitarlo ha mantenido congelado el decreto que el anterior  gobierno del PSOE tampoco tuvo el coraje de impulsar y que, solo ante las presiones ciudadanas y del sector,   aprobó sin concretarlo en su último consejo de ministros.

En el sector energético es posiblemente donde más visible sea  la apuesta de este gobierno por la defensa de los intereses de los poderosos y en contra de los intereses populares y estatales. Para garantizar dichos intereses, amenazan continuamente con el impuesto al sol (y al viento), el conocido “peaje de respaldo”, al que han cambiado el nombre en el reciente nuevo borrador de RD, además de introducir complicados y costosos procedimientos administrativos y amenazas de multas que desincentiven a la ciudadanía.

Por todo ello IU rechaza en su totalidad el proyecto de Real Decreto para la regulación del autoconsumo enviado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el pasado 5 de junio a la CNMC, porque penaliza y obstaculiza el legítimo derecho ciudadano a producir su propia energía con renovables y también porque pensamos que incumple las dos directivas europeas siguientes: 2009/28/CE de renovable y  2012/27/UE de eficiencia energética.

IU  se compromete a apoyar los objetivos del  informe Ciudades con Futuro de la Fundación Renovables asumido por la Plataforma Estatal por un Nuevo Modelo Energético, que permitiría   cubrir el 50% de la demanda energética de los municipios españoles para 2050 con el autoabastecimiento y la creación de más de 135.000 empleos en los próximos 10 años. El autoconsumo debe ser un  elemento imprescindible de democratización de la energía y es clave para el abaratamiento de los costes del sistema energético, especialmente en los dos archipiélagos.

IU considera  una prioridad, como debiera tener cualquier gobierno responsable, apostar por la  independencia energética, ya que los costes de las importaciones de gas, petróleo y, desgraciadamente, carbón y uranio enriquecido, representan anualmente unos 1000€  de media por habitante en nuestro país, lo que es equivalente a nuestros ingresos por turismo en la balanza de pagos. Su sustitución progresiva y acelerada por fuentes de energías renovables, de las que España es muy rica, debería ser una de las grandes prioridades del Gobierno junto con la lucha contra el Cambio Climático, a la que va íntimamente ligada.

Por todo ello, desde IU reafirmamos nuestro compromiso como miembros de la Alianza por el Clima, presentada el pasado 27 de mayo en Madrid, y  defendemos el imprescindible cambio de modelo energético. Nos opondremos, por tanto, con todas nuestras fuerzas a que este proyecto de Real Decreto, que va en la dirección contraria, pueda ver la luz en nuestro país y seguiremos trabajando de la forma más unitaria posible, tanto desde las instituciones como desde la calle, para intentar que  se apruebe una legislación que democratice el uso de la energía impulsando el autoconsumo en todas sus formas, potenciando especialmente el papel de los ayuntamientos y de las cooperativas ciudadanas.

Llamamiento a la participación en la manifestación convocada para el 30 de junio contra la ley mordaza

Estimadas camaradas, el próximo día 1 de julio está prevista la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana conocida popularmente como “Ley Mordaza”.

Se trata de una ley que viene a limitar el ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación, reunión o libertad de expresión, retrocediendo la calidad de nuestra democracia a otros tiempos autoritarios y represivos.

Es por ello que desde el PCE consideramos de vital importancia participar en lamanifestación convocada para el 30 de junio en las ciudades más importantes del paísy en las propias actividades de protesta que se están convocando para esta semana.

Las políticas públicas de Memoria Histórica, contra el olvido y la impunidad

Estimados ciudadanos, estimadas ciudadanas:

En el periodo comprendido entre 1931 y 1982 desde el inicio de la II República hasta la lucha por el autogobierno en Andalucía, en este periodo la construcción de una memoria colectiva democrática que sustituya a los mitos desmovilizadores heredados del tardo franquismo y aún presentes en la memoria colectiva de millones de ciudadanos es una necesidad. Ha sido uno de los retos básicos que tenemos que enfocar junto al requerimiento a los jueces y la exhumación de los grandes fosas que evidencian el genocidio franquista. No es fácil luchar contra todo un sistema educativo, político y mediático (apoyado por igual por PP y PSOE durante décadas) que siguen falseando con la equidistancia del franquismo.

Se trata de generar una ruptura del discurso de la memoria defendido por el bipartidismo del régimen del 78.

No debe recaer en los familiares la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Es una obligación del estado actuar de oficio. Las administraciones públicas tienen la obligación de cooperar con los particulares y facilitar las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas.

La privatización de las exhumaciones en las fosas comunes también intenta la indiferencia de las instituciones del estado, incluyendo las autoridades judiciales, éstas no se personan cuando se denuncia el descubrimiento de una fosa y no existe registro oficial de las exhumaciones.

Este modelo y esta forma de entender la memoria basada en la privatización del deber público de la respuesta a los derechos de las víctimas es lo que contempla la descafeinada ley de Zapatero.

La memoria democrática por la que luchamos desde una política de alianzas con un amplio movimiento memorialista debe ayudar a construir y socializar un relato veraz y al mismo tiempo comprometido con los valores democráticos que llegue al conjunto de la ciudadanía y no sólo a minorías académicas o militantes.

La Ley de la Memoria histórica de Andalucía contempla ampliando la base jurídica y presupuestaria:

A. Un plan anual de exhumaciones.

B. La posibilidad de expropiar terrenos privados en los que aparezcan fosas comunes.

C. La aplicación de sanciones a ayuntamientos que no retiren símbolos franquicias.

D. La creación de un Instituto Andaluz de Memoria Democrática.

E. La obligatoriedad de introducir en las aulas los contenidos con bases científicas de la memoria.

F. La responsabilidad de que esta ley no esté aprobada es del PSOE.

Hemos de conseguir la aprobación de esta ley y de leyes similares en todas las comunidades autónomas y lo que es más importante su aprobación efectiva para conseguir que ya es hora de castigar la impunidad de los verdugos y el reconocimiento de los derechos de las víctimas del golpe d estado, la guerra civil, la dictadura y la transición no idílica sino sangrienta que vivimos.

No es de recibo que se siga manteniendo en libros de textos y aquí hay competencias de las comunidades autónomas (denominación teórica de la equidistancia que marca con el signo de la culpabilidad por igual a las dos partes enfrentadas), de ahí que sean recomendables propuestas como las unidades para la recuperación de la memoria histórica y completar los libros de texto tradicionales, se trata de recuperar nuestra historia que ha quedado relativamente olvidada o silenciada en el curriculum escolar habitual.

Los lugares de memoria presentan a la víctimas, no como sufridoras pasivas de la brutal dictadura sino como luchadoras antifascistas.

Izquierda Unida elaboró materiales didácticos sobre la República, la Guerra Civil, la dictadura y la transición que se ha transmitido a bibliotecas y profesores.

Es la hora de que los ayuntamientos y las comunidades autónomas impulsen una verdadera política de recuperación de la memoria histórica.

ANTONIO ROMERO RUÍZ: Ex-Parlamentario Andaluz de IULV-CA; Coordinador de la Red de Municipios por la III República  
KEILA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Licenciada en Filosofía; Miembro del Comité Provincial  

“Cuando la injusticia se transforma en ley, la rebelión se convierte en deber”

Recientemente ha sido aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, una norma impuesta de nuevo por el Partido Popular que restringe un valor fundamental para la democracia: la protesta.

Esta ley tiene por objetivo infundir el miedo entre una población cada día más activa contra los recortes, injusticias y los males que sufre; una población cada vez más organizada para conseguir un bienestar que le ha sido secuestrado en pro de la ley del mercado.

Y cómo piensan conseguir esta carencia de libertad? Por una parte creando nuevas infracciones y por otra aumentando las sanciones a las ya existentes. Actos tan legítimos como parar un desahucio o convocar una manifestación pueden ser conductas sancionables hasta 600.000 euros.

Además estas actividades propias de un sistema democrático y de la libertad de expresión, pueden ser grabadas por parte de la policía, a la que se le da un poder superlativo, para crear “listas negras” de personas que salen a la calle a defender sus derechos.

Por todo esto entendemos que la sociedad civil, los/las trabajadores que sostenemos este país con nuestro esfuerzo, no nos podemos quedar callados y debemos de demostrar que ningún intento de represión nos parará. Es la hora de decir alto y claro que defendemos y defenderemos nuestros derechos por muchas medidas que aprueben contra ellos. Digamos alto y claro que no permitiremos ningún ataque más contra los nuestros.

DESOBEDECE

POR UN GRAN ACUERDO EUROPEO SOBRE LA DEUDA

Adjunto la iniciativa que acabamos de presentar en el registro del Congreso de los Diputados. Una iniciativa necesaria para apoyar al pueblo griego y también para ayudar a la economía española:

El reciente triunfo electoral del partido político SYRIZA en Grecia -y la consiguiente formación de un nuevo Gobierno de izquierdas en el país heleno- ha puesto de nuevo en la agenda política el debate sobre la deuda pública.

El Gobierno de Alexis Tsipras ha iniciado una campaña pública a nivel europeo para poner en marcha un gran acuerdo sobre la deuda pública. El nivel de deuda pública griega era en el año 2007 del 103% del Producto Interior Bruto (PIB), pero las políticas de austeridad de los últimos seis años han provocado un incremento espectacular del endeudamiento público. Actualmente la deuda pública griega se encuentra en el 182,4% del PIB. Así, las políticas de ajuste no sólo han provocado un escenario de emergencia social sino que han empeorado las condiciones macroeconómicas y dificultado, de esa forma, la devolución de la deuda.

Una circunstancia similar ha ocurrido en España, pero agravada por el hecho de que en nuestro país la deuda antes de la crisis estaba en un nivel mucho más bajo. En 2007 la deuda pública era del 35,5% del PIB, mientras que en noviembre de 2014 alcanzó un 96,8%. El gran problema de endeudamiento residía, y aún sigue haciéndolo, en el sector privado. Pero la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, filosofía que subyace a todos los rescates económicos impulsados por la troika y los gobiernos de España y Grecia, así como las consecuencias derivadas de las políticas de ajuste, han empeorado todas las condiciones económicas.

Las políticas de austeridad y el enorme lastre que supone la deuda pública hace inviable una recuperación económica compatible con el mantenimiento del Estado Social y la garantía de justicia social. Más al contrario, esa combinación es fatal para tanto la población como para las expectativas de devolución de la deuda. El frágil crecimiento económico no es suficiente para contrarrestar ni la desigualdad creciente, ni la merma en el Estado Social ni tampoco para poder garantizar la devolución de la deuda pública. Es importante tener en cuenta que el hecho de que este débil crecimiento económico se explique exclusivamente por el repunte de la demanda interna a costa fundamentalmente del ahorro de las familias evidencia que este tipo de crecimiento no puede ser duradero (en el tercer trimestre del 2014 los hogares españoles redujeron intensamente su ahorro hasta el 4,4% de su renta disponible, el nivel más bajo desde el verano de 2007).

A todo ello debemos añadir que una parte de esa deuda ha sido contraída para financiar rescates financieros, mientras que las mismas entidades rescatadas han especulado contra el Estado a través de las facilidades financieras abiertas por el Estado y por el Banco Central Europeo. Las ayudas al sistema financiero español han sido superiores al billón de euros en total, y la reciente política de barra libre del BCE es un ejemplo paradigmático de cómo determinados sectores económicos son privilegiados frente al conjunto del Estado. Una sociedad democrática que aspire a proteger a sus ciudadanos no puede tolerar tal discriminación, más aún cuando se carece de unos mínimos fundamentos para justificar tales políticas.

Si el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados permitiendo a los mismos acceder a un tipo de interés mucho más beneficioso que el que ofrecen los mercados la problemática de la deuda pública no sería tan destacada. Al fin y al cabo, desde 2008 hasta noviembre de 2014 la cantidad de intereses pagados por el Estado español ha incrementado la deuda pública en un 17,9% del PIB. Una buena parte de ese incremento podría haber sido evitada fácilmente si la autoridad monetaria hubiese actuado en consecuencia, financiando a los Estados directamente o interviniendo para mantener reducidas las primas de riesgo.

Por si fuera poco, el sistema financiero internacional que durante años prestó irresponsablemente al gobierno griego y a los bancos y a las empresas constructoras españolas ha aprovechado el diseño de las políticas de la troika para deshacerse progresivamente del riesgo económico en perjuicio de las instituciones europeas. Así, la deuda que tenían como acreedores ha ido traspasándose al público en general, en lo que es una verdadera estafa tolerada y promovida por los gobiernos y la Unión Europea. El caso griego es paradigmático: en el año 2008 la inmensa mayoría de los acreedores de la deuda pública eran entidades financieras privadas, mientras que en septiembre de 2014 el 70,5% de los acreedores eran Estados, fundamentalmente europeos. El resultado, que los grandes acreedores financieros han evitado importantes pérdidas que otros sujetos económicos hemos tenido que sostener.

La deuda pública de los países del sur no podrá ser pagada en las condiciones actuales. Se hace necesario llegar a un gran acuerdo europeo que permita reestructurar la deuda pública y privada de los países, especialmente del sur de Europa. Dicho acuerdo debería conllevar, al menos, las siguientes medidas: el alargamiento de los plazos establecidos, la disminución de los tipos de interés, la condonación parcial correspondiente a la deuda ilegítima y la garantía de financiación posterior por el BCE.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para:

§  Promover un Gran Acuerdo sobre la Deuda Europea, basado en los siguientes puntos:

1. La derogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y del Pacto por el Euro Plus.
2. La derogación de toda referencia institucional a la prioridad absoluta del pago de la deuda, que en el ámbito español se establece en las normativas derivadas de la reforma constitucional del artículo 135 y en la propia reforma constitucional.
3. La puesta en marcha de una auditoría de la deuda pública en todos los países.
4. La reestructuración de las condiciones establecidas en los contratos de deuda pública, alargando los plazos de pago y reduciendo los tipos de interés correspondientes.
5. La puesta en marcha de un plan europeo de estímulo económico que permita superar la crisis social y económica y permita comenzar la corrección de los desequilibrios en las estructuras productivas de los países de la zona euro. La financiación correrá a cargo del BCE que, en condiciones de extraordinaria generosidad, priorizará la creación del empleo por encima de cualquier otro objetivo.

LA DEUDA ENTRE ESPAÑA Y GRECIA

Que no confundan a nadie: no le hemos prestado a Grecia 26.000 millones de euros. Algunos representantes políticos mienten descaradamente cuando hablan de este tema.

Si bien es cierto que el Estado español le prestó a Grecia 6.659,48 millones de euros en 2010 y 2011, el resto (unos 19.600 millones de euros) es dinero que le prestaron determinados inversores financieros al Estado griego (para hacer negocio), y que el Estado español ha avalado. Es decir, el Estado español no puso ni un euro de esos 19.600 millones, pero se comprometió a pagarlos en caso de que el Estado griego no pagase a esos inversores. Así, ni hemos prestado 26.000 millones de euros ni obviamente los podemos recuperar porque nunca han sido nuestros. En otras palabras, lo más probable es que no tengamos que pagarlos nunca, y lo más improbable es que tengamos que pagar una pequeña parte de esa cantidad si Grecia finalmente logra aplicar quitas en su deuda pública.

Alberto Garzón Espinosa

Candidato de IU a la Presidencia del Gobierno

Cayo Lara exige a Rajoy en el Congreso un “plan de lucha contra la pobreza” y medidas complementarias “para los parados de larga duración que no tienen ayuda"

El coordinador federal de IU contrapone en la sesión de control al Gobierno la situación real que sufren centenares de miles de trabajadores frente a la “falacia” de la recuperación y el despegue económico que ‘vende’ el Gabinete del PP

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha exigido hoy a Mariano Rajoy un “plan de lucha contra la pobreza”, además de un “plan de empleo urgente para los parados de larga duración que no tienen ayudas y que derogue la reforma laboral” durante su pregunta al jefe del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno del Congreso.

Lara expuso con numerosos datos la grave situación económica y laboral que siguen sufriendo centenares de miles de trabajadores a la “falacia” de la recuperación y el despegue económico que ‘vende’ tanto Rajoy como el resto de miembros del Gabinete el PP.

Para ilustrarlo gráficamente, el máximo responsable de IU extendió en el escaño durante su intervención una camiseta con la leyenda ‘No al cierre de Bosal’ que le habían entregado los trabajadores de esta multinacional en la visita que hizo la semana pasada a sus instalaciones en la localidad valenciana de Sagunto. De esta forma, y al hacer también entrega de esta camiseta en el mismo Hemiciclo al líder del PP tras su intervención, Lara cumplía la promesa que hizo en este sentido a los trabajadores.

Intervención íntegra de Cayo Lara en la sesión de control al Gobierno

Señor Rajoy, ¿cree más urgente para los ciudadanos españoles firmar un acuerdo contra el terrorismo yihadista en lugar de uno contra la pobreza?

Gracias, señor Rajoy, por su respuesta, pero ayer conocimos un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza que dice que hay casi 13 millones de personas en España que están en el umbral de la pobreza, 5 millones en exclusión severa. Somos el segundo país en pobreza infantil de la Unión Europea; 9 millones de personas sufren pobreza energética.

Su recuperación y despegue es una falacia; 80.000 parados más en enero y 200.000 cotizantes menos a la Seguridad Social. Su reforma laboral sigue provocando más despidos baratos. Las multinacionales están deslocalizando empresas sin piedad y buscando salarios miserables para los trabajadores. Un tercio de los salarios en España son indignos, mientras la Banca sigue teniendo más beneficios y las grandes empresas también.

Su Gobierno es cómplice de todo esto, no sólo por su reforma laboral sino por el salario mínimo interprofesional de vergüenza. Me estoy reuniendo cada semana con trabajadores de empresas en crisis: los de Coca-Cola, que exigen el cumplimiento de la sentencia, los de John Deere, que tienen anunciado un ERTE, con los trabajadores de empresas en Sagunto y, en concreto, esta semana con los de Bosal, 222 trabajadores que fueron despedidos con una carta el día de los Reyes Magos. ¡Qué paradoja!

Cayo Lara muestra en ese momento una camiseta con el texto ‘No al cierre de Bosal’.

Estos trabajadores son la España real. Señor Rajoy, mire esta camiseta. No es solamente una camiseta, es la España real, es la España que está sufriendo los dramas de sus políticas.

Son miles y miles de trabajadores y trabajadoras que levantaron este país y que no soñaron ni en la peor de sus pesadillas que iban a llegar a sufrir tantas humillaciones como están sufriendo en este momento. En nombre de todos ellos, señor Rajoy, le exijo hoy en esta Cámara que haga un plan de lucha contra la pobreza, que presente un plan de empleo urgente para los parados de larga duración que no tienen ayudas y que derogue la reforma laboral porque, si no lo hace usted, lo va a hacer otro gobierno con una mayoría diferente en esta Cámara, porque esta es una auténtica emergencia social en este país.

Al finalizar su intervención, Cayo Lara se aproxima al escaño del presidente del Gobierno y le hace entrega de la camiseta.

BASTA YA DE ATAQUES A LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN PÚBLICAS

Los servicios públicos cubren necesidades básicas de la ciudadanía por lo tanto han de ser accesibles y estar en buen estado. Los sufragamos todas las personas con nuestros impuestos directos e indirectos y la política debe gestionarlos para que cumplan su finalidad lo más perfectamente posible.

Como las personas, por el hecho de serlo, somos vulnerables a las enfermedades y necesitamos aprender para sobrevivir, la sanidad y la educación son obligatorias y lo seguirán siendo en las sociedades actuales.

“De las dos premisas anteriores se concluye que el PP, con su política de privatización y de recortes de recursos materiales y humanos, está condenando a la gente a padecer enfermedades y ser ignorante, a sufrir y a la incultura, todo esto pagando impuestos” declara Ana Cruz, Coordinadora Local de Izquierda Unida en Cuenca tras conocer los últimos datos del Hospital Virgen de la Luz sobre el traslado de datos de enfermos a la sanidad privada y de saber que las carreras universitarias podrían durar tres años más dos de máster.

“Son dos pésimas noticias que ejemplifican la mal llamada austeridad que practica en la región y en el estado el PP. Son trampas contra la gente. Recortando en sanidad solo se consigue vivir peor y recortando en educación que la igualdad de oportunidades no exista” añade y termina diciendo que “todo lo que es rentable en este país lo acaban privatizando, empezó el PSOE y continúa el PP. Sin embargo los servicios básicos conllevan no sólo economía sino dignidad, privatizan por tanto la dignidad, impiden la dignidad a toda la ciudadanía, porque cualquiera puede enfermar y cualquiera necesita una educación. Están traspasando todos los límites, cualquier parecido entre la gestión del PP y la política es pura ficción, sólo buscan favorecer a sus empresas caiga quien caiga, personas enfermas, trabajadoras y trabajadores o jóvenes” .